Desde muchos meses antes de mayo del 2016, mes en que se celebraron las elecciones nacionales en las que el presidente Danilo Medina salió reelecto con un 62% de los votos emitidos, el principal partido de oposición, el Revolucionario Moderno, tenía como meta principal desacreditar a la entidad organizadora de la contienda.

Fue una labor que no le dio resultados, y el certamen se llevó a cabo con todas las previsiones requeridas, incluyendo cientos de observadores internacionales; los resultados fueron los previstos por docenas de encuestadoras y por la percepción pública; el PLD y sus aliados se alzaron con una victoria demoledora ante los sectores opositores.

Pero aquello que parecía tan claro a los ojos del país y de los observadores acreditados, no lo era para el principal candidato opositor, el Sr. Luis Abinader; con una diferencia de más de 15 puntos porcentuales, que lo distanciaban del Presidente reelecto, este Señor decidió encabezar las huestes anárquicas, que propugnaban por un caos general en La Nación.

Y en sus afanes, se tiraron a sembrar caos y desorden en muchas Juntas Electorales Municipales; recordamos dos casos simbólicos de esos actos, lo ocurrido en la Junta del municipio de San Cristóbal, y la batalla campal, que duró meses en el municipio de Santo Domingo Este.

En ninguna parte del país lograron sus objetivos; ni el desorden que buscaban, ni ganancia política; lo único que logro el Sr. Abinader con estos movimientos, fue perder la confianza de los sectores inversionistas, actores comerciales y de producción de la sociedad dominicana.

Ahora observamos con cuidado, como aquellos opositores de barricada, se trazan líneas para crear otro ambiente de incertidumbre que ponga en vilo a la República; buscando mediante la violencia y el desorden los objetivos que les han negado las masas de electores, con los mecanismos democráticos que les permite la Constitución dominicana.

Cuando la anarquía y el terrorismo se convierten en herramientas de lucha política, es porque esos actores se ven imposibilitados de alcanzar el poder político con respaldo de las masas populares; huérfanos de ese apoyo se desesperan y en su desorientación, recurren a jugarse su propia existencia frente al poder del Estado.

Nos preguntamos: ¿Estará tan frustrada la oposición dominicana, que no puede ver un camino para la coexistencia democrática?

¿Será que su miedo es tan grande, que le es imposible esperar la justa democrática del 2020?

La mayoría de los jueces le temen al poder político que los designa, los valora y los desvalora, los sube y los baja, en función de su desempeño, no jurídico, sino político partidario.

El Partido de la Liberación Dominicana, así como tiene el control del Congreso envileciendo a los legisladores corrompiéndolos con prebendas millonarias para que apruebe o desapruebe proyectos, resoluciones y leyes, de ese mismo modo controla la Judicatura.

El Consejo Nacional de la Magistratura, dirigido por Danilo Medina que cuenta la mayoría de sus integrantes incluyendo al Procurador General de la República, es una vergüenza.  En ese Consejo se hace lo que decida el presidente. Nadie llega a las “Altas Cortes”, ni a ningún lado sin la anuencia del mandatario.

Los magistrados no actúan en función de lo que dice la ley o establece la Constitución. Tienen miedo de ser cancelados, trasladados o degradados.

La estructura judicial creada por el PLD es, al igual que el gobierno, política y corrupta.

Los jueces están entrampados en redes mafiosas políticas y económicas que tienen en sus manos su suerte. (La carrera judicial es un engaños. La preparación académica, la ética, la capacidad y el trabajo, es decir, el desempeño, no tienen el mayor valor. Los mediocres, los incapaces, los pusilánimes mequetrefes, esos son los buenos, los que escalan en las cortes)

La Constitución le asigna un presupuesto al poder judicial, pero es el presidente quién tiene la última palabra.

Y como si eso no fuera suficiente, los jueces son perseguidos por los medios de comunicación que suelen presionar en un sentido o en otro. El populismo judicial es terrible. He llegado a la conclusión de que muchas sentencias se dictan en las redes sociales, en los periódicos, radio y televisión.

El caso de Blas Peralta es un ejemplo. Estuvo condenado a 30 años antes de que subiera a un tribunal. Ministerio Público y medios de comunicación lo declararon culpable de asesinato, no de homicidio. La diferencia entre una cosa y la otra es mucha. (No estoy diciendo que Peralta sea inocente. No creo que lo sea, incluso)

La “presunción de inocencia” es un principio que existe sólo para políticos, funcionarios y empresarios de gran influencia que pueden pagar los abogados más costosos y que además tienen sus propias bocinas en la prensa.

Con fiscales adocenados, politizados y muchas veces corrompidos y jueces arrinconados por el Ejecutivo, chantajeados muchas veces por el populismo mediático, es poco lo que se puede hacer para que la ley sea la que se imponga en todos los casos.

Díaz Rúa puede obtener un permiso para viajar a España en medio de un proceso judicial. Es imposible, en cambio, que un Juan de lo Palote consiga permiso para ir al hospital Moscoso Puello. Muchos reclusos pobres mueren en las cárceles por falta de atención médica.

Será muy difícil condenar a los imputados del caso Odebrecht o de los aviones Tucanos, como no fue posible condenar a Félix Bautista y otros políticos llevados a la justicia, debido al poder  que tienen; pero es muy fácil condenar a 30 años a un “pobre diablo”.

La justicia no es equitativa ni justa en la aplicación de las leyes; más bien es clasista. De los casi 30 mil presos que hay en el país más del 98% son pobres, preventivos por demás. En una cárcel para 800 personas hay ocho mil, hacinados, viviendo como animales. A los grandes los envían a cárceles especiales con televisores plasma de 60 pulgadas, aire acondicionados, inversores o plantas eléctricas y  celulares para que estén permanentemente comunicados. Reciben visitas diarias de sus amigos, hijos, esposas y amantes.

Debe producirse un cambio político para que haya un cambio  en el aparato judicial. La judicatura tiene que ser independiente económica y políticamente para que se haga justicia en todos los casos, no en algunos. Para que todos seamos iguales, y no que unos iguales sean más iguales que los demás.

Con el PLD en el poder no es posible en la judicatura. Con el PLD en el gobierno la corrupción y la impunidad continuaran reinando en el sistema de justicia. Y los jueces seguirán teniendo miedo.

“El honor no se gana en un día para que en un día pueda perderse. Quien en una hora puede dejar de ser honrado, es que no lo fue nunca”, reflexiona el dramaturgo español, Jacinto Benavente, quizás dejando este mensaje como marco de referencia para aquellos políticos que se consideran vitalicios en los gobiernos hasta convertirse en una obsesión descontrolada para la sociedad.

Estudiosos de la neurociencia, al referir sobre el fanatismo hegemónico grupal, también lo relacionan con las limitaciones de ciertos actores en cuanto al manejo de las leyes y el Estado, los cuales se contraponen y menosprecian al ciudadano común, sobre todo, cuando se interesa en formar parte de la administración pública.

Existe una obsesión apestada por el fanatismo político con ciertos rasgos derrotistas cuando se trata de sepultar al partido que podría superar las aspiraciones de un potencial candidato extremo, que no cuenta con el apoyo de los votantes y ambiciosamente se inspira en el dinero sucio para obtener el porcentaje requerido y ganar las elecciones.

El referente de estas valoraciones le queda al Partido de Liberación Dominicana (PLD), como un traje a la medida en el que todos sus ministros, senadores y diputados se consideran dueños absolutos del país. Estos utilizan los recursos del Estado para garantizar su permanencia en el poder por encima de los porcentajes de popularidad que arrojan las encuestas políticas.

Además de centralista, en el gobierno del PLD existe un fanatismo grupal que ha sido diseñado para enfrentar todo el que está en su contra, sin importar los métodos a utilizar para defender derechos superfluos y si es necesario hasta responder con acciones violentas, anteponiendo sus responsabilidades y convirtiéndose en víctima, cuando realmente son victimarios  del desplome brutal del Estado.

En el gobierno dominicano existe un sentimiento sin mácula diseñado para enfrentar en grupo al que está contra su postura desenfrenada. El discurso defensivo de todos los funcionarios está dirigido a garantizar y conseguir inmunidad emocional aunque haya que distorsionar la realidad de los hechos y atribuir sus frustraciones a los demás, deshumanizando al ciudadano y considerándolos como obstáculos que se interponen a sus ideales y al mal manejo de los recursos públicos.

Cuando desde la adolescencia se crece en un grupo que justifica la violencia mediante un discurso propio de sus ideales se comete el grave error de excluir con instinto al que se expresa a favor del buen manejo de las instituciones. Es ahí donde descansa la mala fe y el oportunismo constante del gobierno de Danilo Medina.

Es una pandilla de funcionarios que no piensa en el que está detrás o a su alrededor. Es un grupo  que aun estando en las directrices del Estado se cuestionan a sí mismo; y eso se aprecia hasta con sus declaraciones en los medios de comunicación, debido a que carecen del sentido común y no saben los mecanismos que deben adoptarse para que el barco pueda dirigirse por el camino establecido por las brújulas y las finanzas sean transparentadas. Su referente por excelencia es amasar fortunas para mantener la impunidad.

¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el marco legal y organizacional de esta cartera pública? Se preguntan. ¿Cuál es la causa? Sencillo, los funcionarios del gobierno no están preparados para dirigir con transparencia el Estado. Es un grupo orquestado por la dirigencia peledeista para manipular las emociones, destruir los lazos afectivos y deshumanizar al adversario mediante mentiras y triquiñuelas.

Los cargos en el gobierno de Danilo Medina no fueron otorgados tomando en cuenta la capacidad intelectual del individuo, sino asumiendo los compromisos acordados en campaña y las inversiones que hicieron los alabarderos del presidente para garantizar la reelección, razón por la cual los funcionarios no son sustituidos de las instituciones públicas.

El actual gobierno está siendo dirigido por un presidente rodeado de ministros y legisladores inseguros para trabajar por el desarrollo y la estabilidad económica del país. Sin embargo, tienen un máster para apoderarse de los recursos públicos, chantajear y hablar mentiras, a pesar de la escasa capacidad de razonamiento que poseen para generar ideas y convencer las masas con un discurso afectivo, no populista, que sirva para desviar la atención del fracaso.

Ahora que la situación fronteriza se ha tornado prácticamente incontrolable se  hace necesario retomar la construcción del muro fronterizo que ponga freno al flujo migratorio sin control desde Haití hacia la República Dominicana.

En el pasado critiqué acremente el planteamiento de la familia Castillo pero he llegado a la conclusión de que en realidad hay que buscar una salida definitiva al desorden migratorio que se registra en nuestra franja fronteriza con los indocumentados.

Es necesario retomar la construcción del bendito muro que haría más efectivo la vigilancia militar de todo aquel que atraviese la frontera ya sea desde Haití hacia aquí o viceversa, algo que hace tiempo debió implementarse para corregir el desorden imperante.

Un muro que abarque que abarque toda la franja fronteriza sería prácticamente la solución al desorden institucionalizado que se registra en nuestra frontera donde todas las normas y medidas de control son violadas diariamente.

Cuando los Vinchos Castillo plantearon la necesidad de construir el muro me opuse, pero con el paso del tiempo he visto que se hace necesario como forma de poner freno al flujo ilegal de personas sin control desde ambos lados de la franja que divide a los dos países.

Muchos, algunos de los cuales de manera burlona de la boca plantean la tesis de  que los haitianos deben permanecer en Haití y desarrollar sus vidas  en esa nación, mientras los dominicanos debemos permanecer en la República Dominicana.

Ahora, la construcción de un muro fronterizo contribuiría  a alejar de la mente de aquellos malvados que abogan y han planteados inclusive en foros internacionales por la fusión de la República Dominicana y Haití cuando la mayorías de los dominicanos nos oponemos a tal planteamiento.