El tema no es pacífico y tiene una abundante casuística en el derecho comparado.

La Corte Constitucional colombiana abordó el tema de ultraje a los símbolos patrios con bastante profundidad en una sentencia del 2009.

Llegó a la conclusión de que el tipo penal era inconstitucional porque no superaba el test de proporcionalidad e infringía el principio de legalidad penal,

La corte alega que la inclusión de la expresión «ultrajar» vulnera el principio de tipicidad (lex certa), porque incluye contenidos semánticos diversos: desde agresiones físicas que destruyen o dañan el bien objeto de ultraje a otras acciones que se llevan a cabo con la intención de vilipendiar o humillar.

La conducta tipificada no cumple, pues, la exigencia de claridad y precisión que impone el principio de legalidad penal.

Para una gran parte de la doctrina comparada la agresión a un símbolo patrio es una conducta expresiva legítima, que encaja dentro del ámbito de protección del derecho a la libre expresión.

Asimilan que la agresión a la bandera o al escudo es un recurso simbólico mediante el cual un individuo manifiesta su disconformidad con un Gobierno determinado o con una concreta política.

Para la doctrina jurisprudencial comparada la quema de bandera encaja dentro del ámbito protegido por la libertad artística. Se agrega que los ciudadanos no están legalmente obligados a compartir los valores constitucionales.

Pueden cuestionar los principios constitucionales y reclamar un cambio. Un Estado pluralista en el que se garantiza la libertad de expresión no pueden establecerse sanciones como medio para mantener el sentimiento patriótico, porque no es una medida estrictamente necesaria para la finalidad que se persigue.

Con arreglo al principio de fragmentariedad e intervención mínima, el ejercicio del ius puniendi tiene que ser el último recurso que puede utilizar el Estado para controlar las transgresiones de las reglas de convivencia. El legislador no está obligado a criminalizar todas las conductas que suponen un daño o riesgo para la sociedad.

En Estados Unidos

El ultraje a símbolos patrios llegó a la justicia de los Estados Unidos, es obligada la referencia a la célebre sentencia de la Corte Suprema de 21 de junio de 1989 en el asunto Texas v. Johnson (491 US 397), que sostuvo que la quema de la bandera norteamericana como forma de expresión política estaba amparada por la primera enmienda.

Los hechos que dieron lugar a esta decisión son bien conocidos: en 1984, con motivo de la celebración de la Convención Nacional del Partido Republicano en Dallas, un grupo de extrema izquierda al que pertenecía Gregory Lee Johnson organizó una manifestación para protestar contra las políticas de la Administración Reagan.

En el curso de esa manifestación, Johnson prendió fuego a la bandera norteamericana que portaba mientras sus compañeros coreaban consignas contrarias al partido y a Estados Unidos en general.

Fue declarado culpable de profanar un objeto protegido por la ley de Texas (por su Código Penal en concreto) y condenado por un tribunal estatal a una pena de un año de prisión y dos mil dólares de multa.

Sin embargo, el Tribunal de Apelación del 5.º Circuito en Dallas revocó esa condena argumentando que el Estado no podía condenar a Johnson, pues se trataba de «discurso simbólico» protegido por la primera enmienda, y tampoco imponer por decreto un sentimiento patriótico de unidad y respeto por la bandera o la nación. Este fallo determinó la anulación de leyes análogas en 48 de los 50 estados.

En Europa

En Europa también el ultraje a símbolos patrios fue ventilado en la justica. El caso Partido Popular Demócrata Cristiano contra Moldavia, resuelto —desde la perspectiva del art. 11 CEDH— por una sentencia de 2 de febrero de 2010, el Tribunal consideró que no estaba justificada la prohibición de manifestaciones contra «el régimen de ocupación de Putin» por el hecho de que en ellas se quemasen banderas rusas o efigies del presidente de la Federación rusa: «[…] los eslóganes del partido demandante, aunque fueran acompañados por la quema de banderas y fotografías, eran una forma de expresar una opinión con respecto a un asunto de máximo interés público, la presencia de tropas rusas en el territorio de Moldavia».

Y no pueden considerarse razonablemente como una incitación a la violencia, «aunque hubiese quema de banderas y fotografías de líderes rusos».

En RD

En RD la ley que sanciona el ultraje a los símbolos patrios es la 210-19. Esta ley ordena prisión por ultraje a los símbolos patrios. Sin embargo, la ley en cuestión no resiste examen constitucional. Pues, la Constitución establece que la ley solo puede ordenar lo que es justo y útil, no puede prohibir más que lo que les perjudica a las personas.

En este contenido constitucional se encuentra el principio de lesividad. Este principio postula que la intervención del derecho penal solo debe darse para regular las conductas socialmente relevantes que entrañen consecuencias lesivas, dañosa o peligrosas para las personas.

Al respeto el tribunal constitucional dijo que la lesividad encierra una conducta para limitar la libertad individual en aras de asegurar la protección y seguridad general de todos los ciudadanos, TC/0147/20.

Aunado a esto, el principio de tipicidad como núcleo del principio de legalidad penal consagrado en la Constitución exige que la norma que tipifica el hecho u omisión punible debe ser de tal claridad que permita que su destinatario conozca exactamente la conducta antijurídica, la norma penal no solo debe existir previamente, sino que debe ser precisa e inequívoca para ser aplicada objetivamente por los encargados de impartir justicia. TC/0920/18.

El delito de ultraje a los símbolos patrios no genera un peligro o un daño directo a las personas. No hay una lesividad. Además, el concepto ultraje engloba numerosos verbos y significados, por lo que también contradice el principio constitucional de legalidad penal al no tener una precisa claridad.

En fin, el ultraje a símbolos patrios no es delito al tenor de la Constitución. Solo un magistrado podría condenar a una persona por ultraje, pero no un juez. Un juez se apega más a la Constitución. Un magistrado a su cargo.

jpm-am

El presidente Luis Abinader, en su comparecencia ante los medios de comunicación del Grupo Corripio,  dijo que  más que la crisis  migratoria, el problema que confronta República Dominicana ante la crisis de Haití, es de seguridad nacional, lo que constituye una verdad del tamaño de una montaña.

Las pandillas de Haití han ampliado el control sobre Puerto Príncipe, incluido el estratégico barrio de Citi Soleil, pero también en otros muchos poblados, incluido uno que se localiza apenas a 60 kilómetros de la frontera, escenario de violencia con saldo este año de  más de 4,500 muertos y 700 mil desplazados.

Jimmy “Barbecue” Cherizier, líder de la coalición pandillera Viv Ansanm, anunció que  se dispone a tomar por asalto la sede del Consejo Presidencial (CPT), con el propósito de derrocar al gobierno que estrena un nuevo presidente, lo que puede ser posible debido a la debilidad de la Policía Haitiana y de la Misión liderada por Kenia.

Desde EE.UU

Un informe de inteligencia, al que ha tenido acceso Listín Diario, revela que las armas que usan las bandas haitianas provienen desde Estados Unidos, fabricadas en una armería de Houston, Texas, y que un ex congresista haitiano ha recibido 34 envíos desde Miami. Es probable que algunos de esos cargamentos  ingresaran  a Haití por puertos dominicanos.

El Consejo Presidencial de Haití ha nombrado a Vladimir Paraison, como jefe de la Policía, en sustitución de Rameau Normil,  otro oficial con tan mal desempeño que fue abochornado en público por el entonces primer ministro, con el presagio hoy de que se repetirá  la  historia tintada en tragedia.

En Haití no hay planes para combatir o disminuir el poder destructivo de las bandas que ya han conquistado el 45% del territorio sur, como lo demuestra el hecho de que la Policía dispone entre US$26 a US$29 millones para contratar personal y adquirir equipos, sin lograr desembolsar ni un centavo por falta de gobernanza.

La estructura delictiva de las pandillas se consolida con la adquisición de más armamentos, la operación de una industria del secuestro y extorsión, asociación con el narcotráfico internacional, que le permite financiar al crimen y desafiar al débil gobierno representado por el Consejo Presidencial de Transición.

No se niega que el tema migratorio representa un reto para el gobierno y el dominicano ante el riesgo de que se incremente el ingreso de indocumentados aguijoneados por el agravamiento de la crisis haitiana, pero el peligro mayor se relaciona con la seguridad nacional, como ha advertido el presidente Abinader, quien dijo que las bandas ya están a 60 kilómetros de la frontera.

jpm-am

POR VICTOR GUILLERMO GARRIDO P.

Una línea de algas en el horizonte caribeño ya no es sinónimo de belleza exótica. Es una advertencia. Hoy, nos detendremos en una marea literal y metafórica que amenaza con arrastrar consigo el pilar de nuestra economía: el turismo.

Nos referimos a la persistente y mal gestionada amenaza del sargazo en Bávaro y Punta Cana, un ícono del turismo dominicano. Lo que alguna vez fue una rareza natural, actualmente es un problema estructural con profundas implicaciones sanitarias, económicas, ecológicas y de imagen para el país.

El paraíso tropical se está tornando inhóspito, y los turistas, que son nuestra razón de ser, lo están notando.

Imaginen por un momento que el turismo es un motor de altísimo rendimiento, vital para la economía nacional, y el sargazo es la arena que se filtra poco a poco en sus engranajes.

La contaminación visual y olfativa, descrita por los turistas como «huevos podridos» debido al gas de ácido sulfhídrico (H2S) que se libera al descomponerse el sargazo, no solo daña la experiencia, sino que también erosiona la confianza. La escena se completa con playas cubiertas de algas marrones, en contraste con las aguas cristalinas que prometen los folletos.

Contradicción

Esta contradicción entre expectativa y realidad ha generado una avalancha de críticas en foros internacionales del sector turismo; redes sociales y plataformas de viaje se han convertido en un factor que ahuyenta a los visitantes, quienes ya han tomado la decisión de no regresar ni recomendar el destino.

Esta contradicción entre la promesa y la realidad está causando un daño reputacional que tiene un costo tangible y grave.

El impacto económico no es una mera suposición, sino una realidad palpable. El turismo representa aproximadamente el 19% del PIB de la República Dominicana y es una fuente de empleo para más de 330,000 personas.

Cada punto porcentual que perdemos en la llegada de visitantes se traduce en millones de dólares en divisas y empleo, afectando la estabilidad económica del país. Países vecinos como México ya han experimentado este impacto, con una reducción del 2.5% en la llegada de turistas en 2019 y gastos anuales de entre 30 y 35 millones de dólares solo en la limpieza de Quintana Roo. El costo de la inacción es, en el largo plazo, mucho mayor que el de la prevención.

La respuesta de nuestras autoridades, aunque existente, ha sido, hasta ahora, un parche momentáneo, no una estrategia. La Resolución 0046-2025 del Ministerio de Medio Ambiente, que permite la recolección manual y con equipo ligero, tiene una vigencia absurda de solo 10 días, lo que demuestra la falta de una política a largo plazo.

Además, la Ley 64-00, si bien protege áreas sensibles al prohibir el uso de maquinaria pesada en zonas protegidas, lo cual es comprensible, entorpece la recolección eficiente al impedir el uso de esos equipos sin permisos que rara vez se otorgan a tiempo. Esto crea un vacío de acción justo donde más se necesita celeridad.

Otros países han demostrado que el problema no es insuperable si se actúa con visión. México, por ejemplo, ha invertido más de un millón de dólares por kilómetro en barreras marinas y embarcaciones especializadas para detener el sargazo en alta mar, una inversión que se justifica por el retorno en ingresos turísticos.

Por otro lado, Barbados y Granada han optado por la innovación, desarrollando biotecnologías para transformar el sargazo en fertilizantes, biogás o ladrillos, convirtiendo un problema en una oportunidad. Martinica y Guadalupe instalaron sensores de gases y evacuaron zonas sensibles, priorizando la salud de residentes y visitantes. La inversión inicial es alta, pero los beneficios económicos y ambientales a mediano plazo son considerables.

Es evidente que el Estado dominicano necesita una estrategia audaz y coherente. El primer paso debe ser una regulación firme que obligue a los propietarios de hoteles y terrenos a mantener limpios los frentes de playa que explotan, con sanciones severas para quienes incumplan, como cierres temporales, suspensiones de licencias o multas.