ESPAÑA.- Una vidente de Xinzo de Limia y uno de sus supuestos cómplices serán juzgados por la Audiencia Provincial de Ourense en dos sesiones los días 14 y 15 de mayo por fotocopiar los sellos del Sergas, de varios bancos y de algún notario y tramitar con ellos solicitudes de empleo en la Subdelegación del Gobierno dirigidas a mujeres dominicanas para trabajar como empleadas de hogar.
El escrito del Fiscal, al que tuvo acceso Europa Press, relata los hechos de los que acusa a Elsa A. A. J., como convencer a clientes españoles de su negocio de vidente, para que firmasen más de 20 solicitudes de empleadas de hogar, entre los meses de abril y septiembre de 2008, y las entregasen en el servicio de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno de Ourense.
La acusada acompañó a los solicitantes y, «para dar credibilidad a las solicitudes», preparó certificaciones médicas «donde se hacían constar diagnósticos de enfermedades graves padecidas por los solicitantes» con el membrete del Sergas y con la identificación del médico, «que supuestamente las expedía y en las que imitaba su firma».
Además, las solicitudes incluían certificaciones «supuestamente expedidas» por apoderados de varios bancos «en las que se hacía constar que las personas que solicitaban empleadas de hogar eran titulares de cuentas con saldos medios relevantes, con el sello propio de cada entidad y la firma del correspondiente apoderado», según el escrito.
La vidente tiene nacionalidad española y es de origen dominicano, como todas las supuestas empleadas que reclamó en los trámites ante la subdelegación y contó con la complicidad, en algunos casos, del segundo acusado Joaquín P. V., que firmó una de las solicitudes para renovar la autorización de residencia legal en España para una trabajadora «a la que no pensaba emplear», según el fiscal.
«APARIENCIA DE LEGALIDAD»
El segundo acusado llegó a dar de alta en la Seguridad Social a esa trabajadora extranjera con residencia legal en España «para dar apariencia de legalidad» a la petición, pero «nunca tuvo intención» de realizar las cotizaciones correspondientes ya que, «según lo planeado con la otra acusada, sería la propia ciudadana dominicana la que haría los ingresos de las cotizaciones a la Seguridad Social».
Según el escrito, este acusado facilitó además a Elsa A. la documentación de la identidad de su madre y de su empleada de hogar para que las utilizase en la Subdelegación del Gobierno como contratantes para conseguir autorizaciones de trabajo y residencia para otras dos mujeres dominicanas.
En el caso de las solicitudes tramitadas por Joaquín P., también entregó poderes notariales a su nombre «inauténticos» firmados por un notario concreto.
SELLO DEL SERGAS
Entre los documentos presentados por el acusado, según la Fiscalía, se encontró un certificado médico «inauténtico, supuestamente expedido en el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) en el que se hacía constar que la madre del acusado padece un 80 por ciento de osteoporosis», y un certificado bancario «inauténtico del banco Banesto».
Después de tramitar 25 expedientes de ambos acusados, la subdelegación del Gobierno denegó una solicitud de residencia presentada en septiembre de 2008 «al advertir irregularidades con indicios de falsedad en la documentación» y dio cuenta a la Guardia Civil, según fuentes jurídicas.
Los agentes registraron el domicilio de la vidente en Xinzo de Limia y se incautaron de fotocopias de pasaportes y cédulas de identidad de ciudadanas dominicanas, 39 folios con el sello del Sergas escaneado, 11 folios con el logotipo y sello de Banesto y firma de un apoderado, 3 del BBVA, 2 de Caja Madrid y 6 de La Caixa, 15 certificaciones del banco Santander con tachaduras de tinta blanca, un ordenador portátil e impresora-escaner-fotocopiadora.
SIETE Y SEIS AÑOS DE CÁRCEL
La Fiscalía acusa a la vidente de un delito continuado de falsedad en documento oficial y mercantil y un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, por los que pide una pena de 7 años y tres meses de prisión. A su cómplice lo acusa de los mismos delitos en los casos en los que intervino, con una petición de pena de seis años de prisión.
El abogado del Estado se personó en la causa y se adhirió «plenamente» al escrito de la Fiscalía, tanto en el relato de los hechos como en la tipificación de los delitos y en la petición de condena para ambos acusados.
Los dos días de juicio permitirán escuchar la declaración de los dos acusados y el testimonio de funcionarios del servicio de Extranjería de Ourense, del notario cuya firma se falsificó, de una veintena de clientes de la vidente y de las 4 ciudadanas dominicanas que salieron de su país y entraron en España «amparándose en las autorizaciones de residencia y trabajo obtenidas fraudulentamente para incorporarse al mercado laboral en España», según la acusación pública.
Frente a ello, el abogado de la acusada, Luis Salgado Carbajales, ha explicado a Europa Press su petición de absolución al considerar que «no hay constancia de que Elsa A., obtuviese beneficio alguno por sus acciones y además, no se dan los requisitos para entender que se cometió un delito contra los derechos de los trabajadores extranjeros».
Fuente: LAVANGUARDIA.com
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MADRID.- La Guardia Civil y la Agencia Tributaria, en una operación conjunta, han detenido a 42 personas pertenecientes a una organización que presuntamente habría defraudado más de dos millones de euros mediante la compra-venta de vehículos de segunda mano.
Las empresas ficticias eran creadas para llevar a cabo el fraude en distintos países (Rumanía, Bulgaria o Portugal) y, además, eran utilizadas para blanquear dinero procedente del tráfico de cocaína desde la República Dominicana que realizaban a través de 'muleros'. Las corporaciones eran sustituidas cada cierto tiempo para eludir posibles intervenciones de Hacienda.
En el marco de la Operación «EDUPARIS», han sido incautados 200.000 euros en efectivo, 10 vehículos, 2,5 kilos de cocaína, 15 kilos de sustancia de corte y se han desmantelado dos laboratorios dedicados a la elaboración de cocaína que era distribuida en las provincias de Madrid, Málaga, Toledo y Ciudad Real.
La investigación comenzó tras detectarse envíos de importantes cantidades de dinero a Rumanía por parte de varias personas afincadas en la provincia de Ciudad Real. Las transferencias eran justificadas como pagos por la compra-venta de vehículos de segunda mano adquiridos en subastas de empresas francesas, belgas y alemanas.
Los automóviles eran trasladados desde estos países hasta España por los miembros de la organización, una práctica también ilegal ya que para dar apariencia de ser transportados por empresas especializadas se falsificaban los documentos que amparaban su transporte. Una vez en España eran vendidos en páginas web dedicadas a la compra-venta de vehículos usados.
Una característica común era la aplicación del tipo impositivo cero en el Impuesto de Matriculación, un tipo reservado a vehículos con emisiones de CO2 muy bajas, pese a que por las características técnicas de los más de 600 automóviles detectados, les correspondía un tipo superior. De esta forma se conseguía la matriculación del vehículo sin pago del impuesto.
Otra práctica generalizada era que a todos los vehículos se les manipulaba el cuentakilómetros (descontando una media de 100.000 kilómetros) y la documentación, para hacerlos pasar como vehículos procedentes de personas residentes en España.
FRAUDE DE IVA Y BLANQUEO
La investigación ha descubierto un entramado dedicado al fraude del IVA, blanqueo de capitales, falsificación de documentos y estafa. Estos mecanismos eran utilizados para ocultar su otra actividad ilegal que era el tráfico internacional de cocaína procedente de la República Dominicana.
Del total de detenidos, de diversas nacionalidades (españoles, dominicanos, rumanos, un portugués y un británico), 26 de ellos pertenecen al ámbito de la operación correspondiente a la compra-venta de vehículos mientras que a los 16 restantes se les relaciona con la trama de droga. Los registros domiciliarios fueron llevados a cabo en Madrid, Quintanar de la Orden (Toledo) y Pedro Muñoz (Ciudad Real)
La droga entraba en España mediante muleros, que la transportaban en el interior de su organismo. En el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barjas fue interceptada una persona con 800 gramos de cocaína en el interior de su estómago. A otros cuatro detenidos se les detuvo cuando pretendían hacer una entrega de 650 gramos de cocaína en Pedro Muñoz (Ciudad Real).
Los 42 detenidos y las diligencias policiales instruidas ya han sido trasladados hasta el Juzgado de Instrucción nº 2 de Alcázar de San Juan (Ciudad Real). La Operación ha sido coordinada por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de la Comandancia de Ciudad Real, en colaboración con personal de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, y con el auxilio de dos peritos del área de la Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia.
Fuente: LAVANGUARDIA.com
jt/am