DETROIT (EFEUSA).- Aretha Franklin, «la reina del soul» y una de las voces más impresionantes de la historia de la música que pidió a rabiar «Respect» y enterneció al mundo entero al ritmo de «I Say a Little Prayer», murió hoy a los 76 años en su casa de Detroit (MI).

SANTO DOMINGO.- El vicepresidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, se mostró de acuerdo en torno a la decisión que tomaron varios grupos nacionalistas, sobre no asistir a la marcha Dominicana en Nueva York luego de que varios movimientos haitianos manifestaran su intención de participar en la misma.

«Eso es una marcha Dominicana, donde conmemoramos nuestra Restauración. Apoyamos esa decisión, no se debería permitir la presencia de haitianos ni de ningún grupo extranjero durante esa marcha», expresó Gómez Ramírez.

El vicepresidente del Instituto Duartiano realizó estas declaraciones durante una ofrenda floral en el Panteón Nacional en conmemoración al 155 aniversario de la restauración dominicana.

Gómez Ramírez aprovechó para recalcar que los restos de Pedro Santana deben de ser sacados de ese lugar, ya que este fue quien anexó la isla a España en 1861.

Fuente: LISTIN DIARIO

of-am

SANTO DOMINGO.- El movimiento Participación Ciudadana (PC) lamentó este martes que algunos de los contenidos de la nueva  Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos vayan «en sentido contrario a las reformas demandadas por la sociedad dominicanos y que en otros se quede corta».

Sin embargo, declaró que acoge y celebra los alcances contenidos en esta legislación, la cual estaba siendo promovida desde hace dos décadas en aras del fortalecimiento democrático y la transparencia del sistema político dominicano.

La entidad, perteneciente a la sociedad civil, fija su posición en un documento remitido a ALMOMENTO.NET en el que dice esperar que dicha ley , en el futuro próximo sea perfeccionada, en lo que sea posible, por la reglamentación de la Junta Central Electoral (JCE).

El documento

El texto del documento de Participaciòn Ciudadana es el siguiente: 

«Sobre la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos

Después de dos décadas promoviendo la necesidad de una normativa legal para el fortalecimiento democrático y la transparencia del sistema político, Participación Ciudadana acoge y celebra los avances contenidos en la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos promulgada este lunes por el Poder Ejecutivo, tras la reciente aprobación congresual, aunque lamentamos que algunos de sus contenidos vayan en sentido contrario a las reformas demandadas por la sociedad dominicana y que en otros se quede corta.

Tomada esta ley como un paso adelante, mantendremos la expectativa de que en el futuro próximo sea perfeccionada, en lo que sea posible por la reglamentación de la Junta Central Electoral (JCE) en consulta con el sistema partidista, y sobre todo que se le de fiel cumplimiento y sea seguida en breve plazo por la adaptación de la Ley del Régimen Electoral al marco de la Constitución del 2010 para superar las rémoras del sistema electoral y auspiciar comicios equitativos, de libre competencia y amplia participación democrática.

Los logros más significativos

Los avances más significativos de la Ley de Partidos se concretarán en una reducción del costo de las campañas por las candidaturas y un mayor control de las fuentes de financiamiento, lo que deberá traducirse en un acceso más equitativo de los sectores de menores recursos a los cargos electivos. Esto podría derivarse de la limitación a tres meses de las promociones de candidaturas, y su reclusión al ámbito interno de los partidos, en locales cerrados, sin propaganda en las vías públicas ni en la radio y la televisión.

En la misma dirección apunta que las únicas fuentes de financiamiento establecidas en la ley sean las contribuciones individuales, las del Estado y las rentas derivadas de las actividades propias de los partidos, sin contemplar contribuciones de las empresas, ya sean nacionales o internacionales. Celebramos que se haya adoptado la transparencia sistemáticamente demandada con la obligación de un registro de contribuyentes, con nombres, apellidos, cédula de identidad y monto de los aportes, que deberá publicarse en las páginas electrónicas de los partidos y someterse al visado de la JCE, que tendrá a su cargo la creación de una Unidad de Control Financiero de los Partidos.

Resalta que la ley obliga a los partidos a “instituir mecanismos que garanticen la democracia interna y la igualdad y equidad de género a todos los niveles de sus estructuras organizativas”. Aunque no establece lo mismo para las candidaturas, resulta un avance que la proporción mínima por género se eleva del 33 al 40 por ciento de las mismas.

Otro logro positivo de la ley es la disposición de que todos los partidos, agrupaciones y movimientos deberán tener un padrón de miembros actualizado cada año ante la JCE. También que se adoptan mecanismos para evitar el dañino transfuguismo.

La ley reitera como ilegítima la utilización de todo género de bienes y recursos del Estado por parte de los partidos, más allá del financiamiento legal instituido, e incluye la prohibición de obtener rentabilidad política de los actos oficiales, como inauguraciones, en los periodos de campañas electorales.

Los aspectos que requieren mejoría

El aspecto más negativo de la ley recién promulgada es el contenido en el párrafo III del artículo 45 que otorga el privilegio a los organismos cúpulas de los partidos de decidir el tipo de registro de electores y el padrón a utilizar en la elección de sus candidatos, en desmedro de los estatutos y principios que consagran la democracia interna, dejando un espacio a impugnaciones de aspectos constitucionales.

Sobre el financiamiento de las elecciones primarias, con padrón interno o el de todos los ciudadanos, es obvio que la ley se queda corta, ya que las aportaciones estatales a todos los partidos en el año preelectoral no alcanzarían para cubrir su costo, mucho menos si apenas dos se acogen a métodos de elección que impliquen la apertura de todos los colegios y el complejo escrutinio de los votos individuales a múltiples aspirantes a los 4 mil 106 cargos electivos. Implica una elevación considerable del financiamiento estatal al partidarismo.

Mantenemos serias reservas sobre la carga que se impone a la JCE de organizar de forma simultánea hasta dos tipos de las elecciones primarias y procesar sus resultados en plazo de 5 días, dadas las experiencias de las dos semanas que ha tomado el escrutinio del voto preferencial individual para apenas 190 diputados en las elecciones congresuales y municipales desde el 2002, incluyendo las del 2016 cuando no se concluyó en cientos de colegios electorales.

Ratificamos el rechazo al inequitativo sistema de distribución del financiamiento estatal a los partidos, ratificado en la ley, con una proporción de 80 por ciento para los que obtengan más del 5 por ciento de la votación, sin ninguna escala, lo que es una demostración del ventajismo de los partidos dominantes, en desmedro de la mínima equidad. Habíamos abogado por una reducción por lo menos al 70-30 por ciento y escalamientos para que no haya tanta desproporción entre uno que obtenga 5 por ciento y el que logre 50 por ciento, o entre el de 4 y el 6 por ciento.

El sistema de sanciones establecido en la ley no es suficientemente disuasorio de los delitos y abusos, y en algunos casos resulta irrisorio. Por igual son ridículos los topes a las contribuciones individuales a los partidos y al gasto de los precandidatos. En el primer caso, se instituye que podrían llegar al 1 por ciento del partido que mayor monto reciba del Estado. Si se mide por la experiencia podría alcanzar entre 2 y 4 millones de pesos, muy superior a lo establecido en las democracias de naciones desarrolladas, como Estados Unidos. Autorizar un gasto a los precandidatos presidenciales de 70 pesos por elector, equivaldría a 510 millones de pesos, con el padrón de 7 millones 300 mil electores. Es igualmente alto para otras candidaturas.

Finalmente resulta deplorable que la proporción destinada a educación de los miembros de los partidos se haya reducido en la ley del 25 al 10 por ciento y a cero en los años de elecciones.

CONSEJO NACIONAL

Miércoles 15 de agosto del 2018″-

NUEVA YORK (EFEUSA).- El metro de Nueva York ha registrado los últimos días temperaturas de más de 100 grados fahrenheit en las plataformas de varias de las estaciones más importantes de la ciudad, informaron hoy los medios locales.

NUEVA YORK.- Un expolicía de Nueva York y origen dominicano se declaró culpable de haber recibió sobornos y transportar cocaína a cambio de dinero.

Johnny Díaz hizo la admisión de culpa ante el juez James Burke, de la Corte Suprema de Manhattan, con lo cual espera reducir su condena a seis años de prisión.

Antes del acuerdo de culpabilidad, Díaz, de 48 años y quien llevaba 23 años en la Policía, enfrentaba entre 8 y 40 años de cárcel.

Díaz trabajaba en el precinto 34 del sector Inwood y en mayo de este año ayudó a un supuesto traficante que resultó ser un policía encubierto a transportar un kilo de cocaína a cambio de 4 mil dólares.

El 23 de mayo, el exagente confiscó medio kilo de cocaína y 18 mil dólares, pero sólo reportó 17 mil.

Díaz, además, aceptó 7 mil 500 dólares del encubierto con el acuerdo de que ayudaría a que se desestimara el caso.

La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, anunció la decisión en una sesión informativa el miércoles, indicando que Trump tomó la medida debido a lo que llamó la «conducta errática y el comportamiento» de Brennan y lo acusa de «mentir» y tener «arrebatos agresivos».

Sanders también dice que Brennan »aprovechó su estatus» para hacer acusaciones infundadas.

Brennan ha sido profundamente crítico con la conducta de Trump, y calificó su actuación en una conferencia de prensa conjunta con el presidente ruso Vladimir Putin en Finlandia como «nada menos que de traidora».

La vocera de la Casa Blanca dijo además que las autorizaciones de seguridad de otros exfuncionarios de inteligencia también están «bajo revisión».

Esos exfuncionarios son demócratas que han criticado al presidente. Entre ellos se incluyen, la exasesora de seguridad nacional de Obama, Susan Rice; el exdirector nacional de inteligencia James Clapper; el exjefe de la CIA y de la agencia de seguridad nacional Michael V. Hayden; y Sally Q. Yates, la exfiscal general interina.

La lista también incluye a Bruce Ohr, un alto funcionario actual del Departamento de Justicia, a quien Trump ha criticado en Twitter.

Brennan respondió a la decisión en un mensaje de Twitter prometiendo que no cederá en sus críticas porque sus «principios valen mucho más que las autorizaciones».

«Esta acción es parte de un esfuerzo más amplio del Sr. Trump para suprimir la libertad de expresión y castigar a los críticos. Debería preocupar gravemente a todos los estadounidenses, incluidos los profesionales de inteligencia, sobre el costo de hablar. Mis principios valen mucho más que las autorizaciones. No cederé», escribió.

En un tuit esta semana, Brennan criticó al presidente Trump por el lenguaje que ha utilizado para atacar a Omarosa Manigault Newman, su exasistente principal, que ha escrito un libro sobre su tiempo en la Casa Blanca y ha filtrado grabaciones secretas que hizo de su despido y de conversaciones con excolegas de la administración y con el mismo presidente. En su más reciente tuit sobre Manigault Newman, Trump la llamó «perra».

Brennan escribió: «Es asombroso la frecuencia con la que a menudo usted no alcanza los estándares mínimos de decencia, civilidad y probidad. Parece que nunca entenderá lo que significa ser presidente, ni lo que se necesita para ser una persona buena, decente y honesta. Tan desalentador, tan peligroso para nuestra Nación».

La Casa Blanca amenazó el mes pasado con retirar las autorizaciones de seguridad a Brennan y la mayoría de los exfuncionarios que Sarah Huckabee Sanders mencionó el lunes. Sanders dijo entonces que el presidente estaba considerando hacerlo porque «ellos han politizado, y en algunos casos han monetizado su servicio público y sus autorizaciones de seguridad».

Trump ha cuestionado la lealtad de funcionarios de seguridad nacional y de las agencias de inteligencia y ha rechazado algunas de sus conclusiones, en particular la de que Moscú interfirió en la elección de 2016, calificándolas como ataques en su contra.

Líderes demócratas denunciaron la decisión presidencial sobre la autorización de seguridad del exdirector de la CIA. Nancy Pelosi, la líder de la minoría en la Cámara de Representantes calificó la acción como «un asombroso abuso de poder», mientras que el senador Mark Warner, principal demócrata en el comité de inteligencia del Senado, dijo que establecía «un peligroso precedente».

SANTO DOMINGO.- El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) anunció el inicio de una jornada de «concientización, difusión y entrenamiento» sobre la Ley 33-11 de Partidos Políticos.

El presidente del gremio, Miguel Surun Hernández,   informó que con esta iniciativa el gremio busca contribuir con el avance institucional del país.

Señaló que la aprobación de dicha ley es un paso trascendental para el sistema político del país y contribuye de manera significativa al fortalecimiento de la institucionalidad de los partidos y la consolidación de la democracia nacional.

Surun Hernández opinó que la normativa garantiza la equidad y transparencia en los procesos electorales a la hora de la escogencia de los candidatos a cargos electivos en las diferentes organizaciones políticas y es un instrumento legal que obligaría a las cúpulas de los partidos a cumplir con las cuotas asignadas a la mujer y la juventud, permitiendo además que el 80% de los puestos de elección popular les sean otorgados a la membresía de esas entidades.

“La nueva Ley también obliga a los partidos a readecuar sus estatutos, promover la renovación  de su dirigencia y reducir la práctica del transfuguismo”, expresó el Jurista.

BRASIL.- A pesar de las muestras de entusiasmo de sus seguidores, la candidatura del condenado expresidente brasileño Lula da Silva tiene “pocas posibilidades” de seguir en carrera.

Todo apunta a que será impugnada pero que el Partido de los Trabajadores, su partido, lo mantendrá como candidato oficial pues sigue siendo el líder en las encuestas a pesar de la condena de doce años que purga por corrupción pasiva. Eso afirma Gaspar Estrada, director del Observatorio Político de América Latina en Sciences Po Paris, quien conversó con RFI a propósito de la presentación formal de la candidatura de Lula este miércoles.

Miles de simpatizantes del condenado expresidente Lula da Silva se han concentrado a las puertas del Tribunal Superior Electoral de Brasil para pedir su excarcelación. Sin embargo:

¿Qué probabilidades jurídicas tiene la candidatura de Lula de salir adelante?

Pocas, a pesar de que existen varias tesis jurídicas que se van a enfrentar en el Tribunal Superior Electoral en los próximos días. En 2010 [bajo el gobierno de Lula] se votó en Brasil la Ley de Ficha Limpia, que impide que cualquier candidato que haya sido condenado en una corte de apelación pueda presentarse. Sin embargo, en 2016, 150 candidatos que competían bajo ese mismo principio, lograron ver sus candidaturas homologadas por la justicia electoral, y es por ende que los abogados de Lula librarán la lucha hasta el final.

¿Por qué el Partido de los Trabajadores (PT) sigue apostando por mantener la candidatura de Lula a pesar de las pocas probabilidades?

Lula continúa estando en cabeza en las encuestas. Por lo tanto, su condena no se ha traducido en una disminución del apoyo popular a su candidatura o a su persona. Esto supone un activo importante para el PT que, en caso de que Lula no pueda ser candidato, confía en transferir buena parte de sus votos a su delfín, Fernando Haddad, exalcalde de Sao Paulo. En un contexto de hartazgo de la población brasileña hacia su clase política, disponer de la mitad o de un poco más de la mitad del 30 por ciento de los votos podría dar a Haddad el pasaje a la segunda vuelta.

¿Cómo se explica el aparentemente inquebrantable apoyo popular a Lula?

Brasil vive una triple crisis: política, económica y social. El gobierno está deslegitimado, la clase política se encuentra inmersa en escándalos de corrupción y la sociedad civil siente hartazgo hacia sus élites políticas y económicas. En este contexto desolador, el recuerdo de la época de Lula, en la que había un crecimiento económico y social, genera un sentimiento positivo. Esto es lo que en buena medida explica por qué, después de haber salido de la presidencia hace más de 8 años, Lula sigue conservando tanta intención de voto.

Detrás de Lula, el segundo en las encuestas es el candidato de extrema derecha, Jair Bolsonaro. ¿Tiene posibilidades de usurpar la presidencia al PT?

Bolsonaro tiene un electorado cautivo importante. Sin embargo, creo que tendrá dificultades en ampliarlo y en poder articular un programa de gobierno por el radicalismo de sus propuestas. Hoy en díalo más probable es que no sea presidente, pero el hecho de que haya un candidato que vehicule ideas tan extremistas resulta muy peligroso.