Oportunamente asumí la posición de que el Estado Dominicano no está en condiciones de firmar el Pacto, por razones que más adelante expongo.

El pacto contiene, sin dudas, avances importantes en materia de protección de los derechos y la seguridad de las personas migrantes en todo el mundo.

Será un verdadero salto para la humanidad el día que, a nivel global, se pueda garantizar a la persona migrante, conquistas como las que se enumeran en los 23 objetivos definidos en el Pacto para la migración segura, ordenada y regular. Me limito a resaltar algunos: i) dotarle de pruebas de identidad jurídica y documentación adecuada; ii) contratación equitativa y ética y salvaguardar las condiciones que le garanticen trabajo decente; iii) prevenir, combatir y erradicar la trata de personas en el contexto de la migración internacional; iv) que la detención de migrantes solo sea un último recurso; v) proporcionar a los migrantes acceso a servicios básicos; vi) lograr la plena inclusión y cohesión social del migrante; vii) eliminar todas las formas de discriminación; viii) crear las condiciones para que los migrantes puedan contribuir al desarrollo sostenible; ix) colaborar para facilitar el regreso y la readmisión del migrante en condiciones de seguridad y dignidad; x) crear mecanismos para el reconocimiento de la seguridad social y prestaciones adquiridas.

Las migraciones tienen en común que los migrantes, por lo general, son personas que abandonan su país porque éste no le ofrece las oportunidades de una vida digna, la que se aventuran a buscar en un país extranjero.

Este es el caso de los más de dos millones de emigrados económicos dominicanos. A todos nos interesa que los objetivos, antes enumerados y otros, les sean reconocidos a los dominicanos y a sus descendientes en los países donde han emigrado.

Esta aspiración no es algo utópico de lograr porque en su mayoría los dominicanos han emigrado principalmente a EE.UU. y a España, países estos que tienen un alto nivel de desarrollo económico, el control de sus fronteras y han logrado regularizar el ingreso de los emigrados a su territorio por vía legal. Además, tienen mucha fortaleza institucional lo que les garantiza la aplicación estricta de sus leyes migratorias.

En materia de migración tenemos que ver la otra cara de la moneda, pues, nuestro país es también receptor de inmigrantes, principalmente de la vecina República de Haití.

Como país receptor, somos víctima de un gran desorden migratorio, cuyo principal responsable es el gobierno dominicano, especialmente en los casi 24 años de administración peledeista y perredeista.

Este desorden migratorio tiene su origen, entre otras causas, en la falta de control efectivo de las fronteras dominicanas.

Nuestra frontera terrestre con Haití, principalmente, es una ruta abierta para el tráfico de personas, armas, droga y para el contrabando de mercancías.

Y resulta que el descontrol de la frontera se produce porque funcionarios civiles y militares dominicanos y haitianos, incluyendo miembros del cuerpo diplomático y consular, tradicionalmente utilizan sus posiciones de poder para hacer negocios y cobrar peajes al tráfico y contrabando fronterizo.

En medio del caos en que se desenvuelve la inmigración en el país, con la participación directa de muchas de las autoridades, no hay posibilidad alguna de garantizar los objetivos más arriba enumerados, ni otros que se plantean en el pacto.

Es decir, en la situación actual, en que somos receptores de inmigrantes, sin el país tener control de las fronteras; con un enorme desorden migratorio; en que las instituciones responsables se muestran incapaces de hacer respetar la Ley de Migración, es evidente que no se dan las condiciones mínimas necesarias para que la RD asuma compromisos internacionales en materia migratoria que en última instancia, para países como el nuestro, siempre son políticamente vinculantes.

Dicho con toda precisión: en las condiciones actuales de la RD, lo correcto es que el tema migratorio se mantenga exclusivamente como competencia de la ley interna dominicana.

Y es que a los dominicanos nos corresponde poner nuestra casa en orden en materia migratoria, antes de asumir compromisos internacionales. Esto significa, entre otras: i) establecer el control estricto de nuestras fronteras; ii) parar el actual desorden migratorio en nuestro territorio; iii) hacer respetar la ley de migración; iv) aplicar la ley laboral en lo que respecta a la proporción 80/20 como también garantizar igualdad de salario y de respeto de los derechos laborales para trabajadores dominicanos y extranjeros; vi) establecer mecanismos efectivos que aseguren que todo extranjero en la RD permanezca en el territorio solo bajo un estatus legal definido; y sobre todo vii) hacer efectivo un régimen de sanciones para todo quien propicie la violación de la leyes en esta materia.