NUEVA YORK – El Fiscal General Eric T. Schneiderman anunció una extensión de la fecha límite para la presentación de reclamaciones en relación con un fondo de restitución $ 2,2 millones establecido para las miles de víctimas que fueron defraudados por dos organizaciones de servicios de inmigración, la Fundación Internacional de Inmigrantes, Inc. (IIF) y la Asociación Profesional Internacional, Inc. (IPA).
El nuevo plazo requiere que las reclamaciones se presenten antes del 6 de noviembre de 2014. El fondo fue creado por la Fiscalía General como parte de la liquidación tras los reclamos de que las dos organizaciones hicieron promesas fraudulentas de la ciudadanía mientras participaban en la práctica no autorizada del derecho.
El proceso para la distribución de la compensación, que será administrado por el Grupo de Asistencia Legal de Nueva York (NYLAG), permite que el ex IIF y la IPA clientes a presentar reclamaciones para la restitución de los honorarios pagados a las organizaciones por servicios de inmigración que nunca fueron legalmente prestados. IIF y la IPA también se les ha prohibido la provisión de servicios legales relacionados con la inmigración en el futuro.
«Miles de inmigrantes cuya confianza fue abusada y su dinero robado por estas organizaciones merecen recibir una compensación», dijo el Fiscal General Schneiderman. «Al hacer disponible más de dos millones de dólares en restitución para las víctimas de estas organizaciones sin escrúpulos, estamos dando un paso importante hacia la justicia en este caso. Insto a todos los individuos elegibles a participar en el proceso de reclamación, sin temor a represalias. Nuestro trabajo en este caso es dejar claro que mi oficina hace cumplir un conjunto de reglas para todos, y vamos a seguir luchando contra el fraude de servicios de inmigración en cualquier momento y dondequiera que ocurra».
Las víctimas de la mala conducta de IIF e IPA sufrieron consecuencias financieras y jurídicas. En un caso, un individuo que era elegible para obtener una tarjeta verde de residencia, perdió su oportunidad debido a la demora y la negligencia de las organizaciones, a pesar de pagar más de $18,000 en honorarios y costos para ellos. Otros clientes quedaron sujetos a la deportación. Otros pagaron miles de dólares de más por servicios.
El proceso de reclamación es la fase final de un acuerdo de solución que resuelve una demanda presentada por el Fiscal General contra la IIF y la IPA por engañar a los clientes acerca de sus credenciales legales y capacidad para obtener resultados garantizados de inmigración, y por el cobro de tarifas excesivas inconsistente con el propósito no lucrativo para los que se formaron estas entidades.
Para ser considerado para la restitución, las personas que pagaron y recibieron los servicios jurídicos del IIF y / o IPA deben presentar un formulario de reclamación a más tardar el 6 de noviembre de 2014. Copias del formulario de reclamación, instrucciones para llenar, y la información de presentación de las reclamaciones están disponibles en la página web del administrador, www.nylag.org/IPA. Preguntas relativas a la realización y presentación de un formulario de reclamación debe dirigirse al administrador de reclamaciones por correo electrónico a restitution@nylag.org o llamando la línea directa de fondos en 212-514-4265. La cantidad de cada pago de restitución se determinará después de la recepción y revisión de todas los formularios de reclamos elegibles.
«El fraude de inmigración es una mancha en los valores inclusivos que han hecho de Nueva York su casa a más inmigrantes que cualquier otra ciudad de la nación – los individuos y las familias que han contribuido tanto a nuestra cultura y de nuestra prosperidad», dijo Yisrael Schulman, del Grupo Nueva York de Asistencia Legal (NYLAG), que es Administrador del Fondo de Restitución. «NYLAG se enorgullece de poder seguir desempeñando un papel en traer al menos una pequeña medida de justicia a los que han sido perjudicados – y arrojar luz sobre los intentos continuos de fraude de inmigración.»
Este asunto está siendo manejado por el Buro de Derechos Civiles y de Asuntos Caritativos de la Fiscalía General.
La Fiscalía General está comprometida a proteger los derechos civiles de todos los neoyorquinos y luchar contra el fraude que enfrentan las comunidades de inmigrantes. Para presentar una queja, comuníquese con el Buro de Derechos Civiles, llamando al 212-416-8250 o escribiendo a civil.rights@ag.ny.gov.

NUEVA YORK – El Fiscal General Eric T. Schneiderman anunció el arresto y enjuiciamiento de los dos principales ejecutivos de Narco Freedom, una organización sin fines de lucro que ofrece tratamiento para el abuso de sustancias a decenas de miles de residentes de la Ciudad de Nueva York en diez lugares en Brooklyn, Queens y el Bronx.
El director de la organización, Alan Brand, habría recibido sobornos para ubicar algunas de las instalaciones de Narco Freedom en los edificios de un promotor inmobiliario. A continuación, utilizó los ingresos de estos negocios ilegales para financiar un lujoso estilo de vida, de acuerdo con la acusación de hoy.
Alan Brand ha sido acusado de soborno, hurto mayor y lavado de dinero para su parte en el presunto plan; si es declarado culpable, se enfrenta a un máximo de 15 años de prisión.
El hijo de Brand, Jason, también fue acusado esta mañana y, junto con su padre, está acusado de presentar reclamaciones fraudulentas de seguro por $3.5 millones para la restauración de una instalación de tratamiento de Narco Freedom en Brooklyn.
Al igual que su padre, Jason Brand es acusado de gastar fondos de la organización para su uso personal. Si es declarado culpable de esta parte del presunto plan, Jason y Alan Brand enfrenta cada uno un máximo de 25 años de prisión.
«Las personas motivadas únicamente por la codicia personal no tienen nada que buscar en la administración de las necesidades de salud de los neoyorquinos», dijo el Fiscal General Schneiderman. «Nueva York tiene el mayor sector sin fines de lucro en la nación, pero un caso como este nos recuerda la necesidad de no bajar la guardia y fortalecer nuestra supervisión de ese sector»
Además de la acusación penal, el Fiscal General obtuvo una orden de la corte civil para la congelación de las cuentas bancarias, propiedades y posesiones de ambos Alan Brand y Jason Brand y las corporaciones que controlan. De acuerdo con la orden de la corte, cuatro propiedades están congeladas: 23 Barrington Place, Melville (NY casa de Jason Brand), 18 Phaetons Drive, Melville, NY (casa de Alan Brand), 8140 Santaló Cove Court, Boynton Beach, Florida ( Propiedad perteneciente a Jason Brand) y 99 SE Mizner Blvd, Boca Raton, Florida ( propiedad perteneciente a Alan Brand).
La orden también congela la sede del Bronx de Narco Freedom (250 Grand Concourse) y la compañías Jason Brand Construcción, DASO Development (1735 West Farms Road). Además, los investigadores confiscaron seis autos pertenecientes a Alan y Jason Brand, incluyendo un 2013 Tesla Model S, un 1969 Chevy Corvette y un Jaguar X. 2002
Narco Freedom is a New York State Medicaid provider; it receives nearly $40 million annually in taxpayer-funded state Medicaid reimbursements and additional money from the New York State Office of Alcoholism and Substance Abuse Services. In addition to treatment facilities, the organization provides medical, mental health and other support programs to tens of thousands of people across New York City.
Narco Freedom es un proveedor del Programa de Medicaid del Estado de Nueva York y recibe cerca de $ 40 millones anuales en los reembolsos financiados por los contribuyentes estatales de Medicaid y el dinero adicional de la Oficina de Alcoholismo y Servicios de Abuso de Sustancias del Estado de Nueva York .
Además de las instalaciones de tratamiento, la organización ofrecen otros programas de apoyo en materia de salud mental y otros asuntos médicos a decenas de miles de personas en toda la ciudad de Nueva York.
La investigación de la conducta criminal de los Brand, que fue encabezada por la Unidad de Control de Fraude de Medicaid del Fiscal General (MFCU), comenzó en 2013. Entre 2009 y 2014, Alan Brand presuntamente solicitó y recibió un soborno mensual de $13.000 dólares de un desarrollador de bienes raíces que alquiló edificios a Narco Freedom. A cambio de los pagos mensuales, Brand accedió a albergar muchas de las instalaciones de la sin fines de lucro en los edificios de este empresario de bienes raíces, usando de dinero de los contribuyentes para pagar la renta, de acuerdo con documentos hechos públicos hoy. A través de este acuerdo, Brand se estaba beneficiando personalmente, embolsándose el dinero que debió ir a su organización de caridad.
Narco Freedom está registrada como una entidad sin fines de lucro con exención de impuestos; Alan Brand es el Director y accionista único y era, hasta hace poco, su principal ejecutivo. Bajo la ley estatal, los accionistas de entidades sin fines de lucro, deben a sus organizaciones lealtad, debida diligencia y la obediencia que ordena que pongan el interés de su organización por encima de los suyos, de conformidad con todas las normas y reglamentos aplicables a esa organización y que operan la organización en cumplimiento de su misión principal. Los fiscales alegan que Alan Brand violó todas estas funciones al involucrarse en el esquema de sobornos antes mencionado y al ocultar el esquema de varios individuos y agencias reguladoras.
Además del esquema de sobornos, la acusación de hoy alega que Alan Brand, mientras fue ejecutivo de Narco Freedom, junto con Jason Brand, que era un gerente de alto rango allí y el dueño de la Corporación de DASO Development, defraudaron a Arch Insurance Company mediante la presentación de una reclamación de seguro falsa en relación con la restauración de 217 Court Street, en Brooklyn, la ubicación de una antigua instalación de tratamiento operada por Narco Freedom.
La instalación de Brooklyn sufrió daños sustanciales a partir de una tormenta de 2009 y, como el asegurado, Narco Freedom recibió un pago de $ 3.5 millones de Arco para restaurar el local. Durante las negociaciones del acuerdo, Jason Brand, negoció en nombre de Narco Freedom, supuestamente representando que los trabajos de restauración se completarían con empleados de la unión; en cambio, los jornaleros fueron contratados en un aparente esfuerzo para bajar el costo del proyecto. Los Brands también no revelaron que Jason Brand era el propietario de la empresa contratada para restaurar la instalación, la Corporación de Desarrollo DASO, según los fiscales. Según la acusación, tergiversaciones intencionales de Narco Freedom y omisiones materiales resultaron en una pérdida significativa de Arco, ya que la compañía de seguros aceptó un arreglo innecesariamente abultado.
Como resultado de la acusación de hoy, Alan Brand ha sido acusado de Recibir Soborno Comercial en Primer Grado, Hurto Mayor en Segundo Grado y Lavado de Dinero en Segundo Grado. Alan y Jason Brand, así como Narco Freedom y la Corporación de Desarrollo DASO como entidades separadas, han sido acusados ​​de Fraude de Seguros en Primer Grado y Hurto Mayor en Segundo Grado.
La investigación de la Fiscalía General sobre el funcionamiento de Narco Freedom continúa y cargos adicionales se prevén.
A lo largo de esta investigación, la oficina del Fiscal General ha trabajado en estrecha colaboración con los organismos del Estado que regulan los programas de tratamiento del Narco Freedom. El objetivo de este esfuerzo coordinado es asegurar la continuidad de la atención para todos los pacientes que utilizan los servicios de Narco Freedom. En particular, el Fiscal General desea expresar su agradecimiento a la Oficina de Alcoholismo y Abuso de Sustancias, de la Oficina del Inspector General de Medicaid y el Departamento de Salud del Estado de Nueva York.
La causa penal está siendo procesada por los Fiscales Adjuntos Kristen Conklin y Jihee Suh. El caso civil está siendo manejado por los fiscales Carolyn Ellis, Alee de Scott y Dave Abrams. La investigación fue dirigida por el Investigador Principal Albert Maiorano e Investigadores Dominic DiGennaro, Steven Broomer, Dave Ryan, Julie Clancy y Valerie Patrick. Apoyo de Auditoría fue proporcionado por los investigadores especiales de auditoría Patricia Iemma y Giovanni Liotine. Christopher M. Shaw es Director Regional de MFCU de la ciudad de Nueva York; Thomas O'Hanlon es Jefe de Investigaciones Criminales – Downstate y Thomasina Smith es Jefa de Auditoría. Amy Held es Directora Interina de MFCU. La División de Justicia Criminal está liderada por la Fiscal General Ejecutiva Adjunta Kelly Donovan.
Los cargos presentados en este caso son acusaciones. Los acusados ​​se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal de justicia.