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NUEVA YORK (EFEUSA).- La Universidad del Estado de Nueva York (SUNY) se unió a la de Yale y otras instituciones educativas al retirar el título honorífico que habían concedido al actor Bill Cosby, luego de ser hallado culpable de agresión sexual.
OPINION: Mayor sacrificio de los médicos y mejor atención a los pacientes
El protocolo de trabajo en los hospitales públicos debe ser actualizado. El paciente recibe mal trato de los médicos, se carece de medicinas, los equipos no están al día, en fin, es un sistema obsoleto.
No se gana nada con remodelación de hospitales, o inauguraciones de plantas, si no se fomenta mayor sacrificio de los médicos y atención a los pacientes.
No es posible que en el siglo 21 los hospitales estén funcionando con métodos del pasado. El paciente en ocasiones es visto como una carga, más trabajo para médicos y enfermeras, y falta lo principal para tratar a un enfermo, el calor humano, la mano solidaria.
El Colegio Médico Dominicano siempre ha estado muy preocupado por los reajustes de salarios, y lleva la huelga a los hospitales donde se atiende a los más pobres. No he visto a ese colegio tomar parte en insuflar a los médicos que tengan mayor don humano al tratar a los pacientes.
Si llama la atención que muchos de estos médicos en sus consultorios privados tienen otro trato. No se trata de hablar duro, ni tener o poner la cara fea, es que el que se encuentra tirado en la camilla necesita una sonrisa, una atención, una esperanza.
Las plantas físicas de muchos hospitales siguen abandonadas. Hay centros de salud que ya no soportan más remiendos, lo único posible es destruirlos y construir otro nuevo. Ahora, hay que evitar la privatización de los nuevos hospitales.
Los pobres carecen de todo, ni siquiera tienen para comprar la salud. Hay hospitales que hasta el yeso de los politraumatizados tiene que ser comprado en una farmacia. Un sistema de seguridad social no es para aparecer en los periódicos, sino modernizar el sistema hospitalario.
Las declaraciones del ministerio de Salud Pública en torno a la muerte de una gran cantidad de niños en los primeros tres meses de este año, es una alerta de que algo no funciona bien. No hay médicos disponibles para todos los turnos. En un hospital tiene igual calidad e importancia las diez de la mañana o las cuatro de la madrugada.
El nacimiento y la muerte no tienen fecha ni hora para llegar. Se puede rescatar el sistema hospitalaria, pero da la impresión de que colapsó, de que ya no puede más, de que el pobre no tiene quien lo cure. Ahí llega otra noticia espeluznante, sobre la gran cantidad de amputaciones que se hacen en hospitales y clínicas.
Deben ser investigadas a fondo. Si hay culpables, aplicar las sanciones. Pero lo más trascendental es que pueda haber correctivos de una situación irregular. Todos seremos víctimas de las enfermedades, pero tenemos la esperanza de caer en manos de un médico que trate de curarnos y salvarnos.
Las autoridades deben mejorar la situación de los hospitales públicos, y adecuar su metodología de trabajo al siglo 21.
JPM
Mejía: Da pena PLD reduzca Ley Partidos a conflicto de candidaturas
SANTO DOMINGO.- La Secretaria General electa del Partido Revolucionario Moderno, Carolina Mejía, manifestó la tarde de este jueves su indignación luego que en la Cámara de Diputados se suspendiera por falta de quórum la sesión en la cual conocería el proyecto de Ley de Partidos.
A través de un mensaje colgado en su cuenta personal @CarolinaMejiaG en la red social twitter y una nota de prensa de su oficina política, manifestó: “Es penoso que la Ley de Partidos se haya reducido a un conflicto de candidaturas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD)”
Dijo que el país necesita una ley que regule el sistema político, no un traje a la medida para ningún aspirante presidencial; “hay que ponerle fin a tantos vicios que le han hecho tanto daño al pueblo dominicano”.
Mejía hizo un llamado a los diversos sectores a sentarse en la mesa del diálogo con el propósito de ponerle fin a lo que calificó como irresponsabilidad del PLD, “quiénes han reducido la Ley de Partidos, a una cuestión de primarias abiertas cerradas y eso no es ni debe ser así”.
Seguridad social: es tiempo de revisar políticas y prácticas mercantiles excluyentes
La SISALRIL solicitó un recurso contencioso administrativo contra el Reglamento sobre apelaciones, luego del silencio del CNSS sobre la recomendación del Ministerio de AdministraciónPública sobre la necesidad de adecuar el artículo 13 de dicho Reglamento al marco de la Ley 107-13, y de varias solicitudes en ese tenor.
El artículo 13 del Reglamento del CNSS sobre apelaciones establece la suspensión ipso facto de cualquier reclamo o sanción, con la sola apelación de la parte afectada. En la práctica esta disposición ha sido utilizada para prolongar y hasta denegar derechos legítimos de los afiliados. En cambio, la Ley 107-13 evita estos rejuegos y regulas las dilaciones.
La amplia campaña y desinformación contra esta decisión, nos ofrece una idea de los intereses envueltos. Dentro de la batería de argumentos se ha llegado a señalar que se trata de una insubordinación contra el órgano superior jerárquico, que pone en peligro la estabilidad del SDSS.
Pero se oculta que esta no es la primera vez que una institución del Sistema apela al poder judicial. Ya varias ARS han acudido a la Suprema Corte de Justicia, al Tribunal Superior Administrativo y al Tribunal Constitucional. En adición, tanto la SIPEN como la SISALRIL demandaron al CNSS, y como Gerente General, en ambos casos, tuve que comparecer ante un juez.
Según el Dr. Pedro Luis Castellanos, lo que persigue la SISALRIL es que sea el CNSS, en su condición de Rector del SDSS, el órgano que decida cuándo se suspende o no el efecto de un determinado reclamo, tal y como establece claramente la Ley 107-13. Con ello se evita que cualquier parte interesada, al margen del CNSS, de manera deliberada, apele para dilatar el proceso, como ha ocurrido.
¿Cuáles son las oportunidades de justicia oportuna que tiene un afiliado común que le reclama a una ARS, AFP o ARL, si su solicitud puede ser dilatada indefinidamente por grupos interesados en dilatar indefinidamente las decisiones del CNSS? ¿Cuánto tiempo tendrá que esperar ese afiliado para que se le reconozcan sus derechos?
La iniciativa de SISALRIL no puede interpretarse como una falta a la autoridad del CNSS porque la misma se fundamenta en una ley del Congreso posterior dictada 10 años después del Reglamento. ¿Por qué el CNSS no atendió a tiempo la recomendación del Ministerio de Administración Púbica y de SISALRIL?
Una posición intrínsecamente perdedora
Lógicamente, ante la existencia de un conflicto entre el artículo 13 del Reglamento del CNSS y la Ley 107-13, la razón y la justicia deben inclinarse por ésta última: a) porque protege más a los afiliados; b) porque una ley del Congreso Nacional prevalece sobre cualquier reglamento sectorial; y c) porque constituye la expresión más reciente y legítima del legislador.
Siempre he defendido la necesidad de una administración del riesgo que reduzca las asimetrías en la relación médico-paciente; que negocie tarifas justas basadas en economías de escala; que vele por el equilibrio financiero, evitando prescripciones innecesarias; y que oriente a los afiliados en la obtención de un buen servicio.
Pero, salvo algunas excepciones, esa no es la percepción dominante respecto al desempeño de las ARS lucrativas. Lamentablemente, existe una creciente sensación de orfandad en muchos afiliados. Denegar o regatear derechos legalmente establecidos no ayuda a mejorar la imagen. Es tiempo de revisar políticas y prácticas mercantiles excluyentes.
Cualquiera que sea el veredicto judicial, las ARS serán las grandes perdedoras ante la opinión pública y los millones de afiliados al sistema. El sentido común indica que no es justo, negar la ampliación de los derechos que concede una nueva Ley Nacional, manteniendo vigente un viejo reglamento sectorial que los restringe. Eso sí es debilitar al SDSS.
JPM
Hospital intervenido sin sanción a los culpables
Por EMILIO SAVIÑON
A raíz de la denuncia que dieran a conocer diversos medios locales la pasada semana sobre las muertes de 7 infantes en el hospital regionalJaime Mota, DE Barahona, el Ministerio de Salud y el Servicio Nacional de Salud (SNS), presionados por la opinión pública, ordenaron realizar una exhaustiva investigación que determine las reales causas que originaron el deceso de las criaturas.
Esta indagación asumida por técnicos y especialistas en la materia, arrojó como resultado serios inconvenientes e inobservancia en la aplicación de los protocolos neonatales requeridos por las autoridades de salud.
El informe de los facultativos explica que los protocolos neonatales no fueron aplicados tal y como lo requiere oficialmente el Ministerio de Salud Pública. Además, determinó debilidades en el laboratorio clínico y en el departamento de imágenes. De igual manera se comprobó la falta de médicos especialistas durante las 24 horas, indicando también los resultados que los informes de los niños fallecidos fueron escritos por las enfermeras y no por los médicos, como debe ser.
Estos datos ofrecidos evidencian una marcada e irrefutable irresponsabilidad y vagancia por parte del personal médico que labora en ese centro de salud, sin dejar de señalar la falta de gerencia y control que allí impera.
Sin embargo, a pesar de todas éstas anomalías encontradas durante la pesquisa, me preocupa que Salud Pública y SNS no hayan establecido en su informe cierto régimen de consecuencias sobre los actuantes de turnos en el manejo de los partos donde fallecieron los niños.
Nos resulta doloroso saber que la ministra Altagracia Guzmán Marcelino y el director del SNS, Chanel Rosa Chupany, como respuesta a la situación sólo se hayan limitados a anunciar la intervención del centro hospitalario
Pregunto: quiénes responden por las perdida de los bebés que ya no están?. Es penoso lo sucedido, y más lamentable aún conocer que de ellos no se deriven sanciones que sirvan para ejemplarizar y poner orden en la casa.
Entiendo correcta la decisión de las autoridades de salud de intervenir y designar médicos especialistas de la zona; entiendo factible capacitar el personal de salud en bioseguridad, protocolo y otros, empero, también razono que se debió establecer sanción para quienes actuaron divorciados al mandato médico-protocolar.
JPM
No ha bastado con la confusión
Andrés Trinidad Mejía lleva diez meses en la cárcel de La Victoria por error. Fue confundido con otro hombre apodado Moreno Milesi y acusado de matar a un joven. El martes la Policía apresó al verdadero culpable.
Sin embargo, el procurador general, Jean Rodríguez, dio la flamante declaración de que aunque no es la persona que buscaban seguirá entre rejas hasta tanto el Ministerio Público investigue otros hechos delictivos en los que estaría involucrado.
Arguye que harán lo que manda la ley en una investigación que está aún en proceso pero en lo que el hacha va y viene esa persona sigue detenida por un crimen que no cometió ¿y si resulta que tampoco tiene vínculos con los otros delitos, que el funcionario no explicó?
Después de ese atropello y ante la presunción de inocencia que lo protege, quizás sería factible sopesar la posibilidad de ponerlo en libertad y solicitar una nueva medida de coerción.
Tal vez la confusión mayor en el caso de Trinidad Mejía fue el hecho de que los propios familiares de Leivi Castillo, la víctima, lo identificaron y luego admitieron su error y firmaron un acta de desistimiento.
Esto pudo traer dudas a las autoridades que de todos modos siguieron con el proceso.
El encierro de inocentes es una de las tantas injusticias que comete el sistema judicial y que con frecuencia son denunciadas en los medios de comunicación por afectados que no tienen más recurso que ese y gracias a la expansión de las redes sociales, cada vez es más fácil denunciar.
Esto fue lo que hizo Trinidad, difundir un vídeo en el que incluso acusaba a la Policía en San Luis, Santo Domingo Este, de saber quién era la persona que buscaban, porque los agentes lo veían a diario.
Las investigaciones con rigor, con un peso exacto que permitan impartir justicia de verdad son un reto más que pendiente para el Estado, obligado a proteger a sus ciudadanos.
Detienen misterioso defecador de escuela
NUEVA JERSEY.- Thomas Tramaglini, de 42 años y superintendente escolar de Kenilworth, fue arrestado por defecar en público.
El sujeto era el responsable de las heces que se encontraron en varios puntos de la secundaria Holmdel en las últimas semanas.
Se entregan 3 jóvenes habrían cercenado brazo a otro en SDE
SANTO DOMINGO.- Se entregaron a la Policía tres jóvenes acusados de participar en la riña en la que le cercenaron un brazo al adolescente de 18 años Yeison Santos tras una discusión durante un juego de baloncesto.
Blady Rodríguez, de 19 años, y los hermanos Emiliano y Jeanker Pérez Rodríguez, de 16 y 17, respectivamente, acudieron al Palacio de la Policía acompañados de Yahaira Rodríguez, madre de Blady y tía de los otros dos.
“Aquí hago entrega de estos tres jóvenes sanos y salvos, ya que a ellos los señalan como los que le causaron la heridas a Yeison”, dijo la mujer.
Agregó que quiso hacer la entrega voluntaria, ya que los jóvenes fueron declarados fugitivos de la justicia y han recibido amenazas de los familiares del lesionado, a quienes responsabiliza de cualquier daño que pudieran hacerle a ella o a uno de sus parientes.
La agresión a Yeison Santos ocurrió el pasado sábado, durante un juego de baloncesto entre iglesias evangélicas del sector Cansino Adentro, en Santo Domingo Este.
Un joven del equipo al que pertenece Yeison, accidentalmente, golpeó a otro del grupo contrario provocándole sangrado en la nariz, por lo que el otro bando armó la trifulca.
VENEZUELA: Gobierno interviene a Banesco tras detener a directivos
CARACAS — El gobierno de Venezuela anunció la intervención de Banesco, el banco privado más importante del país, durante 90 días por estar presuntamente involucrado en planes para «desestabilizar la economía del país».
La decisión tiene lugar después de que el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó que había solicitado 11 órdenes de aprehensión contra directivos de Banesco por estar presuntamente implicados en «iregularidades que atentan contra la moneda venezolana».
Los 11 banqueros involucrados en la acusación del fiscal Saab son: Oscar Doval, presidente ejecutivo; los vicepresidentes Jesús Irausquín, Carlos Lorenzo, Pedro Pernía y Belinda Omaña, así como el consultor jurídico Marco Ortega.
Saab también nombró como presuntos implicados a la directora Liz Sánchez, los gerentes David Romero y Cosme Betancourt, además de oficiales de cumplimiento como Teresa De Prisco y Carmen Lorenzo. Todos han sido detenidos, indicó el fiscal.
«Ellos son investigados por delito de incumplimiento de sujeto obligado. El gran total de personas detenidas es de 134, pero las órdenes de aprehensión son 198 .Hemos realizado 300 allanamientos y bloqueado 1380 cuentas», dijo Saab en una rueda de prensa desde el Ministerio Público.
El fiscal aseguró que tanto Banesco como cualquier otra entidad bancaria están obligados por la Sudeban a verificar cualquier transacción irregular. Explicó que el banco dejó sin denunciar 870 casos y solo notificó 30.
Saab también pidió calma a los clientes del banco, uno de los más importantes de Venezuela.
«Quiero calmar y tranquilizar a los ahorristas que tienen cuentas en este banco o en otros, porque este hecho es muy quirúrgico, va solamente a solventar una acción delictiva al margen de la ley, que en este caso hemos determinado», señaló.
El fiscal general de Venezuela aseguró que según investigaciones de los cuerpos de inteligencia del Ministerio del Interior, Justicia y Paz «90 por ciento de las cuentas bancarias asociadas a actividades delictivas» están en Banesco.
También afirmó que las operaciones bancarias de más relevancia las hicieron clientes con direcciones electrónicas extranjeras, principalmente Panamá y Colombia.
También este jueves, el presidente de Banesco Internacional, Juan Carlos Escotet, anunció que está regresando al país para responder a las acusaciones del gobierno.
Almagro avala suspensión a Maduro del «Tribunal Supremo venezolano»
Washington, 3 may .- El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, avaló la suspensión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela decretada hoy por un denominado «Tribunal Supremo alternativo» de ese país caribeño.
«Reconocemos la inhabilitación y suspensión de Nicolás Maduro como Presidente de Venezuela decidida por el Tribunal Supremo», afirmó Almagro en un mensaje en Twitter.
Este tribunal alternativo reunido este jueves en Miami (Estados Unidos) declaró la suspensión de Maduro como presidente, así como su inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Los integrantes de este tribunal también acordaron reclamar a la Guardia Nacional Bolivariana la detención de Maduro y a la Interpol que emita una alerta roja.
La denuncia contra Maduro la puso la ex fiscal general venezolana Luisa Ortega por presuntos delitos de corrupción relacionados con la constructora brasileña Odebrecht.
La suspensión e inhabilitación dictadas este viernes por el tribunal alternativo, más simbólicas que efectivas, llegan a dos semanas de las elecciones presidenciales en el país caribeño, en las que Maduro opta a la reelección.
El Parlamento venezolano, controlado por la oposición, designó el año pasado a nuevos magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con la idea de que reemplazasen a los jueces en ejercicio de esa instancia, por considerar que estaban al servicio del Gobierno.
La mayoría de los nuevos magistrados, perseguidos por la Justicia venezolana, optaron por salir del país e instalarse como Tribunal Supremo autodenominado «en el exilio».
Fuente EFEUSA
at/cav
