Ley de Partidos Políticos: Cuento de nunca acabar… (1 de 3)

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EL AUTOR es periodista. Reside en Santo Domingo.

 

Por DAVID RICARDO BRENS

 

El dieciséis de mayo del año 1994, día de la celebración de las elecciones nacionales para elegir al Presidente, Vicepresidente, Senadores y Diputados; Síndicos y Vice-Síndicos, Regidores y sus suplentes, la clase política y la sociedad dominicana se llevaron la sorpresa de la comisión de un fraude electoral colosal producido contra el principal candidato de la oposición y, a favor del candidato oficialista, que optaba por una segunda reelección.

 

Ese hecho singular que provocó una crisis política y social post-electoral, fue el resultado de que los dominicanos no contábamos con un aparato jurídico electoral idóneo, que nos permitiera realizar elecciones limpias, serias y creíbles; contar con un padrón de votantes saneado y actualizado, donde los muertos no se levantaran de sus tumbas el día de las elecciones para ir a sufragar por el candidato oficialista.

 

Las consecuencias jurídicas y sociales surgidas pasadas las elecciones de mayo de 1994, fueron las que resultaron de la elección de una Junta Central Electoral compuesta e integrada por tres jueces que obedecían a los lineamientos del Palacio Nacional y de la cúpula gobernante en ese momento.

 

La falta de una Ley Electoral que presentara garantías mínimas a los actores del sistema de partidos, que post la crisis del 94 participaría en las elecciones generales, fue la gran preocupación de los líderes políticos y de agrupaciones políticas de la época.       

 

El principal líder de la oposición, Dr. José Francisco Peña Gómez, candidato presidencial por el PRD llevó la voz cantante, tanto a nivel nacional, como a la comunidad internacional en su condición de alto dirigente de la Internacional Socialista y de las buenas relaciones de que gozaba este gran líder a nivel internacional.

 

Es a raíz de la culminación de las elecciones del año 1996, en la que surge electo presidente el Dr. Leonel Antonio Fernández Reyna, que a iniciativa de los partidos políticos y las presiones ejercidas por el PRD y el Dr. Peña Gómez a través de Tribuna Democrática y los escenarios internacionales; el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norte América y los embajadores Robert Pastorino y Donna Jean Hrinak, y parte importante de la Unión Europea, que se aprueba una nueva Ley Electoral, la número 275-97, para regir las elecciones en la República Dominicana.

 

Si bien es cierto, que para su tiempo esta normativa electoral era innovadora y moderna, ya que por primera vez se verían las figuras de colegios electorales cerrados, voto preferencial, voto en el exterior, mayores oportunidades de participación para las mujeres, listados de concurrentes, conteo manual y confección de acta de mesa electoral, no menos cierto es que en la actualidad la ley 275-97, es una legislación electoral anquilosada, que ha perdido su sentido de aplicación, ya que los tiempos modernos y la tecnología la hacen obsoleta y su vigencia y permanencia más bien lo que crearía es crisis e inconvenientes al momento de llegar las elecciones y en el desarrollo de la misma.

 

Si en el Congreso Nacional-de mayoría Peledeísta Oficialista-, no se aprueba una ley electoral y de partidos políticos, los dominicanos no tendremos garantías de elecciones limpias, diáfanas, transparentes y creíbles en el 2020, ya que la normativa actual no expresa reglas claras en cuanto al financiamiento de los partidos políticos, los recursos que reciben los candidatos a los diferentes cargos electivos, la participación igualitaria del hombre y mujer en las elecciones y en los puestos dirigenciales de las agrupaciones políticas.

 

Estamos ante un gran dilema en cuanto a la aprobación de una ley de partidos políticos y agrupaciones electorales, que nace fruto de la disidencia existente de dos de los principales líderes políticos que dirigen el país. Si estos no se ponen de acuerdo y sobreseen sus apetencias personales, entonces es claro que el país y la sociedad vivirá por mucho tiempo de crisis en crisis en los procesos eleccionarios en que se involucre, las reglas electorales no estarán claras y el clientelismo normara los procesos electivos en la República Dominicana.

 

Es tiempo de dejar los egos, los endiosamientos, la megalomanía y las ambiciones de poder y control del Estado y las Instituciones políticas que ejercen nuestro principales líderes y actores políticos. Un consenso donde estén representadas todas las fuerzas sociales y políticas, así como todos los partidos legalmente reconocidos se impone a fin de que de una vez y por todas nuestro país disfrute de un nuevo ordenamiento legal electoral. Abogamos pues porque la clase política nacional dé el primer paso y el ejemplo de civismo.

davidricardobrens@gmail.com

JPM

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