No ha bastado con la confusión

Andrés Trinidad Mejía lleva diez meses en la cárcel de La Victoria por error. Fue confundido con otro hombre apodado Moreno Milesi y acusado de matar a un joven. El martes la Policía apresó al verdadero culpable.

 Sin embargo, el procurador general, Jean Rodríguez, dio la flamante declaración de que aunque no es la persona que buscaban seguirá entre rejas hasta tanto el Ministerio Público investigue otros hechos  delictivos en los que  estaría involucrado.

Arguye que  harán lo que manda la ley en una investigación que está aún en proceso pero en lo que el hacha va y viene esa persona sigue detenida por un crimen que no cometió ¿y si resulta que tampoco tiene vínculos con los otros delitos, que el funcionario no explicó?

Después de ese atropello y ante la presunción de inocencia que lo protege, quizás sería factible sopesar la posibilidad de ponerlo en libertad y solicitar una nueva medida de coerción.

Tal vez la confusión mayor en el caso de Trinidad Mejía fue el hecho de que los propios familiares de Leivi Castillo, la víctima, lo identificaron y luego admitieron su error y firmaron un acta de desistimiento.

Esto pudo traer dudas a las autoridades que de todos modos siguieron con el proceso.

El encierro de inocentes es una de las tantas injusticias que comete el sistema judicial y que con frecuencia son denunciadas en los medios de comunicación por afectados que  no tienen más recurso que ese y gracias a la expansión de las redes sociales, cada vez es más fácil denunciar.

Esto fue lo que hizo Trinidad, difundir un vídeo en el que incluso acusaba a la Policía en San Luis, Santo Domingo Este,  de saber quién era la persona que buscaban, porque los agentes  lo veían a diario.

Las investigaciones con rigor, con un peso exacto que permitan impartir justicia de verdad son un reto más que pendiente para  el Estado, obligado a proteger a sus ciudadanos.

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