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En un país donde la corrupción había sido por décadas parte del paisaje, hablar de lucha anticorrupción sonaba a discurso repetido y sin consecuencias.
Debemos dejar la mezquindad a un lado y reconocer que la llegada de Luis Abinader al poder marcó un giro en la cultura política dominicana al permitir investigar casos de corrupción heredados y también señales internas, sin blindajes políticos, fracturando viejos esquemas de impunidad.
Aunque legítima y reconocida, esa lucha de nuestro actual gobernante incomoda a sectores del poder tradicional al dejar de ser un estribillo para convertirse en eje central de su narrativa y, sobre todo, de su gestión.
Está suficientemente claro el hecho de que esa batalla no está libre de tensiones, pues enfrenta resistencias, casos pendientes y el reto de sostener la institucionalidad más allá de del actual mandato presidencial.
Aunque hay avances visibles, el cambio no es absoluto debido a que persisten prácticas arraigadas, denuncias de irregularidades y una justicia todavía incompleta.
Abinader no ha desmontado totalmente el pacto de impunidad, pero sí lo fracturó como ningún otro gobierno reciente, abriendo grietas que podrían convertirse en ruptura real si la institucionalidad trasciende a su mandato.
Entre los hechos que sobre el particular se pueden citar esta la implementación de una Estrategia Nacional de Integridad Pública, bajo supervisión de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que ha marcado
Un giro hacia la prevención sistemática.
Igualmente se ha registrado una reforma del sistema de contrataciones públicas basada en datos abiertos, controles previos y reducción de discrecionalidad, con lo cual se ha colocado a nuestro país en el radar internacional como caso de modernización regulatoria.
Podría decirse que el cambio más trascendental fue la decisión política de permitir que la justicia investigara casos de corrupción sin blindajes partidarios, incluso contra figuras de gobiernos anteriores y de la actual administración.
Informes del Departamento de Estado de los Estados Unidos valoran como cumplido, en gran medida, el compromiso asumido por Abinader de priorizar la lucha anticorrupción, destacando avances en transparencia y respeto a la autonomía institucional.
Índices internacionales
A esto se suma que el país ha mejorado posiciones en índices internacionales que miden la percepción de corrupción, algo que se traduce en señales de mayor gobernanza e institucionalidad.
No obstante, nadie debe afirmar que el problema está resuelto, pues en esta misma gestión han salido a la luz casos de irregularidades, mala administración y denuncias públicas, algunos de los cuales concluyeron con destituciones, otros continúan en investigación y unos cuantos terminaron diluidos en el ruido cotidiano.
El mérito del actual gobierno radica en haber alterado las reglas no escritas del poder al pasar del encubrimiento a la exposición, de la complicidad a la investigación y de la tolerancia a la regulación.
Ese mérito, aunque incómodo para algunos sectores, es innegable.