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Las lecciones de Loma Miranda y el Congreso
Quienes
han observado el comportamiento de nuestros legisladores después de las
observaciones del Presidente Medina a la ley que declaró Loma Miranda Parque Nacional, tendrán que
concluir que estamos frente a un acto de gran irresponsabilidad que debe
llevarnos a una profunda reflexión. De manera alegre nuestro Congreso
Nacional votó casi a unanimidad para
declarar área protegida un promontorio ubicado próximo a la autopista Duarte
cediendo a presiones de grupos interesados, que en principio enarbolaron como
una verdad que en esa loma nacían cuarenta ríos. ¿Cuarenta ríos?, uno se preguntaba
sorprendido. Nunca, sin embargo, pudieron ofrecerles a la opinión pública al
menos los nombres de 5 de esos supuestos ríos. Posteriormente descendieron el
número a 13 y más tarde hablaron de manantiales. Quienes residen en esa zona
montañosa próxima al Valle de La Vega Real se sorprenden cuando se les comenta
estas expresiones salidas de grupos de “escologistas” o “defensores del ambiente”, que en realidad no son otra cosa que
generadores de confusión y marionetas de intereses creados, incluso de
naturaleza política, que es lo más vergonzoso. Digo que la actitud de nuestros
legisladores debe llevarnos a una profunda reflexión sobre la naturaleza y
composición de ese Congreso, porque después de aprobar de manera unánime un
proyecto de ley, cinco días después aceptan con escasos y débiles argumentos
todas las observaciones del Poder Ejecutivo. Veamos. El presidente Danilo Medina, en pocas
palabras, les dijo a esos congresistas: ustedes han aprobado una ley sin tomar
en cuenta que viola preceptos de la Constitución de la República, sin tomar en
cuenta acuerdos internacionales de los cuales es signataria República
Dominicana; ustedes han aprobado una ley sin observar que en materia de
expropiación el Congreso Nacional no cuenta, que en esta materia intervienen sólo
el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.
Pero
más aún. Les llamó la atención porque
antes de embarcarse en la aprobación de esa aventura debieron pensar en una Ley
de Ordenamiento Territorial, en discusión desde hace más de diez años, para que
el país pudiera contar con un instrumento legal que segmente las zonas vedadas
a todo tipo de exploración o explotación
minera y de esta manera, agrego yo, no estar sometidos a las presiones
de grupos que utilizan el medio ambiente para su promoción político-partidista.
A todas estas correctas observaciones del Presidente Medina, esos legisladores,
los mismos que hace cinco días habían dado su visto bueno a ese proyecto-repito,
de manera festiva y desafiante- levantaron sus manos para decir: “Sí, Señor Presidente, usted tiene razón, nos
equivocamos”. El otro punto: juristas de renombre
y bien ganado prestigio, como es el caso de Luciano Pichardo, ex vicepresidente
de la Suprema Corte de Justicia, y más reciente el Consultor Jurídico del Poder
Ejecutivo, César Pina Toribio, advertían que con sus observaciones el
Presidente Medina salvó al país de una condena segura en un tribunal
internacional, en caso de que esa ley hubiese sido promulgada y la empresa
Falcondo se hubiera decidido a formalizar una reclamación por compensación al Estado Dominicano. Se ha
estado hablando de una suma astronómica: 4 mil millones de dólares, que ya el gobierno
anticipó que no dispone en sus arcas. Es decir, que nuestro Congreso tampoco se
detuvo a observar esta consecuencia. Frente al cuestionamiento de que no tomó en cuenta esta parte a la hora de
elaborar y aprobar dicha ley, surgió desde una de las bancadas del Congreso otro
disparate. Se habló de que eso sí se contempló, y de qué manera. Los cuartos se
obtendrían de las multas que impone el Ministerio de Medio Ambiente a las
violaciones a la ley minera, pero resulta que ese organismo ha aclarado que la
aplicación de esa disposición apenas recauda 6 millones de pesos anuales.
¿Investigaron nuestros congresistas? Obviamente que no. La segunda fuente de ingreso
contemplada en la ley de marras es el pasivo ambiental, iniciativa que
obligaría al Estado a sentarse de nuevo frente a las operadores de las empresas
mineras legalmente establecidas en el país, para convencerlas de que era
necesaria una reforma a la ley vigente, cambio que tampoco aseguraría los
recursos que habría que compensar. Es decir, que todo lo que se aprobó fue de oídas.
La gente sensata se pregunta si
estamos bien, si andamos por el camino correcto, porque eso de un Congreso
cediendo a presiones y finalmente actuando en función del populismo, aprobando
algo hoy para mañana rechazarlo no pinta nada bueno para este país.