Ante el insistente reclamo de algunos de que la central termoeléctrica de Punta Catalina se reconvierta para que opere con gas en vez de carbón, el Presidente Medina deberá también evaluar otras opciones.  La de mantener el presente curso y retenerla como activo estatal y la de vender la planta al mejor postor serían la más pertinentes. Como sus asesores en estas lides lo han embrollado tan hondo, procede que cualquier ciudadano aporte sus ponderaciones. Y las observaciones que siguen están revestidas de un manso anhelo por el bienestar colectivo.

La primera opción, por supuesto, es no hacer nada que contravenga el objetivo original de que el Estado cuente con mayor capacidad de generación propia a fin de contrapesar el poder de mercado de los generadores privados.  Se ha asumido que con esa capacidad extra se podría bajar el costo de la electricidad comprada a esos generadores y reflejar esa reducción en la tarifa al consumidor.  Pero eso implica que el déficit de generación ha quedado igual al que había al inicio del proyecto, lo cual no es cierto.

Desde  el 2011 han entrado plantas nuevas con un total de 242 megas (AES Los Mina VII de 114 megas y EGE-Haina solar y eólica de 128 megas), y eso ha acrecentado la participación de los generadores privados en el parque eléctrico y disminuido relativamente la del Estado. Otros proyectos de energías renovables están en construcción (p. ej. Los Guzmancitos) y otros esperan por sus respectivos contratos de compra por parte de la CDEEE (https://www.diariolibre.com/economia/proyectos-con-mas-de-450-mw-de-energia-renovable-en-el-limbo-CA2736206).  De manera que con o sin Punta Catalina la brecha entre la capacidad de generación del sector privado y la del Estado seguirá ampliándose.

Por otro lado, en el decreto No.167-13 en que el Presidente Medina autoriza la firma del contrato con el Consorcio Odebrecht se dice, en uno de sus considerandos, ¨que el déficit de generación de electricidad, de no atenderse de forma inmediata, alcanzaría a 2,887 MW para el 2016, lo que podría significar un colapso total del sistema¨.  Como en recientes declaraciones el ejecutivo principal de la CDEEE ha afirmado que la demanda de electricidad crece anualmente en unos 150 megas adicionales, el déficit de generación seria de 3,337 MW para la fecha en que Punta Catalina entre en operación (finales del 2019).  En consecuencia, con una capacidad neta de 676 MW y un aporte neto de apenas 466 MW (debido al 31% de pérdidas de las distribuidoras), Punta Catalina no reducirá el déficit, no terminara con los apagones y sería muy poco probable que logre bajar el costo de la electricidad de los generadores privados.

NO CUMP’LIRA

A todas luces la entrada en operación de Punta Catalina no cumplirá con el objetivo de reducir el déficit de generación.  Pero habría que preguntarse si podría cumplir con el objetivo de producir energía más barata que la que hoy ofrecen los generadores privados (quienes hoy venden a 12 centavos de dólar el kilovatio hora).   La declaración del Presidente Medina del 27 de febrero pasado de que la planta producirá energía a 7.5 centavos de dólar podría ser cierta e inclusive podría vislumbrarse un costo menor en vista de que la eliminación de las plantas de carbón en China, la India  y otros países bajara sustancialmente el precio del carbón.  Pero lo que no podría alegarse es que, con esos costos de generación, se haría rentable la mayúscula inversión total que habrá hecho el Estado en esa planta (la cual podría llegar a los US$3,500 millones).

Es en el análisis de la rentabilidad de la inversión –por cualquiera de los métodos usados por los economistas– donde un posible comprador basaría su decisión de comprar o no esa planta. Para el Estado, sin embargo, la decisión de si vender o no dependerá de un análisis de rentabilidad social porque los intereses colectivos no son los mismos que los del inversionista privado. La metodología que usan los economistas para hacer este tipo de análisis difiere de la que se usa para calcular tasas de retorno a la inversión privada (https://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/0/35060/Evaluacion_Social_VA.pdf).   El Estado tendría tambien que comparar los resultados de ese análisis con los resultados de un análisis similar para el o los proyectos de inversión social que se podrían emprender con el dinero obtenido por la venta.

Sin hacer esos rigurosos análisis es posible afirmar que si la planta cumple con sus metas de generación y con su aporte al sistema nacional interconectado, vender la planta para recuperar el capital invertido tendría sentido para que el Estado pueda dedicar esos recursos a otros urgentes fines.  Pero para eso  la compra de la energía al comprador de la planta tendría que hacerse a un precio sustancialmente por debajo del que se paga hoy.  Es decir, si se compra a 7.5 centavos de dólar o menos en vez de a 12.  De ahí que la clave de la decisión tiene que ver con el PPA –o contrato de compra de energía que otorga la CDEEE– que se le conceda a ese inversionista.  De eso dependerá si su inversión es rentable o no.

¿Cómo determinar cuál debe ser el PPA que el Estado conceda al inversionista?  La tasa de retorno a la inversión es determinada por el precio del PPA –al este determinar el flujo de ingresos– en función del monto invertido.  Pero el monto de la inversión –equivalente al precio que el inversionista debe pagar al Estado—es también difícil de determinar.  Si la diferencia entre los 12 y los 7.5 centavos de dólar se mantiene, eso determinaría un monto, pero cualquier variación entre cualquiera de esos dos precios cambiaría el escenario.  Mucho dependería pues del futuro precio del carbón. 

Algunos analistas estiman que, a pesar de que el precio del carbón está bajando –a medida que los gobiernos lo cargan de impuestos para desestimular su uso y las energías renovables lo suplantan—este podría experimentar un repunte en su precio cuando el actual ¨glut¨ de gas natural desaparezca.  Esto podría suceder dentro de los próximos cinco años a medida que el uso del gas se incremente.  Pero los analistas también recelan de un incremento en la producción de carbón en China y dejan abierta  la posibilidad de que su precio caiga en consecuencia

En términos generales, la conveniencia del uso de cualquier combustible será difícil de evaluar y dependerá de las circunstancias particulares de cada proyecto de generación (https://www.iea.org/textbase/npsum/ElecCostSUM.pdf). Este es un terreno movedizo porque dependerá mucho de los supuestos que se asuman respecto al precio futuro del petróleo y el gas natural, así como los costos de inversión en las generadoras de energías renovables (los cuales están cayendo).  Los supuestos que se hagan en un análisis costo-beneficio (sea social o privado) del proyecto serán cruciales (https://www.mjbradley.com/sites/default/files/MJBAcoalretirementissuebrief.pdf).

EL PRECIO

Por otro lado, es dable suponer que el precio de compra de la planta no podrá ser el del monto total de la inversión del Estado.  Esto así por dos razones fundamentales.  La primera tiene que ver con los múltiples sobrecostos que se han señalado tanto en el contrato EPC como en las reclamaciones del contratista, los cuales ha abultado exageradamente la inversión final del proyecto. (Según la información sobre casos similares, la planta no debió costar más de US$1,500 millones y terminará costando más del doble.)  El segundo factor es que las plantas de carbón están siendo descartadas en varios países (China, India) y, en consecuencia, comprar una planta usada seria hoy día mucho más barato que hace tres o cuatro años.

Estos razonamientos generan la pregunta de si Punta Catalina debe reconvertirse para que opere con gas natural.  La respuesta a tal interrogante dependerá del análisis de costo-beneficio que se haga sobre la inversión adicional que esto implica.  Los dos principales factores a tomar en consideración serán 1) los costos de la inversión, y 2) los costos de operación. (Los costos de mantenimiento no serían tan importantes.) Para lo primero –es decir, tecnología—es dable asumir que la inversión ande alrededor de los US$300 millones, según fuentes consultadas.  Pero para lo segundo el costo del gas será determinante y eso requiere de proyecciones que serán muy arriesgadas.

A juicio de este lego analista, lo que más conviene al país es que la planta se termine tal y como está pautada, es decir, para funcionar con carbón (un combustible cuyo precio esta descendiendo).  El impacto ambiental de la misma es manejable, especialmente si se toma en cuenta las medidas de mitigación del dióxido de carbono. También es predecible que la tecnología de captura de carbono avance a pasos gigantescos en el mediano plazo dado el gran esfuerzo de investigación que está en curso.  Inventar ahora con una conversión a gas natural seria añadir insulto a la herida y correr riesgos innecesarios respecto al futuro de ese combustible.

Pero más allá de lo anterior la decisión estatal de qué hacer con Punta Catalina debe tomarse en función de una visión estratégica del desarrollo del sistema eléctrico.  Las razones para que este se privatice totalmente son abrumadoras, especialmente si se acepta que la regulación del mismo podría encomendársele –por unos diez años– a la Superintendencia de Electricidad de Japón (Canadá o Singapur).

En tal caso lo que procede es vender la planta en pública subasta, estableciendo un mínimo para la primera puja, a fin de que sean los compradores que asuman los riesgos de sus proyecciones.  Pero eso deberá hacerse unos meses después de que esté operando a plena capacidad.  La inversión social que se haga con los fondos captados podría paliar el mayúsculo desatino que ha resultado ser Punta Catalina.

JPM

Pretendiendo ponerse a la vanguardia del neoconstitucionalismo, al que se adhirieron la mayoría de los países latinoamericanos, a finales del siglo pasado y principio del presente, el presidente Leonel Fernández y sus promotores constitucionales difundieron, por los poderosos altavoces gubernamentales, la fabulosa versión de que teníamos la mejor Constitución de América, para que se escuchara dentro del territorio nacional y más allá del Caribe.

La gente llegó a creer, a causa de la profusa propaganda, que con la consagración del Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes, finalmente, se cumpliría el sueño de Leonel Fernández de transformar la República Dominicana, de la anomia en que se encuentra, en el “New York chiquito”.  

Sin embargo, casi ocho años después, el padre de la maravillosa Carta Magna y su hegemónico Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en violación de la misma, no han aprobado las leyes orgánicas que deben darle concreción al referido texto, incluidas las leyes del Régimen  Electoral y la de Partidos Políticos.  

Como consecuencia de la falta de institucionalidad política que nos afecta, los partidos políticos, en lugar de democratizarse y transparentarse, como manda el artículo 216, han involucionado, en perjuicio de sus afiliados.

Hace más de un siglo que el sociólogo alemán Robert Michels, en la formulación de su tesis sobre el círculo de hierro de las oligarquías de los partidos políticos, advirtió que los líderes elegidos gozan de un poder casi ilimitado sobre las masas electoras.

A pesar del tiempo transcurrido, para la mayoría de los dirigentes de los partidos nada ha cambiado, no obstante que, con la proclamación de la Constitución del 2010, la forma arbitraria de dirigir los partidos políticos debió quedar superada para siempre.

Es muy probable que si el Poder Legislativo hubiese cumplido con su obligación de aprobar la Ley de Partidos, las cúpulas de nuestras formaciones políticas tendrían más respeto por los derechos de sus afiliados, sobre todo, por el derecho fundamental a la libertad de expresión.

Todos los dirigentes y militantes de los partidos políticos deben tener muy claro que la libertad de expresión es un derecho fundamental, que se encuentra consagrado en el artículo 49 de la Constitución Política, cuyo disfrute solo está limitado por el respeto al honor, la intimidad y la moral de las personas.

Siguiendo ese orden, la libertad de expresión de los miembros de los partidos políticos, por virtud de la jerarquía de las normas, debe ser respetada por las normas inferiores, tales como las leyes y los estatutos.

En fin, como muy bien señala el constitucionalista mexicano, Miguel Carbonell, en su comentario a la sentencia 393/2005, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: “Es innegable que el ingreso en un partido presupone la aceptación de sus normas de funcionamiento y un deber de lealtad de los afiliados; también lo es que si una organización adopta la forma de partido asume un compromiso de democracia interna que incluye la manifestación de opiniones discordantes y críticas con los órganos de dirección”.

JPM