El Defensor del Pueblo es una autoridad del Estado encargada de garantizar los derechos de los habitantes, ante los abusos. Cuando anunciaron que lo establecerían, me preguntée ¿Para que?

Los males que reinan en la nación, son estructurales. Para erradicarlos, necesitamos hacer una reingeniería estatal y poner una plataforma cuya misión sea una sociedad justa, equilibrada, humana. No es cuestión de una Defensora, con dos o tres empleados recibiendo denuncias y enarbolando un nombre.

No obstante, la Defensoría del Pueblo abrió sus puertas. La dirige una mujer de incuestionables valores morales, abogada, muy laboriosa, la Dra. Zoila Martínez. Esta haciendo lo que puede. Un día la encontré en un centro comercial, comprando ropas y alimentos para los presos. Habla de la montaña de denuncias que llegan a su Despacho.

Sus acciones confirman mi creencia. La gente llega buscando alivio a sus males, los que surgen del sistema sin control, de la injusta distribución de la riqueza. Problemas que solo podrán ser eliminados, con un plan integral, que ejecuten todos los dirigentes estatales. Ellos lo saben pero es más fácil tener la figura de un Defensor del Pueblo, que todo un pueblo defendiéndose.

La Defensora debió proponerse desde el principio, a ser, únicamente, como un altoparlante del pueblo; llamar, públicamente, la atención de funcionarios gubernamentales, cuando no contribuyen a elevar el nivel de vida de la mayoría; no sacarle el guante a la indiferencia de los responsables de combatir la corrupción e impunidad e insistir en el desarrollo agropecuario para evitar la emigración, del campo a la ciudad. Eso hubiese sido un gran aporte.

Hace unos días la Defensora recibió una dura lección.. Fue secuestrada y despojada de su vehiculo. Tarde de la noche, la abandonaron, le dieron $200 pesos para un taxi y que fuera a poner la querella en la policía. Se burlaban.

Vivió “en carne propia” acciones de los delincuentes vulgares. Asechan y atacan, conscientes de que ni la policía ni la justicia y ¡menos la Defensora del Pueblo! los controlará. Ellos aprenden de los delincuentes de “cuello blanco” quienes desde las altas instancias, toman los recursos de los pobres y para que se consuelen, les dan caramelitos, la Defensoría del Pueblo.

El atraco a la Defensora debe ser motivo de reflexión profunda. Los delincuentes envían múltiples mensajes. La invitan a reevaluar su misión y los métodos que utilizan para defender el pueblo; expresan lo que significa para ellos esa institución y el tipo de respeto que le amerita; invitan a que dirijamos la mirada hacia los verdaderos promotores de la delincuencia: las instituciones estatales y sus debilidades.

Indiscutiblemente, es el Estado, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial quienes con sus actitudes y acciones, deberían ser los defensores del pueblo.

JPM

Aunque el término enseñar pedagógicamente va en desuso, lo utilizamos aquí para el título, porque así se ha estado manejado en los medios  después que el Presidente emitiera el Decreto 310-16 que declara de alto interés nacional  la promoción de los valores y principios de la Constitución en el Sistema Educativo Dominicano, con la finalidad de construir  y promover una cultura constitucional.

Todo en consonancia a lo que establece Nuestra Constitución  sobre que somos un Estado Social y Democrático de Derecho.  Para este prepósito y por esta razón, ordena la incorporación en los Currículos de Primaria y Secundaria de la promoción de la Constitución.

No ha de perderse de vista que es el mismo artículo dos del referido decreto que establece que el objetivo de dicha enseñanza es la reflexión sobre los principios y valores fundamentales en los cuales se cimienta la Republica,el conocimiento de los derechos y los deberes constitucionales, para forjar ciudadanos más responsables y comprometidos con su Patria y Sociedad

Es el propio decreto que desde el primer considerando establece la razón de su existencia, y acude a las disposiciones de la propia Constitución de la República, cuando establece lo de la educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones.

Y para despejar aún más las dudas sobre la finalidad del Decreto, éste transcribe literalmente las disposiciones del ordinal 13 del  referido artículo precedentemente citado y que establece que con la finalidad de formar ciudadanas y ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes, en todas las instituciones de educación públicas y privadas, será obligatoria la instrucción en la formación social y cívica, la enseñanza de la Constitución, de los derechos y garantías fundamentales, de los valores patrios y de los principios de convivencia pacífica.

El Decreto también alude  al artículo 4,literal C de la Ley General de Educación 66-97 e igualmente al artículo 5 literal b, que disponen en síntesis el primero que la  educación estará basada en el respeto a la vida, el respeto a los derechos fundamentales de la persona, al principio de convivencia democrática y a la búsqueda de la verdad y la solidaridad y el segundo tiene que ver con las bases de la educación al sentar que la misma ha de ser   formar ciudadanos amantes de su familia y de su Patria, conscientes de sus deberes, de sus derechos y de sus libertades, con un profundo sentido de responsabilidad y de respeto a la dignidad humana.

Como lo que se produce en un aula de clase  no es un vaciado de contenido de un mayor (profesor) a un menor (educando), sino que en el proceso lo que sucede es una especie de simbiosis en donde se aporta y se recibe y ambos salen fortalecidos con las experiencias y los conocimientos. Ese es el proceso;  por lo tanto, no es que alguien enseña, sino que el proceso es dinámico y en más de una vía. De ahí lo del desuso del termino enseñar

Finalmente, para poner la tapa al pomo y no dejar lugar  a la dudad, ahora sí, a ninguna duda, el mismo decreto en el considerando siguiente nos remite a las disposiciones del artículo 65 de la ley 66-97 que establece que

El currículo debe ser una respuesta desde el ámbito educativo al desarrollo integral del educando, a la problemática social y a la necesidad de democratización de la sociedad, formando para el ejercicio de la ciudadanía responsable. Habla de integración de valores y como estandarte principal lo relativo a la dignidad humana.

Todo lo expresado es un preámbulo  que nos lleva a sentar las bases del objetivo general  del Decreto;  que es contribuir a  desarrollar  la concienciación necesaria en las futuras generaciones de dominicanos de sus deberes y  derechos, y del conocimiento de las estructuras del Estado Dominicano y sus instituciones básicas. Ojalá este Decreto sea convertido en ley, para que nadie pueda cuestionar jamás la legitimidad de su alcance.

Según nuestro punto de vista, hay que lograr eso y mucho más que eso, pues aplaudimos que se piense en el futuro, aplaudimos que el currículo  educativo de esos niveles  se adapte y se transforme, pero entendemos que mientras eso sucede, la vida de todos, no sólo la de los escolares, debe ser tocada, es hora de que hagamos un acompañamiento al Estado en la formación ciudadanía y más que eso en la formación humana, porque lo humano trasciende al ciudadano.

Pero con la intención de que lo otorgado sea maximizado;  la educación superior por concienciación y contribución debe empezar a preparar  expertos en Derecho Constitucional (que no necesariamente tienen que ser abogados propiamente dicho) para la educación, personas que dominen el  contenido pero también dominen las técnicas  y los  métodos para el empoderamiento de lo ahora abordado.

En esta etapa y para el logro de lo enunciado en el párrafo anterior, se debe procurar una alianza entre instituciones como El Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCYT), el ministerio de Educación de la Republica Dominicana (MINERD)  y específicamente facultades de educación de las universidades públicas y privadas, entre los que se cuente a la cabeza el Instituto Superior de Formación Docente Salome Ureña (ISFODOSU), la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD),  el Instituto Para La Defensa (INSUDE), el Instituto de Dignidad Humana de la Policía Nacional (IDIH) y por supuesto el Tribunal Constitucional ( TC), el Defensor del Pueblo (DP)  y un pilar en la formación continua de los maestros como lo es el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (INAFOCAM).Todo precedido de un estudio de prioridades en ese sentido y quien mejor que Instituto Dominicano para la Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (IDEICE), para llevarlo a efecto.

Desde Centro Persona (Cpersona) lanzamos el llamado y nos ponemos a la disposición para la colaboración en  la elaboración de los programas  y su posible implementación a nivel nacional.

jpm