Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
El COE pone bajo alerta a 14 provincias y el DN por lluvias
RD Vial desembolsa RD$70 mil millones en obras desde 2021
Gobierno proyecta eliminar los semáforos de SD hacia el Cibao
Empresa dominicana adquiere Cementos Fortaleza El Salvador
LF: La canasta básica ha pasado de RD$28 mil a 49 mil pesos
Irán señala que la guerra no beneficia a la región del Golfo
UE intercepta en Mediterráneo petrolero «flota fantasma» rusa
Abinader designa a Víctor Livio Cedeño superintendente Bancos
Trump podría retirar apoyo a la soberanía británica las Malvinas
Machado ve a Venezuela clave en seguridad energética global
GINEBRA, Suiza, 29 de marzo ( EFE).- Los Estados miembro de la ONU deben cumplir el embargo de armas impuesto por el Consejo de Seguridad contra Haití para frenar el tráfico ilícito que alimenta la grave violencia de bandas en el país, reclamó ayer la Oficina de ONU para los Derechos Humanos.
Su alta comisionada adjunta, Nada Al-Nashif, presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el último informe de la oficina, que documenta la muerte de al menos 5,500 personas a causa de esa violencia de bandas entre marzo de 2025 y enero de 2026.
Estos grupos armados, que ya no sólo controlan buena parte de la capital, Puerto Príncipe, sino también amplias zonas en departamentos como Centro o Artibonito, “asesinan, secuestran, golpean y queman los cadáveres de quienes se interponen en su camino”, denunció.
El informe también señala que más de 1,570 mujeres y niñas fueron víctima de violencia sexual, y que las bandas reclutan menores para actividades criminales.
“Les obligan a cometer asesinatos, violencia sexual y secuestros, así como a destruir propiedades”, señaló Al-Nashif, quien también recordó que las bandas criminales restringen el acceso de civiles a alimentos, atención sanitaria y educación.
La oficina de la ONU advirtió que fuerzas de seguridad y firmas extranjeras contratadas para combatir las bandas han hecho uso excesivo de la fuerza en operaciones contra bandas criminales y personas acusadas de apoyarlas.
