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Nada de Política
En los momentos en que el escenario político comenzaba a calentarse en el patio, con la salida al Domo de varios precandidatos a la presidencia de la república, la Junta Central Electoral se adelantó prohibiendo toda clase de proselitismo político sin previa consulta con los partidos políticos, trayendo como consecuencia que varios candidatos del partido de gobierno saliesen al frente oponiéndose a dicha resolución, habida cuenta de que muchos ya habían renunciado a desempeñar cargos públicos y dedicarse a conquistar adeptos con miras a concretar sus aspiraciones presidenciales para el 2020.
El primero en salir al frente a dicha resolución fue el expresidente Dr. Leonel Fernández, declarando que tal medida podría sesgo de inconstitucionalidad y que limita derechos ciudadanos establecidos en la constitución de la república y que la JCE no tenía facultad legal para regular las precampañas sin tener una ley que contemple dicha situación. También salió al frente el secretario general del PLD y aspirante presidencia, considerando dicha medida a destiempo.
Como se sabe, la JCE dispuso que los ciudadanos y dirigentes de los partidos con pretensiones de ser candidatos en las elecciones 2020 suspendan, en un plazo de cinco días, todas las actividades proselitistas que incluyan marchas, caravanas, propaganda y uso de altoparlantes, entre otras. Debió advertido la JCE a los pre-candidatos: “tranquilo, tranquilo”. “No desesperéis, faltan dos años para la ñoña.”
La prohibición de movilización de personas en la vía pública, caminatas o marchas y caravanas, propagandas y uso de vallas en espacios públicos, busca garantizar una competencia igualitaria y el equilibrio entre los propios aspirantes de los partidos políticos nacionales, según expresa el especialista en derecho Carlos Salcedo.
Sin embargo, el Dr. Pina Toribio, ex consultor jurídico y miembro del Comité Político del PLD, afirma que la Junta Central Electoral debe analizar la resolución que prohíbe todas las actividades proselitistas que incluyan marchas, caravanas, propaganda y uso de altoparlantes, entre otras.
Mientras se analiza la legalidad de la resolución, todos a la calle.
Muchos observan que la Junta Central Electoral sacó esa resolución como de la manga de un Mago, pareciendo que estamos en los tiempos de los magos Merlín u Oswald y que misma salió de manera sorpresiva y sin previa consulta con los partidos políticos. Conociendo que no existe una ley de partidos políticos y obviando que la constitución de la republica consagra el derecho a la libre expresión y difusión del pensamiento y que sin la aprobación de una ley que regule los procesos electorales y a los partidos políticos se hace casi imposible garantizar su aplicación.
Hay sectores que creen que dicha resolución se ha emitido para frenar las aspiraciones el expresidente Leonel Fernández, porque las encuestas lo perfilan en el carril de adentro a lo interno de su partido y que esa ventaja lo convertiría en el próximo presidente de la república.
¿Qué probabilidad tiene esta resolución de ser aplicada? Parece que esta es la parte más difícil debido a que la Junta Central Electoral deberá contar con una fuerza policial, el apoyo de la Procuraduría General de la república, los ayuntamientos y con los recursos suficientes para evitar la colocación de vallas, evitar que las personas reunidas desborden los locales, evitar que las visitas se conviertan en caravanas y sobre todo aplicar las sanciones.
Parece que estamos en un dilema: Sin la ley de partidos políticos, sin reforma a la ley electoral, con precandidatos del mismo partido que apoyan la resolución de la JCE y otros que la rechazan, así como también, parte de la oposición la rechaza y otra parte la apoya. Lo que se colige es que no hay consenso ni con la resolución de la JCE, ni con la ley de partidos y mucho menos de ponerse de acuerdo para decidir si las Primarias Abiertas o Primarias Cerradas.
Por lo visto la Junta Central Electoral no quiere nada de política en estos momentos, porque eso le mermaría el presupuesto, la gente del gobierno tampoco quiere nada de política y ha puesto como regla que los funcionarios que tengan aspiraciones deban renunciar de sus puestos. La oposición que se ve en desventajas frente a los candidatos del PLD no quiere nada de política y, participación ciudadana tampoco quiere nada de política, visto así la JCE y tiene la mitad del pleito ganado, solo falta que la resolución no sea recurrida al tribunal constitucional, mientras tanto, nada de política.
of-am