Acaba de celebrarse la 79 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en su sede, New York, Estados Unidos. Los temas que se conocen son comunes año tras año: “Cambio climático”, “La paz mundial”, “Agua”, “Energía”, “pobreza”, “Derecho internacional”, “Democracia”, “Derechos humanos”, “Alimentación”, “Salud”, entre otros. Se elaboran las resoluciones correspondientes, pero casi nunca, por no decir nunca, se dan cumplimiento a los compromisos asumidos.

Es que esos compromisos tienen que ser asumidos y enfrentados, con responsabilidad y puntualidad, por las 20 naciones más desarrolladas del mundo, las cuales tienen sus respectivas prioridades que para nada guardan relación con los problemas sociales y económicos de los países pobres del planeta, particularmente del África.

Ante esa realidad, surge la pregunta: ¿Vale la pena participar en las actividades oficiales de la Organización de las Naciones Unidas? Claro que sí, porque hoy día ninguna nación puede vivir aislada del resto del mundo y las relaciones diplomáticas entre los países facilitan intercambio y beneficio recíproco en múltiples órdenes.

El aislamiento de Venezuela y Corea Norte, para solo poner dos ejemplos, solo les conviene a sus autoridades, pero afectan significativamente a sus poblaciones.

Milei

Resulta reprochable, sin embargo, que algunos jefes de Estado tomen su turno oficial para arremeter contra la ONU, que tiene la virtud de ser abierta, plural y democrática, porque reúne a representantes de naciones de las más diversas ideologías, los cuales expresan su pensamiento sin censura de ningún tipo.

Es el caso de Javier Milei, por ejemplo, que en la reciente asamblea descargó insulto contra las Naciones Unidas, al calificarla de nido de comunistas. Milei, presidente de Argentina, es un extremista. Y los extremistas, sean de izquierda o de derecha, solo ven la paja del ojo ajeno y suelen sufrir de delirio de persecución.

Lo ideal sería que los presidentes o jefes de Estado elaboren discursos constructivos, de concordia, unidad, denuncien males y posibles soluciones y enfaticen virtudes, problemas de sus naciones, regionales y mundiales en el marco de la solidaridad.

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, por ejemplo, resalta la pacificación de su país, al controlar las pandillas y encarcelar a sus miembros. Es un aspecto positivo, pero Bukele siempre dice lo mismo, como si El Salvador no tuviera otros problemas adicionales. Nayib Bukele ha sido electo presidente en dos oportunidades de forma democrática, pero algunos aspectos revelan signos de autoritarismo al interferir en otros poderes.

RD

De la 79 Asamblea General de la ONU hay que resaltar la excelente participación del presidente de la República Dominicana. De manera muy responsable denunció que una serie de países que se comprometieron a depositar dinero, para la operación de los policías kenianos en Haití, no lo han hecho, inconveniente que retrasa la pacificación del hermano país, el cual continúa controlado por pandillas que han destruido todo.

Las palabras de Abinader fueron muy oportunas, porque estos foros suelen ser tomados para la ofensiva contra República Dominicana, en el marco de la pretensión de ciertas potencias de que nuestro país cargue con todos los problemas de Haití. Algunos han llegado al colmo de insinuar la fusión de ambas naciones, pero son los primeros en sacar como perros a los haitianos cuando llegan ilegalmente a sus respectivos territorios.

Nadie ha hecho por Haití lo que hace la República Dominicana. Leonel Fernández, en enero de 2010, cuando se produjo el terremoto, se puso al frente pidiendo ayuda al mundo para Haití. Y a la hermana nación le llegó miles de millones de dólares, los cuales desaparecieron.

Danilo Medina regularizó a millares de haitianos ilegales. Y Luis Abinader acaba de anunciar que en nuestras escuelas estudian 148 mil niños haitianos. Además, República Dominicana destina el 10% de su inversión en salud en servicios sanitarios a esos nacionales, empezando por parturientas que vienen a parir a nuestros hospitales.

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POR ERICK ARTURO ALVAREZ FLORES 

El compromiso de destinar al menos el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación en la República Dominicana ha sido un objetivo constante en la agenda política. Sin embargo, a pesar de su importancia, la implementación efectiva de esta medida ha enfrentado numerosos obstáculos. ¿Cuáles son los intereses que se esconden detrás de este incumplimiento?

Históricamente, la educación ha sido vista como un motor de desarrollo y movilidad social. El compromiso con el 4% surgió como una respuesta a la necesidad de fortalecer el sistema educativo y garantizar una educación de calidad para todos los dominicanos. Sin embargo, a lo largo de los años, este objetivo ha chocado con una realidad compleja marcada por intereses diversos y prioridades cambiantes.

Uno de los principales argumentos a favor del 4% es que una inversión adecuada en educación se traduce en mayores oportunidades para los jóvenes, un aumento de la productividad y, en última instancia, en un crecimiento económico más sostenible. Además, una educación de calidad contribuye a reducir la desigualdad y a fortalecer la cohesión social.

No obstante, la realidad es que el compromiso con el 4% ha quedado muchas veces en el papel. Diversos factores han obstaculizado su cumplimiento. Entre ellos, se pueden mencionar la falta de voluntad política, la corrupción, la ineficiencia en la gestión de los recursos públicos y la influencia de grupos de interés que priorizan otros sectores.

Es fundamental preguntarse: ¿quiénes se benefician de que el 4% no se cumpla? La respuesta no es sencilla y probablemente involucra a una compleja red de intereses. Por un lado, podrían estar aquellos sectores que prefieren destinar los recursos a otras áreas, como la infraestructura o la seguridad. Por otro lado, podrían existir intereses particulares dentro del sector educativo que se opongan a cambios profundos en el sistema.

Utilidad eficiente

La transparencia es otro aspecto crucial. ¿Cómo se garantiza que los fondos destinados a la educación se utilicen de manera eficiente y transparente? La falta de mecanismos de control y la opacidad en la gestión de los recursos públicos han facilitado la desviación de fondos y la corrupción.

Además de la cantidad de recursos destinados a la educación, es fundamental considerar la calidad de la misma. Aumentar el presupuesto no es suficiente si no se acompaña de políticas educativas coherentes y de la formación de docentes altamente calificados. La calidad de la educación depende de múltiples factores, como los currículos, los métodos de enseñanza, la infraestructura escolar y la evaluación del aprendizaje.

La participación ciudadana es otro elemento clave. Los ciudadanos deben tener la oportunidad de participar en la toma de decisiones sobre la inversión en educación y exigir transparencia y rendición de cuentas a los responsables.

En conclusión, el compromiso con el 4% representa una oportunidad única para transformar el sistema educativo dominicano. Sin embargo, para que este objetivo se convierta en una realidad, es necesario superar una serie de obstáculos y construir un consenso nacional en torno a la importancia de la educación.

La sociedad civil, los medios de comunicación, los partidos políticos y el gobierno deben trabajar juntos para garantizar que los recursos destinados a la educación se utilicen de manera eficiente y transparente, y que todos los niños y jóvenes tengan acceso a una educación de calidad.

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La electricidad es un recurso esencial en la vida moderna, y su correcto uso es fundamental tanto para el bienestar de las familias como para la sostenibilidad del sistema eléctrico. Sin embargo, cuando surgen problemas relacionados con el servicio eléctrico, es vital que los consumidores sepan dónde acudir para defender sus derechos.

Protección al Consumidor de Electricidad (Protecom), como parte de la Superintendencia de Electricidad (SIE), se encarga de garantizar que los usuarios reciban un servicio justo y adecuado.

Es vital que los consumidores conozcan no solo sus derechos, sino también cómo hacer un uso eficiente de la energía eléctrica. Además de las campañas informativas que promueven el ahorro de energía, las instituciones como Protecom realizan actividades para educar al público sobre cómo prevenir problemas comunes con el servicio eléctrico, cómo gestionar su consumo y qué hacer ante irregularidades.

El acceso a la electricidad es un derecho, y como tal, debe ser protegido. Las instituciones públicas y privadas tienen el deber de garantizar que los usuarios reciban un servicio de calidad y que, en caso de conflicto, se les ofrezcan vías claras para hacer valer sus derechos. De la misma manera, los consumidores deben asumir la responsabilidad de usar este recurso de manera adecuada, tanto por su bienestar económico como por el de toda la comunidad.

El rol 

Protecom tiene como misión principal la defensa de los derechos de los consumidores ante cualquier inconveniente que tengan con las empresas distribuidoras de electricidad. Ya sea por un cobro excesivo, problemas con el suministro o cortes no programados, Protecom está preparada para actuar como mediador y buscar soluciones rápidas y efectivas.

Cuando los usuarios enfrentan problemas con su servicio eléctrico y no obtienen respuestas satisfactorias por parte de las distribuidoras, pueden acudir a Protecom para presentar sus quejas de manera formal. La institución actúa como una entidad neutral que examina cada caso, realiza investigaciones y propone soluciones que favorezcan la justicia y el respeto de los derechos del consumidor.

Presentación de reclamos 

El proceso de reclamos en Protecom está diseñado para ser claro y accesible para todos los usuarios. A continuación, se describen los pasos a seguir:

1. Recepción del reclamo: El primer paso para resolver un conflicto con la empresa distribuidora es presentar un reclamo ante Protecom. Esto se puede hacer de manera presencial en las oficinas de Protecom, por vía telefónica o a través de sus plataformas digitales. Los usuarios deben detallar su problema, ya sea relacionado con facturación, fallos en el servicio, cortes injustificados, entre otros.

2. Investigación del caso: Una vez recibido el reclamo, Protecom inicia una investigación. Dependiendo de la naturaleza del problema, la institución puede solicitar a la empresa distribuidora que explique su versión de los hechos y aporte la documentación necesaria. Si el problema está relacionado con cuestiones técnicas, Protecom tiene la capacidad de enviar técnicos especializados para evaluar la situación en el lugar.

3. Mediación y solución: Tras la investigación, Protecom actúa como mediador entre el consumidor y la empresa distribuidora, buscando una solución equitativa. En la mayoría de los casos, se llega a un acuerdo que beneficia a ambas partes. Por ejemplo, si se verifica un cobro indebido, Protecom puede solicitar a la distribuidora que rectifique la factura y emita el reembolso correspondiente.

Intervención técnica y seguimiento

Protecom no solo se limita a recibir quejas y mediar entre las partes; también tiene un equipo de técnicos capacitados para realizar inspecciones en el lugar. Si el conflicto involucra fallos técnicos, como cortes de energía no programados o problemas de suministro eléctrico, los técnicos de Protecom pueden realizar visitas para evaluar la situación directamente. Esto garantiza que se tomen decisiones basadas en un análisis técnico, y no solo en las versiones de las partes involucradas.

En casos más complejos, los técnicos de Protecom también pueden supervisar que la empresa distribuidora realice las reparaciones o mejoras necesarias en la infraestructura eléctrica.

Derecho a apelación

Si el usuario no está conforme con la solución ofrecida por Protecom o si considera que no se han respetado sus derechos, tiene el derecho de apelar la decisión. Esta apelación se puede elevar a la Superintendencia de Electricidad (SIE), que tiene la autoridad final para revisar y decidir sobre el caso. En esta etapa, se reevalúan todos los documentos y pruebas presentadas por ambas partes, y se emite una resolución definitiva que puede incluir sanciones para la empresa distribuidora si se comprueba que incumplió con sus responsabilidades.

Protección de los derechos del consumidor

La misión de Protecom va más allá de simplemente mediar en conflictos. La institución también trabaja para educar a los consumidores sobre sus derechos y sobre cómo deben hacer uso eficiente de la electricidad. Además, Protecom está comprometida a garantizar que todas las empresas distribuidoras cumplan con los estándares establecidos en el contrato de suministro eléctrico y con las normativas vigentes.

Gracias a la labor de Protecom, los consumidores tienen una plataforma confiable a la que acudir cuando enfrentan problemas con el servicio eléctrico. Esto no solo les da una voz ante las grandes distribuidoras, sino que también asegura que las empresas se mantengan en un marco de responsabilidad y transparencia.

Conclusión

Protecom juega un papel vital en la protección de los derechos de los usuarios del servicio eléctrico en la República Dominicana. Desde la recepción de reclamos hasta la solución de conflictos y la intervención técnica, la institución garantiza que los consumidores reciban un trato justo y que las distribuidoras cumplan con sus obligaciones.

 

Si enfrentas algún problema con tu servicio eléctrico, Protecom está aquí para ofrecerte asesoría, investigar los hechos y brindarte la protección que necesitas. Además, en caso de disconformidad con las decisiones tomadas, siempre tienes la opción de apelar a la Superintendencia de Electricidad, lo que refuerza la transparencia y el compromiso de mejorar el servicio eléctrico en el país.

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Los apagones van campantes por todo el territorio, sin escuchar  lo que la población dice en su contra, sin parar mientes a las declaraciones de los partidos, opositores claros ¿Será que así mismo marchan las autoridades ante este grave problema?

Hace rato que las manifestaciones  callejeras, las ruedas de prensa, las declaraciones de múltiples sectores, en síntesis, los reclamos, repican a lo largo y ancho de la geografía y nada cambia.

De la boca de Celso Marranzini Pérez, a cargo de dar la cara en esta contrariedad, salen  solo argumentos como que la gente no paga, o frases de advertencia como que los cortes seguirán.

Así, el señor presidente del Consejo Unificado de las Empresa Distribuidoras de Electricidad ofrece pocas esperanzas a una angustiada e irritada víctima, a esa multitud que en singular reúne a una amplia pluralidad.

Cuidado que no la exacerben este funcionario y las molestas interrupciones eléctricas, que han decidido no dar tregua, como en un plan macabro.

Esos afectados, sí, la masa que aglutina a una multiplicidad de sectores, aguarda y reclama y podría llegar al límite, que no queremos ver, porque pese a la oscuridad  producto de las suspensiones, su ira sería visible, como en otras ocasiones.

Ciudadanos, hogares, empresas, centros educativos y más y más, suman una extensa cadena que espera y merece una respuesta más allá de lo verbal, de las promesas. Requieren soluciones y salir de esta involución, de este retroceso, de este volver a una situación ya superada.

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POR ROBERTO PAULINO

Faltando cinco meses para cumplir su primer año de gobierno, el presidente Luis Abinader vino a San Juan, el 14 de marzo del 2021, esa vez declaró a nuestra provincia en estado de emergencia.

En aquella ocasión se reunió con representantes de varios sectores de la sociedad sanjuanera, a quienes les prometió inyectarle recursos económicos a la provincia, en aras de rescatar la economía de la misma.

Para tales fines, creó El Plan de Desarrollo San Juan, esta institución no ha llenado el cometido para lo cual fue creada, a pesar de los miles de millones de pesos que se han invertidos en préstamos a muchos sanjuaneros para desarrollar diversos proyectos.

San Juan cada año va perdiendo sanjuaneros, que se van en busca de una vida mejor, al grado de que se perdió una curul de los cinco diputados que poseíamos, hoy contamos con 4, y ya no tenemos circunscripciones electorales como antes.

El descalabro de la economía de San Juan comenzó desde que cerraron las dos compañías maniceras que funcionaban aquí, y desde que se introdujeron la cosechadora de arroz, así como la proliferación de tractores para arar la tierra.

Aquí cada sábado, circulaba mucho dinero por la actividad agrícola, mediante los pagos que se le hacían a mujeres y hombres los dueños de fincas, ya sea por siembra y corte de arroz, despalillado de maní, trabajo con yuntas de bueyes, etc, etc.

Muy pobres 

San Juan, ya no es ese Granero del Sur que nos llenaba de orgullo a los sanjuaneros, no es la tercera capital del país, ahora somos muy pobres, solo superado por Elías Piña, Pedernales y Jimaní en el mapa de la pobreza.

Pero Dios en su inmenso amor por este pueblo, guía por medio de la ciencia a varios ingenieros, y estos descubren un yacimiento de oro en las montañas de la cuenca norte de nuestra provincia, en la comunidad de Hondo Valle, sector Romero.

La oportunidad de salir de la miseria ha llegado a San Juan, de volver a situarse en los primeros lugares de la economía del país, con oro y agricultura mejor desarrollada, con miles de personas con buenos salarios,dinero que se inyectará cada quincena en todos los negocios existentes de San Juan, y muchos nuevos que se abrirán.

Desgraciadamente todas esas bonanzas son despreciadas por dos o tres personas que se autodenominan los auspiciadores del desarrollo de San Juan, ellos no quieren que se saque ese oro, ellos no quieren que miles de sanjuaneros tengan un buen trabajo con buenos salarios, ellos no quieren que San Juan salga de la miseria.

Es ahí donde debe entrar la autoridad del presidente, Abinader tiene en sus manos el futuro económico de San Juan, de ese pueblo que el mismo declaró en estado de emergencia, de un pueblo que se muere lentamente.

Presidente, San Juan quiere saber, si ese oro se puede sacar o no, usted es el único que puede dar el permiso para que se hagan los estudios medioambientales, usted juró cumplir y hacer cumplir las leyes de nuestra nación, van dos ocasiones que hace ese solemne juramento.

Entonces dicte el decreto que ordena que se realicen los estudios medioambientales en el Proyecto Romero, basándose en la ley 64-00 artículo 40, y en la Constitución Dominicana en el Titulo Uno, Capitulo Cuarto, Artículo 17.

Así usted estará haciendo cumplir las leyes, para lo cual fue elegido.

Señor presidente, San Juan quiere saber, háganos usted saber.

San Juan no puede seguir sentado sobre una mina de oro, viviendo con tanta pobreza.

 

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