PUERTO PRINCIPE, Haití.- La oposición haitiana rechazó la convocatoria oficial a elecciones parciales hecha por el presidente de Haití, Michel Martelly, al considerar que se trata de una «decisión apresurada», pese al pedido de la comunidad internacional para que el proceso se lleve a cabo este año. El reclamo vino de importantes dirigentes como Evans Paul, del Convenio por la Unidad Democrática (KID, en créole); Victor Benoit, de la Fusión de Haitianos Socialdemócratas (Fusion); y Serge Jean Louis, del Movimiento Patriótico de la Oposición Democrática (MoPod), que agrupa a varios partidos opositores. Según la oposición, los comicios fueron convocados pese a que las enmiendas a la actual ley electoral aún no han sido ratificadas por el Senado, además de que el asunto de la conformación de un organismo electoral confiable todavía no ha sido resuelto. Martelly convocó el martes de manera oficial a la población de su país, a participar en unos comicios de medio término en los que Haití debe elegir tanto a representantes en el Parlamento como a autoridades locales y municipales en todo el país. El decreto que ordena la convocatoria establece que la primera ronda se realizará el 26 de octubre, fecha en que se elegirán a dos tercios del Senado (de treinta en total) y a 112 diputados, y una segunda vuelta el 28 de diciembre, para elegir 140 cargos municipales y a 1.140 asambleístas y representantes comunales, además del balotaje correspondiente a la primera vuelta electoral. A los partidos de oposición se unió la Red Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH), cuyo director ejecutivo, Pierre Espérance, pidió a Martelly «mostrar respeto por la Constitución» y promover el establecimiento de un órgano electoral «que inspire confianza a todas las partes interesadas». Pero Michel Brunache, portavoz del primer ministro haitiano Laurent Lamothe, expresó su respaldo a la decisión del mandatario y dio garantías de que en las próximas horas el Consejo Electoral Provisional (CEP), actualmente en funciones con siete de sus nueve miembros, «será completado». FUENTE: spanish people

SANTO DOMINGO.- El inicio de un plan de regularización de extranjeros en República Dominicana ha puesto en evidencia que la población haitiana en este país, supuestamente la mayor beneficiaria de su ejecución, no estaba del todo preparada para acogerse a los requisitos de su implementación.
Apenas los haitianos acudieron en masa a los centros habilitados por el Gobierno muchos de ellos, al parecer, creían que se trataba de una especie de amnistía general, pues se presentaron sin papeles básicos como acta de nacimiento o pasaporte. De hecho, los haitianos y sus descendientes indocumentados han dirigido sus quejas contra el aumento sorpresivo que dispuso su propio Gobierno para expedirles documentos indispensables para aplicar al proceso, luego de que el plan entrara en acción el 1 de junio pasado.
La mayoría de los centenares de miles de haitianos residentes en República Dominicana son indocumentados y una gran parte de ellos carece de acta de nacimiento, muchos tampoco poseen recibos de alquileres de viviendas, notas de escolaridad, matrícula de vehículo o carné de trabajo y otros tantos no dominan el idioma español.
Estos son solo algunos de los requisitos para aplicar al plan, aunque solo tienen que cumplir con al menos dos de ellos. Se procura que los residentes irregulares demuestren su arraigo en la sociedad dominicana y su vinculación con el país que los acoge.
Este plan de regularización es producto del nuevo rumbo que han tomado las relaciones entre los fronterizos República Dominicana y Haití, a raíz de una sentencia inapelable evacuada en septiembre pasado por el Tribunal Constitucional local, que define los parámetros de la nacionalidad. De esa sentencia también salió una ley de naturalización que solo espera su reglamento de ejecución para entrar en vigor de manera tangible.
Pero los escollos que denuncian los haitianos indocumentados han puesto sobre el tapete que Haití ha quedado rezagado en su compromiso de dotarlos de la documentación básica, tal y como se comprometió con las autoridades dominicanas en conversaciones del más alto nivel que ambos países celebran desde enero pasado.
La situación ha sido denunciada por la Cancillería y la Junta Central Electoral (JCE) dominicanas, con declaraciones tan comprometedoras como las emitidas este jueves por el presidente de este último organismo, de que el Gobierno haitiano ha convertido en negocio el plan de regularización de extranjeros al cobrar altas sumas de dinero a los nacionales de ese país para entregarles los documentos de identidad.
Roberto Rosario dijo, además, que la falta de cooperación de Haití para dotar de documentos a sus nacionales es el principal problema que enfrenta el proceso de regularización.
El funcionario afirmó que en ningún país del mundo se ha hecho de manera gratuita un proceso de regularización del estatus migratorio de los extranjeros que viven ilegales en el país y puso de ejemplo los casos de Venezuela, Bolivia y los Estados Unidos, “en cuyos países los extranjeros que quieran legalizar su estadía deben pagar para hacerlo”.
También exhortó a los organismos internacionales a colaborar con el proceso “y no solo a presionar como han hecho hasta ahora”, en alusión a los encendidos debates que despertó la sentencia del Tribunal Constitucional en diversos organismos y países europeos y de la región.
La Cancillería dominicana, por su lado, informó de que, a fin de dar prioridad al plan de regularización, ha bajado a su “mínima expresión” el costo de la visa de trabajador temporero que se puso en vigencia para los extranjeros que tengan una oferta de trabajo de una compañía debidamente registrada en el país.
Los trabajadores haitianos representan más del 80 % de la mano de obra en la construcción y la agricultura en República Dominicana, además del alcanzar el 75 % entre los vendedores ambulantes, según cifras suministradas por representantes de estos sectores.
Es notorio, sin embargo, que los haitianos continúan abarrotando los centros de registro alentados por esta inédita oportunidad de regularizar su situación migratoria, lo que se explica en que también acuden masivamente a los consulados de su país para lograr la expedición de la documentación necesaria.
El plan de regularización de extranjeros ha recibido el respaldo de múltiples sectores y de embajadas como la de Canadá, uno de los países conocidos como “amigos de Haití”, cuyo embajador calificó de positivo el proceso, al igual que el representante en el país de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Muchas de las voces que hasta hace poco consideraban que la sentencia del Tribunal Constitucional dominicano condenaría a miles de haitianos a vivir como “apátridas”, ahora reconocen los esfuerzos locales por regularizar la situación de estos y así empezar a buscar una salida permanente a un problema que data de largos años, y por el que las relaciones entre ambos países han sido más conflictivas que armoniosas.
Fuente: HOY
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