Por EDWIN PINEDA CARRASCO
Los recientes hechos ocurridos en Santiago, donde un trabajador de limpieza urbana tuvo que huir mientras era perseguido por un grupo de motoristas en plena vía pública, han generado inquietud y debate en distintos sectores de la sociedad dominicana.
Más allá de las circunstancias específicas del incidente, la escena invita a reflexionar sobre un problema más profundo que atraviesa a muchas sociedades: la pérdida de confianza de los ciudadanos en el sistema de justicia.
Cuando un conflicto o accidente ocurre en la vía pública y la reacción inmediata de un grupo es perseguir o intentar agredir a una persona, es evidente que algo no está funcionando correctamente en el tejido social. Ninguna circunstancia puede justificar la violencia colectiva ni los intentos de hacer justicia por mano propia.
Sin embargo, también resulta necesario analizar por qué, en determinados momentos, algunos ciudadanos llegan a sentir que la única forma de obtener respuestas es actuando por su cuenta. En muchos casos, esa reacción está relacionada con la percepción de que los procesos judiciales son lentos, que los casos quedan impunes o que las instituciones no responden con la rapidez y firmeza que la población espera.

Esa percepción —sea real o no— tiene consecuencias profundas. Cuando la confianza en la justicia se debilita, se abre un espacio peligroso en el que algunos intentan sustituir la ley por la fuerza. Y cuando la fuerza reemplaza al derecho, lo que surge no es justicia, sino violencia.
Las sociedades democráticas se sostienen precisamente sobre el principio contrario: los conflictos se resuelven mediante instituciones, procedimientos legales y tribunales imparciales. La justicia no puede depender de la reacción de una multitud ni del impulso del momento.
Por ello, hechos como el ocurrido en Santiago deben servir no solo para condenar cualquier intento de agresión colectiva, sino también para impulsar una reflexión más amplia sobre la necesidad de fortalecer las instituciones, mejorar la respuesta del sistema judicial y recuperar la confianza de los ciudadanos en el estado de derecho.
La República Dominicana ha experimentado importantes avances en diferentes áreas durante los últimos años. Pero el verdadero desarrollo de una nación no se mide únicamente por su crecimiento económico o por sus infraestructuras, sino también por la fortaleza de sus instituciones y por la capacidad de su sociedad para resolver los conflictos de manera pacífica y dentro del marco de la ley.
La violencia nunca puede convertirse en sustituto de la justicia. Cuando eso ocurre, toda la sociedad termina perdiendo.
JPM


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