Mucho antes de que Donald Trump estrenara su primer mandato (1916-2020), en Europa se registraba un activo giro político hacia la extrema derecha (Dinamarca, noruega, Suiza, Hungría, Polonia, Italia, Suecia, Países Bajos y Francia), extremismo ideológico que nada tiene que ver con el inquilino de la Casa Blanca.

Ese brote ultra se atribuye al desenfreno migratorio desde Asia y África hacia el viejo continente, así como a la promoción de esquemas económicos neoliberales que colisionan con principios de gobernanza de la Unión Europea basado en la promoción del Estado de bienestar social y económico.

Ese proceso ideológico ultra que tuvo su origen en 1922 en Italia con el advenimiento del fascismo, y en 1933 del nazismo en Alemania, retoñó en 1999, en Austria, y no ha parado de extenderse por toda Europa, donde partidos de extrema derecha conquistan el gobierno o se afianzan como fuerzas electorales determinantes.

No cabe duda de que el detonante principal de ese fenómeno político y social ha sido la masiva y dilatada migración hacia Europa, aunque la promoción de políticas económicas excluyentes también gravita grandemente, pero en todo caso, gobierno de izquierda o progresistas cargan con fardo de responsabilidad.

En América Latina lo que ha influido en ese viraje político hacia la extrema derecha ha sido el abrupto cambio de política exterior de Estados Unidos, impulsado por el gobierno de Trump, que retomó el viejo aforismo de “América para los Americanos” (estadounidenses), con el apoyo a proyectos políticos ultra.

Ese oleaje extremista alcanzó a Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Argentina, Panamá, Bolivia y Costa Rica, en tanto que Washington controla a Venezuela, después de la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, y ha impuesto un estricto cerco energético sobre cuba.

La izquierda carga con mucha culpa por esos cambios de dirección política en el continente a causa también de sucesivos fracasos de mentados gobiernos progresistas que no cumplieron ni mínimamente con las expectativas de cambio social y político de sus respectivos pueblos, como son los casos de Chile, Venezuela, Argentina, Perú, Ecuador y Bolivia, entre otros.

La mayoría de esos gobiernos no cumplieron promesas de reducir pobreza, controlar inflación, combatir la corrupción, promover valores democráticos o redistribuir con equidad el ingreso público, porque sus líderes prefirieron instalar grandes manufactureras de excusas o justificaciones.

República Dominicana es, junto a Uruguay, sobreviviente de ese holocausto político que hoy atribula a gran parte del continente, lo que se atribuye en el caso nuestro a una democracia política consolidada, construida a sangre, sudor y lágrimas, y a una economía resiliente que en más de dos décadas ha crecido en promedio sobre el 5%.

El gobierno debería pensarlo más de dos veces antes de caer en la tentación de colocar en pública subasta valores democráticos que sustentan la gobernanza y la convivencia, por lo que se aconseja resistir presiones externas porque el pueblo dominicano ha demostrado más de una vez que es alérgico a la injusticia o represión.

jpm-am

Aún fuera tarde para un relanzamiento y cambiar la idea de que se puso viejo temprano, el gobierno necesitaba una oxigenación para enfrentar de la mejor manera los retos y desafíos que encontrará en el camino el presidente Luis Abinader hasta finalizar su mandato.

Para ese respiro, procedía un remeneón de mata, que resultó fuerte (con sus más y sus menos), aun cuando algunos siempre dirán que el Ejecutivo “se quedó corto”. Por ejemplo, hay gente suertuda, porque, aun cuando se le conoce padrinazgo político, no se entiende por qué ni con los peores “ruidos” en su entorno son removidos.

Como pasó en su momento con Limber, hoy ex de Agricultura, el caso del Bagrícola y con Bartolomé Pujals, ex de Marcha Verde, que lo “enfriaron” llevándolo como representante ante la OACI, donde le cerró el paso como embajador alterno a Elías Brache, ex cónsul en Chicago, que no llegó a acreditarse ante la ONU, pese a que lo hizo saber a Cancillería y a Palacio.

Lo recién designaron cónsul en Los Ángeles, donde estuvo Alfonso Rodríguez. Lo del cambio del director de la Policía, a todas luces una pifia que choca con el discurso ético oficial. El saliente titular, sin ir como asesor y sin que el decreto hablara de “honroso retiro”, hizo bien en hablar e invitar a los miembros de la institución a “hacer lo correcto, aunque les cueste el puesto”.

Eso solo dice mucho o dice todo. Si se quedaba callado, otorgaba y el “muerto”, con especulaciones e incógnitas de todo tamaño, se le iba a pegar a él. Del presidente haber profundizado y no dejarse sorprender, quizá media institución estuviera destutanada.

Por más enterados que sean, a los presidentes muchas veces los sorprenden con datos al revés. Supimos por un amigo uniformado, y por poco víctima, que un ministro de las Fuerzas Armadas envió al expresidente Balaguer una lista con un número importante de generales a los que se solicitaba pasar a retiro, unos, y para ascensos, otros, y el gobernante, como zorro al fin, ejecutó lo contrario. Así, sin espacio a daños ni a agravios, el gobernante desarmó el muñeco que le llevaron.

Respecto a los cambios recientes en el equipo de Abinader, hubo un dicho y hecho, como entendíamos, al confirmar a Héctor Valdez Albizu como gobernador del Banco Central, algo en lo que el presidente no se podía equivocar. Con respecto a Víctor Bisonó, desde cuando los cambios lo llevaron de Industria y Comercio al Ministerio de la Vivienda, ya estaban dadas las condiciones y las razones por las cuales ahora fuera designado canciller de la República.

Marco Rubio

Se trata de unas buenas relaciones con el secretario de Estado Marco Rubio, visto como posible puente o pieza clave para que Estados Unidos morigere medidas recientes en el orden arancelario que afectan al país. Esto, a partir de dicha nación ser nuestro principal socio comercial y de que ambos Estados llevan a cabo, por demás, una intensa agenda en otros renglones, como el migratorio, la seguridad, inversión y cooperación.

Y aunque se sabe que el canciller saliente, Roberto Álvarez, tenía buenos contactos en Washington, la señal del nuevo ministro es clara respecto a las prioridades de su gestión al frente de Cancillería, al iniciar los contactos diplomáticos con la representante de Estados Unidos en el país, la activa embajadora Leah Francis Campos.

Ojalá las expectativas del país esta vez se cumplan, y que el fruto de esas buenas relaciones fluya en doble dirección. ¿Sería posible?

Encar-medios@hotmail.com

jpm-am

En la Administración Pública dominicana se ha vuelto cada vez más frecuente recurrir al cambio de funcionarios como respuesta a los problemas institucionales.

Cuando una institución presenta dificultades, baja ejecución, cuestionamientos o falta de resultados, la respuesta suele ser sustituir al funcionario de turno.

Pero cabe preguntarse: ¿realmente se está solucionando el problema o simplemente se pretende bajar la presión cambiando la cara de quien lo administra?

El problema fundamental del Estado no se resuelve con sustituciones constantes. Se resuelve con políticas públicas claras, planificación estratégica, planes plurianuales, presupuestos vinculados a objetivos, ejecución disciplinada, monitoreo permanente y evaluación de resultados.

La gestión pública no puede depender de la personalidad, visión o voluntad del funcionario que ocupa temporalmente un cargo. Una institución seria, y moderna, debe contar con una ruta institucional que trascienda a las personas y permita garantizar continuidad en las políticas públicas.

Existe un ciclo que está llamado a ser permanente en la gestión pública: diagnóstico, planificación, presupuestación, ejecución, monitoreo, evaluación, corrección, mejora y replanificación. Ese ciclo no puede detenerse, o cambiarse, cada vez que se produce un cambio de funcionario.

Cuando llega una nueva autoridad y todo comienza nuevamente, se pierde la memoria institucional, se interrumpen procesos, se desperdician recursos y se retrasa el cumplimiento de objetivos, y, sobre todo, se genera una peligrosa cultura de improvisación.

Por supuesto, hay circunstancias en las que un funcionario debe ser removido. Cuando existen incompetencia, incumplimiento, corrupción o pérdida de confianza, la sustitución puede ser necesaria. Pero la sustitución de una persona no puede confundirse con una reforma de la institución, y mucho menos, con una política pública.

La pregunta correcta no debería ser solamente quién debe ocupar el cargo. Debería ser: ¿cuál es la política pública que se está ejecutando?, ¿qué resultados se esperaban?, ¿qué metas fueron alcanzadas?, ¿qué indicadores muestran avances?, ¿qué recursos se utilizaron?, ¿qué debe corregirse y qué debe mantenerse?

Sin evaluación, el cambio de funcionario termina convirtiéndose en una decisión política o administrativa sin capacidad real para transformar la situación y garantizar una buena gestión.

Porque gobernar no es simplemente administrar instituciones ni sustituir funcionarios. Gobernar implica definir objetivos, establecer prioridades, asignar recursos, ejecutar políticas, medir resultados y corregir aquello que no funciona.

Por eso, cada administración debería recibir las políticas, planes y programas existentes, evaluarlos objetivamente y decidir cuáles deben mantenerse, cuáles deben modificarse y cuáles deben sustituirse. No debería existir la lógica de que cada nuevo funcionario tiene que empezar desde cero para demostrar que está haciendo algo diferente.

La verdadera modernización del Estado exige fortalecer la institucionalidad y construir sistemas capaces de producir resultados independientemente de quién esté sentado en el despacho.

Cambiar funcionarios puede ser una decisión administrativa coyuntural. Cambiar la forma de gestionar el Estado es una decisión de política pública.

Y ese es precisamente el riesgo: que cambiar funcionarios termine convirtiéndose en política de Estado, mientras la planificación, la evaluación y la gestión por resultados quedan relegadas a un segundo plano.

La República Dominicana necesita menos improvisación y más planificación, menos decisiones coyunturales y más políticas de Estado, menos dependencia de las personas y más fortaleza institucional.

Porque al final, el éxito de un gobierno no debería medirse por cuántos funcionarios cambia, sino por cuántas políticas públicas logra ejecutar y cuántos buenos resultados consigue para la sociedad.