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MADRID, España.- El juez José Castro mantiene imputada a la infanta Cristina para que sea juzgada por dos presuntos delitos contra la Hacienda pública y uno de blanqueo de capitales en el auto de 167 páginas con el que ha puesto fin a la instrucción del caso Nóos tras cuatro años de investigación. Una resolución judicial que es recurrible antes de que Castro dicte el auto de apertura de juicio oral para decidir quién se sentará finalmente en el banquillo de los acusados.
El juez ha tomado esta decisión al encontrar «sobrados indicios» de que la hija de don Juan Carlos I y hermana del rey de Felipe VI «intervino lucrándose» personalmente y «facilitando los medios para que lo hiciera su marido», Iñaki Urdangarin, «mediante su colaboración silenciosa» en Aizoon, la empresa que compartían al 50% y a la que se desvió parte de los «fondos ilícitamente ingresados» por el Instituto Nóos de las arcas públicas del Gobierno de Baleares y la Comunidad Valenciana con el fin de defraudar presuntamente a Hacienda y usar ese dinero para gastos personales.
La decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma abre la puerta a que la infanta sea juzgada junto a su marido,Iñaki Urgandarin, y otros 14 imputados por esta supuesta trama de corrupción investigada por la presunta malversación de seis millones de euros de dinero público de estas autonomías a través del Instituto Nóos, puesto en marcha por el duque de Palma y su exsocio, Diego Torres.
La Fiscalía Anticorrupción y la defensa de la infanta ya han anunciado que recurrirán en auto. La Audiencia Provincial de Palma no resolverá los recursos hasta después del verano, según confirman fuentes jurídicas.
Colaboración «activa» en el fraude fiscal
El instructor del caso Nóos mantiene que la infanta Cristina «participó en las actividades defraudatorias» cometidas a través de Aizoon, una empresa que se creó para repartir parte de los beneficios ilícitos del Instituto Nóos, facturar hipotéticos servicios profesionales de Urdangarin para no declararlos en el IRPF, cruzar facturas ficticias para tributar lo menos posible, usar incentivos fiscales y «crear un patrimonio familiar a repartir» entre el matrimonio.
De esta forma, Urdangarin habría defraudado en IRPF más de 182.000 euros en la declaración de 2007 y más de 155.000 en la de 2008 a través de esta empresa, informa Efe. Una «defraudación que nunca hubiera podido tener lugar sin la activa participación de Aizoon, creada sin más motivo aparente que el general defraudatorio y coparticipada al 50% por ambos cónyuges».
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