El encuentro contó con la participación de los titulares de las diferentes fiscalías, procuradores adjuntos, representantes de las procuradurías especializadas y procuradores de cortes de apelación, quienes analizaron las principales problemáticas que afectan a las comunidades en el ámbito de competencia del Ministerio Público, planteando soluciones y acciones concretas.

Mediante un comunicado, Rodríguez dijo que, «además de las acciones que realizamos contra los graves hechos del crimen y la delincuencia organizada, debemos dar mayor seguimiento a los delitos que ocurren con más frecuencia en las comunidades afectando la paz y la seguridad de nuestra gente «.

Agregó que «cada sector del Gran Santo Domingo y las comunidades de las diferentes provincias del país son afectadas de manera recurrente por delitos específicos y actividades de la delincuencia común»

«Por ello, deben ofrecer una respuesta focalizada, con nuevas estrategias que, junto a la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Control de Drogas (Dncd) y otras autoridades, logren «resultados favorables contra esos delitos y llevar tranquilidad a la ciudadanía», apuntó al dirigirse a los convocados.

El máximo representante del Ministerio Público dijo que trabajan para procurar que la sociedad esté más segura y disminuir tanto los delitos comunes como los robos, la contaminación sónica así como los graves hechos del crimen organizado, entre ellos, la trata y tráfico de personas, los homicidios, el narcotráfico y el lavado de activos.

En ese mismo orden, también se hacen «grandes esfuerzos» para reducir los casos de violencia de género, pornografía infantil y los delitos que afectan a niños y adolescentes, el tráfico de armas y el uso ilegal de armas de fuego, los delitos de alta tecnología y los relacionados con el medio ambiente, además de la falsificación de medicamentos y otros productos que atentan contra la salud.»

Dentro de las acciones para mejorar la respuesta a esos delitos han convocado a concursos públicos para ingresar nuevos fiscalizadores, explicó Rodríguez.

Además, se ha instalado una nueva plataforma tecnológica para dar un mejor seguimiento a los procesos de investigación, y se ha adquirido una nueva flotilla de vehículos asignados a diferentes dependencias, así como distintas herramientas para mejorar todos los procesos.

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Alrededor de 120.000 personas con ascendencia nipona que residían en la costa oeste de Estados Unidos fueron encerradas desde 1942 a 1945 en barracas y en condiciones deplorables en uno de los episodios más graves de violación de los derechos civiles de la historia de este país.

En el barrio de Little Tokyo en Los Ángeles se encuentra el Museo Nacional Japonés-Americano, que alberga una detallada exposición permanente sobre el internamiento forzado de familias de sangre japonesa en los años 40.

Rick Noguchi, jefe de operaciones del museo, explicó a Efe que todo comenzó tras el ataque japonés a Pearl Harbor en diciembre de 1941, que desencadenaría en la entrada de Estados Unidos en el conflicto bélico mundial.

«La orden ejecutiva 9066 fue firmada por el presidente Franklin D. Roosevelt el 19 de febrero de 1942 y, básicamente, preparó el camino para que todas las personas con ascendencia japonesa fueran expulsadas, sacadas por la fuerza y encarceladas», explicó.

Así se delimitó una zona militar que recorría la costa del Pacífico desde el estado de Washington a California y que también incluía partes de Arizona, un territorio en el que no podría quedarse ningún ciudadano de origen nipón.

«Esto incluyó a hombres, mujeres y niños. Y dos tercios de ellos eran ciudadanos estadounidenses, nacidos en EE.UU. El otro tercio eran ‘issei’, la primera generación de inmigrantes japoneses, que no podían convertirse en ciudadanos naturalizados», agregó Noguchi.

El racismo en EE.UU. contra la migración japonesa no brotó de repente con la Segunda Guerra Mundial, puesto que la costa oeste tenía un extenso y conocido historial de agresiones y desprecios no solo a los nipones sino también a otras comunidades asiáticas como la china.

La orden ejecutiva establecía que aquellos que tuvieran ascendencia japonesa debían presentarse ante los autoridades para ser trasladados a centros temporales de detención y, posteriormente, a campos de concentración.

Noguchi explicó que, mientras se construían los campos de concentración por todo el país, hubo establos que se emplearon como instalaciones de detención provisionales.

Finalmente fueron diez los campos de concentración que se levantaron en zonas remotas de California y Arizona, pero también en estados muy alejados del Pacífico como Arkansas, Colorado o Wyoming.

Vallas y alambres de espino, barracas abarrotadas para varias familias sin ningún tipo de intimidad o privacidad, vigilancia constante con oficiales armados en torres y extremas condiciones climatológicas, ya que los campos se construyeron con materiales deficientes a menudo en zonas desérticas, componían el día a día de los recluidos.

«Trataron de hacer que la vida fuera lo más normal posible, pero las condiciones eran muy severas», indicó Noguchi.

El final de la Segunda Guerra Mundial dio pie a que se cerraran los campos, pero los problemas continuaron para las personas de origen japonés que, ya fuera de la costa Oeste (donde algunos regresaron pese a que las autoridades les pidieron lo contrario) o en ciudades muy apartadas de su hogar como Chicago, continuaron enfrentando actitudes racistas durante años.

Familias rotas, algunas de ellas para siempre, y la pérdida de numerosos negocios y de tierras fueron el resultado de tres años de infame encierro de una población japonesa-estadounidense que, hasta 1988, no recibió una disculpa oficial por parte de la Casa Blanca, en ese momento dirigida por Ronald Reagan.

A la luz de lo sucedido en los años 40, personalidades como el actor George Takei, que de niño estuvo en los campos de concentración, o el propio Museo Nacional Japonés-Americano, a través de un comunicado de prensa, lamentaron la situación actual en la frontera con México y la separación de familias de inmigrantes latinos.

«Personalmente, estoy horrorizado de ver eso», dijo Noguchi.

«Aquello fue devastador para muchas familias japonesas-estadounidenses y suena algo a lo que está sucediendo hoy. Creo que mucha gente reconoce eso y quiere asegurarse de que los japoneses-estadounidenses se pronuncian para que algo así no suceda de nuevo», finalizó. 

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Guterres hizo a su vez un llamado para que los responsables sean llevados ante la justicia y deseó una pronta recuperación a los heridos, indicó en un comunicado su portavoz, Stéphane Dujarric.

Mnangagwa, de la gobernante Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU-PF), participaba en un mitin, con motivo de las elecciones del próximo 30 de julio, en un estadio deportivo en Bulawayo (suroeste), la segunda ciudad más grande del país, cuando hubo la explosión.

La detonación ocurrió segundos después de que el mandatario bajara del escenario y de acuerdo con un comunicado dr la Policía de Zimbabwe, al menos 49 personas resultaron heridas pero no descartan que esa cifra aumente.

Entre los heridos hay varios funcionarios como la ministra zimbabuense de Medioambiente, Oppah Muchinguri Kashiri, uno de los vicepresidentes, Kembo Mohadi, así como Mary Chiwenga, esposa de otro vicepresidente, Constantino Chiwenga, quien resultó ileso.

«El secretario general estaba perturbado con la noticia de que ocurrió una explosión» durante el mitin en Bulawayo, indica el comunicado.

Las autoridades han informado realizan una exhaustiva investigación del incidente.

Las próximas elecciones serán las primeras desde la caída de Robert Mugabe. También son las primeras desde la independencia de Zimbabue del Reino Unido en 1980, en los que no se postula como candidato Mugabe, de 94 años, que estuvo en el poder entre 1987 y 1917. 

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«No podemos permitir que esta gente invada nuestro país. Cuando alguien entra, debemos inmediatamente, sin jueces o casos judiciales, enviarlos de vuelta por donde vinieron», escribió Trump en la red social Twitter, mientras se dirigía a su campo de golf en Sterling (Virginia).

«Nuestro sistema -continuó- es una burla a la buena política de inmigración y a la ley y el orden. La mayoría de los niños vienen sin padres (…) ¡Nuestra política de inmigración, de la que se ríe todo el mundo, es muy injusta para todas aquellas personas que han llegado por el sistema legal y llevan años esperando en fila!».

El principio legal de debido proceso establece que el Estado tiene que respetar el derecho de las personas a unas garantías mínimas para que el resultado de cualquier litigio sea justo y equitativo, un precepto que incluye el derecho de las personas a comparecer ante un juez.

En Estados Unidos, cuando los inmigrantes son detenidos por su estatus legal tienen derecho a comparecer ante un magistrado, que decide si deben ser expulsados o, si por el contrario, pueden permanecer en el país porque tienen derecho a tramitar una petición de asilo.

No obstante, en 2004, el Gobierno de George W. Bush estableció que pueden ser deportados de manera exprés aquellos inmigrantes que han llegado ilegalmente a Estados Unidos en los últimos 14 días y que, en el momento de su arresto, se encuentran a 100 millas (160 kilómetros) de la frontera.

Esa norma para las llamadas «devoluciones en caliente» solo puede ser impuesta a mexicanos y canadienses, aunque Trump intentó sin éxito extenderla a los centroamericanos al comienzo de su mandato.

Poco después del tuit de Trump, la Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU), uno de los principales grupos de Estados Unidos en la defensa de los derechos civiles, emitió un comunicado para avisar de la ilegalidad de la propuesta y pedir a los miembros del Congreso que expresen su rechazo.

«Lo que el presidente Trump ha sugerido aquí es tanto ilegal como inconstitucional. Cualquiera que haya jurado defender la Constitución y las leyes debe rechazarlo inequívocamente», dijo Omar Jadwat, director del proyecto de ACLU destinado a defender los derechos de los inmigrantes.

En los últimos días, Trump ha recuperado su discurso más duro contra la inmigración ilegal en un aparente intento por alejar el foco mediático de las familias separadas en la frontera.

Con sus duras declaraciones, Trump parece querer justificar su política de «tolerancia cero», que lleva a procesar criminalmente a los adultos que llegan irregularmente al país, algo que antes no se hacía y que originó la separación de los niños de sus padres cuando estos eran privados de libertad.

Ante las fuertes críticas que generó esa separación, Trump se vio obligado el miércoles a firmar un decreto en el que ordenaba el fin de la división de familias, pero en el que establece que a partir de ahora los menores deberán ser encerrados con sus padres mientras estos se enfrentan al proceso para ser deportados.

Actualmente, en Estados Unidos, los niños no pueden ser privados de libertad durante más de 20 días, pero el Gobierno de Trump ha pedido a la Justicia que amplíe ese límite.

Además, para ayudar al presidente, un grupo de legisladores republicanos está preparando una ley que acabaría con ese tope de 20 días y quieren que sea votada la semana próxima, informaron hoy medios locales.

La próxima semana, la Cámara de Representantes tiene planeado votar sobre otra iniciativa de carácter más moderado conocida como «Compromiso» y que ofrece 25.000 millones de dólares para el muro a cambio del acceso a la ciudadanía para los indocumentados que llegaron a EE.UU. de niños, conocidos como «soñadores».

Mientras tanto, el Gobierno ya ha comenzado el proceso para reunificar a los niños que fueron separados de sus padres.

Hasta ahora, las autoridades han reunido con sus familiares a 522 niños inmigrantes, aunque 2.053 menores siguen recluidos, según datos publicados el sábado por el Departamento de Seguridad Nacional.

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