Por FRANCISCO ARISTY DE CASTRO

El INABIMA se niega a otorgar una pensión de sobrevivencia, en desacato de Sentencias del Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Administrativo. En un Estado social y democrático de derecho, las decisiones judiciales no constituyen simples recomendaciones dirigidas a las instituciones públicas, sino mandatos obligatorios cuyo cumplimiento garantiza la vigencia efectiva de la Constitución, la seguridad jurídica y la confianza ciudadana en el sistema de justicia.

La señora Nidia María Reyes Montaño de Ubiera solicitó al Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (INABIMA) la pensión de sobrevivencia que le corresponde, con motivo del fallecimiento de su esposo, el señor Ángel María Ubiera Pacheco, ocurrido en fecha 5 del mes de marzo del año 2024, quien disfrutaba de una pensión ascendente a la suma de RD$35,000.00 mensuales, de conformidad con lo establecido por el artículo 6 de la Ley 379, del año 1981, sobre Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios y Empleados Públicos.

Sin embargo, dicha institución le informó a la señora Nidia María Reyes Montaño de Ubiera que no procedía otorgarle la pensión de sobrevivencia, debido a que a su esposo, el señor Angel María Ubiera Pachecho, no le estuvieron descontando el 2% del monto de su pensión, que establece la Ley 379, del año 1981, sobre Jubilaciones y Pensiones.

En ese sentido, en ocasión de una acción de amparo incoada por la señora Nidia María Reyes Montaño de Ubiera, contra el INABIMA, por haber incurrido en la violación a los derechos fundamentales de la accionante, tales como el derecho a la dignidad humana, el derecho a la protección de las personas de la tercera edad y el derecho a la seguridad social, consagrados en los artículos 38, 57 y 60 de la Constitución dominicana, la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo dictó la Sentencia núm. 0030-1642-2025-SSEN-00145, de fecha 23 de abril del año 2025, mediante la cual ordenó al INABIMA otorgar la pensión de sobrevivencia a la señora Nidia María Reyes Montaño de Ubiera, ascendente a la suma de RD$35,000.00 mensuales, así como el pago de los meses dejados de percibir desde la fecha de fallecimiento su cónyuge, el señor Angel María Ubiera Pacheco. También condenó al INABIMA a pagar una astreinte de RD$1,000.00, por cada día que transcurra sin ejecutar lo decidido en esta sentencia, a partir de su notificación, a favor de la accionante, a fin de asegurar la eficacia de lo decidido.

En vista de que las sentencias de amparo son ejecutorias no obstante cualquier recurso, en fecha 22 del mes de mayo del año 2025, fue notificada al INABIMA la indicada Sentencia, con intimación y puesta en mora, para que procediera a su cumplimiento.

Sin embargo, mediante instancia depositada en fecha 28 del mes de mayo del año 2025, el INABIMA interpuso un recurso de revisión por ante el Tribunal Constitucional, contra la Sentencia núm. 0030-1642-2025-SSEN-00145, de fecha 23 de abril del año 2025, dictada por la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo.

En ocasión del referido recurso de revisión, en fecha 20 del mes de noviembre del año 2025, el Tribunal Constitucional dictó la SENTENCIA TC/1261/25, mediante la cual rechazó el recurso de revisión interpuesto por el INABIMA y confirmó la Sentencia núm. 0030-1642-2025-SSEN-00145, de fecha 23 de abril del año 2025, dictada por la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo.

En consecuencia, en fecha primero (1°) del mes de diciembre del año 2025, fue notificada al INABIMA la SENTENCIA TC/1261/25, de fecha 20 del mes de noviembre del año 2025, dictada por el Tribunal Constitucional, con intimación y puesta en mora, para que procedieran a pagar a la señora Nidia María Reyes Montaño de Ubiera, lo siguiente: A) La pensión de sobrevivencia, ascendente a la suma de RD$35,000.00 mensuales; B) El pago retroactivo de los meses atrasados por concepto de pensión, desde el mes de marzo del año 2024 hasta el mes de diciembre del año 2025, ascendente a la suma total de RD$420,000.00; y C) El pago de la suma de RD$583,000.00, por concepto de 583 días de astreinte, a razón de RD$1,000,00 diarios.

En un Estado social y democrático de derecho, las decisiones judiciales no constituyen simples recomendaciones dirigidas a las instituciones públicas; son mandatos obligatorios cuyo cumplimiento garantiza la vigencia efectiva de la Constitución, la seguridad jurídica y la confianza ciudadana en el sistema de justicia.

Sin embargo, resulta profundamente preocupante que el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (INABIMA) mantenga una conducta de abierta resistencia al cumplimiento de una sentencia dictada por el Tribunal Superior Administrativo (TSA), posteriormente confirmada por el Tribunal Constitucional, mediante la cual se ordena reconocer y pagar una pensión de sobrevivencia a favor de la señora Nidia María Reyes Montaño de Ubiera, la cual se encuentra en una condición vulnerable, debido a su edad y su estado de salud y que no posee recursos para cubrir sus necesidades vitales.

La gravedad de este caso trasciende el interés individual de una ciudadana que, luego de agotar largos procesos administrativos y judiciales, obtuvo decisiones favorables definitivas e irrevocables. Lo verdaderamente alarmante es el precedente institucional que supone que un órgano estatal, del magisterio nacional, ignore, retrase o desacate decisiones emanadas de los más altos tribunales de la República Dominicana.

Cuando una institución pública desacata una sentencia firme, se coloca peligrosamente por encima de la Constitución y de las leyes, debilitando la autoridad del Poder Judicial y enviando un mensaje desalentador a toda la sociedad, que incluso ganando un proceso judicial contra el Estado, el ciudadano puede seguir siendo víctima de arbitrariedad administrativa.

El Tribunal Constitucional ha reiterado en múltiples ocasiones que el cumplimiento de las decisiones judiciales forma parte esencial de la tutela judicial efectiva y del debido proceso consagrados en la Constitución de la República. Una sentencia que no se ejecuta equivale, en términos prácticos, a una justicia denegada.

La señora Nidia María Montaño de Ubiera no está solicitando privilegios ni concesiones discrecionales. Lo que exige es el cumplimiento de un derecho ya reconocido judicialmente por tribunales competentes de la República, luego de que el propio sistema de justicia examinara y decidiera el caso.

Consecuencias

El incumplimiento persistente del INABIMA no solo compromete su responsabilidad institucional, sino que podría generar consecuencias legales adicionales derivadas del desacato a decisiones judiciales con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, comprometiendo así la responsabilidad patrimonial personal del máximo incumbente de esa institución.

Las instituciones públicas están llamadas a ser las primeras en respetar la ley, las sentencias y el orden constitucional. Ningún órgano administrativo puede escoger cuáles decisiones judiciales cumplir y cuáles ignorar.

El respeto a las sentencias judiciales constituye uno de los pilares fundamentales de toda democracia. Permitir que una institución pública desacate impunemente decisiones definitivas del Tribunal Superior Administrativo y del Tribunal Constitucional representa una peligrosa erosión del Estado de derecho y de la credibilidad de la justicia dominicana.

La sociedad dominicana merece instituciones que actúen conforme a la Constitución, respeten los derechos adquiridos y honren las decisiones de los tribunales. El cumplimiento inmediato de las sentencias dictadas a favor de la señora Nidia María Reyes Montaño de Ubiera no debe ser visto como un acto de voluntad administrativa, sino como una obligación constitucional ineludible.

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POR EZEQUIEL CUEVAS

En la República Dominicana, ejercer el derecho se ha convertido para muchos profesionales en una lucha constante entre la vocación y la supervivencia. Aunque la figura del abogado suele asociarse al prestigio y al reconocimiento social, la realidad cotidiana de miles de juristas dominicanos dista mucho de esa percepción. Bajos ingresos, saturación del mercado laboral, limitadas oportunidades académicas y escaso respaldo institucional forman parte de un panorama que preocupa cada vez más al sector jurídico nacional.

Uno de los principales problemas que enfrentan los abogados dominicanos es la precariedad académica posterior a la obtención del título universitario. La mayoría de los profesionales recién egresados no cuenta con recursos económicos suficientes para acceder a especialidades, maestrías o programas internacionales que les permitan competir en igualdad de condiciones dentro de un mercado cada vez más exigente. En muchas ocasiones, los costos de los postgrados superan ampliamente las posibilidades reales de quienes apenas comienzan a ejercer.

A esto se suma la ausencia de políticas efectivas de apoyo por parte del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), institución llamada a representar y fortalecer el desarrollo profesional del gremio. Diversos abogados consultados consideran que el colegio ha concentrado históricamente sus esfuerzos en asuntos electorales y administrativos internos, dejando en segundo plano la creación de programas de becas, financiamiento educativo, convenios internacionales o planes de capacitación continua accesibles para los profesionales de escasos recursos.

La situación afecta particularmente a los abogados jóvenes del interior del país, donde las oportunidades académicas y laborales son todavía más limitadas. En provincias alejadas de los grandes centros urbanos, muchos juristas deben conformarse con ejercer de manera informal o asumir múltiples ocupaciones para sostenerse económicamente.

La falta de acceso a bibliotecas jurídicas actualizadas, plataformas digitales especializadas y espacios de formación permanente profundiza aún más las desigualdades dentro del ejercicio profesional.

Expertos del ámbito jurídico advierten que esta problemática no solo perjudica a los abogados, sino también al sistema de justicia en sentido general. Un profesional sin acceso a formación continua difícilmente podrá responder a los desafíos contemporáneos del derecho, especialmente en áreas emergentes como litigación digital, cibercrimen, arbitraje internacional, derecho constitucional avanzado o inteligencia artificial aplicada al ámbito jurídico. La modernización de la justicia requiere abogados capacitados, actualizados y respaldados institucionalmente.

Mientras otras organizaciones profesionales de América Latina han impulsado fondos de cooperación académica y programas de especialización subvencionados, en República Dominicana persiste la percepción de abandono dentro del gremio jurídico. Muchos abogados consideran urgente una transformación estructural del colegio profesional, orientada no solo a la representación gremial, sino también a la promoción efectiva del crecimiento intelectual y económico de sus miembros.

En medio de estas dificultades, miles de abogados continúan ejerciendo con esfuerzo y compromiso, sosteniendo el funcionamiento cotidiano del sistema judicial pese a las limitaciones existentes. Sin embargo, crece el consenso de que dignificar la profesión jurídica requiere mucho más que discursos institucionales: exige inversión en educación, oportunidades reales de especialización y un acompañamiento permanente que permita a los profesionales del derecho desarrollarse plenamente y aportar una justicia más preparada, moderna y accesible para toda la sociedad.

ezequielcuevase@gmail.com

JPM

La crisis que atraviesa Bolivia hoy en día se ha convertido en uno de los focos de mayor preocupación política y económica de América Latina. La combinación de altos precios internacionales del petróleo, escasez de divisas, conflictos políticos internos y una profunda fragilidad estructural ha colocado al país sudamericano en una situación de elevada tensión social y riesgo de inestabilidad institucional.

El detonante inmediato ha sido el impacto de la guerra entre Estados Unidos e Irán y las tensiones en el Golfo Pérsico, particularmente en el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20 % del petróleo mundial. El cierre de esta ruta marítima ha disparado el precio del petróleo a niveles entre 104 y 110 dólares por barril, encareciendo dramáticamente los combustibles importados.

Bolivia, que importa alrededor del 56 % del diésel y el 30 % de la gasolina que consume, ha sido golpeada severamente por este escenario. El Estado boliviano subsidia los combustibles desde hace años, pero el aumento internacional del petróleo convirtió ese modelo en prácticamente insostenible. Mientras en 2024 el subsidio costó unos 1,700 millones de dólares, las proyecciones para 2026 elevan la factura a cerca de 2,800 millones, en un país con reservas internacionales netas inferiores a 500 millones de dólares.

La consecuencia inmediata ha sido el racionamiento de diésel, largas filas en estaciones de servicio, paralización parcial del transporte y protestas crecientes en regiones agrícolas como Santa Cruz, donde el combustible es vital para la cosecha de soya y otras exportaciones. La inflación ya ronda el 12 % anual y la escasez de dólares ha creado una fuerte brecha entre el tipo de cambio oficial y el mercado paralelo.

A la crisis económica se suma un panorama político explosivo.

El presidente Rodrigo Paz gobierna con legitimidad electoral reciente, pero sin mayoría legislativa y enfrentando un Movimiento al Socialismo (MAS) fracturado entre los seguidores de los del expresidentes Evo Morales y Luis Arce.

Evo, con orden de captura y atrincherado en el Chapare, zona de sus cocaleros organizados, mantiene capacidad de bloqueo de carreteras hacia los centros productivos, sobre todo de Litio y de movilización y protestas. Acusa al gobierno de responder a intereses extranjeros.

Mientras tanto, sectores cívicos de Santa Cruz exigen mayor autonomía y control de las regalías regionales o compensaciones que el Estado paga al departamento por la explotación de sus recursos naturales no renovables, como los hidrocarburos y la minería.

La situación revive los fantasmas de la crisis boliviana de 2019, cuando luego de un comprobado fraude electoral de Evo Morales para un cuarto periodo, éste fue obligado a renunciar de la presidencia, para que, luego de un gobierno provisional que lo sustituyó, se realizaran nuevas elecciones en el 2020 que ganó Luis Arce del MAS.

Aunque las Fuerzas Armadas parecen poco dispuestas a respaldar una ruptura constitucional, los riesgos de convulsión social son reales si continúan agravándose la escasez de combustible, la inflación y el deterioro económico.

Lecciones para RD

En medio de este escenario, la República Dominicana observa con preocupación la evolución de los acontecimientos. El canciller Roberto Álvarez llamó recientemente al diálogo político en Bolivia, consciente de que una desestabilización en ese país tendría repercusiones regionales.

Sin embargo, aunque República Dominicana también enfrenta el impacto del alza internacional del petróleo, existen diferencias estructurales importantes entre ambas naciones.

Al igual que Bolivia, República Dominicana es importadora neta de petróleo y derivados. El aumento de los precios internacionales obliga al gobierno dominicano a destinar cuantiosos recursos al subsidio de combustibles y electricidad para evitar un impacto directo sobre la población y la inflación.

La diferencia fundamental radica en la capacidad de respuesta macroeconómica de nuestro país. República Dominicana mantiene reservas internacionales cercanas a los 15 mil millones de dólares, uno de los niveles más altos de su historia, lo que le proporciona margen financiero para amortiguar temporalmente los efectos de una crisis energética internacional.

Además, la economía dominicana posee fuentes de divisas más diversificadas y dinámicas. El turismo, las remesas, las zonas francas y la inversión extranjera continúan generando ingresos robustos en dólares. A esto se suma una estabilidad política e institucional mucho más consolidada que la boliviana.

No obstante, el país no está exento de riesgos. Una prolongación del conflicto en el Golfo Pérsico podría elevar aún más los costos de importación de combustibles, aumentar las presiones fiscales y desacelerar sectores sensibles como el turismo y el transporte. También obligaría al gobierno dominicano a decidir hasta qué punto puede sostener subsidios sin afectar las finanzas públicas.

La crisis boliviana representa así una advertencia RD y para toda América Latina. Las economías altamente dependientes de combustibles importados y con debilidades fiscales o políticas pueden volverse extremadamente vulnerables ante choques geopolíticos externos.

Bolivia enfrenta hoy la tormenta perfecta, altos precios del petróleo, falta de dólares, polarización política y agotamiento de su modelo económico.

República Dominicana, aunque mejor preparada, también deberá navegar con prudencia en un escenario internacional marcado por incertidumbre energética y tensiones geopolíticas crecientes.

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