Los partidos políticos de oposición ni tampoco sus dirigentes fueron los que concibieron, iniciaron, fundaron, promovieron ni fomentaron el “movimiento verde” contra la impunidad y la corrupción. Fueron personas, grupos y organizaciones de la sociedad civil quienes emprendieron la tarea como una continuación del activismo que habían sustentado antes en las “cadenas humanas” y otras convocatorias. Pero ninguna había concitado tanto apoyo como la marcha del 22 de enero. Ninguna había atravesado tantas demarcaciones y fronteras como esa marcha y hay preguntas obligadas.

(1) ¿qué ha pasado para explicar el cambio? Las noticias sobre la confesión y el acuerdo judicial de ODEBRECHT tuvo dos efectos: uno que despojó al propio gobierno y a muchos neutrales de la venda que tenían puesta en los ojos por conveniencia y los desarmó por completo. Otro que muchos dominicanos se sintieron ofendidos y agredidos por tanto abuso, tanto descaro y entendieron que, con o sin grandes recursos, experiencia, acuerdos etc. había que hacer algo para indicarle al poder que había ido demasiado lejos.

(2) ¿Cambió el país o cambiaron los organizadores? Cambiaron ambos y de repente porque sucede que a veces, un solo hecho o noticia se convierte en la gota que desborda la copa. El caso ODEBRECHT hizo que la gente se sintiera estuprada y que muchos se dijeran: hay que hacer algo.  Y lo hicieron respaldando a los que desde el principio denunciaban.

(3) ¿por qué esta marcha tuvo éxito donde otras no lo lograron? La gente podía olerlo, se sentía en el aire el respaldo a la marcha y la perspectiva del éxito empujó y favoreció la marcha porque todos prefieren se parte del éxito incluso si se trata de una protesta. La creencia de que la marcha tendría éxito contribuyó a que lo tuviera. La creencia sustituyó la esperanza.

(4) ¿Qué tienen que ver los partidos de oposición con lo que está ocurriendo con las marchas y con el Libro Verde?

Hay mucho disgusto de mucha gente con todos los partidos y con los políticos. Incluso quienes viven de los partidos, tanto en el propio gobierno como en la oposición están conscientes de ese disgusto pero tienden a subestimarlo. Creen que es pasajero y que no tendrá consecuencias porque al final, hay que ser o estar en un partido para poder llegar a algo. Los partidos apoyan las marchas y el Libro Verde pero lo hacen como los alumnos que llegan tarde a clases: callados, en un rincón y medio avergonzados.

¿Que quiere la gente? Aunque muchos no lo crean, a pesar de todas las necesidades materiales y de todas las precariedades e inseguridades la gente ahora, hoy mismo, quiere un poco de respeto. Parece mentira pero “respeto” es ahora una palabra clave en un país donde ya no se respeta nada. “Respeto” paradójicamente, se convierte en el punto de convergencia que puede reconectar la sociedad civil con los partidos. Muéstrame algo de respeto y te escucharé.

Mientras la sociedad civil hace oposición al gobierno asumiendo así el trabajo que debieron desempeñar los partidos, estos están en maniobras y candidaturas y no van a cambiar. Por lo tanto: la sociedad civil terminará penetrando en los partidos y usándolos como vehículos indeseables pero necesarios o dentro y/o alrededor de la sociedad civil hará emergencia un nuevo proyecto de partido porque a su interior está surgiendo un nuevo liderazgo formado en la protesta, la organización y el compromiso.

El movimiento verde, no es una iniciativa izquierdista ni se inspira en el hambre o la necesidad propia de sus gestores; es la primera ocasión después del ocaso de aquellas izquierdas donde los principios, el contenido y la agenda están por delante de la búsqueda de posiciones de poder pura y simple. Tienen hambre, si, pero de respeto, de justicia de decoro. En esa certidumbre reside su alta valoración en el cuerpo social. Pero ahí también puede estar su debilidad si no saben manejar su relación futura con los partidos.

La palabra clave: respeto.

JPM

Por    JUAN LLADO
Entre “Peregrina Sin Amor” de Bienvenido Brens, “Arenas del Desierto” de Hector Cabral Ortega y “Paraíso Soñado” de Manuel Sanchez Acosta, quien escribe se queda con la última como el bolero dominicano de todos los tiempos.

La excelsa expresión poética es común a las tres canciones, pero la última concita más sueños y no debe sorprender si viene a la mente cuando soñamos con el país que queremos. Inspirada por los ideales duartianos, a seguidas se presenta una agenda de medidas transformadoras para lograrlo. Algunas requerirán reformas constitucionales y otras una reinterpretación realista del concepto de soberanía en un mundo globalizado.

1.- Introducción, a nivel constitucional, de un régimen de combate a la corrupción administrativa en el Estado. El pilar fundamental seria el traspaso a la sociedad civil de la escogencia de las ternas de candidatos a los puestos cumbres de los órganos de control de la clase política: Contraloría General de la Republica, Dirección General de Contrataciones Públicas, Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, Cámara de Cuentas, Defensoría del Pueblo y Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa. Esta última seria autónoma y sometería los corruptos a una Alta Corte Anticorrupción compuesta por tres jueces escogidos entre la judicatura por la sociedad civil. También al Consejo Nacional de la Magistratura se le añadiría dos miembros provenientes de la sociedad civil.

2.- Para adecentar el régimen político estatuido en nuestra Constitución se desmontaría todo el entramado de privilegios de que disfrutan los funcionarios públicos, electos o no, para entronizar en la mente de las nuevas generaciones que al Estado se va para servir y no para servirse. ¿Por qué debe un legislador tener una jurisdicción judicial privilegiada cuando el pobre diablo tiene que vérselas en sórdidos tribunales ordinarios? ¿Por qué deben andar los servidores públicos en yipetas lujosas que ofenden al ciudadano de a pie?¿Por qué debe viajar un ministro en primera clase cuando el Presidente de Finlandia viaja en clase económica y el Primer Ministro de Suecia tiene que lavar su propia ropa? En adición, un amplio proceso de consultas llevaría a la creación de instancias adicionales a los partidos políticos a fin de que puedan, de varias maneras, participar también en el control y manejo del Estado.

3.- Adopción de un Congreso unicameral de no más de un miembro por provincia y el Distrito Nacional. Se descargaría mucho el Palacio del Congreso porque los legisladores realizarían muchas de sus reuniones de comisiones (y algunas del pleno de una cámara) por teleconferencia, incentivando así su permanencia en sus demarcaciones. Las sesiones presenciales se harían una vez cada tres meses y durarían no más de una semana. Algunas de las votaciones podrían ser no presenciales, haciéndose en un plazo preestablecido por encriptación electrónica. El Poder Ejecutivo y demás instancias autorizadas a someter proyectos de ley podrían hacerlo electrónicamente. Ningún legislador tendría ingresos estatales superiores a los de un ministro de Estado ni privilegio adicional a su salario. Sin embargo, los legisladores podrán ejercer libremente sus cabildeos frente a los funcionarios públicos.

4.- Adopción de un pacto, entre todas las fuerzas vivas de la nacion, para elevar la presión tributaria a un 20% en diez años (siendo esta un 14% del PIB actualmente). El reto principal seria encontrar las fórmulas para que el porcentaje más rico y de más ingresos pagara una proporción mayor de las recaudaciones. La estructura impositiva de los países escandinavos serviría de modelo, especialmente en lo relativo al impuesto sobre la renta de personas físicas y corporaciones, siendo su progresividad el objetivo último. Pero para la aplicación irrestricta de las medidas acordadas se buscaría la asesoría del Servicio de Renta Interna de los EEUU, procurando que sus métodos de monitoreo sean trasladados a nuestra Dirección General de Impuestos Internos.

5.- Adopción de un programa de saneamiento progresivo del gasto público con una asesoría técnica de Alemania. No solo se eliminarían las instituciones oficiales y el personal supernumerarios (especialmente en la Cancillería y el Servicio Diplomático), sino que también se introducirían estrictos criterios de equidad social en la formulación presupuestaria anual y se depurarían los programas apoyados por el Estado. El Defensor del Pueblo deberá rendir un informe semestral de la observación de los criterios de equidad social en el gasto, para lo cual contaría con un consejo consultivo conformado por representantes de la sociedad civil. La Cámara de Cuentas deberá elaborar un informe anual sobre el cumplimiento, una vez promulgada, de la Ley de Transparencia y Responsabilidad Fiscal.

6.- Abolición de la moneda nacional y la adopción del dólar y el euro como las monedas oficiales de libre circulación. (De paso se eliminaría el Banco Central y sus requisitos de encaje legal para la banca.) Esto traería paz a los pobres al asegurar unos niveles de inflación aparejados con la inflación mundial, la cual oscila entre dos y tres por ciento anual. Así tampoco habría escasez de moneda extranjera porque se eliminarían las manipulaciones políticas –a veces gubernamentales– que acompañan la existencia de la moneda nacional. El mayor clima de confianza resultante debe generar mayor inversión para crear más empleo. Y se facilitaría nuestra integración regional; tres países cercanos (Ecuador, El Salvador, Panamá) ya utilizan el dólar como su moneda de curso legal.

7.- Abolición de las Fuerzas Armadas y el traspaso de todo su personal a una Policía Nacional que estaría descentralizada por regiones. Pero para cada región serían los legisladores y otras autoridades provinciales (de la región) quienes escogerían los directores regionales para periodos que no excedan los tres años. Se eliminarían los rangos y las vestimentas militares y se adoptaría un acuerdo de asistencia técnica con la policía de Singapur para combatir el crimen más eficazmente. A nivel nacional se crearían divisiones policiales especializadas (turística, marítima, escolar, frontera, portuaria, etc.) con un Director General que las supervise. Todo el proceso de transición estaría supervisado por la policía de Singapur.

8.- Privatización del sector eléctrico, reteniendo el Estado su poder regulador y vendiendo toda su participación en las empresas generadoras, las hidroeléctricas, las distribuidoras y las líneas de transmisión. Los órganos reguladores dominicanos (Superintendencia de Electricidad, Comision Nacional de Energía, etc.) funcionarían bajo la lupa y tutela de la Comision de Vigilancia del Mercado de Electricidad y Gas de Japón para asegurar una aplicación diligente y proba de la supervisión del sistema eléctrico dominicano. La Comision se aseguraría también de promover las energías renovables y el desarrollo del Smart Grid basado en las tecnologías de última generación (incluyendo las “Feed-in Tariffs” y la de “demand response”).

9.- Otras privatizaciones darían prioridad al Banco de Reservas, vendiendo todos sus activos y depurando la cartera para esos fines. También se privatizaría los 21 hoteles del Estado (CORPHOTELS), las tierras del CEA y varias otras entidades estatales que ya no tienen razón de ser. De particular importancia seria acelerar las ventas del Comité de Políticas para la Realización de Activos (COPRA) del Banco Central, una unidad que se perpetúa sin razón y que debe adoptar el método de pública subasta para agilizar las ventas.

10.- Aprobación de una ley que ligue los incrementos salariales de los maestros de las escuelas públicas a los avances que logren sus alumnos en materia de pruebas nacionales e internacionales. Se contratarían 500 maestros extranjeros de primaria para ayudar a mejorar el desempeño de los docentes actuales. Asimismo, deberá privatizarse el campus principal de la UASD y sus estudiantes recibirían subsidios para pagar su educación en universidades privadas de su elección. Los centros regionales seguirían operando como UASD, pero solo para aquellos programas que actualmente ofrecen. Los docentes de esos centros serian entrenados para desarrollar y ofrecer una parte de sus materias por vía digital (online).

11.- Aprobación de una ley que establezca un sistema de incentivos al empleo de los jóvenes en edades entre los 18 y los 25 años que provengan de familias pobres. Al igual que en Chile, la ley proveería un subsidio al sueldo del joven empleado y para el empleador un descuento de la renta neta imponible. También se reduciría la nómina pública prefiriendo un esquema de seguro de desempleo y orquestando un trabajo a los supernumerarios que tenga que ver con la reforestación del país y la descontaminación.

12.- Aprobación de una ley que establezca y facilite las subcontrataciones a ONG ecologistas y organizaciones comunitarias para que asistan, mediante la delegación de funciones, al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en las tareas de combate a la contaminación y la protección del medio ambiente. En casos de especial criticidad –como sería la protección de los recursos naturales de Bahía de las Águilas, Parque Nacional Los Haitises y el Parque Nacional Cotubanamá —se optará por contratar los servicios de ONG conservacionistas internacionales que mantengan una estricta vigilancia y den a conocer al público los resultados de sus monitoreos abiertamente.

Naturalmente, las medidas reseñadas implicarían una redefinición política de grandes proporciones. Son medidas “poliformes y multicausales” que alarmarían a muchos que no entiendan las razones detrás de su racionalidad, un ingrediente escaso en el debate político. Pero el país no puede seguir como está: con una gran parte de la clase política obsesionada con las maniobras electorales, aspirando solo al lucro personal y sin producir nuevas ideas y propuestas para confrontar los problemas de desarrollo. De ahí que lo reseñado pueda verse como una nueva “ideología” sin izquierdas ni derechas, un paraíso soñado de inspiración duartiana que minimiza el egoísmo y la codicia y maximiza la solidaridad.

jpm