«Se pararon unos amigos que iban a tirarse (del muro). Y nos tiraron una bomba y un americano nos hacía señas que nos iba a matar», indicó a Efe Alexis, un migrante hondureño integrante de la caravana.

Centenares de migrantes rompieron hoy un cerco de la Policía Federal mexicana con el afán de llegar a la garita de El Chaparral, en la frontera de la mexicana Tijuana con San Ysidro (Estados Unidos).

Un grupo de ellos treparon la primera valla fronteriza que divide ambos países, en tanto la policía fronteriza estadounidense les lanzó gases lacrimógenos, tal y como constató Efe, lo que obligó a la mayoría de ellos a replegarse. EFE

Pese a sus intentos, hasta el momento ningún miembro de la caravana, conformada por hombres, mujeres y niños, habría logrado en ningún caso pisar terreno estadounidense.

Este continente que se ha dispersado en varios puntos del muro con el afán de cruzar pertenecían a un grupo inicial que hoy, en una marcha en un principio pacífica, buscaba llegar a la garita.

Este mismo contingente rompieron luego filas y empezaron a correr con rumbo al Canal del Río Tijuana, muy cercano a la garita de San Ysidro, tomando por sorpresa a los agentes federales.

En pocos minutos llegaron al área de El Chaparral, donde había poca presencia de las fuerzas de seguridad, por lo que después de correr algunos kilómetros, alcanzaron la puerta fronteriza y las instalaciones mexicanas de Aduanas, donde normalmente hay elementos efectivos.

No obstante, muchos de ellos ya se habrían dispersado de este punto de entrada a territorio estadounidense, que quedó cerrado, y estarían buscando otros puntos por donde acceder al país vecino.

El Gobierno de Estados Unidos decidió cerrar hoy el puerto fronterizo de San Ysidro, entre San Diego y Tijuana (México), después de que cientos de migrantes rompieran un cerco de la policía mexicana con la intención de entrar ilegalmente al país, informaron fuentes oficiales.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) recurrió a las redes sociales para informar del cierre de este puesto aduanero, considerado uno de los más transitados del mundo, ante la avalancha de personas.

El pasado lunes las autoridades fronterizas cerraron este mismo acceso ante debido a unas informaciones que apuntaban a que algunos de los miembros de la caravana llegada a Tijuana desde Honduras tenían intención de entrar a la carrera en EE.UU., según confirmaron a Efe fuentes de la CBP.

Entre ellas se encuentra Elsa, una uruguaya que tiene dos hijos ciudadanos, uno de ellos discapacitado, que reciben atención médica a través del programa Medicaid, además de ayuda para la alimentación.

«Siento terror de perder los beneficios, pero también de que un día se aparezca inmigración en mi casa y se termine para todos en mi familia el ‘sueño americano'», declaró a Efe.

Elsa, que es indocumentada, podría encontrarse en la disyuntiva de tener que rechazar la ayuda gubernamental que tanto necesitan sus hijos, si en algún momento intenta regularizar su estatus, pero el mismo miedo lo sienten muchos inmigrantes con los papeles en regla.

Según el anuncio del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) del 10 de octubre, lo que se buscaría es dificultar a los inmigrantes la obtención de la residencia permanente («green card») si se benefician de cupones de alimentos, atención médica gratuita o ayuda en efectivo, pues serían vistos una «carga pública» para el estado.

La primera reacción de los inmigrantes con hijos ciudadanos ha sido renunciar a los beneficios casi en masa, poniendo en riesgo la atención médica y la alimentación de esos niños que, en su mayoría, viven por debajo de la línea de pobreza y necesitan ayuda.

Un estudio realizado por el Centro Médico de Boston señala que 35.000 madres que recibían cupones de alimentos a través del programa federal SNAP se dieron de baja recientemente y la cifra aumenta.

Esta fuga se produce no porque haya habido cambios en las reglas de elegibilidad sino por el temor existente entre las familias sobre las potenciales repercusiones de esa ayuda en sus futuros planes de legalizar su situación migratoria.

La mayoría de los usuarios de cupones de alimentos son ciudadanos estadounidenses, en su mayoría niños y ancianos.

Unos 9 millones de usuarios son inmigrantes legales o niños ciudadanos con padres nacidos fuera del país.

Estimaciones del DHS anticipan que el 2,5 % de los inmigrantes que viven en los EE.UU, más de 500.000 personas, podrían borrarse de programas públicos debido al cambio propuesto.

Otros cálculos van más allá, y según la Fundación Kaiser para las Familias, podría registrarse una baja del 25 % entre los niños que reciben atención médica a través de Medicaid.

«La gente tiene miedo y trata de desvincularse de cualquier servicio público», dijo a Efe Dagmara López, de la Coalición de Illinois para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR).

La mitad de las 130 organizaciones que integran la coalición ayuda a familias inmigrantes a obtener recursos, y todas han informado sobre una retracción en las solicitudes de cupones de alimentos, al igual que subsidios para medicamentos de receta, vivienda pública y ayuda para pagar la renta.

El mismo impacto lo han sentido los bancos de alimentos de 18 estados, entre ellos California, Texas, Nueva York, Florida e Illinois.

En opinión de López, gran parte de la confusión se debería a la mala información que circula entre las diferentes comunidades de inmigrantes, donde se ha llegado a afirmar que el Gobierno estaría listo para negar la residencia a quienes soliciten beneficios.

«Esto es equivocado, solamente hay una propuesta para cambiar la regla», afirmó.

Oscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas, una red de 50 organizaciones de inmigrantes que representan a 150.000 familias, dijo a Efe que las nuevas reglas serían un nuevo «ataque a los pobres» de Trump, al intentar «clavar una cuña» entre la gente de bajos recursos.

Destacó que la pérdida de beneficios podría penalizar además a personas con discapacidades o enfermedades crónicas, o que no tengan un buen dominio del inglés, y daría al Gobierno la potestad de negar el ingreso de inmigrantes con niveles limitados de ingreso y educación.

«Estados Unidos está muy por detrás de las demás naciones industrializadas en asegurar un mínimo de bienestar a sus residentes, pero en lugar de tratar de resolver este problema insiste con destrozar familias en nombre de una dudosa seguridad», criticó. 

En el encuentro, en la sede de la Presidencia Nacional, también estuvo Frank Rainieri, presidente del Grupo Punta Cana, quien calificó la visita de Guevara de «muy importante», según un comunicado del Ejecutivo dominicano.

De acuerdo con el empresario, Medina y Guevara hablaron sobre el futuro del turismo en la República Dominicana, que tiene en esta actividad su principal fuente de ingresos.

Rainieri se refirió a datos de 2017 que arrojaron que el turismo generó el 17,2 % del producto interno bruto (PIB) local, agregó el comunicado de la Presidencia dominicana.

Asimismo, destacó el papel del WTTC, un organismo de gran relevancia del sector privado, con más de 130 empresas en el mundo.

Entre enero y octubre de este año la República Dominicana recibió más de 5,4 millones turistas, un 6,2 % más que en el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con datos del Banco Central (BCRD).

La defensa del imputado había solicitado el cese de la prisión preventiva como medida de coerción, bajo el argumento de éste lleva más de dos años en prisión preventiva pese a que el Código Penal establece un máximo de año y medio.

Por este caso también están señalados el exministro de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, el mayor general Pedro Rafael Peña Antonio, y los empresarios Daniel Aquino Méndez y Daniel Aquino Hernández, quienes tienen impedimento de salida.

El pasado 30 de agosto, la juez Yanibet Rivas, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, autorizó la aplicación de un juicio penal abreviado contra Embraer y le impuso una multa de 7 millones de dólares por el pago de 3,5 millones de dólares en sobornos por la venta de los aviones Super Tucano.

Rivas confirmó así la culpabilidad de esa empresa, homologando un acuerdo entre la compañía y la Procuraduría General de la República (PGR), y le aplica la sanción económica máxima establecida por la Ley para el delito de soborno.

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