SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, denunció que en la República Dominicana existen casos de «apatridia», de los cuales la comisión de la Organización de Estados Americanos -OEA- tiene ya más de 100 casos.

Este sábado presentó a miembros de la prensa al joven Jameson Merilus Esterlin, de ascendencia haitiana, de quien denunció que las autoridades dominicanas le están negando sus documentos junto a sus 10 hermanos.

“Nací aquí en la República Dominicana, en Barahona y la Junta Central me ha entregado mis actas, pero cuando solicito para la cédula no me la quieren entregar porque dicen que me registraron supuestamente en un libro de extranjería y que yo tengo que ir a Haití a sacar mis documentos de allá y venir acá y someterme a los procesos de migración”, explicó el joven de 23 años, quien dijo que nunca ha visitado Haití.

Se quejó de que, pese a que hace seis años terminó sus estudios del nivel secundario, no ha podido trabajar ni inscribirse en la universidad por la falta de documentos.

Mercedes indicó que el Estado tiene que responder debido a que existen miles de dominicanos de ascendencia haitiana que están en esa misma situación y que el Gobierno en vez de admitir y solucionar la situación lo que hace es que lo niega.

“Tenemos que ir juzgados que nos escuecen, no importa quién sea, si es la OEA, Las Naciones Unidas, el Consejo, el Estado, quien sea porque verdaderamente ellos lo que se prestan a decir que no hay apátrida en la sociedad dominicana y nosotros lo vamos a demostrar que hay miles de dominicanos de ascendencia haitiana que real y efectivamente son dominicanos, pero ahora no son de aquí, ni son de allá”, enfatizó.

sp-am

SANTO DOMINGO.- Representantes de organizaciones civiles y de defensa de descendientes de haitianos presentaron el sábado ante una comisión de la OEA ejemplos de personas desnacionalizadas en República Dominicana que por falta de documentos corren peligro de ser expatriadas.

Rosa Iris Dieudomi, de la organización Reconoci.do, explicó a The Associated Press que, a pesar de que una ley ordenó convalidar la nacionalidad de los descendientes de extranjeros sin permiso de residencia, las autoridades no les entregan sus documentos de identidad.

«De un grupo de 23 (personas) que acompañamos esta semana a las oficialías, sólo una recibió sus documentos», detalló Dieudomi, quien participó el sábado en el encuentro con los miembros de la Organización de los Estados Americanos que evalúan las políticas migratorias de República Dominicana.

La comisión arribó el viernes por invitación del gobierno dominicano ante las recientes denuncias de Haití de que miles de inmigrantes haitianos, incluidas personas con permiso para permanecer en República Dominicana, y dominicanos de ascendencia haitiana han sido deportados de forma colectiva en las últimas semanas.

«Se requiere que sea un informe balanceado y objetivo y que sea a través de este informe que el secretario general (de la OEA) pueda construir el diálogo» bilateral, indicó Francisco Guerrero, secretario de asuntos políticos del organismo multilateral y vocero de la misión.

Los enviados de la OEA se reunieron el viernes con las autoridades dominicanas vinculadas al tema migratorio y del registro civil, visitaron el centro donde se procesará a los inmigrantes antes de su eventual deportación, y el sábado se entrevistaron con representantes de organismos multilaterales antes de partir el domingo a la frontera.

El gobierno dominicano concluyó el 17 de junio un programa para que todos los extranjeros que viven en el país sin permiso migratorio, en su mayoría haitianos, comenzaran los trámites para legalizar su estatus.

De los 524.000 extranjeros que se estima viven en República Dominicana, sólo 288.500 se registraron, y el gobierno ha insistido que los demás deben abandonar el país de forma voluntaria o serán deportados.

Hasta el 6 de julio, unas 37.000 personas habían salido de territorio dominicano hacia Haití voluntariamente, según la dirección de Migración.

Los grupos defensores de derechos humanos insistieron el sábado que dominicanos de ascendencia haitiana a quienes el gobierno no les ha convalidado la nacionalidad también están en riesgo de ser expatriados.

La Junta Central Electoral, que administra el registro civil, comenzó en 2007 a retener de forma sistemática los documentos de identidad a los descendientes de haitianos bajo el argumento de que habían sido registrados de manera fraudulenta para obtener la nacionalidad dominicana.

El Tribunal Constitucional respaldó en 2013 las acciones de la junta electoral mediante una controvertida sentencia, en la que además ordenó anular a través de juicios individuales la nacionalidad de todas las personas nacidas en el país entre 1929 y 2007 de padres extranjeros que no tuviesen permiso de residencia.La medida afectaba a miles de descendientes de inmigrantes haitianos que se establecieron en el país a lo largo del siglo XX para trabajar en los cañaverales.

Como respuesta a los cuestionamientos internacionales, el Congreso aprobó en 2014 una ley para convalidar la nacionalidad de los afectados, siempre y cuando estuviesen inscritos en el registro civil.

La junta electoral publicó el 26 de junio una lista de cerca de 55.000 personas a quienes les revalidará la nacionalidad.

Dieudomi insistió que las autoridades aún niegan los documentos a muchas de las personas incluidas en la lista, además de que muchos afectados por la desnacionalización no están en ese listado.

Para hijos de haitianos nacidos en el país que nunca estuvieron inscritos en el registro civil, muchas veces por la negativa de las autoridades, el gobierno creó un programa para inscribirlos como extranjeros, pero de los 50.000 que se estiman están esa situación, sólo 9.000 se inscribieron.

jt/am