Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Parque Mirador celebra 30 años; llama fortalecer el ecoturismo
Se oponen algunos deslenguados
Edesur invierte RD$649 millones para fortalecer su red eléctrica
Junior Caminero sin fractura tras pelotazo Juego de Estrellas
Presidente UDC alerta sobre posibles deportaciones de EU
TSA mantiene impedimento a dos ARS de suspender servicios
Los rectores de la UASD y sus facultades
Los Pigozzi lideran esperanzas de medallas en esquí náutico
Edenorte invierte RD$100 millones en subestación Nibaje
Presentan obra sobre 40 años de pensamiento económico RD
CARACAS.- El presidente venezolano, Nicolás Maduro, dijo que los 33 magistrados nombrados el viernes como tales por el Parlamento para sustituir a los jueces del Tribunal Supremo que considera “ilegítimos” irán presos “uno por uno” y se les congelarán sus bienes y sus cuentas bancarias.
“Esta gente que nombraron, usurpadores que andan por ahí. Todos van a ir presos, uno por uno, uno detrás de otros. Todos van a ir presos y a todos les van a congelar los bienes, las cuentas y todo, y nadie los va a defender”, afirmó Maduro durante su programa semanal en la televisión pública.
Uno de estos magistrados, Ángel Zerpa, fue detenido ayer por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), en una acción que ha sido calificada de “terrorismo de Estado” por el Parlamento, de mayoría opositora, y que ha acusado a los jueces en ejercicio del TSJ de ser el brazo judicial del Gobierno.
“Ahora están cometiendo el error garrafal de crear un Estado paralelo, que es una barrabasada, una estupidez, una cosa de muchachos, de adolescentes políticos”, agregó Maduro en alusión a los nombramientos del Parlamento.
La oposición venezolana aprobó el viernes las designaciones de nuevos magistrados semanas después de que la fiscal general, Luisa Ortega, impugnara sin éxito los nombramientos de 33 jueces que ahora ocupan los sillones del Supremo por presuntas irregularidades en su proceso de elección.
Los jueces en ejercicio fueron designados por el anterior Parlamento chavista en un proceso relámpago completado en unos días, justo después de la victoria opositora en las elecciones legislativas del año 2015 y antes de que la nueva mayoría tomara posesión en la Cámara.
Con su intento de sustituir a estos magistrados, la oposición venezolana busca iniciar el restablecimiento de “la constitucionalidad” en el país, comprometida, según los detractores del Gobierno, por varias sentencias del Supremo que castigaban al Parlamento tras haber declarado a la Cámara “en desacato”.
