Desde que un grupo de ciudadanos fijamos oposición contra la Sentencia 168/13 que desnacionaliza dominicanos de ascendencia haitiana, hemos sido tachados de traidores a la patria y tratados con adjetivos soeces, por ciertos nacionalistas con historial de trujillistas y por otros, que aunque sin ese historial, unos son desconocedores de la historia y otros sencillamente furibundos racistas o ambas cosas a la vez, pero también, carentes del conocimiento científico y humildad, para evaluar su propia ignorancia y  limitaciones en éste tema, sobre el cual emiten criterios prejuiciados y retorcidos, inducidos por la susodicha deficiente formación.

Para yo poder emitir mi modesta opinión sobre este tema, he tenido que leer mucho sobre el mismo.  Hasta ahora tengo en mis archivos más de tres mil páginas leídas de los especialistas que tratan sobre el tópico.  Al respeto, he leído la Sentencia 168/13 varias veces y principalmente la disidencias de las jueces Katia Miguelina Jiménez Martínez y Ana Isabel Bonilla Hernández.   Pero también he leído a los juristas especializados, Olivo Rodríguez Huerta, Cristóbal Rodríguez, Flavio Darío Espinal, Eduardo Jorge Prats, Carlos Salcedo, Nassef Perdomo, Ariel Gautreaux, Jorge Subero Isa y Francisco Álvarez Valdez.  También he leído la opinión jurídica que sobre esta sentencia tiene el filósofo y maestro de argumentación jurídica Manuel Atienza, quien fue profesor del presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara. También he leído a: el economistas Miguel Ceara Hatton, a los periodistas Juan Bolívar Díaz y Huchi Lora, y a la socióloga Rosario Espinal entre otras personalidades de reconocida capacidad e integridad.

Pero también, para tener una visión integral de los hechos, he estudiado las opiniones de casi todos los juristas que se hacen llamar nacionalistas, que están de acuerdo con la totalidad de la mencionada sentencia; con la particularidad, de que soy abogado Magna Cum Laude, que aunque no tengo especialidad en Derecho Constitucional y Derecho Internacional, soy un estudioso de la historia que concierne a los hechos que nos ocupan, pero además, soy un conocedor del tema referente a la migración y a la vida de los dominicos-haitianos en los bateyes, como ninguno de los que están tratando el tema, porque en el ejercicio de la agronomía, que es mi primera profesión, conocí esa problemática al dedillo, pues la vi y la viví en carne propia durante diez años.

Conozco esa problemática a tal punto, que en varias ocasiones he dicho, que si Marrero Aristy no hubiese escrito Over y Eugenio Moscoso Puello, Cañas y Bueyes, yo las hubiese escrito.  Por tal razón, Vincho Castillo, el cardenal López Rodríguez, el ario Manuel Núñez, ni otros que defienden la desnacionalización que prohíja la sentencia de marras, no están en capacidad de discutir conmigo en ese terreno, mucho menos gente sin formación académica en las ciencias sociales  y sin fibras de humanistas, como Luzclarita y Lorgo el imbatible,  ni ciertos perredeistas y peledeistas, algunos seguidores del líder delincuente que ha hipotecado nuestro país y entregado nuestra riqueza minera a la Barrick Gold, barbaridad ésta que justifica diciendo que lo ha hecho bajo un contrato modélico.  Y lo ha hecho no con Haití, sino con Canadá, sin que estos patriotas hayan protestado en lo más mínimo, por esa perversidad.

Los dominicanos de origen haitiano que por vía de la sentencia aludida se les procuran desnacionalizar, tienen su arraigo en nuestra patria, en una ascendencia, hasta por mas por cien años, tiempo en que generación tras generación, fueron la sudorosa columna vertebral de nuestra economía,  tiempo, en el que además, fueron explotados inmisericordemente, cuando durante todo  ese tiempo los mantuvimos confinados en los cañaverales, viviendo en sucias barracas, robándole en el pesaje y en la bodega, tratándolos como a animales, y no como a todo animal, sino como a verdaderos esclavos, pues ya es de verse como el ganadero trata a sus vacas, o como tratamos a nuestros perros y gatos.

La discriminación y marginación de estos seres humanos ha sido tan bárbara, que todavía en el día de hoy, a miles de ellos, ya carcamales, después de trabajar hasta cincuenta años en condiciones infrahumanas, se les está negando la magra pensión que les pertenece por su duro trabajo de toda una vida.  Toda esta injusticia ocurre, mientras se les pagan pensiones de lujo, a personas que no se la merecen, porque no le han rendido el debido servicio a la patria.

Ahora bien…durante todos estos meses de discusión en torno a la Sentencia 168/13, que pretende volver apátridas a los dominicanos de ascendencia haitiana, yo, como el sinnúmero  de juristas, periodistas, economistas, sociólogos y ciudadanos comunes que se oponen a esta barbarie, hemos estado explicando, sin que se quiera entender, o sin que se quiera aceptar, el hecho de que estamos de acuerdo totalmente con la parte de la sentencia que dispone la Regularización, mas no así, con la parte que dispone la Desnacionalización.  Esto es algo extremadamente sencillo de comprender, sobre las bases jurídicas en que nos apoyamos.  Para esa comprensión, bastaría con leer los criterios de las sentencias de las juezas disidentes, Katia Miguelina Jiménez Martínez y Ana Isabel Bonilla Hernández.  Y para más comprensión, solo bastaría con estudiar a los juristas aludidos, quienes apoyan esa disidencia con sólidos argumentos jurídicos.

En contra de mi posición se podría argumentar, que los jueces firmantes de esa sentencia fueron más, pues de los trece (13) que componen el Tribunal Constitucional, solo dos (2) fueron disidentes.     Cierto, pero no debemos pasar por alto, el importante detalle de que esos jueces no son independientes, que ellos responden a los intereses políticos del peledeismo.  Eso ha quedado más que demostrado, no solamente con esta corte, sino con las demás altas cortes, y cortes ordinarias.  Los fallos favoreciendo a Félix Bautista y a Miguel Vargas, en casos en los cuales la justicia no debían fallar a favor de estos políticos, así lo demuestra.

Pero además, el hecho de que un trujillista de vieja data como Vincho Castillo, proclame esta sentencia, como admirable y de una fuerza jurídica impresionante, es para ponernos en guardia. Estoy hablando del mismo Vincho, «diputado de la Era de Trujillo», defensor de Trujillo y el trujillismo, con historia de palero, que lanzó veneno contra Manuel Aurelio Tavares Justo y compañeros y que trató de dañar la reputación de las Hermanas Mirabal.  Hablo del mismo Vincho, que encontró, según él, motivos para perseguir y someter a Jorge Blanco por corrupto, pero que ahora plantea que el sometimiento a Félix Bautista es mediático, no jurídico.

En esta corte constitucional, tenemos además, a un balaguerista, también de vieja data como Víctor Gómez Bergés y a un traficante de haitianos como lo es Milton Ray Guevara, a la sazón presidente de ese Tribunal Constitucional, y digo traficante de haitianos, porque en el gobierno de Don Antonio Guzmán, Guevara trajo al país treinta mil haitianos (30.000), que dejó a su suerte en el territorio nacional, para que ahora, con esa cola, esté privando en nacionalista preocupado por la inmigración irregular haitiana.

Es decir, esta sentencia, y las subsiguientes relativas a este caso, se ponen en tela de juicio la calidad de las mismas, por la dudosa integridad de la gente que está detrás de su evacuación.  No olvidemos, que por sus frutos lo conoceréis, y que tal como dice el jurista Manuel Atienza: «ser miembro de un tribunal constitucional supone tener una gran fortuna moral», y todos sabemos que estos integrantes del Tribunal Constitucional mencionado (Milton Ray Guevara y Víctor Gomes Bergés) y los nueve restantes, y los que los asesoran desde afuera, (como Vincho Castillo), no poseen esa gran fortuna moral que nos refiere el jurista Manuel Atienza.

En este contexto de réplicas y contrarréplicas sobre el tema de la nacionalidad, en alguna parte he leído las frases siguientes: “la derecha ama al país, pero odia a gran parte de los que viven en él”.

«La reacción de los “nacionalistas” ante la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) que condena al país por las discriminaciones que sufren dominicanos descendientes de haitianos, es otra expresión de odio ante esa porción de la población, que divide a la nación entre quienes pretenden profundizar las desigualdades y los que abogan por una sociedad de justicia, equidad e igualdad».

«El odio de los “nacionalistas” no se limita a los dominicanos de origen haitiano, sino a todo aquel o aquella que disienta de ellos».

«En la República Dominicana, la extrema derecha ha asumido un discurso ultra nacionalista, conservador y reaccionario, sencillamente vergonzante, desde mucho antes de la fatal Sentencia 168/13, y de que en el Congreso Nacional se discutiera una Constitución que condiciona derechos fundamentales, no solo en el tema de la nacionalidad, sino en otros, como por ejemplo, los derechos sexuales y reproductivos de la mujer.»

«Los ultranacionalistas califican como “extranjeros” a personas que son tan dominicanos como ellos, olvidando, quizás sin proponérselo, que la nacionalidad,   al margen de cualquier norma constitucional, es también un sentimiento».

«Pensemos en las dos guerras mundiales, iniciadas por Alemania: Setenta y ocho millones de muertos. Pensemos que esas guerras tuvieron lugar hace apenas setenta años. Los franceses y los alemanes tienen razones de sobra para guardarse rencor mutuamente. Al igual que los rusos y los polacos. Al igual que los americanos y los japoneses.  Sin embargo, hace ya mucho tiempo que todas esas naciones superaron esos rencores y los dejaron en el pasado ¿Por qué no podríamos hacer lo mismo nosotros los dominicanos con los haitianos? ¿Por qué tendremos que seguir culpando a los haitianos actuales por los crímenes cometidos por la soldadesca de Dessalines hace doscientos años?»

«Me parece penoso que nos concentremos solo en lo negativo de los haitianos. ¿Acaso los haitianos no pagaron con Trujillo su cuota de sangre? ¿Acaso no acogieron los haitianos a Francisco del Rosario Sánchez y a otros tantos próceres que se refugiaron en sus tierras para huir de nuestras dictaduras y otras?»

«Específicamente sobre el asunto inmigratorio, deben existir leyes de migración justas que se apliquen de forma justa e igualitaria a todos los extranjeros ilegales por igual, y que la Dirección General de Emigración haga su trabajo sellando la frontera, y que además, se emplee en acabar con el trafico de haitianos con que autoridades civiles y militares corruptos, se hacen millonarios cobrando peajes, pero que además, se deporten a todos los extranjeros que estén residiendo en el país de forma irregular.»

«En la década del 30, del siglo XX, la masacre de varios miles de haitianos durante la dictadura de Trujillo refuerza una activa construcción de la identidad dominicana como negación de lo haitiano. La raza negra del haitiano se le opone la “raza blanca del dominicano”, al vudú se le opone el catolicismo y a la africania a la hispanidad.  Además, la “dominicanidad” se asumió como modernidad y progreso mientras que la “haitianidad” se asimilaba con el atraso y la barbarie. Para reforzar esta visión, Trujillo desplegó una política de “blanquear la raza” mediante la promoción de inmigraciones de población blanca.»

«La población descendiente de haitianos, nacidas en el territorio nacional (durante más de 100 años) se integró y asumió plenamente como dominicana, pues la mayor parte de ellos se criaron y socializaron como tal».

«La mayoría de los dominicanos compartimos la visión fatal sobre el pueblo haitiano.  Desde niño fuimos adoctrinados y advertidos contra una nueva invasión haitiana y para que miramos y tratáramos a los niños y gente haitianos, con desprecio.   Desde niño nos inculcaron la asquerosidad conceptual, de que los negros son comida de puercos, y muchos, sea dicha ésta verdad, aún no han podido superar esta diabólica concepción.

«Nuestra historia recoge por lo menos trece intentos legales, con los cuales, de manera subrepticia e impulsados por un complejo inconsciente, hemos aspirado a «refinar la raza», en vez de dedicarnos a conquistar un comercio que hasta ahora envuelve 1,047.7 millones de dólares, es decir, más de cuarenta mil millones de pesos».   (Fin de las citas)

Vista la reseña anterior, y analizado todos los pasos que se han dado para dañar las relaciones internacionales del país, así como también las relaciones sociales entre dominicos-haitianos y dominicanos de otros orígenes, queda claro, que la Sentencia 168/13 obedece a un plan de Leonel Fernández para desestabilizar el gobierno de Danilo Medina.   Dentro de este plan, también cuenta, el haber calculado que la Barrick Gold solo pagase beneficios a partir del año 2016, con lo que se ahogaría económicamente al susodicho gobierno, o a cualquier gobierno que estuviere al mando en el periodo 2012-2016

Como vimos, gracias a la astucia del presidente Medina, este plan fue develado y quebrado, mas no así el plan con la Sentencia 168/13 por ser éste de mas complejidad, en razón a que su solución depende de las cortes controladas por Leonel, las cuales, además, tienen el apoyo de un sector importante de la población, que como ya hemos visto, está representada por gente como Luzclarita y Lorgo el imbatible, que no tienen la capacidad para ver lo que subyace detrás de las perversas jugadas del expresidente Fernández, quien es asesorado para las mismas, por Vincho Castillo y por otros juristas semejantes a este tenebroso abogado.

¿A dónde quiero llegar con este discurso?, simple y llanamente, resaltar que la Sentencia 168/13 consta de dos partes, una que concierne a la Regulación con la cual todos estamos de acuerdo, y otra que atañe a la desnacionalización, con la cual, los dominicanos conscientes, que amamos la verdad y la justicia no estamos de acuerdo, y que por ende rechazamos esa parte con todas nuestras energías, porque no nos haremos cómplices con lo incorrecto, ni muchos menos con causas viles.

Para el conglomerado que se opone a esta Desnacionalización, los que reclaman respecto total para esta sentencia, obviando la inhumana parte que convierte en apátridas a unos 200 mil dominicanos de ascendencia haitiana, lo hacen debido a la exigua capacidad de análisis que poseen,  lo cual, les impide ver lo que verdaderamente subyace con la implementación de la misma, o porque en esta oportunidad, ponen en práctica de manera consciente o inconsciente, el referido desprecio, hacia esa etnia pobre y  de piel negra, porque fueron criados en el odio, no el amor.

En el transcurso de mi vida, he observado como las personas se aferran a una mascota que crían, por ejemplo, a un perro, un gato, una cotorra, o a un niño o niña que adoptan, a los cuales les llegan a profesar verdadero amor.  En este sentido, los dominicos-haitianos producto de las generaciones, que durante cien años han sido prácticamente esclavizados en los cañaverales y otros renglones, se han ganado la dominicanidad, en base a pertenecer a nuestra historia y en razón a que ellos con su trabajo, han contribuido más que muchos de los llamados nacionalistas con la economía de nuestra patria.  Es decir, entre ellos y los dominicanos que somos de otros orígenes, existe una historia que nos une sempiternamente, hecho este que no puede ser destruido por una sentencia concebida por jueces desaprensivos para hacer daño, mucho menos reconocerla, por quienes creemos, que el reino de Dios demanda, ejercer la verdad, la justicia y el amor.

La convocatoria de la Fundación Masada, secundada por decenas de entidades sociales, ofrece una oportunidad a los dominicanos y dominicanas para comenzar una necesaria y urgente sacudida contra la falta de transparencia, la corrupción y la impunidad que se han anidado en esta sociedad pudriéndola a la vista de la gran mayoría que desea un ordenamiento en base a los principios universales de la convivencia.

Se trata de dar vigor este martes 9 de diciembre a la celebración del Día Internacional contra la Corrupción, instituido en el 2003 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que aprobó toda una Convención para luchar contra ese flagelo de la humanidad, generador de iniquidad y despojo en perjuicio de las mayorías.

Para instituir esta celebración, el máximo organismo mundial partió de la convicción de que la corrupción es un complejo fenómeno social, político y económico, que afecta, en mayor o menor grado, a todos los países, que se apropia de la riqueza común, que incentiva el despojo, socava las instituciones democráticas y vulnera el imperio de la ley. Comienza carcomiendo el sistema político sustrayendo recursos para financiar el acceso o mantenerse en el poder. De ahí se deriva al beneficio individual.

En nuestro país hace tiempo que la corrupción ha hecho metástasis en el cuerpo social y no solo pautan en gran medida la actividad política en una caricatura de democracia excesivamente costosa, sino que ha originado enormes fortunas, algunas de las cuales ya compiten con los capitales labrados a lo largo de décadas.

Se trata de un sentimiento generalizado, de bochorno e indignación para las personas más sensibles y educadas, que sin embargo ha tenido arraigo en amplios segmentos sociales que aspiran a beneficiarse de alguna forma de la malversación. Hay también una gran complicidad de empresarios privados que sacan partida del soborno y obtienen renta del financiamiento a candidatos en todos los niveles.

Pero sin duda el enorme despilfarro, el abuso de lo público que ha llevado del tradicional 10 por ciento de comisión a la duplicación de costos de obras, compras y contrataciones, la vulneración de las normativas de control y la rampante impunidad están provocando una saturación de la paciencia ciudadana que se expresa cada vez más en encuestas, consultas y opiniones.

Sería injusto desconocer que el actual gobierno ha hecho algunos esfuerzos por contener la corrupción, pero muy escasos por poner fin a la impunidad, y mientras no haya sanciones, ninguna fuerza política podrá revocar los niveles de contaminación, menos aún si se baraja entre compañeros de partidos y bajo la ley de la conveniencia política.

El último índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional ha vuelto a achicharrar al país con nota de 32 puntos sobre 100 en transparencia, colocándolo en la posición 115 de mayor corrupción entre 175 países evaluados, apenas superado por siete países de los 35 del continente. Y en los últimos años hemos llegado a ocupar los últimos tres escalones en malversación de fondos públicos y favoritismo de los funcionarios en el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial.

Este 9 de diciembre es una oportunidad para que esta sociedad se sacuda y comience a romper la cadena de la corrupción y la impunidad. Todo lo que se nos pide es encender luces durante todo el día y la noche, de los automóviles, lámparas, focos o velas y acudir a plazas públicas a las seis de la tarde.

Sacudámonos de la indiferencia y el miedo. Rescatemos la vieja consigna de ¡basta ya! Basta de corrupción y de impunidad. Imperio de la ley. Respeto al patrimonio de todos. Dejemos de maldecir la oscuridad y encendamos alguna luz.