Para la nación tener un desarrollo armónico y cuidar su soberanía, el plan de acción y la plataforma para alcanzar esos fines, deben sustentarse en leyes juiciosas. De ahí la necesidad del Congreso Nacional, con senadores y diputados elegidos por el pueblo, para que las elaboren. Su misión es delicada. Consiste en legislar a favor del bien común, fiscalizar para preservar el patrimonio nacional y representar al pueblo. El Congreso es el encargado de trazar las directrices legales que fortalezcan la democracia y protejan los derechos de la ciudadanía. Debe cuidar con celo la Constitución de la Republica. Ella es “el tronco del árbol jurídico y las leyes son sus ramas”. Cada vez que se reforma, estamos moviendo la zapata de la Nación. No debe hacerse para atender casos particulares sino a los intereses nacionales. La tarea de legislar, fiscalizar y representar, que tienen los legisladores, los convierte en la escolta jurídica de la nación. Deben concentrarse en ella a tiempo completo. Es penoso que sean los primeros en infringir las leyes que establecen, al extremo de institucionalizar la forma de violentarla. Sin pudor se asignan presupuesto, barrilitos y cofrecitos, para “gestiones sociales” propias del poder ejecutivo, descuidando las del legislativo. Se supone que su meta es lograr una clara definición de la función de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial y fiscalizar su cumplimiento. Sin embargo, no solo asumen tareas del poder ejecutivo sino que invaden el poder judicial, obligándolo a actuar con criterios selectivos. ¿Cuál es el mensaje? ¿Podemos prosperar pisoteando las leyes? Los legisladores usan su poder, para actividades reñidas con su misión y poco transparentes. Si algún ciudadano tiene la valentía de cuestionarlos, se unen para protegerse. ¡Pobre país! Las posibilidades de salir del subdesarrollo, se alejan. Los congresistas son visualizados como politiqueros en campaña permanente, regalando cositas en sus comunidades. Se descuidan de hacer leyes efectivas para el desarrollo integral. Si les importara que la nación fuera soberana, las leyes para controlar inmigrantes haitianos ilegales, atacaran directamente las raíces del mal. Sueño con verlos concentrado en su misión. Dedicados a bañar de legalidad funcional, las instituciones para que sean respetadas y a la vez, respeten. Pueden hacer una Republica Dominicana ejemplar. Bastaría que se dedicaran a estudiar el sistema vigente, potencialidades, anhelos, para con leyes efectivas deslizarlo por el camino del progreso; que fiscalizaran las instituciones y sus funcionarios, para que no se aparten de ellas. Deben comenzar poniendo las reglas en “su casa”, en el Congreso, erradicando el barrilito y todo lo que distraiga la atención de su misión. ¡Que nos llenen de orgullo! Por supuesto, con este esquema, poco aspirarían a ocupar una curul, pues prefieren que sea un mercado de politiquería barata, clientelismo, para disfrutar de los diferentes pasteles. ¡Que pena!

En menos de una semana en nuestra nación han ocurrido tres acontecimentos que han generado una gran conmoción y han producido grandes expectativas y temores en la población. Esos tres acontecimientos tienen un hilo común: son actos típicamente terroristas que buscan crean pánico y aumentar los niveles de inseguridad ciudadana. El primero de esos acontecimientos fue el espectacular asalto a la cárcel de Navajo a plena luz de día. Cual si fuera una de las acciones que se ven en las famosas narconovelas que exhiben algunos canales de televisión dominicanos, dos jepetas con hombres armados con fusiles de guerra y apoyados por varios reclusos de la cárcel, intentaron secuestrar al director de dicho recinto y así concretar una fuga de varios reos que estaban cumpliendo condena por cuestiones de narcotráfico. Ese hecho no tuvo éxito pero dejó varias personas muertas entre ellas dos de los guardianes de la propia cárcel. A menos de una semana se produjo otro hecho alarmante. Un jóven universitario residente en Guachupita y cuya casa está censada para ser derribada por los planes de extensión de la segunda línea del metro de Santo Domingo, provocó un incendió con una bomba molotov en uno de los vagones del metro. Esa acción además de provocar quemaduras a decenas de personas generó un estado de pánico e incertidumbre en centenares de usuarios de dicho transporte y una gran pánico en toda la población. El tercer hecho de connotaciones terroristas fue anunciado esta misma semana por el administrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales-CDEEE-. Ruben Bichara informó a la nación que los organismo de inteligencia y seguridad detectaron un plan de sabotaje que pretendía derribar las torres eléctricas de alta tensión de la región sur del país, para así dejar a oscuras a toda esa zona. Se debe tener presente que el presidente de la República, Danilo Medina, es oriundo de San Juan de la Maguana, una de las principales provincias del sur. Estos tres acontecimientos llaman a mucha preocupación. Aunque parece que no tienen alguna conexión directa, lo cierto es que los tres buscan el mismo objetiv Desestabilizar la sociedad dominicana y aumentar los niveles de temor, pánico e incertidumbre entre la población. Algunos especialistas en seguridad y defensa han expresado la idea de que no es descartable que pueda haber un hilo conductor y un grupo o mente diábolica responsable de los hechos, buscando con ello generar en la nación dominicana una situación de inestabilidad política y económica. La sociedad dominicana ha avanzado mucho en todos los órdenes y muy especialmente en el plano político. Sin embargo, las acciones del narcotráfico internacional y de la delincuencia también se han incrementado de manera muy amplia en los últimos años. Por lo que no es descartable que esos grupos puedan encontrar como aliados a personas que sirvan de sicarios para cometer acciones en nombre de una supuesta rebeldía social. Ante eso, los organismos de seguridad deben investigar a fondo esos tres acontecimientos. Dar los pasos que tengan que darse para escudrichar hasta el fondo la verdad de los mismos, siempre respetando los derechos humanos pero sin temor y con la profunda convicción de encontrar la realidad y actuar en consecuencia. Sólo así evitaremos la repetición de esos peligrosos acontecimientos.

Los que regatean un justo presupuesto para la universidad pública nada dicen sobre las irregularidades reveladas por la Cámara de Cuentas durante la gestión del ingeniero Víctor Díaz Rúa en el Ministerio de Obras Públicas. Esas irregularidades ascienden a más de 60 mil millones de pesos, lo que equivale a más de ocho veces al presupuesto anual que la UASD percibe. Tampoco se refieren a otros casos de corrupción mayores ni a elevadas asignaciones presupuestarias a organismos estatales que no ofrecen ningún servicio a la sociedad ni rinden cuenta a nadie. Nunca se les vio condenar que Leonel Fernández, siendo presidente de la República, le asignara al Despacho de la Primera Dama, a la sazón Margarita Cedeño de Fernández, un presupuesto multimillonario, superior al de cinco ministerios juntos. Son los mismos sectores que mantienen el infeliz alegato de que “la UASD es un barril sin fondo” (una vieja campaña sucia), pese a recibir la menor asignación económica de todas las universidades estatales del continente. Los remito a revisar las estadísticas para que sus enfoques se inscriban en la objetividad. El presupuesto de la UASD está establecido por ley y no se cumple. Contrariamente, los conservadores que abogan por la privatización de la academia pública, viven formulando sugerencias absurdas, como la baja académica, que constituye un acto clasista, pues los bachilleres que ingresan a la academia mayoritariamente provienen de liceos públicos, con graves deficiencias en las denominadas asignaturas básicas. Y es la UASD que termina de alfabetizarlos. Y muchos logran concluir sus estudios superiores, dotarse de una profesión y servirles dignamente a la sociedad. Negarles educación superior a los jóvenes de los barrios y lejanos y empobrecidos pueblos de la geografía nacional es condenarlos a la pobreza social, terreno fértil para el incremento de la delincuencia y la criminalidad. La baja académica es improcedente, tan improcedente como la prueba académica que recomiendan para el ingreso. La prueba académica –con la deficiencia de la educación pública– sólo sería aprobada por los jóvenes egresados de los colegios, que regularmente disponen de recursos para realizar carreras en las universidades privadas. Ahora se pretende condenar a la UASD por permitir que en su sede se le haga un homenaje a Jean Jacques Dessalines, supuesto responsable de degollamiento de “dominicanos”. ¿Dominicanos? Ignoran que Dessalines murió en 1806, fecha para la cual aún no había un proyecto independentista ni se conocía nada que se llame República Dominicana. Pero asumiendo que Dessalines fue un criminal, como alegan, la UASD tiene que estar abierta a todas las corrientes del pensamiento, tal y como lo establece su Estatuto Orgánico. (Si Vinicito –el hijo del Vincho, uno de los hombres que se le atribuye haberle hecho grandes daños al país– quiere dictar una charla en la UASD, hay que habilitarle un salón. Naturalmente, yo no acudiría a esa charla, porque sé anticipadamente los aspectos que abordaría: el tema haitiano, el narcotráfico (desde una óptica parcializada) y el “peligro del PPH”). La UASD sigue siendo la institución de manejo financiero más transparente. Y hoy más que nunca. Y sigue siendo la más abierta al libre juego de las ideas. Y sus tradicionales enemigos (¡búsquelo uno por uno!) son personas atrasadas ideológicamente o con intereses empresariales en la educación superior. También los hay que estudiaron en la academia del Estado o sirvieron en la docencia, pero con su ascenso social y económico se han convertido en verdaderos renegados.

La reelección presidencial es un fenómeno electoral existente en algunos países. Implica que un ciudadano que ha sido presidente pueda volver a serlo de forma consecutiva o por período interpuesto. La primera reforma constitucional dominicana que prohibió la reelección presidencial consecutiva surgió a finales del siglo XX producto del tranque electoral entre el PRSC y PRD en 1994.
El siglo XXI que apenas comienza se estrena con dos reformas constitucionales de carácter electoral: la del 2002 (PRD) que dio luz verde a la reelección presidencial consecutiva, y la del 2010 (PLD) que de nuevo la prohíbe pero le abre paso al período interpuesto.
Al parecer no hay diferencia alguna en dictadura y democracia en cuanto a la reelección presidencial consecutiva o por período interpuesto pues la dictadura y democracia tienen su traje hecho en cada ocasión. El mismo traje que usó la corrupción en la Era de Trujillo se usa en el Estado Político y/o Supra Estado Colonial que tenemos después de la muerte del Perínclito de San Cristóbal en 1961. La diferencia es que los trajes de hoy son más caros y prolíferos.
La reelección presidencial consecutiva o por período interpuesto se legaliza con la alteración, modificación o violación del factor determinante o pragmático, es decir, la Constitución de la República. Cosa más grande la vida, Chico!, como diría el genial Tres Patines. Ese “procedimiento institucional¨ no es otra cosa que la llave de paso al continuismo y/o dictadura, con o sin respaldo popular, en complicidad con la histórica falta de transparencia electoral que caracteriza la JCE. Y es que si el Diablo no puede vivir en el Paraíso mucho menos en el Cielo.
El periódico Diario Libre de fecha 26/10/2014 revela que la firma encuestadora Greenberg Quintar Rosner Research fue quien condujo y analizó una encuesta para el periódico en la cual se entrevistaron 846 dominicanos adultos, entre el 12 y 16 de octubre de 2014. Diario Libre publica dicha encuesta con el siguiente título «A dos años de 2016 una gran mayoría apoya la reelección de Medina». O sea que 846 personas son consideradas «una gran mayoría» dentro del total de la población adulta dominicana, lo que crea confusión en el idioma de Cervantes al combinar los resultados de la encuesta con el título de la publicación, como queriendo dar un hecho por cierto.
Se trata de una encuesta de carácter político con énfasis en la reelección presidencial consecutiva, algo que prohíbe la Constitución de 2010. Luego vendrán otras encuestas, nacionales o extranjeras, con la finalidad de pronosticar el probable ganador de las elecciones de ese año, sea aplicando los parámetros convencionales que caracterizan ese tipo de encuestas, o influenciadas por el fantasma de la reelección presidencial consecutiva o por período interpuesto, como es el caso de Greenberg Quintar Rosner Research. Por qué no se utilizó una de las principales 50 firmas encuestadoras que existen a nivel mundial?
La prensa escrita, hoy día Diario Libre, mañana no se sabe cuál o quien, atenta contra los asuntos internos de la República Dominicana valiéndose de firmas encuestadoras, contrario al nacionalismo y patriotismo que siempre nos ha caracterizado en protesta contra cualquier tipo la injerencia extranjera, llámese invasión/ocupación militar, inmigración ilegal masiva, CIDH, etc. Pero como he dicho en otras ocasiones a veces nosotros mismos atentamos contra nuestra propia identidad, soberanía y nacionalismo, colocando en terreno movedizo los mejores intereses de la Patria.
La Presidencia de la República no es cuestión de popularidad. A los presidentes se les elige para que hagan su trabajo mientras gobiernan, no para regalarles caramelos si se portan bien. Por eso no se justifica que una firma encuestadora extranjera ponga en juego el factor determinante o pragmático, es decir, la Constitución de la República, para promover la reelección presidencial consecutiva a sabiendas de que la Constitución de 2010 la prohíbe, al menos que sea un instrumento del Estado Político y/o Supra Estado Colonial, cosa que ya no sorprende ni dentro ni fuera del país.
Este tipo de complicidad hace menos obvia o menos traumática la alteración, modificación o violación del factor determinante o pragmático (la Constitución), sea de parte del PRD o PLD, ya que parece que el PRSC no tiene vela en ese entierro, al menos que demuestre lo contrario. Esto lo decimos porque la Constitución dominicana siempre permitió la reelección presidencial en el siglo XX que incluye los períodos de gobiernos del PRSC (1966-1978 / 1986-1996), pues no fue sino hasta 1994 cuando se prohibió la reelección presidencial consecutiva. Desde entonces el PRSC jamás ha sido gobierno aunque hoy intenta de nuevo recuperar el tiempo perdido que lo haga digno contendor en las elecciones del 2016.
Lo ideal sería que de una vez por todas se reforme la Carta Magna prohibiendo la reelección presidencial consecutiva o por período interpuesto para limitar el período de gobierno a seis años y así desterrar el ente hegemónico o mesiánico que caracteriza el Estado Político y/o Supra Estado Colonial que tenemos desde la muerte del hegemónico y mesiánico Perínclito de San Cristóbal. La diferencia estriba en que hoy día no hay nadie quien lo sustituya en esas categorías, pero de que los hay los hay respaldados por el tradicional culto a la imagen o personalidad que se confunde con el ejercicio del poder.
Cualquier presidente, de acuerdo con su labor, puede ser reconocido de miles maneras tan pronto termina su mandato, no necesariamente antes para que sea premiado con una reforma constitucional que le permita reelegirse de manera consecutiva o por período interpuesto. En ese caso no se trata de un reconocimiento sino del mantenimiento del status quo del Estado Político y/o Supra Estado Colonial que desde el punto de vista electoral mantiene encadenado al pueblo dominicano en complicidad con la JCE, lo que obstaculiza nuevos cambios que pongan en práctica el verdadero sistema democrático o Estado Nación para que el Estado funcione como entidad.
En su discurrir, Diario Libre confunde los 846 encuestados considerándolos como “votantes” que apoyan cambiar la Constitución para permitir la reelección de Medina, vislumbrándolo en los pronósticos electorales junto con probables candidatos que participarían en las elecciones de 2016. Según Diaro Libre “la encuesta muestra claramente que si las elecciones fueran hoy, y si Medina estuviese en la boleta, resultaría reelegido¨.
Pero donde no se equivoca la encuesta es en lo que concierne a la corrupción, desempleo y alto costo de la vida. Ahí dio en el clavo. De cualquier modo, parece que estamos viviendo los tiempos del Imperio Romano (A.C.), donde en un tiempo todo era pan y circo, solo que hoy día se conjugan los niveles de popularidad, simpatía, gasto público, Tarjeta Solidaridad, fondos electorales, subsidios, endeudamiento, corrupción, clientelismo y populismo del Estado Político y/o Supra Estado Colonial, que junto con su poderosa arma, el Presupuesto General del Estado, se convierte en un gran imperio dentro de una islita.
La encuesta Greenberg Quintar Rosner Research mete de lleno en pelea a Danilo Medina. Al respecto Diario Libre comenta: “De todos los líderes nacionales, el 57% señala a Medina como capaz de mejorar la economía (sobre el 10% que señala a Mejía y el 9% a Fernández), y el otro 56% afirma que Medina puede crear más empleo y el 58% que combatirá mejor el crimen. Pero todos estos números son tibios, comparados con los porcentajes que lo reeligirían (65%), los que le dan un rating favorable (67%), y los que aprueban el trabajo que está haciendo como presidente”.
Con este tipo de encuesta Horacio Vásquez hubiese sido reelecto en 1930 y hubiera ganado de calle pues la reelección presidencial consecutiva estaba permitida. De haber sido así a lo mejor Trujillo lo hubiera pensados dos veces antes de derrocar a Vásquez el 23 de febrero de 1930, ya que “cuando comenzó a pensarlo” no existía nada que le impidiera candidato a la presidencia tan pronto derrocó a Vásquez. Quién sabe si gracias a una encuesta nos hubiéramos ahorrado los 31 años de la Era de Trujillo.
Vistas estas apreciaciones considero que las firmas encuestadoras nacionales y extranjera abonan el terreno a la histórica falta de transparencia electoral que caracteriza la JCE como instrumento del Estado Político y/o Supra Estado Colonial para prolongar su permanencia. En definitiva las encuestas nada aportan al fortalecimiento del sistema democrático sino al continuismo y/o dictadura con o sin respaldo popular, donde tanto el continuismo como la dictadura férrea o sofisticada usan trajes diferentes, aunque hechos a la medida para cada ocasión.

La mayorías de las personas afectadas por la violencia y la delincuencia común son jóvenes (en este renglón incluyo a víctimas y victimarios). Las estadísticas oficiales que arrojan ese dato también consignan que el 75% de los que caen por las balas policiales tienen menos de 35 años. Esos números gélidos son confirmados de forma lamentable día tras día por los medios de comunicación que recogen las desgracias que ya no nos asombran. Tan cotidianas se han vuelto, que su ausencia extraña a tal punto que la propia Policía se sorprende de los días en los que no hay muertos y eso es noticia, por eso envía notas para hacerlo constar. Según los reportes, jóvenes hay implicados en el atentado al Metro de Santo Domingo, en el asalto a la cárcel de Najayo, definido como “frustrado” por los autoridades, pero que llena de frustración a la sociedad y sobre todo, a los parientes de los caídos, y los hay en otros hechos desgarradores. Parece que todo ese cuadro de espantos, de surrealismo, pretendiera dar la razón a los que afirman que la juventud ahora está en otra cosa. Que navega en asuntos distintos a los de otras generaciones “más sanas”. Son los muchachos los más proclives a delinquir, de acuerdo con las detenciones que hace la Policía, es cierto. Pero también son jóvenes la mayoría de los que buscan trabajo donde sea y en lo que sea para continuar sus estudios, los que salen de sus hogares antes que el sol y regresan avanzada la noche. Son gente de poca edad la gran cantidad de personas que copan el mercado informal con las más variopintas mercancías y sin importarles que el inclemente sol les ase las espaldas. También lo son, por ejemplo, los que machete en mano van por casa por casa de un barrio cualquiera a ofrecer sus servicios de desyerbe y las que están dispuestas a asear casas y ropas ajenas o a ser empleadas en cualquier otro oficio doméstico. Es sin dudas una situación que envuelve dos realidades, dos mundos y un mismo segmento.