En una rueda de prensa, el presidente de la CNDH-RD, Manuel María Mercedes, dijo que a más de una semana de lo ocurrido «no hay nadie investigado formalmente lo ocurrido a pesar de haberse dado a conocer el informe integral del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo que arroja graves responsabilidades de Polyplas en la tragedia».

La entidad también argumentó que hay «numerosas fallas» en el manejo de la situación por parte de las autoridades y de los directivos de Polyplas «y una falta absoluta de respeto de los derechos humanos tanto de las víctimas como de sus familiares».

En ese sentido, propuso la creación de una comisión de seguimiento integrada por autoridades, familiares de las víctimas y la Defensoría del Pueblo «para que de forma inmediata se pueda manejar la situación con la altura y el respeto a las víctimas y darle seguimiento a los daños y perjuicios de los afectados».

Asimismo, sugirió realizar un registro de los daños a edificios públicos y privados a causa de la explosión y que a los afectados «se les garantice una ubicación segura y de calidad».

A la vez, solicitó a las autoridades un plan de ordenamiento territorial del Gran Santo Domingo, que obligue a trasladar de la ciudad las «empresas peligrosas» para evitar, afirmó, «que tragedias como estas vuelvan a repetirse».

Finalmente, instó a los familiares de las víctimas y de los desaparecidos a acudir a la CNDH-RD si así lo requieren.

La explosión y posterior incendio de la fábrica Polyplas, en el populoso sector de Villas Agrícolas, se sintió en varios sectores aledaños y dejó decenas de heridos.

Además causó daños a unas 25 viviendas ubicadas en los alrededores de la fábrica, algunas de las cuales quedaron destruidas, al igual que varios vehículos.

Un informe del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo dado a conocer el lunes y realizado en colaboración con el Cuerpo de Bomberos de San Juan, Puerto Rico, indicó que la causa principal de la explosión se originó por una fuga de gas natural cuando se despachaba el hidrocarburo al tanque principal de la compañía.

Asimismo, la entidad dijo en su informe, que el tanque de gas estaba colocado en un área común, colocado próximo a la caldera, y que no se pudo comprobar la existencia de muro de contención que lo contuviera, ni un sistema de supresión de incendios automática.

Tampoco pudo comprobar que la empresa contara con dispositivos de detección de escapes ni que funcionaron las alarmas de emergencia.

En un espacio pagado publicado el martes en diarios locales, la empresa explicó que el escape de gas natural que causó la explosión fue del camión que descargaba el combustible en dicha fábrica.

A la vez, señaló que «gracias a las rápidas medidas de seguridad» de Polyplas, «aplicadas desde el mismo momento del escape de gas, las calderas no explotaron, como tampoco explotó el tanque de gas ubicado en nuestras instalaciones».

La empresa también destacó su protocolo de evacuación, que, de acuerdo con el comunicado, permitió evacuar a 282 de las 289 personas que se encontraban en las instalaciones a la hora del hecho.

Asimismo, informó de que está contratando expertos nacionales e internacionales «para que nos permitan reforzar cualquier imperfección en los protocolos que pudieron contribuir a este triste accidente».

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De este modo, y mediante un comunicado de prensa, la responsable de la institución responde a la decisión de la Confederación Nacional de Confederaciones del Transporte (Conatra) de prohibir el servicio a haitianos, sin importar su estatus migratorio, bajo el argumento de que no quiere «inconvenientes» con las autoridades.

La medida, que ya ha recibido críticas por ser discriminatoria y abusiva, fue anunciada ayer en Twitter por el presidente del colectivo, Antonio Marte, que justificó la medida en el hecho de que diez de sus autobuses están retenidos por las autoridades desde hace meses por llevar a pasajeros haitianos indocumentados.

De los Santos afirmó que todos los ciudadanos, sin importar que sean dominicanos o extranjeros, «tienen el mismo derecho a transportarse de manera segura y sin discriminación», y que negar el servicio de transporte público a cualquier persona constituye una violación de la Constitución del país y de otras normativas.

«República Dominicana es un país democrático en el que todos los ciudadanos gozan las libertades consagradas en la Constitución y las leyes y una de esas es el libre tránsito, por lo que quienes incurran en ese tipo de violación asumen las consecuencias establecidas», afirmó.

Asimismo, manifestó que el Gobierno «jamás permitirá una acción similar», que coarta el derecho de los ciudadano a moverse libremente, ya que, como indica la ley, «el servicio público de transporte de pasajeros deberá ser prestado sin discriminación a las personas que lo requieran».

Recordó que la Ley faculta al Intrant a establecer «las sanciones administrativas correspondientes a los operadores ante la violación de cualquiera de sus artículos» y anunció que la entidad «adoptará todas las medidas necesarias para prevenir y combatir la discriminación que ocurra en el sector.»

El del transporte es un servicio público que el Estado concede a particulares y se debe ofrecer a la ciudadanía «sin discriminación por razones de ningún tipo»; de lo contrario, dichas concesiones «pueden ser revocadas y reasignadas a otras empresas que no incurran en prácticas prohibidas por la Constitución y las leyes», apuntó.

La funcionaria afirmó que la política nacional de transporte terrestre atiende las garantías de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas, no solo en su calidad de conductores, sino también de pasajeros, en todos los ámbitos regulados por la Ley 63-17.EFE

mmv