El 13 de agosto pasado, el Banco Central  de la República Dominicana informó, mediante un comunicado publicado en los periódicos nacionales, que el peso acumulaba una apreciación de 8.1%, explicada por mayores entradas de divisas provenientes de exportaciones, turismo, remesas e inversión extranjera.

Sostenía, además, que desde la reclasificación del FMI el país opera bajo un régimen de flotación, y que este año el propio Banco Central ha comprado US$415 millones y no ha realizado ventas spot, lo que indicaría que la apreciación no ha sido provocada por ventas oficiales de dólares.

Concomitantemente, la Asociación Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA) advertía que el sector estaba recibiendo un doble golpe: el nuevo arancel estadounidense de 12.5% y la apreciación del peso, que eleva en dólares los costos de producir en República Dominicana.

A ello se añadía una señal que no debe pasarse por alto: las exportaciones aumentaron 3.7% en valor durante el primer semestre, mientras disminuyó el número de contenedores —volumen físico— exportados. Hablamos de un sector que genera más de 200,000 empleos formales y alrededor del 55% de las exportaciones nacionales.

Las dos posiciones condensan lecturas distintas de un mismo momento económico. De un lado, el Banco Central defiende el régimen de flotación y presenta la apreciación frente al dólar como consecuencia natural de los fundamentos: mayores remesas, inversión extranjera directa, entrada de capitales de corto plazo y una política monetaria que mantiene atractivo el rendimiento en pesos.

Del otro, las zonas francas —motor exportador del país— advierten que esa misma apreciación, sumada a los nuevos aranceles de la administración estadounidense, configura una doble presión que desborda el relato oficial.

Gestión incompleta

Sería un error presentar el debate como una disputa entre una autoridad monetaria impecable y un sector que reclama privilegios. Una lectura más equilibrada indica que el régimen de flotación está bien concebido, pero su gestión resulta incompleta por tres razones.

Primero, no existe una regla de intervención suficientemente transparente. En la práctica, el Banco Central no administra una flotación pura, sino una flotación con intervención discrecional. Es posible defender el régimen sin sacrificar previsibilidad; lo que resulta difícil es no explicar con suficiente claridad bajo cuáles criterios se interviene. Esa incertidumbre complica la planificación de los exportadores.

Segundo, se confunde estabilidad con neutralidad distributiva, o sea, una política macroeconómica nunca afecta a todos los sectores de la economía de la misma manera, aunque mejore un indicador agregado. Una apreciación de 8.1%, evaluada exclusivamente desde los promedios macroeconómicos, puede ocultar que sus costos recaen con especial intensidad sobre sectores exportadores concentrados en un mercado determinado.

Y tercero, la defensa oficial responde a la presión cambiaria apelando a los fundamentos, pero no ofrece el necesario complemento estructural. El arancel es un choque exógeno: no se resuelve con un comunicado del Banco Central ni con una rueda de prensa del MICM.

Peso fuerte

Para el Gobierno, un peso fuerte ofrece ventajas evidentes: abarata petróleo, alimentos, materias primas y bienes importados, y contribuye a moderar la inflación. En una coyuntura marcada por el elevado costo de la vida, ese beneficio no puede minimizarse.

Pero si para conseguir unos meses de menor inflación terminamos debilitando exportaciones, inversión y empleos formales, estaríamos resolviendo un problema de corto plazo mientras agravamos otro de mediano plazo.

No se trata de escoger entre consumidores y exportadores. Se trata de procurar un tipo de cambio real compatible, simultáneamente, con la estabilidad de precios y la competitividad productiva.

Por eso, el debate no debería formularse simplemente preguntando si tiene razón el Banco Central al defender la flotación. La pregunta verdaderamente importante es otra: ¿tiene República Dominicana una política económica preparada para proteger su capacidad exportadora en un mundo que está abandonando rápidamente las reglas comerciales bajo las cuales construimos buena parte de nuestro modelo de crecimiento?

Presiones

La apreciación del peso y el arancel de Trump no son dos anécdotas coyunturales. Son presiones simultáneas sobre un mismo actor —el sector exportador de zonas francas— que ponen de relieve una debilidad de la política económica: un régimen cambiario defendido sin suficiente previsibilidad, un sector de importancia macroeconómica altamente concentrado en un solo destino y una respuesta oficial que corre el riesgo de confundir estabilidad con neutralidad distributiva.

El régimen de flotación no debe abandonarse ni convertirse en dogma: debe administrarse como parte de una política económica que atienda simultáneamente a la competitividad, los costos estructurales y una estrategia comercial capaz de responder al nuevo proteccionismo.

jpm-am

Mucho antes de que Donald Trump estrenara su primer mandato (1916-2020), en Europa se registraba un activo giro político hacia la extrema derecha (Dinamarca, noruega, Suiza, Hungría, Polonia, Italia, Suecia, Países Bajos y Francia), extremismo ideológico que nada tiene que ver con el inquilino de la Casa Blanca.

Ese brote ultra se atribuye al desenfreno migratorio desde Asia y África hacia el viejo continente, así como a la promoción de esquemas económicos neoliberales que colisionan con principios de gobernanza de la Unión Europea basado en la promoción del Estado de bienestar social y económico.

Ese proceso ideológico ultra que tuvo su origen en 1922 en Italia con el advenimiento del fascismo, y en 1933 del nazismo en Alemania, retoñó en 1999, en Austria, y no ha parado de extenderse por toda Europa, donde partidos de extrema derecha conquistan el gobierno o se afianzan como fuerzas electorales determinantes.

No cabe duda de que el detonante principal de ese fenómeno político y social ha sido la masiva y dilatada migración hacia Europa, aunque la promoción de políticas económicas excluyentes también gravita grandemente, pero en todo caso, gobierno de izquierda o progresistas cargan con fardo de responsabilidad.

En América Latina lo que ha influido en ese viraje político hacia la extrema derecha ha sido el abrupto cambio de política exterior de Estados Unidos, impulsado por el gobierno de Trump, que retomó el viejo aforismo de “América para los Americanos” (estadounidenses), con el apoyo a proyectos políticos ultra.

Ese oleaje extremista alcanzó a Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Argentina, Panamá, Bolivia y Costa Rica, en tanto que Washington controla a Venezuela, después de la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, y ha impuesto un estricto cerco energético sobre cuba.

La izquierda carga con mucha culpa por esos cambios de dirección política en el continente a causa también de sucesivos fracasos de mentados gobiernos progresistas que no cumplieron ni mínimamente con las expectativas de cambio social y político de sus respectivos pueblos, como son los casos de Chile, Venezuela, Argentina, Perú, Ecuador y Bolivia, entre otros.

La mayoría de esos gobiernos no cumplieron promesas de reducir pobreza, controlar inflación, combatir la corrupción, promover valores democráticos o redistribuir con equidad el ingreso público, porque sus líderes prefirieron instalar grandes manufactureras de excusas o justificaciones.

República Dominicana es, junto a Uruguay, sobreviviente de ese holocausto político que hoy atribula a gran parte del continente, lo que se atribuye en el caso nuestro a una democracia política consolidada, construida a sangre, sudor y lágrimas, y a una economía resiliente que en más de dos décadas ha crecido en promedio sobre el 5%.

El gobierno debería pensarlo más de dos veces antes de caer en la tentación de colocar en pública subasta valores democráticos que sustentan la gobernanza y la convivencia, por lo que se aconseja resistir presiones externas porque el pueblo dominicano ha demostrado más de una vez que es alérgico a la injusticia o represión.

jpm-am