Pacto El Carmelo quedó sin efecto

La salida del país de los anexionistas comenzó a prepararse con una ley del 7 de enero de 1865 del Congreso de Madrid: “1-Queda derogado el Real Decreto del 19 de marzo de 1861 por el cual se declaró incorporado a la Monarquía el territorio de la República Dominicana.2-Se autoriza al Gobierno para dictar las medidas necesarias a mejor ejecución de esta ley, dando en su tiempo cuenta a las Cortes”.

El 3 de marzo de 1865, consumada la derrota de la anexión, apareció el siguiente Real Decreto: “…Su Majestad Católica reconoce como nación libre, soberana e independiente a la República Dominicana con todos sus territorios”. El 1 de mayo de dicho año la reina aludida (Isabel Segunda) emitió un “decreto de abandono”. Eso permitió que aquí se firmara el 6 de junio de 1865 el llamado Pacto de El Carmelo.

Pero dicho pacto sólo favorecía a los anexionistas: a) Que la anexión fue un acto espontáneo del pueblo dominicano; b) Que el cese de los enfrentamientos era “un acto de magnanimidad de la Reina de España; c) Que República Dominicana se obligaba a indemnizar al reino de España por los gastos incurridos durante la guerra, y así otras barbaridades de naturaleza imperial.

En dicho país del sur de Europa había entonces un ambiente de falsa superioridad moral. El congresista Antonio Cánovas del Castillo dijo: “La reanexión a España de la parte oriental de la antigua isla Española fue un error muy craso y muy grave…”; pero de inmediato añadió que las tropas españolas tenían primero que triunfar contra los dominicanos y después retirarse como un acto de magnanimidad”.

Textualmente señaló que su posición era: “Para que no se declare a la faz del mundo que España puede ser vencida en las Antillas, para que no quede consignado en el exterior que España no puede pelear en los trópicos”. (Reproducido en la obra titulada “Cómo acabó la dominación de España en América”. Editorial Forgotten Books. Enrique José Piñeyro Barry).

Ciertos periódicos madrileños propalaban una narrativa llena de mentiras, como testificó un oficial español que combatió a los restauradores, y que luego fue autor de textos de historia. (Historia de la dominación y última guerra de España en Santo Domingo. Editora de Sto. Dgo. 1974.Pp 296 y 297. Ramón González Tablas).

El dicho pacto se hizo en la hacienda El Carmelo, en las afueras de Santo Domingo. Estaba minado de trampas y obligaciones inaceptables para el país. Por eso el presidente dominicano, Pedro Antonio Pimentel, expuso cinco objeciones fundamentales al mismo. Eso desató la ira del general La Gándara, el último capitán general anexionista, quien no habiendo logrado sus propósitos se sintió ofendido.

Dicho pacto, rechazado por la más alta autoridad dominicana, era en sí lo que en Derecho Internacional Público se conoce con la condición de “ad-referéndum”. La Gándara reaccionó con lenguaje violento diciendo que “por ser válido, legal y subsistente estaba decidido a sostenerlo sin alteración ni modificación alguna”. Un exabrupto que pronto se quedó en agua de borrajas.

Ese personaje, acostumbrado a la bravuconería, era un amasijo de contradicciones. Sabía que hacía más de un año que los anexionistas se habían rendido ante las victorias en progresión de los restauradores, cuya beligerancia era reconocida por países como Inglaterra, Venezuela, Estados Unidos, Francia y otros.

En el of. No. 19 del 8-3-1864 el cónsul inglés  Martín T. Hood, escribió lo siguiente: “En mi despacho No.31 del 20-9 del año pasado informé que el coronel Cappa y el brigadier Buceta, comandante de las fuerzas españolas en Santiago, habían capitulado ante los dominicanos, pero más adelante habían roto las estipulaciones del acuerdo…” (Correspondencia consular inglesa sobre la anexión de Santo Domingo a España. AGN. Edición 2012. P288. Roberto Marte).

Para La Gándara, Buceta, Nárvaez y otros jefes españoles a la hora de la verdad carecían de valor las palabras de la reina Isabel Segunda cuando firmó (3-3-1865) un documento oficial señalando que: “Habrá paz y amistad perpetua entre la República Dominicana y la nación española, así como entre los ciudadanos y súbditos de ambos Estados”.