El modelo de militar  concebido por el vicealmirante Eurípides Uribe Peguero se ciñe fielmente al  rol de servir a la República, proteger la soberanía y las propiedades estatales, el cual actúa en franca  oposición con la tendencia, de largo vigor, en la que los miembros de las fuerzas armadas han servido al crimen político y,  como  compensación, se les ha permitido  utilizar para provecho personal  los bienes públicos.

En su libro, recientemente publicado,  se menciona por sus nombres  a los militares asesinos, capaces de todo para sostener  gobiernos despóticos como el de Rafael L. Trujillo y su familia,  los que presidió el doctor Balaguer y el que formaron los golpistas de 1963. Y no escapan al rigor del juicio condenatorio aquellos otros  que exprimen el presupuesto de las instituciones castrenses que les ha tocado comandar para  ingresar a sus bolsillos los fondos destinados al eficaz funcionamiento de éstas.

Los gobiernos civiles que se valieron de militares trujillistas  son alcanzados por el verbo acusador de Uribe Peguero, pero más crítica  le merecen  al autor los abusos con los ascensos, la discriminación de militares hasta por el color de la piel, los arreglos políticos de oficiales con candidatos presidenciales hasta llegar al transfuguismo y el oportunismo propios de los  civiles.

A Uribe no  lo ciegan simpatías para  ofrecer informaciones, emitir juicios y colocar a cada uno en el lugar que le corresponde, conforme a sus hechos. Eso se evidencia en su trato al teniente coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez,    de quien no obstante  exaltarlo  como paradigma del militar honrado y correcto,  insinúa –citando testigos- que ha sido magnificado, que era temerario y obstinado y que la toma del Palacio Nacional, el 19 mayo  de 1965, donde murió,  fue consecuencia de su terquedad.

El autor   describe, analiza y critica las trayectorias y  comportamientos de los militares en conjunto, pero especifica  con asombrosa responsabilidad los nombres  de aquellos que  se han hecho  ricos de forma  insolente y de quienes han matado a mansalva a  opositores de los regímenes a los que sirvieron. Por igual se refiere a los  generales que con evidente deslealtad negaron al presidente que los llevó a altos rangos y puestos de mando.

Junto con la vocación de contar los hechos que ha investigado u observado,     Uribe Peguero  incluye en este libro una persistente preocupación por la corrupción y por la impunidad  que circunda  en nuestro país a los delitos de Estado, acciones en las que se han involucrado muchos militares de alto rango,  desmedrando sus tareas fundamentales.Militares y autoritarismo es,  definitivamente,  un libro  minucioso y documentado,  ambicioso  y profundo,  valiente y necesario.

 

Efectivamente, el gobierno del presidente Danilo Medina está implementando políticas de infraestructura que hace mucho tiempo, por lo menos en este  medio siglo, otros gobernantes debieron de haber  hecho y, sin embargo no lo hicieron. Si nadie lo hizo, ahora nadie debe osar  en obstaculizar lo que se está haciendo que nunca se hizo. Es en este preciso momento histórico que el   presidente debe seguir conduciendo  las cosas públicas para bien de la nación.

De no facilitar la respostulación del mandatario dominicano en consonancia con el merengue que toca  el pueblo, el país se avocaría en lo inmediato a la disyuntiva de escoger entre el pasado, más de lo mismo y, la improvisación y la inexperiencia. Por lo  tanto, los sectores que adversan la reelección les están ocasionado gran daño a la democracia porque con ese estilo de proceder  están alienando  a la población del derecho de escoger un presidente  en un contienda electoral democrática.

Esto así, porque es el pueblo que de manera espontánea  clama delirantemente por la reelección presidencial, fenómeno electoral nunca visto en nuestra vida republicana.  No sucedió cuando Pedro Santana, Buenaventura Báez, Ulises Heureaux, Horacio Vásquez, Rafael Leónidas Trujillo, Joaquín Balaguer, Leonel Fernández o con Hipólito Mejía.

Ahora bien, ¿Qué ha hecho el presidente Danilo Medina que los sectores claman por su reelección?

Ha implementado políticas de  desarrollo de infraestructuras fundamentales para el progreso, tales como la ejecución de un programa para la eliminación del analfabetismo, construcción de decenas de miles de aulas escolares y la implementación de reformas en el sistema educativo; incentivo a la pymes agrarias, de la manufactura, de la industria y de la crianza, cuantiosas inversiones  que han generado miles de empleos directos e indirectos. Las Estancias Infantiles que facilitan la integración laboral

A todo esto le podemos agregar la ampliación del sistema vial del país y la construcción de caminos vecinales en las regiones del país para facilitar  el transporte de la producción.

En el contexto de la funcionalidad y la transparencia de la administración pública  debemos destacar la creación del sistema de Cuenta Única del Tesoro nacional, manera centralizada de fiscalización de los recursos del Estado y la ley creada para fiscalizar los ayuntamientos de los municipios, así como también  las veedurías ciudadana con las cuales se transparentan las compras y las contrataciones de las instituciones.

Sin embargo, este  ambiente de estabilidad, transparencia y progreso con proyección al futuro inmediato y a largo plazo se ve  amenazado  por fuerzas  del escenario político nacional incongruentes.

La primera amenaza la constituye congresistas que representan a los sectores más conservadores de la sociedad, que siendo miembros y dirigente del  partido en el  gobierno, asumen posiciones contrarias a la decisiones que emanan de las altas instancias del partido; conducta extraña, porque ellos supuestamente representan los intereses del pueblo, en cambio asumen conductas opuesta a los intereses y deseo de ese pueblo que clama por una enmienda constitucional que permita la repostulación del presidente Danilo medina.

 Y la segunda, que cabe dentro de la lógica de las fuerzas políticas opositoras  en la perspectiva de escalar a la dirección del Estado, está representada  por los partidos de oposición y sectores minoritarios de la sociedad

¿Qué alegan los que se oponen a la respostulación del presidente Danilo Medina?

Veamos, ellos dicen: “Si, ha sido un buen presidente pero la Constitución prohíbe la reelección por dos periodos consecutivos.”  Una hipótesis que no resiste el más simple de los análisis.

Le diremos a los congresistas, principalmente  a los que ocupan un curul en el Congreso Nacional, gracias a los esfuerzos del partido que tiene de lema de: “Servir al partido para servir al pueblo.”, que el Estado que conocemos hoy ha sido el resultado  de todo lo que una sociedad ha acumulado en siglos en base a la adquisición  de conocimientos y capacidades para resolver los problemas  de la vida común en sociedades. Precisamente la Constitución  como fundamento social de organización política y jurídica del Estado es el elemento esencial para las perspectivas del Estado.

Y los es, porque la Constitución como plataforma política del Estado está sujeta en el transcurso del tiempo a ser modificada, emendada, reformada y hasta cambiada en cuanto lo demanden las circunstancias, como lo demandan las actuales circunstancias de la nación. ¿O es que el planeta tierra no se mueve?

Entonces, como se puede apreciar señores congresistas,  la Constitución no es un santuario, no es incólume, venerable, inalterable y mucho menos  intocable. Es todo lo contrario, es un ente vulnerable; es un instrumento de transformaciones porque es a través de ella es que se implementan  los cambios y las transformaciones   para el desarrollo y el progreso de una sociedad. Es lo que encarna el presidente Danilo  Medina en esta hora de la República Dominicana.

 

«Si hubiera luz en la Feria del Libro Dominicano no se le ocurre al ministro la exclusión del hijo de Arequipa –¡perdón!– del Perú».

 Inicio este escrito preguntándome: ¿Estamos confundiendo las cosas? ¿Qué significa excluir y por qué se excluye a alguien?

 En el Salón del libro de París en 2014, que constituyó un homenaje a las virtudes escriturales de la Argentina, se excluyeron personalidades de reconocida relevancia intelectual, como fueron los nombres de los periodistas y literatos Martín Caparros, Premio Internacional de Periodismo Rey de España 1992 por su obra Crónica de fin de siglo, y Beatriz Sarlo, Premio Pedro Henríquez Ureña en 2015, otorgado por el Gobierno dominicano por su importante obra Modernidad periférica, que narra la particularidad socio-histórica de los países no desarrollados en su práctica de modernidad.

Beatriz Sarlo pertenece al pensamiento socio-cultural proclamado por intelectuales de la categoría del chileno Andrés Bello, los argentinos Domingo Faustino Sarmiento y Juan Bautista Alberdi, promotores excelentísimos de la modernidad europea en sus respectivas sociedades.

La Real Academia de la Lengua designa el verbo transitivo excluir de la siguiente manera: «Quitar a alguien o algo del lugar que ocupaba. Descartar, rechazar o negar la posibilidad de algo».

En esta Feria del Libro Dominicano 2015, en homenaje a la República del Perú, parece que las aguas apacibles del río Sena al mezclarse con la osadía del Atlántico se han tornado semejantes en ignorancia a la feria homónima de París al repudiar la presencia de uno de los escritores latinoamericanos y universales más insignes por los lauros que ha merecido su prosa literaria en los salones más rigurosos de mundo culto.

Mario Vargas Llosa, figura señera de las letras universales y posiblemente el más grande emisario de la narrativa peruana, ha sido excluido por el oficialismo dominicano para evitar su participación como uno de los exponentes más gloriosos de las letras latinoamericana nacido en el Perú y es él, al mismo tiempo, una de las riquezas filosóficas más respetadas en el mundo literario.   

¿Por qué se hace esta irritante exclusión de Vargas Llosa? Es posible que el ministerio de Cultura, por ignorar que cultura es sinónimo de comunicación y creatividad, haya considerado algunos comentarios particulares hechos por el laureado escritor en un trabajo suyo que tuvo como títuloLos parias del caribe, publicado en el periódico El País, de España, sobre algunos aspectos contenidos en la ley 168-2013 del Tribunal Constitucional dominicano.

Las reflexiones de Vargas Llosa sobre dicha sentencia no pueden entenderse como un insulto in extremis al país ni a los propios haitianos. El Gobierno dominicano, a través del ministerio de Cultura, quiso exhibir en su vitral intelectual lo más granado de la literatura del Perú y, sin la menor duda, el autor de las obras premiadas, tales como son El sueño del celta (2010), La ciudad y los perros (1963) y La casa verde (1966), entre otros textos admirables, es un representante destacado de la intelectualidad del Perú.

Sabemos que otros escritores, en otros tiempos y en geografías distantes, han sido excluidos por gobiernos intolerantes y pocos generosos con el arte y el pensamiento escritural. También se conoce el caso de uno de los economistas estadounidenses más destacado, Joseph Stiglitz, quien a pesar de ser un crítico acertadamente del neoliberalismo y sus aventuras con traumas y pesadas cargas para los pueblos en este milenio, nunca ha recibido la ponzoña de la exclusión por el Gobierno de los Estados Unidos.

Como escritor estadounidense, frente al repudio de que ha sido sujeto el novelista y ensayista peruano por el ministerio de cultura dominicano, cuya determinación se ha convertido en una decisión aberrante, prefiero un viaje de aproximación al santuario de Machu Picchu y consultar a los dioses de aquel promontorio de rocas milenarias, darme la oportunidad de conocer, como lo hice con una intelectual cubana, la muy noble y leal Arequipa, llamada también la «Ciudad blanca».

Allí en Arequipa, viajando a través de un valle hermosísimo, como lo hizo el inca Mayta Capac, observé a un tipo de gente distinta a las comunidades indígenas originarias, fieles a la corona española; tal vez de esa primera estirpe nace Vargas Llosa y los también escritores José de la Riva Agüero y Augusto Aguirre Morales, este último autor de la magnífica obra literaria El pueblo del sol(1924).

Uno no llega a comprender la dicotomía que se forma, como si fuesen posturas absurdas en un laberinto de pasiones políticas desbordadas, en una sociedad que vive en los bordes o límites exactos de una barbarie cultural, se puede dar el lujo de desestimar la presencia en una Feria del Libro de un escritor que ha recibido premiaciones, como son Premio Nóbel de Literatura (2010), Príncipe de Asturias (1986), otorgado exclusivamente a personas que han tenido una representación destacada en la cultura universal en los campos de la literatura, así como el Premio de la Crítica de España (1963), por La ciudad y los perros y el Premio Miguel de Cervantes (1994).

La contradicción de los organizadores de la Feria del Libro se hace aún más irracional e inaceptable cuando muchas de las obras cumbres de Mario Vargas Llosa estarán expuestas en este magnifico evento cuyo objetivo fundamental es la de promover la cultura. No es posible que esta feria sólo sirva para la venta al público de «comida rápida», móviles y otros accesorios modernos para que los jilgueros de la cultura dominicana se arranquen la piel, beban vino hasta emborracharse y partir a «lomos de vino, hacia un cielo mágico y divino», como diría el poeta parisino Boudelaire, por los revuelos que ha causado en el mundo intelectual latinoamericano la exclusión del hijo distinguido de la fidelísima ciudad de Arequipa.

No sé qué hubiese pensado un escritor de la envergadura de un César Vallejo, de un Ricardo Palma, un Abraham Valdelomar o un Alfredo Bryce Echenique, todos intelectuales, ante un gesto tan desafortunado.

Seguro debo estar que esta antipática actitud le permitirá al laureado escritor y ensayista Mario Vargas Llosa, en algún momento, colocarse la capa en el brazo izquierdo y la espada empuñada en su mano derecha, como el caballero del Cid Campeador, para enfrentar valientemente el odioso episodio de una repugnante exclusión decidida por el ministerio de Cultura de la República Dominicana y, posiblemente, de un grupo de diputados «honorables» que estarían detrás de esta exclusión aunque se escondan en la sombra.

La falta de espíritu democrático y de libertad de debate de las ideas, que es lo que ha demostrado el ministro de Cultura al excluir al ilustre escritor peruano Mario Vargas Llosa, cuya feria es una merecida gratificación al Perú, es una clara demostración de fanatismo político y de carencia de una firme ideología cultural.

Dice la periodista Juana Vásquez, en un artículo publicado en 2008 en el periódico El País, de España, algo que quizás no entiende el ministro de Cultura dominicano ni los organizadores de la Feria del Libro, que la «cultura forma parte y es un reflejo claro de la sensibilidad y las ideas de un pueblo». «La ideología determina y en muchas ocasiones dirige el pensamiento de la colectividad con fines específicos, que luego, a su vez, darán cauce a una serie de proyectos. Entre estos proyectos se encuentra el cultural».

Exceptuando a algunos ministros de cultura dominicanos que sí conocen lo que fue «modernidad e ilustración», por la proposición de proyectos transformadores de la sociedad y de la «historia basada en el triunfo de la razón», esta pseudo postmodernidad que vive el país produce una desilusión desoladora de aquellos ideales auténticos.

Me permitiré el beneplácito de comenzar a ponerle fin a este trabajo con una frase del arzobispo emérito de Olinda, Brasil, defensor de los derechos humanos, Helder Cámara, que dice así: «Los que tratamos de tomar la antorcha y seguir los pasos de Jesucristo no debemos descansar hasta que los muros de la injusticia, la exclusión y la mentira caigan en nuestra preciosa tierra americana, ancha y enajenada».

Finalmente, entro al gran universo de Trilce para dejarles a mis lectores estos versos del grande César Vallejo: «Hay un lugar que yo me sé en este mundo, nada menos, adonde nunca llagaremos. Donde, aun si nuestro pie llegase a dar por un instante será, en verdad, como no estaré». 

 

 

Debe mover a reflexión la metamorfosis  en una parte de la población que no recapacita  de manera razonable, de modo que el sentido común le indique la importancia del respecto al derecho ajeno y al propio para una convivencia donde predomine la paz y se evite el runrún de que se pasa de la raya.

Es lo que ocurre cuando una serie de hechos abominables ponen en ascuas a la mayoría  que aspira a no  vivir en sobresaltos porque  es amante de la paz, del respeto mutuo y  la aplicación de las leyes en buena lid.

¿Qué tipo de crianza damos  a nuestros hijos?  ¿Das seguimiento a lo que hace tú vástago en la escuela  u otro escenario?  Cuando tu hijo lleva dinero y otros objetos a la casa, ¿indagas su procedencia?

Se asume que el padre  y la madre son el modelo a seguir. El hombre y la mujer en este terruño, en su mayoría es excelente padre y madre, incluso en los casos separación corporal se mantiene velando por sus muchachos en procura de un desarrollo integral.      

Los menos  dan a sus hijos ejemplos  nada plausibles  y les importa un bledo. Los asaltos en residencias, en negocios, en vehículos o a  caminantes se han convertido de un dolor de cabeza. La desconfianza se explaya y se desconfía del ropaje de “titiri mundati.”

A la par, estamos todos tras las rejas  en residencias y negocios. El semblante más adusto o el más angelical  de una persona puede dar tremenda sorpresa  y terminar en un asalto. Si usted sale a una diligencia y la vivienda queda sola, es posible que se encuentre con que “la mudaron” los ladrones.

La matanza de hombres y mujeres, en la que éstas últimas caen usualmente en el primer  round por razones triviales que llegan a  segar sus vidas, hace tiempo que se pasa de la raya.

Es preciso que cada persona asuma el propósito  de ser mejor, si no lo fuere, y que quienes aplican las leyes mantengan presente la importancia de  la probidad,  decoro y lealtad en apego al estricto cumplimiento de la legislación.

Lo anterior puede contribuir a que retorne la fe en el mantenimiento del  derecho a la vida, la dignidad humana, el derecho a la igualdad, el derecho a la libertad (no al  libertinaje), la seguridad personal y  la libertad de tránsito sin temor.

Ya esto se pasa de la raya. A todos aquellos que en vez de trabajar dignamente atropellan a los demás mediante infinitas modalidades que no se derivan  de la honestidad, hay  ponerle un límite. Los dominicanos que desean vivir en tranquilidad, tendrán que repensar si dejan a los delincuentes por sus fueros o se animan a un cambio de situación.

 

 

Nuestro país goza de una envidiable mejora en su clima de negocios, así como de una gama de leyes de estímulos a los sectores productivos, las cuales tienen un alcance  extraordinarios.

El  Banco Mundial ya ha dicho que la nuestra figura entre las 10 naciones más reformadoras del mundo, y en el reciente Informe -Doing Business 2015, Going Beyond Efficiency, Haciendo Negocios: Más allá de la Eficiencia- destaca el avance alcanzado por el país en materia de clima de negocios, tras afirmar que la República Dominicana ha sido una de las tres naciones de América Latina que más ha mejorado en ese sentido.

Además de la Constitución de la República, que contempla la libre empresa, la sociedad dominicana tiene unas 23 leyes, igual número de reglamentos y decenas de otras disposiciones bien claras que regulan y estimulan la inversión y los sectores productivos.

Hay que destacar que  las principales disposiciones legales que procuran beneficiar y apoyar al sector manufacturero dominicano figuran las leyes 8-90, de Zonas Francas; 392-07, de Competitividad e Innovación Industrial; la 28-01, de incentivos para el desarrollo de las zonas fronterizas; la 84-99, de Fomento a las Exportaciones,  y la 557-05, de Reforma Tributaria.

Bajo la Ley 8-90,  que establece el régimen de zonas francas, las industrias instaladas y acogidas a la misma no pagan la gran mayoría de impuestos que desembolsan las demás empresas manufactureras, mientras que la Ley 28-01 dispone una serie de facilidades e incentivos fiscales para aquellas industrias que se instalen en las siete provincias que se encuentran en la Frontera dominicana con Haití.

De su lado, la Ley 392-07 establece las políticas de competitividad e innovación industrial a ser llevada a cabo por el país. En dicha legislación se establece una serie de incentivos fiscales y arancelarios, los cuales se destacan en los dispositivos números 17, 20, 25, 30, 32, 33, 34, 47, 50 y otros.

La Ley 84-99 garantiza que las empresas que se acojan a la misma pueden traer sus materias primas al territorio nacional libre del pago de ITBIS (IVA), a los fines de ser transformadas en producto terminados y en un plazo de 18 meses, después que la materia prima haya entrado al país, pueda ser exportada, en tanto que la Ley 557-05, sobre Reforma Tributaria, dispone en su artículo 24 una serie de partidas arancelarias que están en TASA CERO (0).

A los fines de la aplicación de la Ley 84-99, de Fomento a las Exportaciones, las empresas deben solicitar en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ser clasificadas como exportadoras.   

Así mismo, con el propósito de tener un excelente clima de negocios, la República Dominicana cuenta con las siguientes legislaciones:

La Ley 20-00 sobre propiedad industrial, la cual establece el marco regulatorio de todo lo relativo a signos distintivos y patentes de invención; la Ley 65-00 sobre propiedad intelectual, que contempla todo lo concerniente a la propiedad intelectual en la nación, y la 3-02, que dispone la obligatoriedad del Registro Mercantil, y hace constar que una persona está realizando actos de comercio.

Además, están la Ley 1-02, sobre actos de competencia desleal, la cual prevé las medidas a tomar en caso de que un país con el que tengamos acuerdos internacionales esté cometiendo actos de competencia desleal, y  la 502-08, sobre Defensa a la Competencia, donde se contempla lo relativo al comportamiento que deben  tener las empresas frente a sus competidores.

También se destacan, la Ley 358-05, de Defensa al Consumidor, que dispone el marco regulatorio de las condiciones en que las empresas deben ofrecer sus servicios a los consumidores, incluyendo las normas de etiquetado, y la 42-01, de Salud, la cual rige la política de salud del país, incluyendo las relativas a la instalación y puestas en funcionamiento de las empresas.

Contribuyen -de igual manera- al clima de negocios, la Ley 64-00, de Medioambiente y Recursos Naturales, que, entre otras, políticas  prevé la instalación y puesta en funcionamiento de las industrias; la 11-92, Código Tributario, que trata todo lo relativo a la Administración Tributaria en la nación, y la 16-92, que intuye el Código de Trabajo, contemplando todo lo relativo a las relaciones entre empleador y trabajador en la República Dominicana.

De igual modo, figuran la Ley 126-02, sobre Comercio electrónico y firma digital; la 489-08, sobre Arbitraje Comercial; la 87-01, que crea el régimen de Seguridad Social en la República Dominica; la 53-07, que crea el marco regulatorio sobre crímenes y delitos de alta tecnología; la 340-06, sobre el marco  regulatorio para las Compras de Productos y Servicios y Contrataciones del Estado Dominicano, y la 16-95 sobre Inversión Extranjera. 

Otras normas jurídicas nacionales a favor de la producción, la inversión y la mejora del clima de negocios en la sociedad dominicana son la Ley 6132 sobre Libre Expresión y Difusión del Pensamiento, y la Ley 479-08,  de Sociedades Comerciales, que permite una más ágil y fácil formalización de las Mipymes, a través de nuevas formas de hacer negocios, como es el caso de las Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL), que a su vez pueden ser Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada o Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Obviamente, no podemos olvidar que por encima de todas esas legislaciones está la Constitución Dominicana, que consagra la libre empresa.

Dependiendo del ramo de actividad, el Estado Dominicano les exige a las industrias: Registro sanitario (varios), Registro Industrial, licencia o permiso medioambiental, certificación de calidad, permiso del Ministerio de Agricultura (en caso de productos agrícolas), licencia  del Ministerio de Turismo (en caso de proyectos turísticos o de hotelería), licencia del Ministerio de lo Interior (en caso de impresión de revistas o folletos).  

Constantemente estas leyes son demandadas por inversionistas locales e internacionales y muchas veces –por desconocimientos- algunos negocios no se instalan en el país y otros que tienen tiempo operando de manera eficiente no disfrutan de estos estímulos, los cuales, en definitiva, lo que procuran es aumentar la competitividad de las empresas y generar más empleos y riquezas para beneficio de toda la sociedad dominicana.

Es bueno que las agencias del gobierno dedicadas a promover y fomentar la inversión y la producción, las embajadas y consulados dominicanos en el exterior, las asociaciones industriales y las academias y los abogados del ramo de negocios conozcan y hagan conciencia de todas estas legislaciones existentes, a los fines de que sigamos contribuyendo a mejorar el clima de negocios, las inversiones y la competitividad de las empresas en el plano local e internacional.

Manos a la obra.

 

A pesar de que el Fondo Monetario Internacional FMI ha sancionado el país por déficit excesivo, el pasado jueves el Gobierno de la República Dominicana ha seguido colocando Bonos Soberanos, esta vez por un monto total de US$ 1,000 millones de dólares en el mercado global de capitales.

Recientemente el Gobierno, también sometió al Congreso dos proyectos de emisiones en bonos, uno por US$1,500 millones en los mercados de capitales internacionales  y otra por RD$33, 614, 446,061.00.

Los recursos  han sido utilizados para cubrir un presupuesto deficitario que no se basta así mismo en el financiamiento de los gastos fiscales de inversiones y programas sociales y despilfarro de salarios de funcionarios, y numerosas extensiones de oficinas en todo el sector de Gazcue, con alquileres y reformas suntuosas, con un personal parasitario, que tienen altos salarios.

El  gobierno no se ha comprometido  a mantener sus déficits y su deuda por debajo de ciertos límites:

El déficit de la administración pública dominicana no  puede superar el 3 % de su producto interno bruto (PIB Y  su deuda no puede ser superior al 60 % del PIB.

El Estado dominicano  ha superado esos límites y  ha activado el procedimiento de déficit excesivo (PDE), lo que de seguro les va a sobrevenir sanciones, a fin de que se someta a tomar medidas adecuadas, para poner remedio al exceso.

El actual gobierno carece de una  directriz comprometida  con  la calidad y sostenibilidad de las finanzas públicas. La crisis financiera y económica que dejó el pasado gobierno, ha planteado grandes retos a la actual administración.

Danilo Medina debe atender y reducir  la capacidad  que tiene su gobierno  para cubrir los reembolsos de deuda y para adoptar las medidas necesarias a fin de controlar su gasto público, si es que quiere promover el crecimiento económico de la República Dominicana.