Su sustituto será Pat Cipollone, un experimentado letrado, que asumirá un puesto fundamental en litigios y gestiones jurídicas relacionados con mandatario, informó la portavoz presidencial, Sarah Sanders, en un comunicado.

Sanders también señaló que hasta que Cipollone se incorpore, el asesor especial Emmet Flood ocupará el puesto de forma interina.

Hasta ahora Flood, se encargaba de gestionar la estrategia respecto a la investigación de la trama rusa, entre otros ámbitos.

«Emmet Flood ha sido nombrado asistente del presidente y asesor del presidente de forma efectiva esta mañana. El señor Flood ejercerá este papel hasta que Pat Cipollone se incorpore como asesor del presidente, cuando Flood volverá a ser asesor especial del presidente», señaló Sanders.

«El presidente Trump -continuó la portavoz- tiene un gran respeto por ambos y está encantado de tenerles en su equipo».

A finales de agosto, el mandatario anunció que McGahn, que ha jugado un papel central en la defensa del mandatario en la investigación sobre la trama rusa, dejaría su puesto en otoño; pese a que distintos medios habían apuntado que el abogado deseaba permanecer hasta los comicios de noviembre.

Con el anuncio de hoy se confirma la información publicada por distintos medios de comunicación de que el último día de McGahn en el puesto iba a ser ayer miércoles.

De acuerdo a Axios, McGahn deseaba que su sucesor fuera Flood, que fue uno de los representantes del expresidente Bill Clinton (1993-2001) en el juicio político al que fue sometido en 1998 en el Congreso tras mentir sobre su relación con la becaria Monica Lewinsky, pero será finalmente Cipollone.

Según la web del bufete de abogados en el que trabaja Cipollone, Stein Mitchell Cipollone Beato & Missner, el letrado se ha enfrentado a «materias complejas», demandas colectivas, investigaciones importantes y disputas regulatorias que involucran a agencias federales.

McGahn, que comenzó como abogado de la Casa Blanca en enero de 2017, fue interrogado en varias ocasiones por el fiscal especial de la trama rusa, Robert Mueller, y su testimonio podría ser clave para determinar si Trump trató de obstruir esa investigación. 

of-am

Scott dictó una orden ejecutiva cuya prioridad número uno es «asegurar que los floridanos impactados por el huracán Michael, muchos de los cuales han perdido sus hogares, tengan amplias oportunidades de emitir sus votos y que a la vez se proteja la integridad de la Elección General 2018», según un comunicado.

La razón de ese decreto es que una semana después del paso de Michael y a falta de menos de tres semanas para las elecciones intermedias, en las que se renuevan a los gobernadores de algunos estados y a determinados puestos del Congreso y el Senado, la situación en el noroeste de Florida aun está lejos de la normalidad.

Miles de personas han perdido sus viviendas o están dañadas y lo mismo ha ocurrido con oficinas públicas, escuelas y lugares designados como centros de votación, y todavía no se han restablecido los servicios de electricidad y de telefonía totalmente.

La orden ejecutiva da a los supervisores de los condados Bay, Calhoun, Franklin, Gadsden, Gulf, Jackson, Liberty y Washington la facultad de hacer cambios en el plan original de las elecciones.

Además extiende el plazo de registro de observadores electorales hasta el mediodía del 26 de octubre.

Entre las cosas que, en razón de la decisión de Scott, pueden hacer esos supervisores, elegidos por sus comunidades, están el ampliar el número de días en que se puede votar anticipadamente, el designar más lugares para votar de esa manera y el agilizar la entrega y aceptación de los boletas de votación por correo.

Según el comunicado, pese a los daños registrados en centros de votación y otros problemas, no se ha reportado daño en las máquinas de votación ni en el resto del material electoral. «Todo está a salvo», según el comunicado.

El periodo de votación adelantada en Florida comienza el 22 de octubre y puede extenderse hasta el 6 de noviembre, fecha de la elección, según dicho comunicado.

La orden ejecutiva 18-283 encarga al secretario de Estado de Florida, Ken Detzner, coordinar con los supervisores electorales de los ocho condados para que puedan votar todos los que participan en tareas de ayuda y rescate y los trabajadores de compañías eléctricas que trabajan en la zona del huracán y cualquiera que haya sido evacuado.

Para ello se han retirado las restricciones que impedían enviar las boletas para el voto por correo a direcciones diferentes a las del votante.

Antes del huracán se había autorizado extender el plazo de registro de votantes en los condados que debieron cerrar las oficinas electorales en preparación del ciclón.

En las elecciones intermedias, los floridanos escogerán un nuevo gobernador, un senador y 27 nuevos integrantes de la Cámara de Representantes y se pronunciarán sobre 12 propuestas de enmiendas a la Constitución del estado.

of-am

El tema «va a ser muy complejo» por el elevado volumen de migrantes del que se está hablando, señaló hoy en una entrevista radiofónica el titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Gerardo Elías García Benavente.

Un primer grupo de la caravana de migrantes hondureños, que salió el pasado sábado con destino a Estados Unidos, llegó ayer a la frontera de Guatemala con México. Por el momento, están albergados en una casa del migrante de Tecún Umán, localidad a la que el río Suchiate separa de la mexicana Ciudad Hidalgo.

Otros miles de integrantes -la ONU estima que en la movilización participan 3.000 hondureños- se encuentran más alejados, y salieron esta mañana de la capital guatemalteca.

Su objetivo es cruzar al estado mexicano de Chiapas y llegar a Tapachula. Desde el día en que partieron de San Pedro Sula (norte de Honduras), el Gobierno mexicano ha enviado varios comunicados en los que advierte que si ingresan al territorio nacional «de manera irregular» podrán ser detenidos y retornados a su país de origen.

García Benavente recordó que, pese a esto, hay vías legales para que los migrantes sean atendidos por las autoridades mexicanas: «Habrá quien solicite una visa por razones humanitarias (…) y quien solicite refugio, gente que no puede estar en su país y tiene la necesidad de abandonarlo».

En el caso de que pidan refugio, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) es el órgano encargado en realizar el trámite, para el que la ley establece un plazo de respuesta máximo de 45 días. Durante este tiempo, los migrantes deberán permanecer en una estación migratoria.

En este sentido, el comisionado del INM destacó que en Tapachula se encuentra la Siglo XXI, la más grande del país, que podría llegar a albergar a un millar de estos migrantes, y el resto serían repartidos en otros centros.

A la frontera con Guatemala el Gobierno ha enviado unos 200 elementos de la Policía Federal. «Nuestra presencia obedece a la apuesta por una migración segura y regular», dijo a Foro TV el comisionado de este cuerpo, Manelich Castilla.

Los agentes federales que han sido desplegados en los puntos por donde ingresarán los migrantes -apuntó- «no tienen armas» y conocen el protocolo para evitar el uso excesivo de la fuerza.

«Desde el principio estamos pensando en un ejercicio de contención que privilegie los derechos humanos de los migrantes. De ninguna manera estamos para reprimir; estamos para auxiliar», argumentó el comisionado.

La presión sobre México se ha intensificado después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara hoy con cerrar la frontera sur del país si no se frena el trayecto de la caravana.

«Además de detener todos los pagos a estos países, que parecen no tener casi control sobre su población, debo, en los términos más enérgicos, pedir a México que detenga este ataque, y si no puedo hacerlo, llamaré al Ejército de EEUU y (para que) CIERRE NUESTRA FRONTERA SUR!», sentenció el mandatario en su cuenta de Twitter.

Interrogado por periodistas sobre esta amenaza, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México, Luis Raúl González, declaró que «la fuerza, la violencia y la amenaza nunca han sido la respuesta a necesidades de protección de personas que no migran por gusto, sino por necesidad».

«Migran porque no tienen qué comer o preservando la vida, y México tiene que ser congruente de rechazar esa política de odio, xenofóbica y racista de los Estados Unidos», manifestó.

Agregó que los mexicanos deben «anteponer la dignidad nacional rechazando esas conductas, no caer en la provocación de contestar de igual forma, sino con la razón, con el derecho y aplicando el principio de congruencia, que significa que el mismo trato que queremos para los nacionales en Estados Unidos lo demos a los centroamericanos».

El tema recuerda a la tensión que se desató entre México y EE.UU. con la caravana de migrantes centroamericanos que salió el pasado marzo desde Tapachula (estado de Chiapas).

Pese a que dicha iniciativa se repite cada año, en su última edición Trump lanzó duras críticas contra ella e instó a México a detener la movilización, a lo que el país latinoamericano respondió que su política migratoria es soberana y no responde a presiones.

Ayer, el embajador de México en Guatemala, Luis Manuel López Moreno, se reunió con algunos participantes de la caravana.

En el encuentro, el Gobierno «desmintió la existencia de una visa de tránsito por territorio nacional para quienes desean llegar a la frontera norte de México», afirmó la Secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado.

of-am