La Procuraduría debe intervenir el CARD 

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EL AUTOR es periodista. Reside en Santo Domingo.

Tras ser reelecto presidente del CARD en el 2020, el jurista Miguel Surun Hernandez prometió manejar con transparencia los recursos que recibe del erario y de las cuotas, pero al ser informado sobre la realización de una auditoría de la Cámara de Cuentas (CC) se ha negado a permitirla, restando facultad a esta entidad para auditar el Colegio.

El CARD es una institución de derecho público, autónoma, descentralizada y con personería jurídica que, aunque no recibe fondos del presupuesto administra recursos públicos y la CC está obligada a fiscalizar los ingresos que por las tasas de la venta de sellos judiciales y del MP recibe de la Dirección de Rentas Internas.

Según 3 auditorías hechas por Ramirez y Asociados, el 80% de los recursos que recibe el CARD proviene del gobierno y el 20% de las cuotas por membresía. En 2018 y 2019 recibió más de $113 millones y más de 142 millones del gobierno y por cuotas de abogados recibió más de $29 millones y más de $18 millones.

Recibe recursos públicos por concepto de la venta de contratos notariados. Registros, modificaciones, renovaciones y transformaciones comerciales en la Cámara de Comercio. Actos de alguaciles. Conclusiones judiciales. Instancias. Reclamaciones ante los bancos, y certificaciones judiciales y del Ministerio Público.

El artículo 74 de la Ley 3-19 dice que los fondos provenientes de las contribuciones reguladas por esta ley estarán sujetos a la fiscalización de la CC. Párrafo.- La CC publicará cada año, en la forma en que ésta determine, los resultados de las auditorías anuales realizadas al Colegio y a las Seccionales del Colegio de Abogado

Poner de pretexto el artículo 248 de la Constitución y los artículos 1 y 3 de la Ley 10-04 para negarse a ser auditado lo que busca es ganar tiempo para retardar el cumplimiento de la ley. Pero en honor a la verdad, la manipulación infantil del término -recursos públicos- no tiene ningún asidero legal que pueda evitar transparentar el CARD.

La presencia de Miguel Surun Hernandez en la presidencia del CARD le ha hecho mucho daño al politizado y corrompido Colegio de Abogados. Nunca se ha reunido el Consejo Nacional para que la Junta Directiva de cada distrito conjuntamente con la Junta Directiva Nacional pueda rendir cuentas en el mes de enero de cada año.

Por su actitud de hacerse dueño del Colegio de Abogados no tengo la menor dudas de que tampoco ha distribuido los ingresos públicos y propios como fija la ley: 30% para la educación, 20% para el instituto de protección del abogado, 20% para las seccionales del distrito judicial y un 30% para las actividades administrativas.

Desde el 2016 hasta el 2019 el Colegio de Abogado presenta un déficit en sus ingresos y gastos por el orden de los 2 a 4 millones que difícilmente se supere por el excesivo gasto superfluo y la repartidera de botellas entre $10 mil y $20 mil a personas sin ejercer ninguna función.

Aunque el CARD dice que cumple la Ley de Contrataciones Públicas, sólo  ha publicado dos contratos y dos licitaciones en más de 4 años, nunca ha publicado sus compras menores ni mayores en la DGCP y tampoco ha publicado el costo pagado por 3 auditoría de la empresa Ramirez y Asociados.

Tiene una nómina de más de 211 empleados que cobran por concepto de viáticos, dietas, compensación, tribunal disciplinario, fiscales contratados, secretaria de seccionales, liga de softball, locales alquilados y empleados más de $44 millones anuales.

Hasta Miguel Surun Hernandez aparece en la auditoría como un proveedor de servicio de Card por el cual se le adeudaba en 2017 $3 millones, en 2018 $6 millones y en 2019 $7millones. Sin embargo 2 años después en 2021 la misma auditora aclara que la deuda del Card con Surun es por servicios de gastos personales prestados

Si con este desorden y con varias demandas ante el Pegca, el colegio se sigue negando a que sus libros sean auditados la CC no tiene otra opción que someterlo a la Procuraduría por violación del articulo 74 de la Ley 3-19 que crea el colegio y pedirle su intervención para resguardar los documentos públicos y facilitar la investigación.

Además de pedir medidas cautelares, la PGR debe pedir al TSA sanciones contra Surun por cometer faltas graves al poner obstáculo a los auditores o por negar el acceso a documentos útiles para cumplir la misión de la CC. De ser encontrado culpable debe ser sancionado con su expulsión del cargo y la retención de los recursos públicos.
juanmojica1556@gmail.com
JPM
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Annaisa
Annaisa
8 meses hace

El escritor no es abogado y por que defiende a Surun el dictador del Colegio? Un corrupto que ha pasado por todos los partidos con el objetivo de quedarse en la presidencia. Casi todos los empleados del colegio le tienen miedo. Ese es un peledeista corrupto, hay que enjuiciarlo.

Eduardo la loca Guillermo
Eduardo la loca Guillermo
Responder a  Annaisa
8 meses hace

Parece que usted no sabe leer porque el articulista no está defendiendo al camaleón Surun

Guillermo
Guillermo
8 meses hace

CREO Q UD ES DE LO Q QUIETE LLEGAR AL COLEGIO PARA REPARTISE EL DINERO COMO PIÑATA. …SE Q SURUN HACE MUCHO DIPLOMADO Y CAPACITACIONES PARA LOS ABOGADOS POR ESO GANO

Eduardo la loca Guillermo
Eduardo la loca Guillermo
Responder a  Guillermo
8 meses hace

Eres uno de los que tienen botellas en el CARD?