Maniobra sediciosa

El propósito de este oleaje mediático y fáctico no es ni ha sido el de combatir la corrupción ni adecentar al Poder Judicial, pues sus auspiciadores visibles y ocultos carecen de calidad política y moral para emprender una cruzada de ese tipo  en razón de que han sido siempre causa y parte del problema.

Los que desde las poltronas de  gremios y fundaciones empresariales atizan el descredito contra el sistema de justicia representan los mismos litorales corporativos que  antes manejaban a control remoto a los tribunales, incluido la redacción  a distancia de sentencias y dictámenes.

La vez que el presidente Balaguer definió a la justicia  como mercado de compra y venta de sentencia, ese gremio empresarial no produjo un espacio pagado en la prensa ni financió la opinión sesgada de una fundación relacionada. ¿Acaso en esa oportunidad no era imperativo moral denunciar la  corrupción judicial?

¿A quién se pretende acusar por  los mercaderes en el templo fue el estadista que en 1997 produjo y dirigió la primera gran reforma judicial al poner en práctica la reforma constitucional de 1994, que instituyó el Consejo Nacional de la Magistratura.

En esa ocasión, el gobierno del mismo partido que hoy dirige los designios nacionales, convocó a la clase política, académica y a toda la sociedad organizada a participar en la selección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, aleccionador proceso que se efectuó por televisión.

Daba gusto ver  a través de la pantalla chica a la doctora Milagros Ortiz Bosch referirse al contenido de ese proceso y señalar bondades de posibles candidatos, porque se sabía de ese modo se consolidaba el espacio democrático.

Hoy, la corriente política a la que pertenece  la  doctora Ortiz Bosch convoca movilizaciones contra un Poder Judicial legítimo y legal, con jueces  de la Suprema Corte escogidos por  el CNM, que a su vez integran ocho miembros, cinco de los cuales fueron elegidos por el voto popular, por lo que  el despropósito contra la justicia  tiene carácter de sedicioso.

Revísese la matrícula de jueces de la SCJ y  el historial de cada uno de esos  magistrados, incluidos los  propuestos por partidos políticos de oposición,  en la seguridad de que se llegara a la conclusión de que son magistrados honorables que ejercen su sacerdocio con denodada vocación y responsabilidad.

Las sentencias se atacan o se recurren por vía de los recursos, como ha hecho  el Ministerio Público frente a un fallo que considera equivocado, pero  cuando se trata de  atacar la conducta de un juez, se requiere de pruebas fehacientes o evidencias  sobre  posible  venalidad o prevaricación. Lo mismo cuanta para los fiscales, que no está exento de la sospecha pública.

No hay que ser telépata ni mago para darse cuenta de que el oleaje mediático y fáctico contra el Poder Judicial, es una burda maniobra dirigida  a pretender  inhabilitar a un partido que desde el gobierno  rescató  la honra del Sistema de Administración de Justicia, que el presidente Balaguer llegó a calificar como mercado de compra y venta de sentencias.