En la actualidad no hay evidencias que lleven a pensar que la República Dominicana y Haití se unificarían, pese a la importante presencia de inmigrantes en nuestro territorio, problemática enfrentada seriamente en la actualidad en base a la Ley 285-04, con miles de repatriaciones, aunque de todas maneras no deja de ser un paliativo, si se parte del hecho de que solo un pequeño río separa a ambos países y la valla en construcción solo contribuye a elevar el precio del trasiego, el cual está bajo el control de militares en el área fronteriza.

Ese trasiego históricamente ha sido normal entre naciones que hacen frontera. Los ciudadanos de un país se trasladan al otro de mayor desarrollo económico en búsqueda de mejoría. La presencia de nacionales haitianos en República Dominicana se remonta al siglo XIX.

Esa presencia fue creciendo paulatinamente, al punto que para el año 1937 Trujillo descargó todo su odio, dando instrucciones para que esos extranjeros sean asesinados. Se calcula que entre nueve mil y 20 mil haitianos fueron muertos con armas de fuego, cuchillos, machetes y hachas por miembros de la Policía y del Ejército. El historiador Bernardo Vega estima el número en 35 mil.

Esa masacre no resolvió el problema, pero sí se convirtió en un escándalo mundial. El propio Trujillo formalizó la contratación de braceros haitianos a partir del 1952, para el corte de la caña de los ingenios azucareros, bajo el interés de incrementar la producción y exportación del azúcar, que tenía décadas siendo un sostén importante de nuestra economía.

Con el triunfo de Francois Duvalier en 1957, la economía haitiana experimentó crecimiento, llegando en 1960 a tener el mismo Producto Interno Bruto que la República Dominicana, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional.

Con el paso de los años Duvalier, sin embargo, se convirtió en dictador y derivó en corrupto y asesino y ese país tuvo una economía estancada y en retroceso por períodos prolongados. Haití registró incremento de su PIB en 1980 y la última vez en el 2021, precisamente el año en que mataron al presidente Jovenel Moise.

La historia haitiana ha estado matizada por las fluctuaciones políticas, lo que ha contribuido a dañar la economía de ese país. Haití nunca ha registrado estabilidad institucional por una década específica, carece de poderes públicos legítimos, de un ejército y hasta de un simple registro civil.

Agravamiento

Y la crisis se agrava cada vez más en todos los órdenes, ahora con pandillas que controlan en un 80 por ciento a Puerto Príncipe, sin que se evidencie una salida hacia la pacificación y ante la mirada indiferente de la comunidad internacional.

Quien más aporta a la solución de la problemática de Haití es República Dominicana, pero la población luce harta de la excesiva inmigración de haitianos, tal y como lo confirman las encuestas. Para un alto porcentaje de dominicanos el mayor problema del país es el tema haitiano, lo que ha motivado al Gobierno a disponer la repatriación de millares de esos extranjeros, inclusive restringir los gastos en salud, sobre todo en las parturientas.

Todo lo que haga el Gobierno en el marco de la Ley 285-04 es legal, máxime tratándose de un país soberano y en momentos en que Estados Unidos, Francia y otras naciones también toman medidas contra inmigrantes ilegales. Lo lamentable es que los partidos procuren beneficio político en torno al tema, pues todos se montan en la “ola nacionalista”, incluyendo a la Antigua Orden Dominicana, la cual no solo está motivada en aspectos raciales, sino, además, en presentar a Hitler y a Trujillo como personajes paradigmáticos. Es una aberración que amerita ser enfrentada rápidamente, porque inclusive la práctica del trujillismo está prohibida por ley. (Ver Ley 5880-62).

La Antigua Orden Dominicana aboga por la salida del cien por ciento de los haitianos, lo que resulta difícil e inclusive perjudicial para la economía dominicana, porque renglones como agropecuaria y construcción (que cada año aportan al PIB ciertos porcentajes) no funcionarían a corto y mediano plazos sin la mano de obra haitiana. Lo lógico sería tener un control de los haitianos en el país, sin permitir que su presencia siga creciendo y llegue a constituir una amenaza a la soberanía.

Los alegatos que levantan los antihaitianos son que tenemos idiomas, culturas y religión diferentes. Es evidente que ellos hablan creole y nosotros español, pero ese es un pretexto infeliz, porque un alto porcentaje de dominicanos desea irse a Estados Unidos, cuyo idioma es el inglés y no les importa pasar trabajo desde que llegan al Aeropuerto Kennedy.

¿La religión? El 94 por ciento de los haitianos es cristiano, aunque hay que admitir que un 40 a 50 por ciento de la población practica simultáneamente el vudú, que se expresa con rituales, cantos y ofrendas a los espíritus. Sin embargo, hay investigaciones que revelan que más del 40% de los dominicanos cree en brujería y santería, incluyendo a muchos que dicen ser cristianos.

El problema mayor que separa a los dominicanos y haitianos es económico. Algunos organismos señalan que la economía dominicana es 7 veces mayor a la haitiana, otros aseguran que la nuestra es once veces superior. Desde esa perspectiva, República Dominicana no gana nada y pierde mucho ante una eventual fusión con Haití, cuya posibilidad se reduce a cero en este momento.

Si a un dato estadístico económico se le suma el racial, que por más que se niegue de forma hipócrita es un importante motivo para el desprecio, hay que concluir que estos países no se unificarían, pero ambas naciones están destinadas a compartir la isla, porque ni ellos se van a mudar de la parte occidental ni nosotros tampoco del lado oriental.

JPM

He escrito varios artículos de opinión sobre la problemática  de la inmigración irregular de ciudadanos de la República de Haití,  su impacto en la economía de RD y un plan de mejora para solucionar o al menos minimizar las consecuencias negativas.

Lo primero que el lector debe tener en cuenta para interpretar correctamente nuestra opinión, es que ambas naciones cohabitan una misma isla de apenas 77 mil kilómetros cuadrados, entre los cuales República Dominicana tiene 48.422 kilómetros cuadrados, incluyendo las islas adyacentes y los restantes 27,755 kilómetros cuadrados y comparten una frontera de 376 km2.

Otro dato importante, es la densidad demográfica de ambos países. Aquí se invierten los papeles, ya que Haití, según datos oficiales del Banco Mundial, para el año 2022 contaba con una población de 11.584.996, mientras República Dominicana para el 2024, igualmente según datos oficiales cuenta con una población similar de 11.882.

Partiendo de estos datos estadísticos y tomando en cuenta que la situación de riqueza material, educativa y productiva son totalmente disímiles, ya que la economía dominicana es 10 veces mayor que la haitiana y es aquí la naturaleza del origen de la migración haitiana hacia dominicana en busca de mejoría.

Al principio, la misma era ordenada como consecuencia de acuerdos bilaterales entre los jefes de estados y respectivos dictadores Rafael Leónidas Trujillo Molina, 1930/1961 y François Duvalier 1957/1971.  Esto fue posible, dado que la economía nacional de República Dominicana durante principio de siglo XX hasta las dos últimas décadas, estuvo liderada por el renglón de la venta de caña de azúcar y los ciudadanos dominicanos ni en sus peores tiempos, le gustó ejercer el corte de la caña y el tipo de vida que esa actividad agrícola conllevaba, siendo los nacionales haitianos quienes por etapas llamadas zafras azucareras, llegaban en masas al país varias veces al año bajo contrato del gobierno dominicano, previamente acordado con el gobierno del vecino país.

Algunos historiadores, dan cuenta que el precio acordado por ambos dictadores era pírrico para el extraordinario esfuerzo físico que demandaba el corte del rubro y las     inclemencias del tiempo.  Al concluir cada periodo de corte o zafra, los nacionales haitianos retornaban a su país con sus vástagos a la espera de la próxima convocatoria.

Con este preámbulo, persigo llevar al lector a un entendimiento cronológico del hoy conocido como el mayor problema en materia de política exterior e interior que encara el presente gobierno dominicano del honorable señor presidente Lic. Luis Rodolfo Abinader Corona, el cual está siendo acosado por la opinión pública nacionalista para que regule una ya y muy visible inmigración irregular de haitianos que ha degenerado en invasión masiva y no han faltado quienes la consideran  como un peligro  para la soberanía, la identidad y de seguridad nacional.

A la muerte de Trujillo en 1961 y la de Duvalier casi diez años después, 14 de abril 1971, todavía ambos países continuaban negociando la contratación de mano de obra haitiana para el sostenimiento de la industria azucarera con 16 ingenios produciendo el dulce a máxima capacidad.

Para ello, los gobiernos dominicanos entre  el periodo de 1971 hasta 1986 de los ex presidentes: Joaquín Balaguer, Antonio Guzmán Fernández, Jacobo Majluta y Salvador Jorge Blanco, construían y mantenían asentamientos habitacionales para albergar los nacionales haitianos previamente contratados para el corte de la caña; espacios estos conocidos como ‘barracones y bateyes”, donde los extranjeros mantenían intactas su cultura gastronómica y demás, incluso, el tema de la nacionalidad de sus descendientes no significaba problema alguno para el registro civil, pues a pesar de que la Constitución dominicana les garantizaban la ciudadanía a los hijos de nacionales haitianos en condición de legalidad, aun así, cada término de la zafra, los mismos retornaban a  Haití con sus progenitores.

Hasta el momento o época señalada, todo iba bien.

¿Cuándo empezó el problema y cómo hemos llegado hasta aquí?  

Con el término de la guerra fría entre el Bloque Socialista Soviético y los Estados Unidos de América y sus aliados occidentales europeos en 1991 y tras el hecho anterior e histórico de la caída del Muro de Berlín, Alemania en 1989, el mundo se reorganizó geopolíticamente por la hegemonía del capitalismo sobre la economía de mercado y fue entonces que los países del mundo empezaron a reconfigurar sus economías al nuevo modelo u orden mundial. En este contexto, la República Dominicana se vio forzada a realizar cambios importantes en su economía, sustituyendo el renglón azucarero por el turismo de sol y playa. Aquí también empezó el auge de las remesas como segundo renglón económico del país, relegando a la industria de los ingenios a un tercer lugar para finales del siglo XX o quizás media década antes.

A partir de este momento, los nacionales haitianos dejaron de retornar a su país permaneciendo permanentemente en el territorio dominicano, donde hasta al momento, su mano de obra domina y reina en sectores vitales para el país como el inmobiliario, el agrícola y la construcción de obras de infraestructuras estatales. Y como si fuera poco, hasta en el transporte público de pasajeros a nivel de vehículo de dos ruedas (motoconchista).

Entonces a partir de 1996 y el gobierno de un joven presidente de apenas 43 años de edad el Dr. Leonel Fernández Reina, elegido por los dominicanos el 30 de junio de ese año, es cuando el flujo masivo de inmigrantes procedente de Haití, empezó a priorizar y ser percibido como un problema objeto de ser considerado prioritario en la agenda política.

Precisamente parte de la campaña electoral que llevó a Leonel Fernández al Palacio Nacional, tenía tendencia patriótica en alusión a que su triunfo en las urnas, impediría que un descendiente directo haitiano, se convirtiera en jefe de Estado dominicano en calidad de presidente Constitucional de la República. A todas luces me refiero al líder histórico y de masa Dr. José Francisco Peña Gómez, quien falleció en mayo del año 1998.

Desde entonces a la fecha, han sucedido un sinfín de acontecimientos que han ido diezmando las relaciones bilaterales de ambos países. Las diferencias incluso, han sido llevadas a escenarios internacionales, siendo el mayor y más simbólico de ellos, la sentencia 168/2013 emitida por del Tribunal Constitucional de República Dominicana quien en un hecho sin precedentes en nuestra historia, ordenó una revisión del Registro Civil a cargo del la Junta Central Electoral, en aras de corregir errores de inscripciones incorrectas de nacionales haitianos, a quienes se la había concedido la ciudadanía dominicana por error y en otros casos, por complacencias y actos de corrupción de funcionarios públicos en materia civil.

El gobierno de turno encabezado por el ex presidente Lic. Danilo Medina Sánchez, acosado por los reclamos de la Comunidad Internacional totalmente influenciada por Organismos Internacionales y Organizaciones No Gubernamentales ONG, organizó un plan masivo de regularización de inmigrantes a costo cero, amparado en la Ley 169/14, la cual establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el registro civil dominicano y naturalización.

En dicho proceso se regularizaron varios cientos de miles de indocumentados, pero la gran mayoría no pudo conseguirlo por la debilidad institucional del gobierno haitiano al momento de identificar a sus ciudadanos y otorgarles un pasaporte y un acta de nacimiento, documentos imprescindibles para lograr con éxito cualquier proceso migratorio legal.

A todo esto, se sumó la corrupción de funcionarios civiles y militares que se enriquecen de la migración irregular con el descuido de la frontera. Asimismo, de importantes y grandes empresarios agrícolas y del sector de la construcción, quienes demandan de mano de obra barata y de calidad para evadir impuestos y engrosar sus ya jugosas cuentas bancarias.

Un hecho que provocó gran conmoción en la opinión pública, fue el arresto de un alto funcionario del Ministerio Público, quien, en un vehículo oficial y rotulado de la Procuraduría General de la República, estaba traficando con nacionales haitianos. Pero también han sido sorprendidos diplomáticos, policías, congresistas y otras autoridades, traficando con el drama humano en cuestión.

Para concluir este breve relato de la cruda realidad de la problemática haitiana en República Dominicana, propongo como plan de mejora varios puntos.

1. Que el gobierno dominicano deje de hacer populismo con un tema tan delicado y asuma el conflicto con el rigor institucional requerido.

2. La creación de un Consejo de Estado permanente mediante ley compuesto por el presidente de República, la vicepresidenta y el ministro de Relaciones Exteriores, más los ex presidentes y vicepresidentes de la República para coordinar las políticas públicas en esa dirección y llevar una sola voz ante la Comunidad Internacional.

3. Que el gobierno envíe al Congreso Nacional, un proyecto de Ley que declare como traidor de la patria todo ciudadano con fuerza de Ley que sea sorprendido traficando con inmigrantes irregulares. Que además de la cárcel, le sea retirada su acta de nacimiento y declararlo apátrida, por consiguiente, su muerte civil.

4. Aplicar con rigurosidad la Ley actual de migración y si es posible endurecerla, y

5. Un nuevo y único plan de regularización donde todo aquel que quede fuera, sea invitado a salir voluntariamente del país en 30 días naturales, de lo contrario, sería repatriado compulsivamente a su respectivo país.

jpm-am

SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Migración (DGM) detuvo a 92 haitianos indocumentados durante inspecciones en establecimientos que los empleaban. Asimismo, dijo más de 600 abandonaron voluntariamente República Dominicana en las últimas horas.

En documento de prensa informó que sus agentes se desplazaron a tiendas y plazas comerciales localizadas en las avenidas Duarte y República de Colombia, en el Distrito Nacional, luego de recibir reportes sobre la presencia de haitianos en condición migratoria irregular laborando en esos espacios.

«Los detenidos fueron trasladados al Centro de Retención de Extranjeros Indocumentados en Haina, donde se les realizó el proceso de registro y depuración conforme a lo establecido por la Ley General de Migración No. 285-04», indica.

De acuerdo con la DGM, las denuncias recibidas señalaban que en esos comercios se superaba el límite legal de empleados extranjeros, el cual establece que al menos un 80 % del personal debe ser de nacionalidad dominicana y un 20 % puede ser extranjero.

MAS DE 600 RETORNAN A HAITI DE FORMA VOLUNTARIA

En otra información, más de 600 haitianos emprendieron este sábado un retorno voluntario hacia su país desde distintos puntos del territorio dominicano, en una jornada que se desarrolló bajo la vigilancia de la Policía Nacional y el Ejército, con el apoyo logístico de la Embajada de Haití en la República Dominicana.

Según publican medios locales, desde tempranas horas de la mañana, decenas de autobuses y camiones enviados directamente desde Haití se desplegaron por comunidades como Friusa, en Verón–Punta Cana así como en otros sectores con alta presencia de inmigrantes haitianos, con el objetivo de facilitar el traslado seguro de quienes decidieron abandonar suelo dominicano por voluntad propia.

FAMILIAS COMPLETAS CARGARON CON SUS PERTENENCIAS

«Familias enteras cargaban sobre los techos y en los furgones de los camiones todo lo que habían reunido durante años de residencia y trabajo en el país. Camas, colchones, estufas, abanicos, sillas, tanques, muebles y otros electrodomésticos fueron cuidadosamente embalados para cruzar la frontera», indican.

En Friusa, una de las zonas con mayor concentración de ciudadanos haitianos en el este del país, se contabilizaron más de 14 autobuses, cada uno con capacidad para transportar entre 60 y 70 pasajeros. Todos fueron escoltados por unidades policiales y militares hasta su salida del territorio nacional.

Aunque el proceso fue organizado por la Embajada de Haití, también se coordinó con instituciones del Estado dominicano, incluyendo la Dirección de Migración, el Ministerio de Defensa y cuerpos policiales.

an/am