POR NELSON MONTAS QUEZADA

En el periódico El Nacional, de fecha 15 de octubre del cursante año, salió publicada, en su sección de actualidad judicial, la información de que el “TC y 3ra Sala de  la SCJ tras definir competencia”.  Esta noticia hace referencia a que la Tercera Cámara Civil de La honorable Suprema Corte de Justicia, se había reunido con el Tribunal   Constitucional, a los fines de entablar un diálogo para definir la competencia entre ambos tribunales y modificarla y delimitarla de manera más precisa.

Se trata de los asuntos que deban conocer dichos tribunales, de acuerdo con lo establecido por la sentencia núm. SCJ-TS-24-1930.  De lo anterior se resume que la función de la Suprema Corte de Justicia es interpretar la Ley y la del Tribunal Constitucional interpretar la Constitución.  Comprendo que este dialogo se realiza de buena voluntad y con el interés de hacer más eficaz y precisa las atribuciones de ambos tribunales.

Sin embargo, considero que este tipo de encuentro entre ambos tribunales es inconstitucional; ya que el mismo reduciría o limitaría las facultades y atribuciones exclusivas que le otorga la Constitución al Tribunal Constitucional, en virtud de lo que dispone el artículo 6 de la misma, acerca de   la supremacía de la Constitución y   además sus artículos 184 y 185, que disponen la creación de un Tribunal Constitucional, para garantizar en única instancia la supremacía de la Constitución.

En consecuencia, estos diálogos y reuniones entre ambos tribunales, resultaría un intercambio irrazonable, pues las atribuciones constitucionales que tiene el Tribunal Constitucional, son de naturaleza superior y absoluta y no puede sentarse a dialogar de igual a igual sobre temas relativos a sus altas funciones con ningún otro poder del Estado ni con particulares. Esta situación nos trae a la luz el eterno dilema de Shakespeare expresado, a través de la tragedia del príncipe Hamlet:  Ser O No Ser.  O el Tribunal Constitucional es un órgano superior o no lo es.

Soy de opinión que este poder omnímodo del Tribunal Constitucional de alguna manera podría colidir con el artículo 2 de nuestra Constitución que se basa en el principio de la soberanía popular, la cual reside exclusivamente en el pueblo.  Precisamente, esas preocupaciones sobre el poder superior del Tribunal Constitucional, creó un conflicto jurídico entre los abogados   constitucionalistas de los estados miembros de la Unión Europea y la creación de una Constitución europea que necesariamente conllevaría al establecimiento, en la práctica, de un Tribunal Constitucional de la Unión Europea.

Esta preocupación de los juristas europeos, se debe a que las decisiones que tomen los tribunales de los estados nacionales miembros, cuando sea procedente, serían recurridas por ante el Tribunal Constitucional Europeo y sus decisiones resultarían definitivas e inapelables y esto pondría en entredicho las decisiones judiciales y la soberanía nacional de los países que la componen. Con relación a este tema el profesor español Francisco Balaguer Callejón, de la universidad de granada, está de acuerdo en lo siguiente:

a)       La Constitución europea, nunca restaría derechos contenidos en las constituciones nacionales, sino que aportaría más derechos;

b) para resolver los posibles conflictos entre las constituciones nacionales y un eventual Tribunal Constitucional Europeo, plantea aplicar el principio del contra- límite.  Pienso que, en este diálogo, de buena fe y con interés de fortalecer nuestro sistema jurídico, iniciado entre la Tercera Sala Civil de nuestra honorable Suprema Corte de Justicia y nuestro Tribunal Constitucional, existe un nexo común con las preocupaciones jurídicas surgidas en la Unión Europea y es el temor a la creación de un superestado y, en nuestro caso, de un poder jurídico superior e ilimitado.

El reconocido tratadista del derecho constitucional César Landa Arroyo, que ha sido o es juez ad-hoc de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, considera que el poder no se puede ejercer sin control.

Citando a su vez a Karl Loewenstein expresa que: “el poder no se puede ejercer sin control y en cualquiera de sus variantes, el control constitucional de las leyes es monolítico, ya que resuelven controversias constitucionales de forma definitiva y vinculante”.

por lo tanto, termino mi humilde criterio jurídico ratificando que al Tribunal Constitucional dominicano, no se le pueden poner contra-límites y mucho menos éste puede sentarse a discutir con otro tribunal de tú a tú, sobre asuntos que definitivamente, pasarán a ser, eventualmente, de su competencia; ya que sus funciones y atribuciones están claramente establecidas en la Ley  y en nuestra Constitución.

nelsonmontas@hotmail.com

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POR CARLOS SALCEDO

Con la aprobación reciente por parte de la Asamblea Nacional Revisora de la reforma constitucional estamos en presencia de un clavo pasado. Agotados los trámites administrativos, de firma por los asambleístas, la nueva Constitución será proclamada y publicada pronta e íntegramente con los textos reformados.

Como sostuve durante el proceso veo con buenos ojos las intenciones del presidente Abinader, al auspiciar los cuatro cambios propuestos, los cuales sufrieron algunas enmiendas y adiciones que ya la población conoce.

La unificación de las elecciones para el 2032 se distanció más de la cuenta de su objeto si el fin era evitar gastos excesivos y lograr rápidos ahorros en el proceso electoral, así como las demás cargas que ello entraña. Pero, aunque la retórica del arrastre presidencial a los candidatos municipales y congresuales parece haber quedado atrás, se deja pendiente el sentido de autonomía e independencia congresual y municipal como contrapeso y control del Poder Ejecutivo.

La reducción del número de diputados no deja de ser un punto luminoso, por la apuesta de menor cantidad de recursos del erario dedicados a esa burocracia. Pero, sobre todo, porque ojalá y sea el arranque del camino para la eliminación de una de las cámaras legislativas, que bien puede ser el Senado.

Y es somos un país pequeño, de poca población y con una economía pequeña, aunque en permanente crecimiento y de ingreso medio-alto. De ahí que un sola cámara legislativa responde a nuestra estructura, tamaño y cantidad de habitantes como nación.

Procuraduría

La consagración constitucional de la consolidación de la independencia del Ministerio Público, con la elección antes por parte del presidente de la República del Procurador (a) General de la República (PGR) a que ahora resulte de una terna presentada por el presidente al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) como de la mitad de los adjuntos del PGR, suma mayor autonomía a dicho órgano, con estabilidad por dos años, a partir de su elección.

Pero, a final de cuentas, seguirá siendo una elección presidencial en la que los consejeros integrantes del CNM tendrán poco o ningún margen práctico para cambiar al o la PGR que señale el dedo presidencial.

La inclusión de la regla de elección presidencial en el artículo 268 constitucional, que consagra la imposibilidad de modificación de nuestra forma de gobierno -civil, republicano, democrático y representativo-, para, como cláusula pétrea, impedir cualquier modificación de la Constitución en ese aspecto, si bien se advierte que podría sufrir un traspiés en el Tribunal Constitucional, en ocasión de un recurso de inconstitucionalidad que tenga por base el incumplimiento de reglas sustanciales del procedimiento constitucional, y particularmente por falta de consulta al soberano mediante el referendo, responde a una voluntad del presidente de dejar atrás las incertidumbres derivadas de presidentes que se sienten eternos en el poder.

Ahora nos queda a todos seguir viviendo en democracia y en Constitución, aunque todas o algunas de nuestras posiciones, por ahora, no fueran acogidas. Esa es la esencia de la democracia, donde una comunidad plural y diversa piensa, opina y sostiene criterios propios, sin mediatizaciones, ni cortapisas y estos son respetados y tenidos en cuenta, al menos eso creo.

jpm-am

Imagina un país donde la publicidad refuerza la violencia contra las mujeres. Un país en el que el 65 % de las adolescentes encuestadas por el Sistema de Salud Pública (2020) ha sufrido violencia sexual en algún momento, y el 52 % en los últimos 12 meses. A pesar de ello, se permite que la publicidad continúe promoviendo estereotipos que incitan a la violencia de género.

En este país, el 72 % de las víctimas de violencia sexual son niñas y adolescentes, y el 32 % de ellas las casan antes de los 18 años, con un 9 % antes de cumplir los 15. Aun así, la publicidad refuerza narrativas que perpetúan la subordinación y normalizan la violencia simbólica.

Hasta agosto de 2024, 34 hombres han asesinado a mujeres que, supuestamente, amaban. Mientras tanto, la publicidad sigue siendo cómplice en la difusión de mensajes que deshumanizan a las mujeres, presentándolas como objetos sexuales y contribuyendo al acoso y la agresión. Según Martha Nussbaum y Rae Langton (1993), la cosificación de las mujeres en la publicidad no solo promueve la violencia física y sexual, sino que también aumenta la tolerancia hacia estas conductas.

La violencia simbólica, descrita por Pierre Bourdieu (2000), es una forma de dominación que opera de manera invisible, a través de normas y estereotipos culturales que las personas interiorizan como “naturales”. No es necesario un acto de violencia física cuando la publicidad misma contribuye a que las mujeres acepten que su valor reside en su apariencia, mientras que los hombres asumen una posición de poder por derecho «natural».

Un ejemplo claro es la publicidad de productos femeninos, donde se enfatizan los atributos físicos de las mujeres —como sus voluminosos glúteos en pantalones blancos— en lugar de las características del producto en cuestión. Es una fórmula que trivializa a la mujer y refuerza el ciclo de la violencia. No vale alegar ignorancia

Mientras el Estado dominicano no regula la publicidad, las calles de la ciudad están copadas con publicidad que promueve la violencia contra las mujeres.

Eliminar la publicidad sexista es una estrategia eficaz para reducir la violencia contra las mujeres. Detrás de cada anuncio que perpetúa estereotipos está la reafirmación de una mentira: que la violencia de género es parte del orden natural. Esa es una falsedad que no podemos seguir tolerando.

jpm-am