La Suprema y la sentencia

La designación por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) de 12 jueces de la Suprema Corte de Justicia y la sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional la disposición  de la ley de Partidos que penaliza difundir mensajes negativos a través de las redes sociales, son señales auspiciosas de que la institucionalidad se consolida.

Se mercadeó el temor de que  la selección de esa docena de jueces estaría matizada por  el interés del Gobierno y del partido oficial de  controlar o ampliar su influencia a la SCJ, pero la  sociedad parece recibir con agrado los nombres y currículos de los magistrados  escogidos.

No se niega que la ausencia de la magistrada Mirian German entre los seleccionados ha dejado un sabor amargo porque  esa decisión  del CNM estuvo precedida de un escarceo impropio e innecesario contra su reputación o buena fama.

Fueron tantos los buenos prospectos  que  se presentaron para ser avaluados, que   sobran motivos para lamentarse porque  alguien no  fue  incluido en la nueva lista de jueces y también porque algún magistrado no fue ratificado, lo que habla bien de las potencialidades que posee la judicatura en términos de capacidad, eficiencia y ética.

El designado presidente de la SCJ, Luis Henry Molina, ha ingresado por los portones del aprecio ciudadano, lo que se atribuye a su innegable don de gente, a que fue fundador de la Escuela Nacional de la Magistratura y a que ha sido funcionario público y gerente en la sociedad civil apegado a la decencia y a la prudencia.

Todos los jueces seleccionados son entes activos  de la comunidad jurídica, la academia y la sociedad en las que interactúan sin maculas morales ni tampoco asediados por rumores sobre inconducta ciudadana, pero si  con el reconocimiento colectivo en torno a sus capacidades o especialidades.

Claro está, a esos honorables magistrados  corresponde la trascendente misión de  promover  reforma judicial y de  consolidar una jurisprudencia basada en la Constitución, la ley y el debido proceso, sin la cual no  avanzaría ni se consolidaría el proceso democrático.

La decisión del TC que anula un tipo de sanción contenida en la ley  33-18 que se traduce en censura  a la libertad de expresión,  se recibe como un gran espaldarazo a la democracia e institucionalidad, aunque se admite que las redes sociales son usadas con frecuencias como cloacas de infamia.

La motivación de esa sentencia debe ser  gran valor jurídico, motivo de estudio y discusión en las escuelas de derecho, comunicación y en los partidos, porque hace falta que el suero de la libertades públicas y derechos individuales  se inyecte  en toda la anatomía  de la sociedad.

La nueva Suprema Corte de Justicia y  el ímpetu  del Tribunal Constitucional constituyen buenas noticias para  la democracia e institucionalidad de la Republica. Así lo creo.