El gobierno a instalarse el próximo de 16 de agosto deberá emplear sus energías en hacer mejor lo que ha venido haciendo bien, acometiendo las acciones que permitan al país superar  déficits fundamentales para continuar  el crecimiento y el desarrollo, al tiempo que se provoque  una aceleración en el derrame  de las riquezas, focalizando ese derrame hacia los sectores tradicionalmente excluidos, sin menos cabo,  de los sectores  generadores de producción de riquezas.

La  idea tiene que ser, provocar un aumento de la productividad para incrementar las riquezas, imponiendo  políticas públicas  tendentes a reducir los indicadores de  pobreza que existen.  No se trata de poner límites  a las riquezas, como predican algunos,  sino imponer  un piso a la pobreza, de manera que cada quien pueda tener lo necesario para vivir dignamente en nuestro país,  en otras palabras,  no se trata de quitarles  a los ricos para darle a los pobres, sino  de que los pobres pasen a integrar una  clase media que pueda sostenerse y con la inversión productiva de los ricos, promoviendo que estos continúen  generando  riquezas y fomentando empleos de calidad, para aumentar la capacidad de consumo de la población.

Para cumplir esa  meta, deberán  adoptarse iniciativas que conduzcan a  generar o superar los  cuatrocientos mil nuevos empleos prometidos para el cuatrienio, en un esfuerzo que tiene que combinar las acciones del gobierno y el sector privado. Para eso es necesario pactar  y aplicar una reforma fiscal integral, que equilibre la presión tributaria ajustándola hasta establece un promedio que la coloque en el punto de equilibrio justo, donde quienes ahora tributan por encima, puedan reducir la carga, que quienes están  por debajo eleven hasta  equiparar sus contribuciones  y  donde la legión que no aporta nada, pase a  contribuir.  Dicho pacto,  además  debe contemplar una reconversión impositiva,  a los fines de gravar,  más que el consumo de las personas y el capital de las empresas o las propiedades,  las ganancias.

Todos los sectores de la economía y los ciudadanos de  a pie  deberán contribuir con aportes en función de sus ingresos  a la sostenibilidad económica de los planes y proyectos  de desarrollo contemplados en la agenda nacional de desarrollo  del país hasta 2030.

Concluir el pacto eléctrico, preservando al Estado como árbitro regulador del  negocio  de la electricidad,  usando la producción de las plantas a carbón para establecer el precio de partida  de la tarifas a suplir la energía eléctrica que habrá de servirse  a la población y la industria, sobre la base de contratos que aseguren establecer precios  en base a la  oferta, donde se inicie la compra de energía privilegiando a quien venda a menor precio hasta completar la demanda.

El Estado no debe y la sociedad  no puede, bajo ningún subterfugio  comprometer  pagos por capacidad instalada, pues esa forma de negocio, está demostrado, no favorece la eficiencia.

El combate  efectivo a la delincuencia debe pasar necesariamente por una reforma policial integral, que modernice a esta entidad, profesionalizándola como un órgano auxiliar del ministerio público,  tecnificándola de manera que pueda  facilitar la prevención, persecución y reducción del crimen, pero también va a requerir de la integración de los actores sociales para hacer la lucha efectiva y eso incluye la incorporación de tecnología como medio facilitador.

Regular el transito en las principales ciudades incorporando  los cabildos a la aplicación  de un plan para el ordenamiento  del mismo que prevea, eduque y castigue a los transgresores, de manera drástica sin importar, rangos, cargos, alcurnia o capacidad de presión.

Concluir la construcción de planteles para alojar las escuelas hasta alcanzar el 100% de la tanda extendida, incorporando la aplicación de un nuevo currículo,  que permita integrar talleres  técnicos formativos para dotar a los jóvenes de un oficio  mientras cursan el bachillerato y que asegure el refuerzo en las asignaturas básicas a los de primaria, dando paso a una educación holística que pase de la memorización a la extrapolación del conocimiento. Es decir, una enseñanza que   induzca los educandos a pensar y no solo a repetir y memorizar.

Dedicar la inversión del 1% del PIB, en la educación superior, condicionad la asignación de recursos a las universidades, a que estas demuestren  que cumplen o va camino a cumplir  los estándares de calidad  y los compromisos establecidos en el Plan Estratégico para la Educación Superior.

Toda la inversión llevada a la educación media y básica en infraestructura y tecnología, podria no dar los productos de calidad a que aspiramos, si la educación superior que es la que  forma los recursos formadores, adolece de lagunas y fallas,  por falta de apoyo financiero, de acompañamiento técnico y de una evaluación rigurosa, por lo tanto el nuevo gobierno deberá focalizar ese aspecto, si quiere calificar recursos que puedan suplir la demanda de empleos de calidad que debe generar el crecimiento económico y la inversión nacional y extranjera.

La conclusión de los proyectos hospitalarios que se  reparan y  construcción,  tiene que ser acometida con aplomo, para  incorporarlos a la prestación de servicios a la población en el más breve plazo, ampliando la cobertura de salud de un mayor número de ciudadanos.  Como parte del universalizar la seguridad social, en los dos aspectos, de salud y  aportes para pensiones y jubilaciones.

La reforma política, debe dejar resuelto la aprobación de la Ley de Electoral y la Ley de Partidos Políticos, así como la necesaria adecuación de una veintena de leyes que han quedado desfasadas a partir de la entrada en vigencia de la constitución del año 2010, que a seis años de la trascendental reforma constitucional  no han sido ajustadas a los términos y condiciones de la misma.

El presidente Danilo Medina, deberá lidiar con la presión  del gobierno de Estados Unidos, que insistirá en forzar una agenda que busca  incorporar en nuestra legislación  el establecimiento de sus criterios sobre  migración, así como su visión para la comunidad LGTB.

El tema de la  corrupción, tanto la real, como la que se construye por vía de la manipulación mediática, constituirá parte del acoso Estadounidense al nuevo gobierno, siendo lo aconsejable, aniquilar cualquier asomo de corrupción en el Estado, actuando sin contemplación y con energía frente al fenómeno.

En cuanto al tema migratorio y la agenda LGTB, el nuevo gobierno  deberá agenciar la aprobación de la Ley de Referéndum y Plebiscito,  a los fines de someter al escrutinio popular el destino  de ambos temas,  para que sea el soberano  quien decida  la dirección en la que caminara la nación  sobre ambos temas e incluso sobre el derecho al aborto. Con ello evitara distraerse en discusiones que conducen a la pérdida de tiempo en el camino a resolver el problema existencial de la población.

El liderazgo del presidente Medina deberá actuar bajo la premisa de la consigna enarbolada en la campaña electoral “Vamos por más” para avanzar en la automatización  del Estado,  incorporando al funcionamiento de las instituciones a un sistema único de información y la prestación de servicios en línea, lo que facilitaría acercarse a la  propuesta de construir  la  República Digital.

Danilo deberá vadear importantes retos internos y externos, para mantener el crecimiento y la estabilidad macroeconómica,  lidiando con intereses diversos y contrapuestos, y con una oposición que no le dará  en esta oportunidad ni el beneficio de tregua,  pero de eso se trata, de alcanzar las metas sobre los obstáculos que impone el camino y confiamos  que su experiencia  y pericia, le conducirán al éxito.

¡En buenas manos está el pandero! ¡Manos a la obra con más fe!

jpm