Una discusión inconclusa es la que tenemos en nuestro país, entre la posición del legislador nacional que creó el Código Procesal Penal, y los jueces de la Suprema Corte de Justicia que redactaron la resolución 1732 del año 2005, acerca de si el juez, es o no es, un sujeto procesal, y de la cual, estudiantes y abogados dominicanos no han estado exentos de esa controversia.

 

De modo que para analizar ambas posiciones internas, citaremos primero el artículo 3, de la resolución 1732-2005, de la Suprema Corte de Justicia, elaborada por abogados haciendo las veces de jueces, y segundo, la posición del legislador nacional, a través del Código Procesal Penal.

 

Los redactores de la resolución 1732-2005, definen en su parte in fine los sujetos de la siguiente manera: Son sujetos todas aquellas personas, que sin ostentar la calidad de partes (como el juez) en un proceso interactúan en él en los roles para los cuales fueron requeridos.

 

De lo que se infiere, y esto es discutible, es que, como el juez, aunque no es parte dentro del proceso, pues es imparcial y ajeno a la controversia, pero como es requerido en el proceso para cumplir con el rol jurisdiccional de conducir el juicio, juzgando y decidiendo, cuyo propósito al fin y al cabo es dirimir el conflicto del caso concreto que le han puesto en sus manos, repito, aún cuando no ostenta la calidad de parte, pero al éste tener que interactuar con los demás interactuante requeridos en sus respectivos roles en el proceso, por su rol de juzgador interactuante, la resolución, por inferencia, lo considera como sujeto procesal.

 

Quiere decir, que para los redactores de esa resolución (1732-2005), todas las personas, tengan o no la calidad de parte, por el mero hecho de intervenir en un proceso en que interactúan dentro de él conforme a los roles para los cuales fueron requeridos, entonces se consideran sujetos procesales. En otras palabras, que todo el que participa e interactúa jugando un rol dentro de un proceso judicial en el que fue llamado, es considerado un sujeto del proceso, por lo que el juez, al parecer, no queda excluido.

 

Personalmente creo que el juez, cuando era de instrucción, como participaba de manera activa en la investigación, si era un sujeto procesal. Sin embargo, si tomamos el artículo 5, del CPP (Imparcialidad e independencia), éste dispone que los jueces sólo están vinculados a la ley, de modo que en la Ley 76-02 (CPP), modificada por la Ley 10-15, en su artículo o principio 22 (separación de funciones), establece que las funciones de investigación y de persecución ya están separadas de la función jurisdiccional, y que por lo tanto, el juez no puede llevar a cabo actos que impliquen el ejercicio de la acción penal ni el ministerio público tampoco puede realizar actos jurisdiccionales.

 

Como cada proceso es único, por lo tanto, en mi opinión, sujetos a él y sujetos procesales, son la víctima, que también puede constituirse tanto en querellante como actor civil, el Ministerio Público, el tercero civilmente demandado si existiera., el imputado, y el defensor técnico.

 

Lo mismo no puedo decir del juzgador (juez), pues éste, en su rol de árbitro, aún interactuando con los demás sujetos procesales, en su calidad de juez, ya sea de amparo, de la instrucción, de fondo o de la ejecución, solo es requerido para jugar su más importante rol jurisdiccional, el de juzgar, para luego decidir y, en su caso, para que  otro juez ejecute lo decidido, ya que como no es parte, no tiene interés en que la cosa quede ni de un lado ni del otro.

 

En cambio, los sujetos procesales, vistos a la luz del CPP elaborado por el legislador nacional, excluyen al juez, ya que en su enumeración, que comienza a partir del artículo 83, y en donde se definen los derechos y los roles que juegan cuando interactúan en el proceso, deja fuera al juzgador.

 

Por ejemplo, la víctima, como sujeto procesal, puede constituirse además, tanto como querellante, cuando promueve la acción penal, y hasta acusar en los términos y condiciones que le confiere el CPP, así como también como actor civil, si pretende ser resarcido por el daño producido por el hecho punible, a través de una demanda debidamente motivada.

 

Por otro lado incluye al Ministerio Público, que tal como lo dispone el artículo 88, no solo dirige la investigación, sino que también practica u ordena practicar las diligencias pertinentes y útiles para determinar la ocurrencia del hecho punible y su responsable.

 

Seguido nos encontramos con el imputado, que es sobre el cual recae el mayor peso del proceso penal, pues es él quien lo lleva el mayor peso del proceso sobre sus espaldas, como decía Carnelutti.

 

Como no podría faltar, entonces está el defensor técnico, sea éste privado (de la elección del imputado) o un defensor técnico de la defensoría pública, pues como el derecho a la defensa es irrenunciable (un derecho humano), el imputado debe estar representado siempre en el proceso, a través de la asistencia de un defensor técnico.

 

Y finalmente, el tercero civilmente demandado, si lo hubiere en el proceso, que no es otro que un tercero que ha quedado civilmente comprometido, esto es, la persona que, por previsión de la ley, o una relación contractual, deba responder por el daño que el imputado provoque con el hecho punible y respecto de la cual se plantee una acción civil resarcitoria.

 

La pregunta obligada final sería: ¿Quién es dueño de la razón en este caso? Y la respuesta serían otras dos interrogantes. ¿Los jueces de la Suprema Corte de Justicia que elaboraron la resolución 1732-2005, que al parecer considera al juez como sujeto procesal? ¿O el legislador que lo excluye en la Ley 76-02, modificada por la ley 10-15, que creó el Código Procesal Penal?

jpm

El Tribunal Superior Electoral produjo recientemente un fallo que no tiene precedentes en la historia de proclamaciones internas de los partidos políticos. Pero antes de ese fallo ya la Junta Central Electoral negó el reconocimiento a Opción Democrática, organización que lidera la diputada Minou Tavárez Mirabal.

 

Son infelices todos los “argumentos” que expuso la JCE para no otorgar el reconocimiento a Opción Democrática, entidad política que cumple con todos los requisitos establecidos por la Ley Electoral, empezando por locales abiertos y estructura dirigencial en toda la geografía nacional. No hay la menor duda, así se percibe en la opinión pública nacional, que el fallo que afecta a Minou Tavárez Mirabal tiene matiz político.

 

Y ese fallo se produce en el preciso momento en que la candidatura presidencial de la ejemplar diputada y política de ejercicio ético experimentaba crecimiento sostenido, dato corroborado por dos firmas encuestadoras que otorgaban el 5% y el 6% respectivamente. Lo más importante de todo no son los porcentajes, sino el hecho de que la líder política no tiene tasa de rechazo en el electorado.

 

Cuando un líder político no tiene rechazo entre los electores, su crecimiento carece de techo y las perspectivas de expansión podrían ser significativas, aspecto que preocupaba al oficialismo y de alguna forma se pretendió  ocasionar un daño a Tavárez Mirabal.

La dirección de Opción Democrática sometió una instancia al tribunal electoral el pasado miércoles, 20 de enero, en la que solicita una revisión del caso, pero de todos modos, independientemente de la eventual resolución del órgano electoral, la candidatura presidencial de Minou se mantiene a través de Alianza por la Democracia, que preside el doctor Max Puig.

 

Lo más preocupante del momento político que vive el país es la carencia de instituciones independientes y la falta de árbitros, razones que sustentan la tesis de que en República Dominicana no hay las más mínimas garantías electorales para las organizaciones de oposición. Los fallos que han venido emitiendo la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral hablan por sí solos. Desde el año 2012, a través de múltiples artículos periodísticos, sugerí luchas por el rescate de las instituciones democráticas y entonces después hablar de elecciones para el 2016.

 

danilocruzpichardo@gmail.com

 

jpm

 

 

En las próximas elecciones los electores con su voto responderán a esa pregunta simple que está a flor de labios y que nos hacemos todos.

Y es normal. Esta ha sido la  interrogante tradicional que se ha hecho la gente en todas las elecciones  celebradas en el país desde el derrumbamiento de la tiranía trujillista hasta nuestros días y no vemos porque va a ser de otra manera en mayo próximo.

Los recursos del poder y todo tipo de maniobras para doblegar la voluntad  popular (encuestas, propaganda masiva en los medios, etc)  no han servido  de mucho ante la percepción que tiene la población de sus condiciones materiales de existencia.  La influencia que su situación económica tiene en sus decisiones electorales ha sido y es decisiva al momento de ejercer el voto.

Solo hay que recordar la consigna de Juan Bosch en 1962, de prometer a los dominicanos de entonces “las tres calientes” o sea, comida tres veces al día, ganándose con esa y otras consignas populistas de tal género el corazón de pueblo que precisamente demandaba cambios en sus condiciones de vida. Y eso que el candidato Bosch en esos momentos estaba sometido a una bestial propaganda mediática anticomunista de los sectores conservadores y de la Iglesia Católica. Todo fue en vano. El candidato liberal triunfó con una abrumadora mayoría.

Los planteamientos programáticos son importantes. No hay lugar  dudas. En la medida que el pueblo adquiere conocimientos y supera la ignorancia la visión programática juega su papel a la hora de decidir en las urnas. Esto es lo que sucede en los países europeos y en los Estados Unidos, donde, por ejemplo,  los debates públicos entre los candidatos es una norma.   En la sociedad dominicana, ya algunos nichos de la población  se guían por lo que los candidatos plantean sobre los problemas estructurales de la sociedad, especialmente  sectores de la clase media. Pero todavía son nichos minoritarios.

Por ejemplo,  Luis Abinader está haciendo un esfuerzo importante para presentar un conjunto de reivindicaciones sociales económicas y políticas para mostrar que será un Presidente diferente. Ha manifestado la  necesidad de un  cambio del modelo económico  para hacerlo más incluyente. Asimismo, prioriza necesidades sociales sentidas por la población que no han sido tomadas en cuenta por la actual administración peledeista consecuencia de su afán de acumulación para una minoría de dirigentes. En el mismo sentido, ante el desbordamiento de la delincuencia, políticas firmes para atacar de raíz sus causas.   Y finalmente, ha planteado un saneamiento  de los estamentos de poder, particularmente, de la justicia, para hacerla más cónsona  con los sentimientos de la población que exige el cese de la impunidad y la corrupción.

Pero, todos esos aspectos programáticos se subordinan a la respuesta del pueblo llano ante la simple pregunta de si estamos mejor o peor. Hay un limitado número  demandas populares como es el alto costo de la vida, el precio de los combustibles, la factura eléctrica, la  vivienda cara, el desempleo, la inseguridad ciudadana, la impunidad   y la corrupción administrativa.  Estas  demandas están ya insertas en el cerebro de la gente y definirán el curso de la campaña en los meses que faltan para la celebración de las elecciones.

¿ Podrán los estrategas del gobierno neutralizar esa percepción? Lo dudo mucho.