La República Dominicana fortalece su liderazgo económico con cifras récord en inversión extranjera, turismo y desarrollo logístico, proyectando un crecimiento sostenible y equilibrado frente a un contexto global de incertidumbre.

Turismofobia: una señal de alarma. Cuando el aprovechamiento turístico se convierte en un rechazo por su saturación. Este modelo de turismo masivo, centrado en la cantidad y no en la calidad, comienza a mostrar sus límites. Ciudades como Barcelona, Venecia, Ámsterdam y París tienen que enfrentar rechazo social, saturación de servicios, alza en los alquileres y pérdida de identidad local.

Las movilizaciones ciudadanas y nuevas regulaciones reflejan un cambio de rumbo: la presión turística puede acarrear efectos no deseados, dejando de ser una oportunidad y convirtiéndose en una carga.

Con una economía estable, reservas internacionales sólidas y un crecimiento sostenido, RD consolida su credibilidad ante los mercados internacionales. La inversión extranjera directa, que superará los US$4,700 millones en 2025, refuerza su posicionamiento frente a las calificadoras como Fitch, Moody’s y S&P, que valoran la consistencia como un activo estratégico de perspectiva positiva.

Este entorno se ve fortalecido por su estabilidad cambiaria, un flujo creciente de remesas, el aumento de las exportaciones y una inflación bajo control, lo que constituye una mezcla sana que proyecta al país como un destino seguro y confiable.

En una gestión de destino donde turistas y residentes no compiten, conviven. De esa convivencia armónica nace el valor del destino: desarrollo, empleo, infraestructura y dinamismo cultural. Punta Cana es un ejemplo que se resalta. Según el Travel Report 2025 del Instituto Económico de Mastercard (MEI), ocupa el cuarto lugar entre los destinos favoritos de EE. UU. y Canadá, con un crecimiento moderado y respetuoso con un aeropuerto entre 10 de los mejores regionales en Centroamérica y el Caribe 2025, de acuerdo a la clasificación de Skytrax.

Sin embargo, las cifras confirman el liderazgo. Las llegadas 11.2 millones de visitantes en el 2024, vía aérea 8.5 millones y 2.6 millones por mar—, con tendencia a subir, pero sujeto al termómetro mundial, sin embargo, como nación, los indicadores muestran nuestro compromiso con la estabilidad económica, social, económica y equilibrio ambiental. Pues, según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), para 2025 nuestro turismo aportará más de US$21,000 millones al PIB (15.8 % del total) y generará 893,000 empleos, lo que lo coloca entre las principales fuerzas de inclusión y cohesión social.

Alianza eficaz

Ahora bien, este crecimiento ha sido fruto de una alianza público-privada eficaz. Con una visión coordinada, se apuesta por el turismo de lujo, bienestar y sostenibilidad. Se proyecta la construcción de más de 9,000 habitaciones hoteleras, que representa casi el 50 % del total nacional y de 15 millones de turísticas al cerrar el 2025. Mientras que ASONAHORES y el Gobierno impulsan destinos emergentes como Miches, Pedernales y Punta Bergantín, robustecen a Punta Cana y sin descuidar zonas de alto potencial como Santo Domingo, Puerto Plata, Juan Dolio, Samaná y Santiago.

La diversificación turística no es solo tendencia, es un compromiso. El país avanza hacia un esquema que combina ecoturismo, salud, deporte y cultura, para ampliar su oferta más allá del sol y playa. Y a esto se suma una apuesta por convertir al país en un hub logístico regional a través de una inversión público-privada de USD 531.5 millones en infraestructura portuaria, y de esta forma asegurar y eficientizar la conectividad aérea y atraer más visitantes. Para ello, amplían aeropuertos y se adecuan puertos; lo que proyecta que, al cerrar el año, llegarán 510 cruceros, alcanzando el récord de 2.6 millones de cruceristas.

Este esfuerzo ha sido reconocido internacionalmente. Tanto la ONU-Turismo como el WTTC distinguen a República Dominicana como referente. Las proyecciones para 2035 apuntan a US$29,000 millones de aportes al PIB y la creación de 87,000 empleos adicionales, bajo un enfoque de resiliencia, sostenibilidad y escasos conflictos.

En ese sentido, en un mundo con destinos turísticos que enfrentan rechazo de visitantes, el Caribe dominicano da demuestra que es posible crecer sin saturar, sin perder la identidad y acoger sin miedo, posicionándose como una alternativa ética y cálida.

Aquí, el desarrollo turístico es equilibrado y la hospitalidad no pierde sentido. Donde otros dicen “basta”, RD dice: bienvenidos.

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Desde su creación en 2004, el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) ha sido una herramienta clave en la lucha contra la pobreza en la República Dominicana. No ha sido perfecto, pero su rol como plataforma técnica para la identificación y clasificación de hogares vulnerables ha permitido orientar la ayuda social de manera más justa, eficiente y transparente.

Sin embargo, los cambios institucionales que han sacado al SIUBEN del Gabinete de Política Social y lo han colocado bajo el paraguas del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) marcan, en la práctica, un desmantelamiento silencioso de su autonomía y esencia técnica.

Mediante el Decreto 396‑22, de fecha 20 de julio 2022, se dispuso que, a partir del 1 de enero de 2023, el SIUBEN deje de estar bajo el Gabinete de Política Social y pase a depender directamente del MEPyD con el objetivo de mejorar la calidad técnica de la información y facilitar la planificación territorializada de las políticas sociales.

Al asumir esta nueva forma de dependencia, el SIUBEN se convierte en una entidad descentralizada del MEPyD, enfocada a la recolección y análisis de datos socioeconómicos.

Lo que se presenta como una reestructuración administrativa para “fortalecer capacidades” esconde en realidad una fragmentación peligrosa de la política social. El traslado del SIUBEN al MEPyD ha debilitado su conexión operativa con los demás programas de asistencia.

La desconexión entre la recolección de datos sociales y la implementación de políticas públicas, en el ámbito de lo social, es precisamente lo que puede abrir las puertas al clientelismo, al favoritismo y a decisiones basadas en criterios políticos, más que en realidades objetivas.

El SIUBEN fue creado para servir como un escudo contra la discrecionalidad. Su Índice de Calidad de Vida (ICV) y, posteriormente, el Índice de Vulnerabilidad y Acceso (IVACC), permitían tomar decisiones sociales basadas en evidencias, no en proselitismos políticos.

Pero al reducir su influencia y diluir su autonomía técnica, se debilita uno de los pocos mecanismos que ofrecía garantía de transparencia en la gestión del gasto social.

La situación se agrava si se toma en cuenta el contexto actual. Mientras se “reorganiza” el SIUBEN, se han reportado múltiples irregularidades en el manejo de los programas sociales: desde los escándalos de fraudes en las tarjetas Supérate, hasta los recién cuestionados programas de subsidios del SENASA.

¿Quién decide ahora quién es pobre y quién no lo es? ¿Qué datos se utilizan? ¿Dónde queda la trazabilidad? ¿A quién rinde cuentas el nuevo SIUBEN?

Este tipo de decisiones, tomadas sin mayor debate público ni evaluación técnica previa, reflejan un problema mayor: la ausencia de visión integral de la política social. Las ayudas sociales no pueden gestionarse como favores ni como herramientas de campaña. Necesitan un sistema robusto, con datos fiables y estructuras independientes. El SIUBEN encarnaba parte de esa promesa.

Hoy, su traslado al MEPyD no representa solo un cambio institucional. Representa una regresión. Una renuncia tácita a la tecnificación de la asistencia social y una peligrosa apertura al manejo político del hambre.

La República Dominicana no puede permitirse retroceder en esta materia. Si el objetivo es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos más vulnerables, entonces hay que defender la autonomía técnica del SIUBEN y su rol estratégico. De lo contrario, estaremos más cerca de la discrecionalidad populista que de la justicia social.