El país tendrá que vivir en los próximos meses, un interesante debate que  conducirá  las fuerzas políticas, sociales y económicas, a confrontar sus ideas, planes y proyectos, debiendo  decidir, cuál  es el país que queremos tener y que obligará a pactar una agenda de trabajo para implementar la Estrategia Nacional de Desarrollo definida hasta 2030.

Desde antes de ser electo en 2012, el entonces candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, del Partido de los Trabajadores Dominicanos, PTD y  una docena de partidos aliados, se planteó alcanzar la firma de tres grandes pactos, necesarios para afianzar  el aparatado productivo del país sobre bases sostenibles.   Danilo Medina, se propuso liderar un Pacto por la Calidad de la Educación, Un Pacto Eléctrico y un pacto fiscal.

El Pacto por la Educación fue suscrito en 2013 y hasta la fecha el gobierno ha cumplido con la asignación del 4% del PIB, y ha desarrollado un acelerado programa de construcción de escuelas, de remodelación de muchas edificaciones educativas y avanzado en la incorporación de una buena cantidad  al modelo de tanda extendida, mejorando las atenciones a  los alumnos, suministrándoles alimentos, libros, uniformes y atenciones médicas. Del mismo modo se ha establecido como norma la selección de los docentes por concurso de competencias y mejorado los salarios de los mismos.

Sobre la mesa se encuentran la discusión del Pacto Eléctrico y el Pacto Fiscal, que han encontrado  obstáculos producto de los intereses encontrados,  que cohabitan  en la sociedad dominicana.  La resistencia natural de un empresariado que desea mantener  unos contratos eléctricos que  les conceden beneficios irritantes en el negocio  de la energía, en detrimento del Estado y la sociedad  dominicana, así como de importantes incentivos y subsidios que sobrepasan la equivalencia del  20% del presupuesto nacional.

Transcurridas las elecciones y planteada la necesidad de suscribir un pacto fiscal que permita a la sociedad dominicana adecuar sus políticas impositivas, reducir las exenciones  y  elevar la calidad del gasto público,   para garantizar el financiamiento del país que queremos, ha provocado que el empresariado liderado por el CONEP respondiera con una línea de ataque  que ha sido tradicional en los empresarios.

Frente al tema de los impuestos, el liderazgo empresarial ha sido reiterativo en ripostar  acusando a la clase política de ineficiente y corrupta en el manejo de los ingresos públicos, es solo que esta vez, desde el gobierno por via del ministro Peralta,  se aceptó desnudar la supuesta corrupción política con la  publicación de los políticos corruptos  a cambio de  publicar la relación de los empresarios evasores, ante lo cual el CONEP, en voz  de su presidente asumió como contra discurso  de las quejas de la oposición política,  en lo relativo a cuestionar los resultados de las elecciones, calificándolas de fraudulentas,  poniendo como condición discutir, antes que la agenda fiscal,  la agenda política, es decir,  que se apruebe la Ley Electoral y de Partidos Políticos, reclamando pa si, cuotas  de representación en la Junta Central Electoral, las altas cortes y la cámara de cuentas,  bajo el alegato de que dichos organismos tienen que ser integrados por personas independientes de los políticos.

Desde el gobierno se asumió la agenda propuesta por el CONEP, y no podía ser de otra manera, porque esa agenda es la misma que propuso el presidente Danilo Medina, días después de su elección como presidente en una alocución  dirigida desde el local del PLD en  Mayo 2012, en la que  planteo la necesidad de dotar al país de una ley de partidos que garantice la democracia interna de estas instituciones haciéndolas más equitativa e inclusivas,  así como una Ley electoral, donde se limite el uso de recursos económicos, poniendo un tope a los gastos de  campaña, limitándolos  al partido que menos pueda, que regule la publicidad y la propaganda política, así como que transparente la contribución privada a los partidos y candidatos.

En el debate al que tendremos que acudir, los empresarios se preparan para repartir lo que no tienen y preservar lo que tienen y para  ello han iniciado tratando de presionar  para que el gobierno les entregue las plantas a carbón  construidas en Punta Catalina, Bani, las mismas plantas que trataron de satanizar, primero calificándolas de contaminantes, luego de mafia en la licitación, después de sobre  valuadas  y finalmente como responsables de la supuesta quiebra del Banreservas.

El gobierno tendrá que acudir al 62% de la población que le respaldó en las urnas, para enfrentar la campaña despiadada que le vendrá encima por parte de un empresariado, que si bien  genera riquezas, empleos, bienes y servicios para  la producción nacional, también  es altamente subsidiado y avariciosamente tramposo, pues con contadas excepciones una buena parte  es evasora y la otra mentirosa, al momento pagar impuesto.

Desde el gobierno será necesario corregir deficiencias, eliminando desenfrenos de instancias  y actores  que pudieran usarse como pretextos por un empresariado que se  apandilla para garantizar sus privilegios, acosta de los índices de pobreza y exclusión, que su insaciable gula provoca.

Quienes obtuvieron el apoyo del 62% de la población para gobernar los próximos cuatro años  deben prestar atención a la idoneidad y compromiso de nación de los ciudadanos y ciudadanas que designaran al frente de las altas cortes, la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas, pues aunque deben escuchar y evaluar todas las posibilidades, aquí nadie votó  por el CONEP,  ni por la sociedad civil y menos por serviles de gobiernos extranjeros. La gente voto por el PLD y sus aliados y al final de la jornada, lo bueno o malo que resulte el desempeño de los designados, será responsabilidad de los políticos que tomarán la decisión y a nadie más se premiará o  castigará por los resultados.

JPM