Sé que este artículo me traerá algunos problemas, sobre todo con amigos y colegas, pero mi intención es llamar la atención sobre un problema, no ganar más enemigos de los que ya tengo.

Desde hace más de 30 años pago mi cuota como miembro del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), sin obtener beneficio alguno. De hecho, no sé, sinceramente, para qué sirve el Colegio y en qué favorece o beneficia a sus integrantes. Muchas veces hasta he pensado en renunciar. He llegado a proponer que el local del Colegio, ubicado en la avenida George Washington, próximo al Centro de los Héroes, ha debido cedérsele, como “casa de acogida” a las mujeres que ejercen la prostitución (en la bolita del mundo), para que le den un uso más adecuado y digno.

Recuerdo los años 70 cuando un grupo importante de periodistas, escritores, intelectuales y poetas —Diógenes Céspedes, Federico Henríquez Gratereaux, Cándido Gerón, Silvio Herasme Peña, Chiqui Vicioso, José Alcántara Almánzar, Virgilio Díaz Ordóñez, Víctor Carlos Esteban Deivis, Víctor Villegas, Bruno Rosario Candelier, Marcio Veloz Maggiolo, Freddy Gatón, Manuel Rueda, Manuel del Cabral— entre muchas otras figuras destacadas de la literatura y la intelectualidad, con un peso específico en la sociedad dominicana, sumados a periodistas connotados como Juan Bolívar Díaz, Huchi Lora, Ramón Colombo, Margarita Cordero, Manuel Quiterio Cedeño, Eulalio Almonte Rubiera, Bonaparte GautreauxPiñeyro, entre otros, algunos de los cuales fueron parte de la primera directiva del Colegio, que —reitero— nació muerto, sin posibilidad de lograr los objetivos planteados inicialmente.

Aquellos fueron unos años duros y difíciles, de persecución y muerte de periodistas. Vivíamos la dictadura de 12 tenebrosos años del doctor Joaquín Balaguer. La muerte de Trujillo, el golpe de Estado contra Juan Bosch, la fracasada Revolución de Abril, la segunda intervención militar norteamericana, la guerra fría, la contrarrevolución, los crímenes en plena calle, a la luz del día, de los constitucionalistas; la tortura, el exilio. Un pueblo en lucha constante en medio de una brutal represión. Los periodistas no estaban al margen, ni los intelectuales, escritores y poetas. Al contrario, ellos formaban parte. Es en ese fragor de la lucha popular que los comunicadores piensan en la sindicalización, primero, luego en la colegiación y profesionalización. Nuevos aires comenzaron a soplar en la política nacional e internacional. Se avecinaba la llegada del Partido Revolucionario Dominicano al poder, con Peña Gómez como líder y Antonio Guzmán como candidato presidencial.

En esos años, los periodistas críticos, consecuentes con la lucha que libraba el pueblo dominicano, corrían el riesgo de ser asesinados. Se jugaban la vida con su pluma. No existía el Internet, las redes sociales, las plataformas digitales ni la inteligencia artificial. Esas herramientas comunicacionales tardarían años en llegar.

Recuerdo la lucha que libraban los periodistas, tanto de la vieja como de la nueva generación. Su esfuerzo, sus sacrificios, su tenacidad, su valentía. La libertad democrática que hoy vivimos se le debe, en gran medida, a esos periodistas y comunicadores, aunque hoy no se les quiera reconocer y muchos de ellos sean objeto de injurias y difamaciones que no merecen.

Ahora todos pagamos el precio de la no aprobación de la ley que creó el Colegio, un órgano que nació “muerto”. En los hechos, la ley que se aprobó fue un duro golpe a la libre expresión y difusión del pensamiento, porque el derecho a la expresión y difusión del pensamiento tiene un valor fundamentalmente ético y moral.

Sectores importantes del empresariado, tanto de la comunicación como de la política, se oponían a la colegiación y la profesionalización, sin imaginar, siquiera, que luego pagarían un precio muy caro por esa negativa, como el que pagan hoy día, cuando cualquiera, sin educación, sin formación, sin cultura, se autodefine como periodista o comunicador. De haberse aprobado en su momento la ley de colegiación y profesionalización del periodismo, no tendríamos el nivel de degradación de valores éticos y morales que caracteriza, no solo la comunicación, sino toda la sociedad dominicana.

El tiempo les ha dado la razón a los periodistas, comunicadores, intelectuales y escritores que luchaban por la colegiación y la profesionalización. La mayoría de los dueños de los medios de comunicación no pagan el porcentaje que la ley establece. ¡Pero tampoco hay quien lo reclame!

Vuelvo y pregunto: ¿Para qué sirve el CDP? ¿Qué hacen los compañeros del Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales (SNPP), que ni siquiera pueden defender a sus colegas en la radio, la televisión y la prensa? ¿Quién defiende mis derechos? ¿Quién busca mejores condiciones de trabajo, salario justo, pensión digna y otras reivindicaciones sin tener que mendigarle al gobierno? ¿Por qué no existen los sindicatos en los diversos medios de comunicación? ¿Dónde están las conquistas de los periodistas después de tantos años de lucha y sacrificio? Los profesores, a través de la ADP, pueden exhibir una larga hoja de servicios y de conquistas; igual los médicos, con el CMD. Pero, ¿y los periodistas, pa’ cuándo?

sp-am

Incumbentes de diferentes ministerios, dependencias públicas, oficinas privadas, monumentos y plazas públicas han descuidado la responsabilidad de vigilar el buen uso de la bandera y el escudo nacional. 

Al tiempo que se arraiga ese descuido, también se producen otras situaciones relacionadas que generan mucha preocupación, pues implican un doloroso desconocimiento de las representaciones de la identidad, la lucha por la libertad y la historia de nuestro país

 Es el caso de la dejadez de funciones por parte del Ministerio Público que, según la ley 210-19,  debe poner en marcha, aun de oficio,  la acción pública frente a la comisión de faltas contra la bandera y el escudo nacional.

 También persiste el hecho de que la mayoría de los dominicanos sigue desconociendo los mandatos de la ley (210-19) que regula el uso de los símbolos patrios, al tiempo que se observan irreverencias hasta en algunas instituciones públicas.

Pese a que en el artículo 50 de la ley 210-19 se ordena que las instituciones públicas deben comprobar si se está usando la versión correcta del Escudo Nacional, todavía proliferan modelos incorrectos.

La legislación en cuestión ordenó proceder a corregir y a sustituir esos modelos incorrectos del escudo en un plazo no mayor de seis meses, contados a partir de su entrada en vigencia (2019).

No solamente hay un gran descuido en la vigilancia del uso de los símbolos patrios, sino que algunas instituciones públicas, incluyendo ministerios, cometen el delito de irreverencias.

La falta de conocimiento y descuido se advierte en situaciones en las cuales se exhibe nuestra bandera tocando el suelo, en violación del numeral 3 del articulo 24 de la ley 210-19.

En instituciones públicas, privadas y hasta en las casas nacionales de  organizaciones políticas es común ver las irreverencias que se comentan con el posicionamiento que debe cumplirse referente a la prominencia. la precedencia y el acompañamiento que la ley dicta respecto al uso de nuestra enseña.

En la parte frontal de sus edificaciones esas entidades  exhiben sus banderas casi a ras con la nacional,  por lo cual es difícil percibir la prominencia que debe tener nuestra enseña conforme a lo indicado en el artículo 17 de la ley.

En otras situaciones se advierte la violación de la precedencia que debe cumplirse, pues a nuestra Bandera Nacional  siempre se le debe colocar en el lugar de mayor honor.

En la fachada frontal de los locales de muchas instituciones, proliferan situaciones en las que se axhiben nuestra enseña colocada a la izquierda de las institucionales, cuando la ley indica lo contrario.

Otra irreverencia cometen organizaciones políticas e instituciones privadas que exhiben sus banderas sin estar acompañadas de la nacional, violando con ello lo establecido en el artículo 17 de la referida ley.

En su artículo 38, la ley 210-19  establece penas por irreverencia contra los símbolos patrios, pero no se castiga a los incumbentes de las instituciones públicas, quienes son responsables directos por el uso de la Bandera Nacional raída, descolorida, mal colocada o cuando figure en su centro un Escudo Nacional incorrecto.

Pareciera que el descuido en la vigilancia sobre el uso de los símbolos patrios se fundamenta en el hecho de que la ley no especifica cuáles son los ministerios e instituciones públicas responsables de prevenir las irreverencias a los símbolos que forman parte de la identidad y el fundamento del Estado dominicano. 

jpm-am