PARIS.- El expresidente francés Nicolás Sarkozy ha sido imputado en la madrugada del miércoles por «corrupción activa», tráfico de influencias y encubrimiento de la violación del secreto profesional, según ha informado la Fiscalía francesa. La decisión se ha producido tras 15 horas de declaración ante la policía judicial en calidad de detenido en la sede de la brigada anticorrupción de la Policía judicial y otras tres horas ante los jueces. Se trata de una acción legal sin precedentes para un ex jefe de Estado, ya que los agentes, le colocaron en régimen de garde à vue. Sarkozy ya fue imputado por abuso de debilidad en el «caso Bettencourt», pero los jueces decidieron finalmente retirar los cargos y actualmente está vinculado a siete investigaciones judiciales. En un comunicado, la Fiscalía ha indicado que tras el interrogatorio Sarkozy fue puesto a disposición de dos jueces de instrucción encargados de la investigación abierta por el denominado «caso de las escuchas» y «de conformidad con la solicitud de la fiscalía, Sarkozy ha sido acusado​​ por cohecho activo, tráfico de influencias y encubrimiento de la violación del secreto profesional». Según los simpatizantes del jefe del Estado francés entre 2007 y 2012 se trata de una campaña contra Sarkozy, que ha ido preparando el terreno de su regreso a la política con las elecciones de 2017 a la vista. Sarkozy se plantaba anunciar su retorno tras el verano, según BFM TV, a lo que el diario Le Parisien añade que el expresidente planea cambiar el nombre de la Unión por un Movimiento Popular (UMP), el partido que le llevó al Palacio del Elíseo.Formación que se encuentra ahora sumida en una profunda crisis interna, en grandes dificultades financieras y salpicada por varios escándalos de corrupción. Los tribunales investigan si Sarkozy y su entorno crearon una red de informadores que les mantenía al tanto de la evolución de los procesos judiciales que amenazan al político conservador. Por ello también fueron imputados el martes su abogado, Thierry Herzog, y un alto magistrado del Tribunal de Casación, Gilbert Azibert. Los tres tuvieron que declarar ante la policía judicial en calidad de detenidos, un estatuto que ofrece la asistencia de un letrado, derecho al que renunció Sarkozy, abogado de profesión. Los investigadores, que grabaron conversaciones telefónicas de Sarkozy y de algunos de sus ministros más cercanos, sospechan que su abogado recababa información de consejeros del Tribunal Supremo. Estos le informaban supuestamente de los avances en la investigación sobre presunta la financiación ilegal de la campaña que llevó al Palacio del Elíseo en 2007.Según esa teoría, el defensor de Sarkozy prometió como contrapartida al magistrado Azibert que el expresidente le ayudaría en su demanda de conseguir un puesto que buscaba en la administración de Mónaco, que nunca obtuvo. Por ello, según ha indicado la Fiscalía Azibert, ha sido imputado por violación del secreto profesional, el tráfico pasivo de influencias y corrupción pasiva y Thierry Herzog, por violación del secreto profesional, soborno y tráfico de influencias. Pena máxima de cinco años de cárcel El «caso de las escuchas», deriva de una investigación original diferente, para determinar si el político recibió para su campaña presidencial dinero negro del depuesto dictador libio Muamar el Gadafi. La decisión judicial es particularmente delicada porque los allegados de Sarkozy y el propio expresidente han ido preparando el terreno de su regreso a la política con las elecciones de 2017 a la vista. De ser declarado culpable al final del proceso, se enfrentaría a una pena máxima de cinco años de cárcel y a una multa de medio millón de euros.