Los legisladores de oposición no asistieron el pasado 16 de agosto  a la juramentación del presidente dominicano Danilo Medina por ante la  Asamblea Nacional. Consideraron  que la reelección del mandatario es  el resultado de un pesaroso proceso de violaciones a las leyes, a la Constitución y a los principios de equidad, transparencia e imparcialidad de la autoridad electoral.

El diputado Alfredo Pacheco, del Partido Revolucionario Moderno,  leyó un documento que suscribieron los voceros  de los partidos opositores. Es decir, los senadores Santiago Zorrilla, PRM, y   José Hazim Frapier, del PRSC. Además,  los diputados  Fidel Santana, Frente Amplio; Máximo Castro Silverio, PRSC; Betzaida González, PQDC, y Fidelio Despradel, Alianza País.

La actitud crítica de los legisladores  tiene   plena justificación. Y   eso es lo  lamentable. Fue apoyada también por organizaciones que no tienen representación en el Congreso como  es el caso  del Partido Humanista, Alianza por la Democracia, Dominicanos por el Cambio y la Fuerza Nacional Progresista.

El asomo  de criticidad de los legisladores representa un signo alentador, viviendo, como vivimos, bajo una pesada atmósfera política,  dominada por un solo grupo, o peor por un solo hombre. A  continuación reproduzco   algunos párrafos  del documento:

“Denunciamos que la democracia dominicana vive su mayor amenaza de las últimas décadas y que a diferencia del pasado, esa amenaza no proviene de los cuarteles militares, sino, paradójicamente, del liderazgo político de un partido, el PLD, que sin escrúpulos de ningún tipo está liquidando la independencia del Poder Judicial, ha convertido el Congreso en una caja de resonancia de los intereses de quienes dirigen el Poder Ejecutivo y ha desvirtuado, mediante la coacción y los favores, casi todos los órganos de control y fiscalización del Estado.

“En su ruta autoritaria y antidemocrática, el gobierno está inmerso también en un peligroso proceso de división y represión de gremios y sindicatos –como está ocurriendo con el personal del sector salud-, así como organizaciones de la sociedad civil que hacen legítimos reclamos de reivindicaciones, o formulan críticas públicas a la administración del Estado.

“Ese progresivo deterioro de la democracia y del ambiente de tolerancia en el país tenemos el deber de denunciarlo y detenerlo o de lo contrario, la República Dominicana corre el riesgo de convertirse en un pueblo de hombres y mujeres sometidos por la voluntad y los intereses espurios de un pequeño grupo con evidente vocación absolutista.

“Para garantizar la vigencia de la democracia, la justicia y la convivencia pacífica, que tanto sacrificio ha costado a los dominicanos, es imperativo que las instituciones públicas responsables de la regulación y conducción de los procesos electorales sean dirigidas por ciudadanos probos e independientes respecto de intereses políticos particulares.

rafaelperaltar@gmail.com

jpm

Se puede decir que  una revolución  democrática se pone en marcha cuando trabajadores y burgueses coinciden en un punto de inflexión para impulsar reformas políticas, económicas y sociales que se reflejen en  altos índices de desarrollo humano y de rentabilidad del capital.

A ese escenario de transición política aspiraba Juan Bosch hace casi  cincuenta años, cuando esbozó su tesis “Dictadura con Respaldo Popular”, un  diseño de gobierno progresista y democrático, bautizado con un título muy áspero.

La dominicana es todavía una sociedad atrasada, porque las clases sociales llamadas a motorizar las reformas sociales, aun no consolidan conciencia como tales. A los trabajadores no se les permite organizarse en sindicatos, ni a los burgueses participar en mercados  abiertos y transparentes.

Los grandes grupos económicos han dominado por más de medio siglo al aparato estatal y al escenario político, económico y social, en el que imponen o tratan de imponer regla de juego conforme a su imagen y semejanza.

Gobiernos progresistas y conservadores apenas pueden avanzar en  algunos aspectos  de la institucionalidad del Estado, como la apertura limitada de mercados, o promover una que otra política de inclusión social, como las leyes agrarias, pero en sentido general, la sociedad ha seguido enjaulada en lo que Juan Bosch definió como “Frente Oligárquico”.

Durante la primera gestión del presidente Danilo Medina, se produjo un trascendente punto de confluencia entre Gobierno y burguesía liberal para promover iniciativas que ayudan a perfilar una revolución social y democrática.

Los primeros  componentes de esa iniciativa han sido el 4% para la educación, la democratización del crédito, la figura de la fiducia para la construcción de miles de  viviendas de bajo costo, la ampliación de los programas sociales y la asistencia estatal a grupos organizados  agropecuarios, agroindustrial, industrial, artesanal, comercial y de  emprendimiento .

Ese es el punto de convergencia que motoriza la revolución social que encamina el gobierno del presidente Medina, que se ampliará con la reforma profunda del sector salud, agua, seguridad social, sector eléctrico y de los programas de  apoyo a la Mipymes.

El Frente Oligárquico, que refería Juan Bosch, no va a quedarse de brazos cruzados, por lo que, para impedir o limitar la agenda de un gobierno progresista respaldado por el pueblo, ha instituido una mentada  Iniciativa por la Institucionalidad Democrática, la mascarada de una contrarrevolución.