SANTO DOMINGO,
República Dominicana, 24 octubre 2014.-
El procurador Antilavado, Germán Miranda Villalona, expresó su
preocupación por lo que definió como «intervención en asuntos internos del Ministerio Público de abogados cuyo trabajo tradicional
es la defensa de narcotraficantes»

Aseguró que resulta
extraño que en este momento en que el Ministerio Público está concentrado en
dos grandes casos de narcotráfico y crimen organizado, como los de Winston Rizik y Pascual Cabrera, esos
abogados estén interviniendo en asuntos internos del Ministerio Público,
solicitando la destitución del Procurador General.

Refirió que esos
abogados también han sido defensores de otros casos de capos que controlan
el microtráfico en gran parte del Gran
Santo Domingo.

“Esos abogados en
muchas circunstancias, a través de maniobras, han logrado evadir la justicia
como es el caso de Pascual Cordero, alias el Chino o el Asiático, con orden de
arresto, quien actualmente se encuentra prófugo, y que también es defendido por
uno de estos abogados”, expuso.

Aseguró que esos son
los abogados que orientan y han representado a otros grandes capos como Quirino
Ernesto Paulino Castillo, Rolando Florián Félix, la red de Figueroa Agosto, así
como a Francisco Hiraldo Guerrero, exdirector de Operaciones de la DNCD, y
recientemente extraditado a los Estados Unidos.

Miranda Villalona
enfatizó que luce bastante raro los pronunciamientos realizados por los
mencionados abogados, todos relacionados a casos de narcos. Un grupo de juristas emplazó este jueves al procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, a que renuncie a su cargo, ya que es incompatible con actividades político-partidarias, que afirmaron este desarrolla. Son ellos Ramón Pina Acevedo, Pedro Duarte Canaán, Carlos Balcácer, Félix Damián Olivares y Marino Elsevif, entre otros.

SANTO DOMINGO.- El director del periódico El Nuevo Diario, Persio Maldonado, insistió en la necesidad de que el país elimine la penalización de los llamados delitos de prensa o de palabras, y con ella la responsabilidad en cascada en el ejercicio del periodismo cuando la publicación de una información pudiera resultar o parecer ofensiva a determinada persona o grupo. Dijo que mantener vigente la actual estructura legal que penaliza el llamado delito de prensa, es una coerción contra el ejercicio de la libertad de prensa, que es igual decir contra la libertad de expresión. El también presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), entidad que agrupa a los periódicos de circulación nacional, consideró que la penalización por la difusión de informaciones que se consideren ofensivas es algo que le parece absurdo y por tanto no luce razonable. Dejó entender que esa situación es todavía menos apropiada tomando en cuenta la Constitución que tenemos, la que ha constitucionalizado los derechos fundamentales de las personas, auspiciada justamente por el PLD. Informó que en ese sentido la Sociedad Dominicana de Diarios ha iniciado una campaña para lograr desmontar esa amenaza contra la libertad, despenalizando esos delitos. Persio Maldonado se pronunció en esos términos al exponer sobre la libertad de expresión, con el tema “De la Tiranía a la Democracia”, en el encuentro de la Juventud del Partido de la Liberación Dominicana, en la casa nacional del partido oficial, este jueves. Recordó que la libertad de expresión es un derecho fundamental de las personas, consagrado en la Constitución de la República, especialmente en nuestra Carta Magna promulgada el 26 de enero del 2010. “La precisión la hago con la clara intención de dejar sentada una diferencia importante con la libertad de prensa, la que está más referida a la divulgación de noticias y materiales en sentido general por distintas vías y medios”, sostuvo Maldonado. Explicó, sin embargo, que entre ambas hay una relación entrañable y vinculante que las hace hermanas gemelas, pues no es posible la una sin la otra. “Qué hacemos con el derecho a expresarnos si al final no podemos divulgarlo”, reflexionó. Indicó que la libertad de expresión es un derecho tan fundamental para la condición humana que los demás derechos dependen de que podamos expresarnos mediante alguna forma de lenguaje, bien sea hablado, escrito y por señales. “Cuando pensamos en la dictadura, como forma de gobierno, necesariamente tenemos que pensar en la coerción de este derecho fundamental de las personas. Y en cambio, cuando lo hacemos con el concepto de democracia lo relacionamos con la libertad y por tanto presumimos que tenemos libertad para expresarnos y para divulgar las cosas que pensamos y decimos”, expuso. El ejecutivo periodístico consideró probable que pocos países hayan tenido una dictadura tan eficaz para ejercer la coerción contra la libertad de expresión como la tuvo República Dominicana en el período 1930-1961, un régimen estructurado sobre la base del miedo y la propaganda, llegando al extremo de que había desconfianza hasta en los miembros de las familias. Afirmó que la libre expresión es la libertad, como también lo es la libertad de prensa, “pues estamos hablando en ambos casos de la capacidad que tenemos en derechos para poder actuar y con las garantías que debe proporcionar toda sociedad democrática”. Rememoró que la lucha contra la dictadura fue por la libertad del pueblo dominicano, en cuyo proceso muchos fueron los que entregaron sus vidas en esa hermosa tarea y otros se fueron al exilio, como fue el caso del extinto líder y fundador del PLD, profesor Juan Bosch, quien por además fue un maestro de la palabra hablada y escrita. En ese sentido, Persio manifestó que ningún otro derecho se ha pagado con tanta sangre en la sociedad dominicana como ha sido la recuperación del derecho a la libre expresión y la libertad de prensa durante estos 53 años de caída de la dictadura. “Muchos jóvenes militantes, dirigentes políticos y periodistas han caído en esta batalla por la libertad”, añadió. Subrayó que esa decisión firme de la sociedad dominicana, junto al accionar de los partidos políticos, ha impedido que destronada la dictadura de Trujillo jamás haya prosperado un régimen de fuerza en la República Dominicana, aunque hayamos tenido una democracia imperfecta incluso manchada de sangre y represión. Finalmente exhortó hacer un mejor uso de las herramientas de la comunicación que la tecnología de hoy pone al alcance de las personas, ofreciendo mayores posibilidades para expresarnos y divulgar informaciones y nuestra opinión. Esas herramientas modernas –dijo- sirven para fortalecer la libertad y para ejercer mejor la política. jpm

SANTO DOMINGO.- En siete años el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) ha multiplicado por cinco sus afiliados en el Régimen Contributivo, al pasar de 97 mil 951, en 2007 a 473 mil 856 en 2014, colocándose entre las tres principales Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) en ese régimen y primera por número total de afiliados, reveló su director ejecutivo, licenciado Chanel Rosa Chupany. El funcionario atribuyó dicho crecimiento a la valoración colectiva de SeNaSa “como instrumento de protección social que aporta tranquilidad, al garantizar adecuados y oportunos servicios de salud a sus afiliados”. SeNaSa goza de un gran reconocimiento social, fruto de la calidad de los servicios que ofrece, lo que se manifiesta en una cartera de afiliados del Régimen Contributivo, que nunca ha dejado de crecer, así como a través del equilibrio financiero demostrado en el hecho de que por cada peso (RD$1.00) autorizado, la institución tiene depositados en bancos RD$1.16, monto mayor al exigido por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL). El licenciado Rosa Chupany habló durante un encuentro con el sector empresarial y el Consejo de Desarrollo Estratégico de Santiago (CDES) en el que destacó que SeNaSa es el ejecutor de las políticas de protección social en salud del Estado dominicano, orientado a brindar servicios de calidad y trato humano. Los estándares de calidad exhibidos en su gestión le merecieron la obtención del 2013 el Gran Premio Nacional a la Calidad 2013. Actualmente el total de afiliados a SeNaSa es de 3 millones 240 mil 476 afiliados, incluidos 473 mil 856 en el Régimen Contributivo, 2 millones 756 mil 083 en el Régimen Subsidiado; y 10 mil 537 Pensionados y Jubilados del Ministerio de Hacienda, agregó. jpm