El presidente Barack Obama, exhortó a los pobladores de Florida a tomar precauciones ante la inminente llegada del huracán Matthew.

Las autoridades temen que muchos habitantes de las zonas vulnerables, especialmente en el sur de Florida, permanecerán apáticos a pesar de las advertencias.

Obama advirtió que el huracán cobrará fuerza a medida que avanza hacia Florida. Aunque algunas localidades no sufrirán el embate concentrado del huracán, siempre queda la posibilidad de daños por los vientos periféricos e inundaciones.

«Si usted recibe una orden de evacuación, por favor recuerde que una casa se puede reconstruir, la propiedad se puede reemplazar, pero la vida no se puede recuperar una vez que se pierde», dijo Obama.

El mandatario se reunió con los responsables de situaciones de emergencia en la sede de la Agencia Federal de Emergencias (FEMA). Entre los asistentes estaba el secretario de Seguridad Nacional Jeh Johnson y Craig Fugate, administrador de FEMA.

Matthew es ahora una tormenta de categoría 3 con vientos sostenidos de 193 kilómetros por hora, y se vaticina que pegará en la costa atlántica de la Florida para el jueves a la tarde. Por lo menos 11 muertes en el Caribe han sido achacadas a la tormenta.

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SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El vicepresidente del Senado y presidente de la comisión que evalúa a los aspirantes a integrar la JCE, Dionis Sánchez, manifestó que una de las principales exigencias de esta comisión es la persona escogida para dirigir este organismo se maneje con carácter en independencia y respete la soberanía dominicana.

Alegó que la junta no es solo para elecciones,  ya que también está el registro civil,  que es sumamente importante «sobre todo en estos momentos que tenemos tanta presión de organismos internacionales que quieren que nosotros carguemos con el problema de Haití».

«Necesitamos personas que entiendan que la soberanía nacional está por encima de todo, que tenemos una determinación como país de definir nuestra política migratoria y quien dirija la Junta C entral Electoral debe tener claro esos aspectos, porque tiene que ver con la nacionalidad´´, expresó Sanchez al ser entrevistado por Lorenny Solano en el programa «Lo Que Pasó en 7 días»,  que se difunde todos los domingos a las ocho de la noche por Telefuturo canal 23 .

Los triunfos electorales de Joaquín Balaguer, desde 1966 hasta 1978, cuando pese al uso de los recursos del Estado, los fraudes, la represión, y la negativa de Juan Bosch y el PLD, el PRD ganó las elecciones, siempre estuvieron “entre comillas”.

Balaguer no ganó nunca unas elecciones limpiamente, incluyendo las de 1986 con Jorge Blanco de presidente de la República y Jacobo Majluta de adversario del doctor Balaguer. Todavía no se han contado los votos que de seguro habrían dado ganador  al “turquito de la Mella”, como lo llamó en una ocasión un dirigente Comunista.

Leonel Fernández, presidente nominal del PLD, en su libro “Raíces de un poder usurpado, radiografía del proceso electoral dominicano de 1990”, explica los fraudes y maniobras de Balaguer para perpetuarse en el Palacio, acusándolo de “encarnar un movimiento contrarrevolucionario en el poder cuyo objetivo esencial era la eliminación de todo el que había tenido alguna participación destacada en la insurrección de abril de 1965”.

Las elecciones de 1970, que el PRD se abstuvo por no existir condiciones mínimas, fueron una escaramuza. Leonel dice que las del 1974 fueron “una farsa”. Las del 78, donde se impuso la voluntad popular a sangre y fuego, también estuvieron marizadas por la represión y el uso abusivo del dinero del presupuesto nacional.

En el 82, con Jorge Blanco de candidato –tras la muerte del presidente Antonio Guzmán que se suicidó 43 días antes de terminar su mandato- el PRD gana de nuevo los comicios, pero “pierde” extrañamente en el 86 cuando retorna Joaquín Balaguer, que cuatro años más tarde le hace un frade escandaloso al profesor Juan Bosch y al PLD.

Para Leonel las elecciones del 90 “constituyeron un nuevo eslabón en la cadena de fraudes, vicios e irregularidades que caracterizan el ejercicio del sufragio en nuestro país”.

En 1994 Balaguer enfrenta al doctor Peña Gómez. El fraude no pudo ser mayor. Se generó una crisis que terminó regalándole, no quitándole, dos años de gobierno, hasta el 96,  cuando nuevamente se realizarían loa  comicios. Tanto Balaguer como el PLD le tendieron una trampa a Peña Gómez que ingenuamente cayó en ella.

En efecto, Jacinto Peynado, candidato del Partido Reformista, no recibió el apoyo de Balaguer. En la segunda vuelta se  oficializó el pacto rastrero y racial entre Balaguer y un Bosch que ya no estaba en sus cabales,  que le permitió al PLD, con Leonel, que antes le había llamado “asesino” y “tramposo”, como candidato presidencial.

A la llegada del PLD se producen  los mismos “eslabones en la cadena de fraudes, vicios e irregularidades que han caracterizado el ejercicio del sufragio en nuestro país” a pesar de haber perdido las elecciones en el 2000 del PRD que llevó a Hipólito Mejía que debido a múltiples factores que no son objetos de este artículo, perdió en el 2004, en un intento de reelección funesto que él mismo ha calificado como “una metida de pata”.

Los triunfos del PLD, desde el 2004 hasta la fecha, han sido fraudulentos, con el uso de los recursos públicos. (“El Estado me venció”, dijo Danilo en la lucha interna de su partido). Para imponer a Danilo y así evitar la cárcel, se creó un déficit de 200 mil millones de pesos. El propio Leonel lo dijo en Nueva York en una reunión.

Los comicios  de mayo de este año  también constituyeron un “eslabón en la cadena de fraudes, vicios e irregularidades que han caracterizado el ejercicio del sufragio en nuestro país”.

Quiere decir que, desde 1966 hasta 2016, el país no ha avanzado en materia electoral. Y lo que es peor, el PLD pretende continuar en el poder con los mismos “fraudes, vicios e irregularidades que caracterizan el ejercicio del sufragio en nuestro país”, gracias a un pueblo, ignorante, pobre y pendejo.

El ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, expresó que le causa extrañeza que la sociedad civil y los partidos de la oposición “ahora están pidiendo que el Presidente violente la Constitución, que el Poder Ejecutivo se involucre en las decisiones del Poder Legislativo”. (DL. 26.09.16)

A criterio de este alto funcionario, la participación de Danilo Medina en un pacto político para integrar una Junta Central Electoral por consenso, que es lo que está planteando el bloque de partidos de oposición, violaría la Constitución de la República.

Como conocemos de la capacidad de manipulación del partido gobernante, tenemos que desentrañar la verdad de este nuevo ejercicio de tergiversación de la realidad.

Comencemos por señalar que en el Estado hay dos formas de elección de las autoridades. De manera directa por el voto popular (presidente, senadores, diputados, alcaldes, regidores) y las que se eligen de forma indirecta, en el Consejo Nacional de la Magistratura y el Senado.

Estos dos sistemas de elección no se dan por azar. Si observamos, la elección directa obliga que los candidatos sean militantes políticos activos o, en todo caso, ser propuestos al electorado en la boleta de un partido político. Por tanto, no es casual que los órganos integrados por éstos —Poder Ejecutivo, Congreso Nacional, Ayuntamiento Municipal— son los que en el Estado tienen un definido carácter político.

Por su parte, las autoridades de elección indirecta, sin ignorar que son parte integrante del poder político del Estado, cumplen una función arbitral en la solución de los conflictos propios de una sociedad democrática. Así tenemos, dicho de modo muy general, que el Tribunal Constitucional se ocupa de resolver los conflictos sobre la constitucionalidad; la SCJ decide sobre la interpretación de las normas; la JCE es la responsable de organizar procesos electorales competitivos entre una pluralidad de partidos; el TSE decide los conflictos derivados de los procesos electorales y en los partidos políticos; la Cámara de Cuentas ejerce el control fiscal externo de los recursos públicos.

Es pues, la naturaleza misma de las funciones propias de estos órganos la que impone que sus integrantes no provengan de una elección directa en la boleta de un partido político. De hacerse así, se estaría llevando a un militante político activo a una función arbitral, con el riesgo de que, en el desempeño de la función, en él prevalezcan las lealtades y los intereses del partido que lo postuló en su boleta.

La elección indirecta busca resolver esta tensión en cuanto exonera a quien pretende asumir una función arbitral de no tener que postularse desde una plataforma partidaria. Esta circunstancia permite que la elección del árbitro pueda hacerse entonces valorando, en los ciudadanos y ciudadanas que se postulen, su integridad, carácter, capacidad, independencia e imparcialidad, condiciones necesarias en la función arbitral.

Entonces, la cuestión de la integración de los órganos arbitrales no está en si los partidos pueden o no trazarle pautas a sus miembros que integran los órganos de elección indirecta, en este caso, el Senado y el Consejo de la Magistratura, sino que al hacerlo, el partido o el líder político, tiene como límite, en cualquier directriz o pacto, el respeto de la Constitución y las leyes.

En este contexto, lo que si resultaría contrario a la Constitución es que el Presidente de la República, valiéndose de una mayoría partidaria, instruyera a sus senadores para que éstos elijan, en este caso a los miembros de la JCE, haciendo prevalecer para la elección, la disposición del candidato a actuar con lealtad y sumisión a los intereses del partido oficial. Se trataría de un fraude a la Constitución y, aunque se cumpla con las formalidades, en realidad se estaría violentado el propósito constitucional que motiva que sea por vía indirecta la elección de las autoridades encargadas de integrar los órganos responsables de arbitrar los conflictos en la sociedad.

Es decir, ministro Peralta, no es violatorio de la Constitución que el Presidente, en su condición de líder de su partido, intervenga con sus legisladores para avanzar un pacto político que permita consensuar entre los actores políticos, en este caso, la integración de una JCE imparcial, como es lo propio de todo árbitro. Ahora bien, lo que si sería contrario a nuestra Carta Magna es que Danilo Medina instruya o pacte para que por vía de su mayoría en el senado se imponga una JCE parcial y al servicio de los intereses de su partido.

Confieso que sorprende cómo personajes como el ministro Peralta, sin ningún rubor, dicen cualquier cosa por la conveniencia política del momento. Piensan que no tenemos memoria y que ya olvidamos cómo se fraguó y ejecutó, apenas en el 2015, un crimen contra la Constitución, comprando legisladores, para introducir la reelección presidencial.

Es por eso que la ciudadanía ha visto, tantas veces, a estos súper funcionarios, que como dice el cantor, cuando ya no están parapetados en un cargo público, “como los fantasmas, no son nada si les quitas la sábana.”