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NUEVA YORK.- Miles de neoyorquinos acusados de delitos menores o no violentos no enfrentarán la perspectiva de juntar dinero para pagar fianzas según un plan que busca evitar que dichos sospechosos sean encerrados en la cárcel de Rikers Island.
El plan municipal de 18 millones de dólares, detallado antes del anuncio del miércoles, permitirá a los jueces a partir del año próximo reemplazar el pago de fianza de dichos acusados con la alternativa de supervisión, inclusive comparecencias diarias, recordatorios en mensajes de texto y terapia obligatoria, ya sea por drogas o problemas de comportamiento.
Las fianzas han sido criticadas por afectar principalmente a los pobres. Y las reformas fueron recomendadas el año pasado por un grupo de trabajo municipal después que la AP reportó el caso de un enfermo mental desamparado que no pudo pagar una fianza de 2.500 dólares y murió en una celda de Rikers en medio de un calor abrasador.
Los pedidos de reforma cobraron fuerza después del suicidio el mes pasado de Kalief Browder, de 22 años. A los 16 años, Browder no pudo pagar una fianza de 3.000 dólares bajo el cargo de haber robado una mochila. Terminó encerrado en Rikers durante tres años, golpeado por otros presos y por los guardias y mantenido en confinamiento solitario antes de que le levantaran los cargos.
«Creo que el principio básico es que el caso de Kalief Browder y otros han empezado a cobrar importancia en la opinión pública», comentó Elizabeth Glazer, coordinadora municipal de justicia penal. «Deseamos enfocarnos en el factor de riesgo para decidir si alguien deberá estar encerrado o no, y debe ser por riesgo y no por dinero».
Actualmente, un 41% de los acusados por cargos penales que pasan anualmente por los tribunales de la ciudad de Nueva York quedan en libertad mientras se ventilan sus casos y otro 14%, o 45.500 personas, quedan encerrados bajo fianza.
Un 87% de los 1.100 en libertad supervisada incluidos en un programa piloto municipal existente regresan ante la justicia cuando se les requiere, dijeron las autoridades.
La financiación original, suministrada por el fiscal de Manhattan, permite que hasta 3.000 acusados de contravenciones o delitos no violentos no se vean obligados a pagar fianzas, puedan vivir con sus familias y mantener sus empleos mientras se ventilan sus casos.
Las autoridades dicen que les gustaría ampliar el programa para incluir a miles de acusados más.
jt/am