En 1970 la CIA contaba con agentes que había infiltrado en el Movimiento Popular Dominicano (MPD) grupo de extrema izquierda de orientación pro China y maoísta.

En los archivos norteamericanos encontré un reporte de la CIA del 17 de enero de 1970, donde cita el reciente arresto de Maximiliano (“El Moreno”) Gómez, Secretario General del MPD, acusado de haber asesinado policías y reporta que uno de sus agentes infiltrados había informado que ese día el liderazgo del MPD había dado órdenes a sus militantes en

Villa Consuelo que estuvieran listos para actuar en caso de que “El Moreno” no fuese puesto en libertad bajo Hábeas Corpus. “Se capturaría a un funcionario de la embajada en Santo Domingo para mantenerlo como rehén para asegurar la libertad de Gómez en una acción similar a la tomada por los comunistas brasileños al capturar al embajador norteamericano en Brasil”. La CIA comentó que Villa Consuelo era el barrio obrero con la base del MPD más cercana a la embajada norteamericana.

Otro, o tal vez el mismo agente infiltrado, reportó que dos días antes en San Pedro de Macorís tres altos dirigentes del MPD informaron que ese grupo contaba con un comando dentro de las Fuerzas Armadas dominicanas ubicadas en Santo Domingo. Sin embargo, la CIA opinó que el MPD no contaba con “apoyo importante” allí.

A los tres meses y nueve días de ese reporte, el Agregado Militar norteamericano Donald J. Crawley fue capturado por el MPD en el campo de polo cercano al Hotel El Embajador. El embajador Meloy reportó que algunos militares y policías se oponían a la devolución exigida por el MPD de 21 prisioneros a cambio de la entrega del coronel y que más bien pensaban llevar a prisión a más izquierdistas, lo que pondría en peligro la vida de Crawley. Meloy describió esas reacciones como “primitivas y de quienes la vida significa muy poco”, por lo que “arriesgarían la vida del coronel con el propósito de eliminar a sus enemigos en la izquierda”.

Ante esa extraordinaria información Henry Kissinger, Asesor de Seguridad del Presidente Nixon, le preparó de inmediato un memorándum al presidente norteamericano y Meloy entonces recibió un mensaje personal de Nixon para Balaguer que decía: “Porque hay una vida humana inmediatamente en juego le urjo, a pesar de todo, por el bien de esa vida, que acepte los términos de los que lo capturaron”. Al entregar la nota Meloy informó personalmente a Balaguer que no era el propósito que la misma fuese hecha pública. Pronto los 21 prisioneros salieron rumbo a México y Crawley fue entregado a la embajada de ese país.

Pero otro agente infiltrado en París envió un reporte a la CIA un año después que su director Ricard Helms descartó por falso. Decía que un Frente Unido de Revolucionarios Latinoamericanos basado en París, planeaba, con el apoyo de Elías Wessin y Wessin, tomar el poder en Santo Domingo, asesinando a Balaguer. Los cubanos apoyaban a Caamaño como el próximo presidente. Los complotadores incluían a “El Moreno”, Máximo López Molina, Héctor Aristy, Manolo Plata Díaz, José Gil Torres, Winston Franklin Vargas Valdés y Tácito L. Perdomo Robles. Casi todos habían sido intercambiados por Crawley. El agente infiltrado agregó que el embajador dominicano en París, José R. Molina Ureña, estaba ayudando a ese frente, proveyendo información y pasaportes y que Patricio Bosch era el contacto entre el frente y la embajada. Cuatro meses después Wessin sería expulsado del país. En varios libros y artículos de antiguos miembros del MPD estos citan quiénes podrían haber sido esos agentes infiltrados.

Nos luce que esos documentos desclasificados voluntariamente por el gobierno americano son más interesantes que los wikileaks involuntarios sobre lo conversado por el embajador norteamericano durante el gobierno de Hipólito Mejía y el primer gobierno de Leonel Fernández y que Alicia Ortega y yo hicimos públicos hace un tiempo.

Pero falta citar las muy interesantes conversaciones de Ramón Castillo (“Mon El Loco”) con funcionarios norteamericanos. Son una perla y tema para un próximo artículo.

 

La magnitud del desafío que enfrenta la República Dominicana es muy superior a lo que hoy afrontan los Estados Unidos. En un estudio dado a conocer conjuntamente por el  Migration policy institute , Woodrow Wilson International Scholar Center y el Manhattan Institute for Policy Research “ La inmigración y el futuro de los Estados Unidos “ (dirigido por Spencer Abraham y Lee H. Hamilton,  Doris Meissner, Deborah W. Meyers , Demetrios G. Pademetriou,  Michael Fix,  EE.UU,  2006) se plantean  las proporciones de las amenazas que pudieren representar la inmigración ilegal en Estados Unidos que , con 11,4 millones de indocumentados   constituyen el 3,5% de la población total de ese  país; el 5,1% de la fuerza laboral; el 7% de los estudiantes de primaria  o secundaria eran hijos de esos inmigrantes.

Para  frenar la marejada que llevó a la población ilegal a un 4% en el 2012,  se construyó el muro fronterizo  en la frontera con México. Se trata de una frontera de 3.141 kilómetros,   en los cuales se ha implantado una valla, dotada de obstáculos, censores, radares y patrullas dotadas  de visión infrarroja , un barrera de 1.120 kilómetros de longitud, en el tramo  que va de San Diego hasta Laredo, el  Rio Grande la serpentea en unos 2000 kilómetros y  luego siguen las extensiones montañosas inaccesibles  y el desierto. Del lado mexicano se implantaron unas 3000 maquiladoras o zonas francas, con el objetivo de transformarse en un dique de contención a los millones de trabajadores que cada año intentaron franquear esa frontera.

Durante los años del Presidente Obama se ha procedido a la deportación masiva de todos los inmigrantes ilegales que han delinquido o quebrantado las leyes en más de un 80%,, se han colocado sistema de vigilancia de aeronaves o drones sin tripulación, se han reducido los cruces ilegales a menos de la mitad, se han duplicado en número de agentes de vigilancia fronteriza,  se han desmantelado redes de tráfico de personas con un vastísimo plan llamado fronteras inteligentes; se ha comenzado aplicar una política de inmigración selectiva, según las necesidades del país y un sistema de protección al mercado laboral.

En el caso dominicano  la proporción de ilegales representan más de un millón de personas, lo que bien podría significar entre un 12 o 15% de la población que se halla actualmente en el territorio nacional. Es decir, que el desafío dominicano es  400 veces mayor  que el que se le plantea al Gobierno estadounidense. Esto, desde luego, sin  que dispongamos de los recursos tecnológicos ni económicos para afrontar la gigantesca tarea de su supervivencia como Estado independiente.

¿Cuáles han sido  las actitudes adoptadas por el Gobierno para defender al país de la colonización extranjera? ¿Podrá nuestro país  afrontar  un  gigantesco desafío, muy superior al que hoy enfrentan las naciones de Europa y los Estados Unidos? ¿Con cuál proyecto, si es que lo hay?  En todo caso, importar de  manera permanente la inmigración haitiana  y todos sus problemas  sería peor.

El escenario de la disolución

En medio de esas nieblas, aparece la cruzada de los peones del intervencionismo internacional. Las ONG pro haitianas, apoyadas por Estados interventores,  culpabilizan a República Dominicana, y exigen la injerencia de organismo como el ACNUR y la CIDH  en los asuntos internos del país y aparecen las proclamas de Amnistía Internacional y las intrigas que ha sembrado la Cancillería haitiana en el huerto del CARICOM comienzan a florecer. Las habladurías contra el país han sido adoptadas por los informes del Departamento de Estado, John Kerry , el jefe de la diplomacia estadounidense, acusa a nuestro país de promover la apatridia, y le interpela a solas al Presidente Medina  para que adopte las decisiones extranjeras en nuestra política interior.

¿Qué es lo que nos  pasa: es que están todos los dirigentes políticos dominicanos descerebrados para no darse cuenta de estas maniobras? ¿Cuál es precio de la ceguera, de la indiferencia, del abandono del  patriotismo?

La primera hipótesis es que los dirigentes políticos no han incorporado el patriotismo y la defensa de la soberanía como prioridad de su ejercicio;  toman sus deseos fusionistas por la realidad.

Queda claro que hay dos proyectos.

• el que ha tomado la representación de los inmigrantes ilegales haitianos, desplazados a nuestro país, de resultas del colapso del Estado vecino.
• Y el que representa la resistencia natural del país a su propia desaparición. La idea que prevalece entre los dirigentes del país, es que estas operaciones deben llevarse a cabo a escondidas para  atenuar las denuncias de los diferentes  grupos nacionalistas y, sobre todo, para evitar que estas revelaciones tengan una representación  política.

Tras la promulgación de la Ley 169/14, cuyo objetivo era anular  la sentencia 168/13, según la cual   los hijos de extranjeros no residentes no se beneficiaban del otorgamiento de la nacionalidad por jus solis, tal como acaece en todo el continente, se procedió  a un desmantelamiento la sentencia del tribunal constitucional  en doble vertiente:

• Se le otorgó la nacionalidad dominicana a 55.440 descendientes de haitianos  y, a la vez,  a sus descendientes. De este modo, quedaba rota la unidad demográfica del pueblo dominicano. La Junta Central Electoral entregó los papeles de nacionalidad a toda esa población, que, habida cuenta de que en la Constitución haitiana no es el territorio el mecanismo para acceder a la nacionalidad, sino el derecho de sangre, tenían derecho a otra nacionalidad distinta de la dominicana.
• Pero las cosas no se redujeron a estas concesiones. El Gobierno inicio el Plan de Regularización de extranjeros   que se hallaban en el país en circunstancia irregular.  En el plan puesto en práctica por el Ministerio de lo Interior  se registraron 288.466, de los cuales figuran como regularizados 239.956 personas  .De esos solo 6.700 extranjeros presentaron la documentación requerida. A todos  demás, se le concedió el status de residente por más de dos años para marear la perdiz, y aplazar las decisiones. .A los 110.000 que no presentaron ningún documento se le otorgaron una residencia de dos años, un carné expedido por el Estado a personas sin documentos,  y a los 129.000 que  sólo presentaron el pasaporte se expidió un visado por el mismo período. De este modo, el Gobierno  quebrantó las exigencias planteadas en el decreto 327/13 que instituyó el  Plan de Regularización. Una vez han obtenido de esta forma rotundamente irregular el status de residente legal, todos sus descendientes y aquellos que estos declaren como tales (no olvidemos que hay entre los haitianos un alta tradición de fraude) serían considerados como dominicanos.  Un experto de la solvencia de Juan Manuel Rosario calcula que si cada uno de estos 250.000 haitianos declarasen 3 o 5 hijos, entrarían al registro de identidad nacional 1 millón 200 mil haitianos,  lo convertiría a todo el liderazgo político dominicano en rehenes de las exigencias de este grupo, unido por vínculos consanguíneos con los habitantes del Estado vecino.

La fragmentación de la soberanía jurídica entre dos poblaciones derechohabientes, se acompaña de un desplazamiento de cada vez de mayores oleadas haitianos. Entramos de este modo  en el escenario de la anulación de nuestra Independencia. Todo lo que hemos construido está en peligro. Al cumplirse, el 18 de julio del 2016,  el plazo de dos años fijados por el permiso de residencia otorgado por el Gobierno ya se baraja una prórroga que viola el decreto 327/13, Ley General de Migración 285/04 y la Constitución de la República. Peor aún: el grupo de abogados trabaja en la justificación de un nuevo Plan de Regularización.  ¿Para qué se ha emprendido todas estas maniobras?

El medio que se ha empleado para desvanecer las estructuras de nuestra sociedad ha sido la desinformación,  el envilecimiento de la prensa y de los intelectuales, la degradación de la política y el chantaje a toda la sociedad, que, en sus capas más empobrecidas, han sido reducidos a la condición de mendigos de un Estado que no defiende sus empleos ni sus conquistas sociales, saqueadas brutalmente por la inmigración ilegal.

El turbio remolino que se ha levantado en el teatro internacional forma parte del  juego de presiones que se ejercen contra el Estado dominicano. Primero, las declaraciones altisonantes de Amnistía Internacional y el bullicio de las ONG. Luego, el mensaje   dejados por John Kerry tras sus encuentros privados con el Presidente Medina, divulgados por el Departamento de Estado, escondidos  por la prensa dominicana. ¿Tendrá derecho nuestro país a aplicar sus leyes de migración, sin que la intromisión extranjera bloquee el ejercicio de nuestra autodeterminación?

Conjuntamente con estas operaciones se emprenden campañas difamatorias contra la imagen del país. El influyente periódico estadounidense The New York Times  publica un menudo informe sobre  la esclavitud en el mundo.  Nos dice que en la República Dominicana hay 104.000 esclavos, es decir, el 1% de la población (R. Glastone “Un informe denuncia que 45,8 millones de esclavos en el mundo”, 1/6/16). Haití, de donde parten las acusaciones ni siquiera aparece en esa lista horrorosa, a pesar de que son hartos conocidas los hábitos de trabajo esclavo con los llamados restavec, de las horribles prácticas de zombificación y de algunas formas de aparcería—trabajo sin sueldo, por alimentos—en muchas de sus departamentos. ¿Cómo es posible que esas denuncias, que suelen preceder la invocación de la injerencia internacional  no sean enfrentadas por el Gobierno que nos representa? Todo este proceso de deslegitimación se apoya en dos vertientes.

El ataque jurídico llevado a cabo por la barra de abogados que anda detrás de la descomposición de la frontera jurídica. Todos forman parte del cuerpo de asesores del Gobierno, y se hallan, parejamente, conectados con la USAID, fueron los mismos que elaboraron la Ley 169/14, y los que  destruyeron la Sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional. Son los brazos del intervencionismo internacional,  Se han apoyado en la supuesta resonancia de las tres sentencias condenatorias de la CIDH; en los informes del Departamento de Estado y en las múltiples denuncias de las ONG dependientes de la orden de los jesuitas y en Participación Ciudadana, todas, financiadas por la USAID.  Conjuntamente con esta manipulación  aparecen los manejos diplomáticos  de la Cancillería haitiana que  ha fundado todos sus reclamos en presentarse como víctima de los dominicanos, y en solicitar la intervención extranjera en  el territorio nacional.  Y, tras todas estas maquinaciones se halla el flamante gobernador de CIRCH, Bill Clinton, que hallaría  en una descomposición  insular la manera de ocultar su estrepitoso fracaso en Haití, tras haber dilapidado miles de millones de dólares, con resultados mediocres.

¿Hacia dónde nos llevan todas estas maniobras producidas por modelos abstractos, sin conexión con la realidad, fundados en sociedades imaginarias?

¿ Podrá nuestro país sobrevivir con un liderazgo político que se dedica desde el mandato que le ha dado el pueblo a combatir las instituciones, con un porción importantísima del empresariado dedicada a convertir la frontera dominicana, unos 10.500 km2, 21% del todo el territorio, en un experimento binacional,  con un Estado fallido?

Si los sentimientos nacionales de todos los dominicanos que sienten que el país desaparece no se manifiestan,  si ni siquiera los partidos ni los gremios ni las asociaciones ni la juntas de vecinos parecerían entonces  preparados para  evitar la muerte del proyecto nacional, entonces seríamos víctimas de la mayor de las indefensiones.  Toda esa destrucción de nuestro modo de vida, la fragmentación del Estado,  se realiza  en nombre de los derechos humanos de los extranjeros. En cuarenta meses, pasaríamos de un Estado nacional a los umbrales de un Estado binacional. A chita  callando, se suplanta el mundo que heredamos de los próceres fundadores del Estado, por otro invento que pisotea los derechos del pueblo dominicano, que hunde todas sus conquistas sociales.   A la actitud  de aquellos que se empeñan en traspasarle los gigantescos problemas haitianos al pueblo dominicano, los que han documentado todo el descredito contra nuestro país, además,  de manifestar una soberbia deslealtad a nuestra continuidad histórica,  le atribuyen a su traición   una superioridad moral.