Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Fuerzas EU abordan petrolero llevaba crudo iraní en el Índico
Trump dice que está listo para acciones militares contra Irán
Comienza en El Salvador juicio contra más de 500 bandoleros
Irán acusa EU de ‘piratería’ por captura buque en mar de Omán
Adán Cáceres ve «insostenible» caso corrupción en su contra
Ministerio Público pide envío a juicio del exsenador Calderón
Jet Set: Piden embargo bienes, retiran 9 querellas y ponen otra
PLD: «Masivas importaciones ahogan productores del agro»
Cuba confirma un encuentro con enviados de EEUU en la isla
MEXICO: Tiroteo pirámide deja al menos 2 muertos y 13 heridos
SANTO DOMINGO.- La Unión Demócrata Cristiana (UDC) se sumó a los sectores que se oponen a la puesta en vigencia de la nueva ley 140-15 que regula el notariado, alegando que esa legislación incrementa el costo de las campañas electorales de manera considerable.
Leonardo Suero, delegado de la UDC ante la Junta Central Electoral, dijo que cada formulario de aceptación de candidatura que tiene que firmar el presidente del partido y el candidato postulante debe ser legalizado por un notario para adquirir su validez.
Suero explicó que con las nuevas tarifas establecidas en la ley 140-15, cada partido debe buscar alrededor de 12 millones de pesos para legalizar mediante acto notarial las candidaturas de más de cuatro mil candidatos a cargos electivos.
Leonardo Suero señaló que los partidos emergentes no reciben de la Junta Central Electoral los recursos suficientes para sufragar el pago que conlleva la legalización de documentos, en caso de que se permita la entrada en vigencia de la ley 140-15.
Indicó que con la ley anterior, la 301-64, el registro de las firmas del presidente del partido y los candidatos se podía hacer de forma accidental en el Distrito Nacional, pero que con la nueva legislación es obligatorio legalizarla en la jurisdicción de cada aspirante a una posición electiva.
jpm