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Es totalmente inaceptable la intención del gobierno dominicano de privatizar los servicios consulares cuando en realidad las labores que se realizan en los consulados son normales y transparentes.
Con la iniciativa lo que se busca en realidad es favorecer a grandes corporaciones, sean estas extranjeras o dominicanas, que en nada ayudarán a bajar los altos costos de los servicios consulares para beneficio de los inmigrante dominicanos.
Más importante sería que los cónsules devengaran un salario como empleado del Estado y esos grandes beneficios económicos que se llevan como comisiones sean devueltos a la comunidades en las rebajas de los documentos consulares.
No hay razón valedera que justifique la privatización de los servicios que brindan los consulados dominicanos a los migrantes criollos en toda parte del mundo. Eso no es más un invento del gobierno que debe ser echado atrás oportunamente.
El Ministerio de Relaciones Exteriores debe sopesar muy bien la medida antes de que se vaya a poner en vigencia porque eso en nada beneficiaría a los usuarios y si al sector privado.
jpm-am